10 años de impunidad en San Fernando: no hay una sola sentencia y hay 66 cuerpos sin identificar

Familias de las víctimas exigen justicia en cartas públicas dirigidas a López Obrador y a los presidentes de EU, Guatemala y El Salvador.

Alberto Pradilla (@albertopradilla), Animal Político

29 de abril de 2021

Cuartoscuro

Baudilio Castillo tenía 20 años cuando se marchó de la aldea de Juamytepeque, en Santa Rosa, Guatemala, para llegar a Estados Unidos. Ocurrió el 15 de marzo de 2011. “Mire papá, lo voy a ayudar para que ya no trabaje, compraré un terreno y trabajaré en la agricultura”, le dijo a su padre antes de marcharse. Fue la última vez que se vieron. Dos semanas después fue capturado y su cuerpo se encontró entre los restos de 196 personas halladas en 46 fosas clandestinas descubiertas en San Fernando, Tamaulipas. Muchos de ellos eran migrantes que, como Castillo, dejaron la vida tratando de encontrar oportunidades al norte del Río Bravo.

Han pasado diez años desde aquel horror y las familias no descansan tranquilas. Ni se han identificado todos los cuerpos ni existe una sola sentencia contra alguno de los detenidos a los que se acusó de participar en las masacres.

“Diez años hemos estado exigiendo información sobre lo que pasó, sobre quiénes participaron, cómo te hallaron, quiénes te hicieron lo que te hicieron. No quiero que se quede así. Me pongo a pensar ¿por qué no dan con los responsables?, si la mayoría vive en San Fernando y ahí en el expediente mencionan al coyote y a varios implicados. ¿Por qué no dan con los responsables? En el expediente se indica la participación de la policía, quienes recibían dinero del crimen organizado”, dijo Baudilio Castillo, padre de la víctima, en una carta pública dirigida a su hijo. En ella relata el duro trayecto de los últimos años y la escasa ayuda institucional, pero también la esperanza de que se haga justicia.

Baudillo recuerda, en entrevista telefónica con Animal Político, que apenas tienen información sobre los avances de las pesquisas. “En 2019 nos hicieron llegar una tarjeta informativa y recientemente tuvimos una reunión con autoridades. Pero seguimos esperando que nos den más datos”, aseguró. El hombre lleva diez años dedicado a buscar justicia: estudia los expedientes, analiza la información que llega a cuentagotas. Y sigue sin explicarse cómo los culpables no han sido sentenciados.

“No se ha investigado la cooptación de autoridades”

Cuando se cumple una década del hallazgo de las fosas, familiares de las víctimas han hecho públicas diversas misivas en las que denuncian el maltrato institucional durante la última década, la falta de avances en las investigaciones y las irregularidades detectadas en las identificaciones y la investigación.

“Durante 10 años nos hemos enfrentado a un duro muro de impunidad sistémica, construido con miles de obstáculos para el ejercicio de nuestros derechos a la verdad, justicia y reparación. Las circunstancias en las que nuestros familiares, localizados en las fosas, fueron privados de la libertad y de la vida no han sido plenamente esclarecidas. Tampoco han sido identificados y enjuiciados todos los autores materiales e intelectuales de los hechos”, dice una de estas cartas, dirigida a Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Giamattei Y Nayib Bukele, presidentes de EU, México, Guatemala y El Salvador, respectivamente.

“¿Cómo es posible que, diez años después, no haya personas sancionadas por esta masacre que arrebató la vida de nuestros seres queridos? Menos aún se ha investigado ni establecido la responsabilidad estatal por los hechos, ni la responsabilidad por cadena de mando por el involucramiento de agentes policíacos. No se ha investigado la cooptación de autoridades y corporaciones por el crimen organizado de carácter transnacional que opera incluso en territorio estadounidense”, añade la carta.

https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/04/Carta-Presidentes-2-1.pdf

66 cuerpos sin identificar

Las de las fosas de San Fernando es una de las peores masacres perpetradas contra migrantes en México. En los 46 enterramientos clandestinos fueron hallados los restos de 196 personas. A día de hoy quedan 66 por identificar. De los que sí se pudo conocer la identidad hay 91 mexicanos, 36 guatemaltecos, 2 salvadoreños y un hondureño.

