By Selma Karen Recientemente se han registrado al menos tres casos de abuso de la fuerza por parte de elementos policiales, en los estados de Jalisco y en la Ciudad de México.
EL ECONOMISTA
Organizaciones sociales coincidieron en que la relación entre ciudadanos y policías no debe ser de adversarios, y las autoridades, tanto a nivel federal como local, deben plantear una estrategia inmediata y un proyecto a largo plazo para garantizar la profesionalización de los mandos policiacos con apego a los derechos humanos.
Recientemente se han difundido tres casos de abuso policial, el primero fue el de Giovanni López, quien fue asesinado en Jalisco, posteriormente la agresión por parte de policías capitalinos contra una menor de edad durante una manifestación y el tercero fue el asesinato de un hombre en la alcaldía Coyoacán, en la CDMX a manos de policías.
Entrevistada por El Economista, la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, destacó que en ningún caso es admisible que los mandos policiales abusen de las y los ciudadanos y si bien, la responsabilidad recae sobre el uniformado que actúa, las instituciones deben garantizar la profesionalización de los elementos.
“Los policías son un reflejo de la sociedad a la que sirven y ello refleja que hay una sociedad sumamente violenta y ellos también lo son y no lo controlan”.
Declaró que más allá de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, condenen los hechos y aseguren que no se tolerará el abuso policial, deben iniciar una investigación tanto a los uniformados involucrados como a las fiscalías.
Sobre las marchas, agregó que si bien las policías no pueden lastimar a las personas que ejercen su derecho a la libre expresión, dijo que hay civiles que no se encuentran dentro de los movimientos y son agredidos.
“Es importante decir quién está tras estas manifestaciones violentas, en esta semana vimos que no era un grupo de mujeres luchando por sus derechos, sino que fueron grupos violentos enviados a generar estos actos; entonces es necesario definir qué grupos políticos están detrás de esto”, puntualizó.
El coordinador del programa de Seguridad de México Evalúa, David Ramírez de Garay, dijo que las autoridades deben de ocuparse en plantear una estrategia a largo plazo para que las instituciones de seguridad tengan la estructura suficiente para llevar a cabo sus labores y sobre todo tengan como objetivo atender a la ciudadanía para generar confianza entre ellos.
“Desde hace muchos años no vemos que la sociedad o los gobiernos federales y locales tomen en serio el tema de las policías y la relación que tienen con la comunidad. Lo que estamos viviendo es el gran rezago que hemos dejado que se acumule en las instituciones de seguridad”, indicó.
El especialista apuntó que además de la falta de capacitación, las instituciones policiales se enfrentan a la carga de trabajo, la falta de protección social de algunos uniformados, la inexistencia de una carrera policial, entre otras deficiencias.
La jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México, Edith Olivares, dijo que la relación entre policías y ciudadanía no debe ser de adversarios y enfatizó que es necesario que las personas detenidas sean entregadas a las autoridades correspondientes para continuar con el proceso.
Señaló que este lapso es el de mayor riesgo para las personas que son detenidas, al tiempo que insistió en que las personas encargadas de realizar detenciones deben tener geolocalización.
“No observamos que haya una política sostenida de fortalecimiento de los cuerpos policiales para que actúen con apego a los derechos humanos (…) lo otro que observamos es que diferentes cuerpos policiales cuando actúan en conjunto no necesariamente… (lo hacen) de manera coordinada”.