By Edith Loyola 
Según lo anunciado por la Secretaría de Gobernación (Segob), un total de 850 cargos judiciales serán elegidos por voto popular en las elecciones extraordinarias del 1 de junio de 2025. Dicho acontecimiento es el primero de su tipo y es resultado de la reforma al Poder Judicial promulgada el pasado 15 de septiembre, la cual busca democratizar la selección de los encargados de impartir justicia en el país.
“La elección de estos 850 cargos judiciales por voto popular marca un hecho sin precedentes en México”, aseguró la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante una conferencia matutina en Palacio Nacional.
El proceso electoral fue definido después de una tómbola organizada en el Senado de la República. Tras una sesión de siete horas, se determinó que 464 magistraturas y 386 juzgados federales serían renovados mediante el voto ciudadano.
En relación con lo anterior, Rodríguez Velázquez aclaró que el objetivo de este sistema de selección es asegurar tanto la transparencia como la imparcialidad en el proceso de asignación de los cargos.
“Se procedió al sorteo de los cargos de la Judicatura Federal, dividiéndolos en números pares e impares, y se seleccionaron 711 puestos para tribunales y juzgados de distrito, además de 114 vacantes por retiros o renuncias”, detalló la funcionaria.
De acuerdo con los plazos establecidos, el Senado emitirá la convocatoria general el 16 de octubre de 2024 para formar los Comités de Evaluación. Posteriormente, el 31 de enero de 2025 se elegirán a los finalistas que competirán por los puestos de ministros de la Suprema Corte, magistrados electorales, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como jueces de distrito y magistrados de circuito. Mientras que las campañas electorales se desarrollarán entre el 30 de marzo y el 18 de mayo del próximo año.
“El objetivo es asegurar que este proceso se realice con total imparcialidad, y las plazas fueron seleccionadas al azar para evitar cualquier tipo de sesgo”, añadió la titular de Segob.
Cabe mencionar que esta reforma ha despertado la preocupación de diversos organismos internacionales, debido a los posibles riesgos que podría representar para el Estado de derecho en México. Sin embargo, el gobierno defiende la medida, argumentando que la elección de jueces por voto popular fortalecerá la democratización del sistema judicial y garantizará en todo momento el respeto a los derechos humanos de los juzgadores.
“La transparencia y el respeto por los derechos fundamentales son ejes centrales de esta reforma”, concluyó Rodríguez, destacando el compromiso del gobierno en este proceso sin precedentes.