By Laura Pardo 
La reciente huelga de trabajadores de Starbucks en Chile ha puesto en evidencia una realidad incómoda y extendida: la precarización laboral sostenida por multinacionales. Mientras el salario mínimo mensual vigente en el país es de $510.636 pesos chilenos desde enero de 2025, baristas y trabajadores de Starbucks reportan ingresos significativamente menores, en promedio cercanos a los $337.152 o $380.000 pesos mensuales, aproximadamente un 34% por debajo del mínimo legal.
¿Cómo es posible esta discrepancia?
La clave está en el tipo de contratos y jornadas laborales que estas empresas implementan. Según la legislación chilena, el salario mínimo mensual aplica principalmente a trabajadores en jornadas completas de 45 horas semanales. Sin embargo, Starbucks, al igual que otras multinacionales, habitualmente emplea jornadas parciales o contratos “flexibles” que permiten pagar menos del ingreso mínimo mensual proporcionalmente, lo que deja a los trabajadores un lugares muy complejos “para hacer un sueldo mínimo tenemos que trabajar en más de un lugar” señaló Antonio Páez.
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Sindicalización y respuestas insuficientes
El sindicato de Starbucks Chile ha denunciado públicamente que sus trabajadores reciben apenas $2.800 pesos por hora, una cifra insuficiente incluso para adquirir el café más económico en la misma cadena que tiene un valor de $3.200 pesos, y $3.700 en el aeropuerto. Durante la huelga, solicitaron equiparar su salario por hora al precio de un café en el aeropuerto internacional, exponiendo así la dramática brecha entre las ganancias corporativas y la remuneración laboral.
“Estamos luchando por mejoras laborales. Nuestra demanda principal es el aumento del sueldo, ya que nuestra hora tiene un valor de sólo $2.800 pesos. El café más barato de Starbucks vale más que eso” señaló Romanett Belmar
En respuesta, Starbucks Chile argumentó que un aumento significativo en los salarios no sería sostenible para la empresa, limitándose a ofrecer mejoras menores en beneficios no monetarios y rechazando un aumento sustancial en la remuneración.
Sobre esta situación, el Estado chileno mantiene una posición regulatoria ambigua. Si bien reconoce la importancia de proteger a los trabajadores, la normativa actual permite estas prácticas laborales flexibles que multinacionales aprovechan para mantener salarios bajos. Diversos sectores políticos y sindicales exigen al gobierno mayor rigor regulatorio para evitar que estas empresas mantengan sistemas de precarización laboral bajo la apariencia de flexibilidad y oportunidades laborales.
Tras este panorama quedan varias incógnitas en el aire como: ¿la solución es fiscalizar de manera más estricta? ¿o esta más bien redefinir el marco legal para cerrar estas lagunas jurídicas que perpetúan la precarización?. Mientras tanto, la realidad para muchos trabajadores en Chile sigue marcada por salarios insuficientes y condiciones laborales que distan mucho de los estándares éticos proclamados públicamente por compañías como Starbucks.