Las fosas fueron descubiertas menos de un año después del asesinato de los 72, otra de las matanzas que mostró la crueldad de México con aquellos que atraviesan el país en dirección a Estados Unidos. Tamaulipas se convirtió en el territorio más peligroso de uno de los países más peligrosos del mundo para los migrantes. Diez años después sigue siéndolo. En enero fueron hallados los restos de 19 personas en Camargo, a pocos kilómetros de la frontera con Texas. De ellos, 16 eran guatemaltecos que buscaban alcanzar el norte.

Como denuncian las familias de las víctimas, una década después de las masacres se mantiene una impunidad absoluta. Las autoridades anunciaron la detención de 74 personas a las que vinculaban con Los Zetas, en aquel momento uno de los carteles más violentos de México. De ellos, 17 serían policías municipales de San Fernando, a los que se acusó de formar parte del narco, pero contra los que no existe acusación formal dentro del expediente, según Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que acompaña a las familias de 21 de las víctimas.

Entre los delitos que se imputa a los consignados están el de homicidio, delincuencia organizada o tenencia de armas de uso exclusivo del ejército. Pero ni siquiera hay claridad sobre si los homicidios a los que se hace referencia en la investigación son los de las fosas de San Fernando.

“Sabemos que hay 74 procesados por los hechos, pero ninguno de estos ha sido sentenciado, no hay ninguna sentencia”, explicó Delgadillo. “Se ha solicitado y no está clarificado que las personas que estén siendo procesadas por el delito de homicidio lo sean por los 196”, añadió.

Tras los hallazgos, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía, presentó a decenas de personas a las que vinculó con Los Zetas. Entre ellos se encontraba Salvador Alfonso Martínez Escobedo, “comandante Ardilla”, considerado jefe de la estructura criminal en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León y detenido en Nuevo Laredo en 2012. Sin embargo, a pesar de los anuncios oficiales de que se había capturado a los responsables de aquellas atrocidades, diez años después no hay una sola sentencia que pueda probarlo.

Animal Político consultó con la FGR sobre el estado de la investigación, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

Sin reparación para las familias

La falta de sentencias condenatorias no es la única irregularidad denunciada por las familias. “Los procesos de identificación de nuestros familiares no se realizaron con ningún tipo de cuidado, sin pensar que se trataba de personas. Gobiernos anteriores nos entregaron restos sin ninguna explicación ni documento que acreditaran que eran nuestros familiares, realizaron cremaciones ilegales e, incluso, entregas equivocadas de cuerpos”, dice una de las cartas.

Tampoco México ha cumplido con la reparación integral a la que tienen derecho los familiares. “Tiene una enorme deuda con todas las familias. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha puesto un sinfín de obstáculos para garantizar los derechos que la Ley de Victimas otorgan a victimas indirectas. El último pretexto es por la pandemia, porque están fuera del país”, explicó Rosmery Yax Canastuj, abogada guatemalteca que representa a las víctimas del país centroamericano.

Según relata, buscar las medidas de asistencia “ha sido un suplicio para las familias”. Y eso a pesar de que la ley les garantiza apoyos para la compra de alimentos, educación y salud, al margen de la indemnización.

Las fallas del Estado en la investigación y en la atención de las víctimas quedaron reflejadas en la recomendación 3VG/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En aquel documento, la institución constató el horror que se vivía en San Fernando, los secuestros en los autobuses para que las víctimas fuesen entregadas al crimen organizado y la complicidad de algunas autoridades. Sin embargo, todo esto quedó en saco roto ya que las recomendaciones no se han cumplido.

Para las familias y sus acompañantes esto es muestra de la incapacidad de México para cumplir con la investigación y la reparación. Por eso llevan años solicitando que se ponga en marcha una comisión especial con participación de instancias internacionales como la ONU. Algo similar a lo que ya funcionó en el caso Ayotzinapa, con la desaparición de los 43 normalistas en 2014.

Para Baudilio Castillo, que recibió los restos de su hijo en mayo de 2017, todavía queda mucho por hacer. Y así lo repite, en la carta dirigida al joven que marchó de Guatemala buscando una vida mejor, pero encontró la muerte en Tamaulipas. “Espero seguir luchando para que no sigan cometiéndose más crímenes contra las personas migrantes que transitan hacia los Estados Unidos, que haya justicia para todas las familias dañadas. Nosotros estamos vivos, peleando por nuestros hijos, peleando por aquellas personas que fueron masacradas, peleando por ti- Hasta que nos alcance la muerte, vamos a pedir justicia”.

