Policías municipales de diferentes municipios de Sinaloa se presentaron este martes en el Congreso estatal, con pancartas y consignas, para reclamar una igualdad salarial entre los cuerpos de seguridad de los 18 municipios de la región.
De acuerdo con lo manifestado por los agentes, la brecha salarial es evidente y alarmante: mientras en varios municipios los salarios de los policías varían entre cuatro mil y 10 mil pesos mensuales, los agentes de Culiacán perciben hasta 22 mil pesos. Esta disparidad, señalaron los manifestantes, no refleja los riesgos diarios a los que se enfrentan, especialmente en el contexto de violencia que vive el estado.
“Es necesario que todos los municipios ofrezcan condiciones salariales dignas y justas, considerando los riesgos que enfrentamos día a día”, expresó uno de los policías presentes, quien añadió que los niveles de inseguridad son una preocupación constante.
Además, es importante señalar que la manifestación de los agentes ocurre en un escenario de creciente inseguridad en Sinaloa debido a los conflictos entre grupos criminales, una situación que, según los manifestantes, subraya la urgencia de salarios más equitativos.
Ante este panorama, los policías instaron a los legisladores a tomar acción de inmediato para establecer un esquema de homologación salarial que cubra las necesidades de cada agente y permita mejores condiciones laborales.
“Es urgente que se nos tome en cuenta y se actúe a favor de condiciones justas para todos”, apuntó otro de los oficiales.
Durante la sesión se registró un momento de tensión cuando la diputada del PRI, Paola Gárate Valenzuela, y la legisladora de Morena, Arely Berenice Ruiz López, sostuvieron una discusión en torno a sus respectivas posturas sobre la seguridad pública. Este intercambio de palabras distrajo, por momentos, la atención de las demandas de los policías, quienes observaban el desarrollo de la situación.
Finalmente, como respuesta a la intervención de los agentes, el Congreso se comprometió a analizar el caso y buscar una alternativa para nivelar los salarios entre los distintos municipios, en un esfuerzo por responder a las demandas de los oficiales y mejorar sus condiciones laborales.