By Edith Loyola 
Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, discutirá un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que propone anular ciertas disposiciones de la reforma al Poder Judicial.
De acuerdo con el ministro, esta iniciativa se perfila como un intento de frenar algunos aspectos de la reforma que presentan riesgos para la constitucionalidad y el orden judicial del país.
“Sentimos que esa remoción masiva de jueces y magistrados afecta toda una política federal. Consideramos que no debe recortarse el salario de jueces y magistrados”, expresó González Alcántara Carrancá en entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga.
La propuesta de González Alcántara, subraya que la autoridad de la SCJN tiene la facultad para evaluar acciones que cuestionen la constitucionalidad de normas generales, como las incluidas en la reforma judicial. En este sentido, el ministro argumenta que la Corte tiene la facultad para conocer sobre la acción de inconstitucionalidad relacionada con el decreto impugnado.
“Por lo tanto, la Corte está facultada para conocer de la acción en la que se plantea la inconstitucionalidad del decreto impugnado”, se lee en el documento que presentará Alcántara ante la SCJN.
Asimismo, plantea eliminar dos aspectos clave de la reforma: la elección de jueces y magistrados de Distrito mediante voto popular y la figura de los llamados “jueces sin rostro”. Sin embargo, el ministro aclara que, bajo su propuesta, se mantendría el voto popular para la elección de ministros de la SCJN y magistrados electorales.
“Mi proyecto es largo, fundado y ofrece una alternativa distinta, de ahí que se deba analizar y discutir con calma”, precisó González Alcántara Carrancá.
Además, el ministro alertó sobre las posibles implicaciones si la resolución de la SCJN resulta desfavorable para el Poder Ejecutivo y el Legislativo y, aún más, si estos no acataran la sentencia de la Corte.
“Si en este caso hay una sentencia que no les es favorable a todo lo que piensan, pues tendríamos un problema de constitucionalidad bastante fuerte. El Estado de Derecho estaría cuestionado por un sector importante de la población, pero también tendría otro tipo de repercusiones tanto al interior del país como al exterior”, puntualizó el funcionario.