“El presente artículo es propiedad de Animal Político

Pradilla, A. (2021). 10 años de impunidad en San Fernando: no hay una sola sentencia y hay 66 cuerpos sin identificar. Animal Político. Recuperado el 29 de abril de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/04/10-anos-san-fernando-fosas-clandestinas/

Estados Unidos. «Marchó por la situación de pobreza»: 10 años de impunidad tras la mayor masacre de migrantes en México

Alberto Pradilla, RT, Resumen Latinoamericano

24 de agosto de 2020

Se cumple una década del asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. No hay una sola persona condenada y muy pocas familias recibieron indemnización.

«Pido al gobierno mexicano que se haga justicia». Angela Pineda Morales perdió a su hija Mayra Isabel hace diez años. Partió de Sipacate (Guatemala), con destino a Estados Unidos, donde esperaba lograr una vida mejor. Nunca lo consiguió. Su cuerpo apareció atado de pies y manos y con un disparo en la cabeza en San Fernando, Tamaulipas, a 150 kilómetros de la frontera. En total fueron ejecutadas 72 personas procedentes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Brasil y Ecuador. Únicamente hubo dos sobrevivientes. Aquella masacre conmocionó a México y se convirtió en símbolo de la crueldad de los grupos criminales hacia los migrantes que buscan alcanzar el sueño americano. Ahora se cumplen diez años marcados por la impunidad.

Recuerda Pineda que el 2 de agosto de 2010 fue el último día en el que vio a su hija con vida. Antes de que partiese realizaron un encuentro familiar. Con ella marchó su tío Efraín y sus primos Nancy y Richard, también muertos en la masacre. «Mayra prometió a su hijo que le traería un robot», explica su abuela. Así se quedó contento el niño, que entonces tenía 4 años y que no entendía por qué su madre tenía que marchar tan lejos.

Fueron secuestrados por Los Zetas, uno de los grupos criminales más sanguinarios de México. Su objetivo era reclutarlos por la fuerza para trabajar para ellos, pero como se negaron decidieron matarlos

«Marchó por la situación de pobreza que hay aquí en Guatemala», explica su madre. Ella no estaba de acuerdo con la decisión. «Al menos frijolitos tenemos para comer», le dijo. Pero no pudo convencerla. Como miles de compatriotas prefirió pagar a un pollero (que es como se conoce a los guías que conducen a los migrantes a Estados Unidos) para poder hacer dinero y mandarlo a casa.

Los migrantes fueron secuestrados por Los Zetas, uno de los grupos criminales más sanguinarios de México. Su objetivo era reclutarlos por la fuerza para trabajar para ellos, pero como se negaron decidieron matarlos.

Feretros con los migrantes asesinados en Tamaulipas, México, 1 de septiembre de 2010.Edgard Garrido / Reuters

A pesar del tiempo transcurrido no hay un solo condenado por aquella masacre. La Fiscalía General de la República (FGR), que entonces se llamaba Procuraduría, imputó a 15 personas. Todas están en prisión por otros delitos salvo una, que falleció sin ser juzgada. Además, la mayoría de familias tampoco ha recibido compensación económica por los asesinatos. En 2018, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) anunció indemnizaciones para los allegados de cinco víctimas ecuatorianas y para un sobreviviente. No anunció pagos a más afectados. En 2013 la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) hizo una recomendación sobre el caso que fue muy criticada por las organizaciones de la sociedad civil ya que no señalaba la responsabilidad del Estado en la masacre.

«En estos diez años no ha habido justicia para las víctimas. Las familias necesitan una reparación integral», dice Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que acompaña a familiares de 11 de las 72 víctimas. Entre las reclamaciones: estudios forenses de los cuerpos que se repatriaron y apoyo médico para familiares que cada vez son de edad más avanzada.

Por ejemplo, para Pineda Morales la gran urgencia es que exhumen los restos de su hija. Asegura que cuando México devolvió su cuerpo, lo hizo en un ataúd cerrado que le prohibieron abrir. Tampoco llegó ningún documento explicativo. Así que ni siquiera sabe si lo que enterró fue el cuerpo de su hija. No sería la primera vez que las autoridades mexicanas entregan confundido un cuerpo, según explica Fabienne Cabaret, abogada de la fundación.

Imágenes de los migrantes asesinados en San fernando durante el acto en Ciudad de México con motivo del décimo aniversario de la masacre, 22 de agosto de 2020. Pedro Pardo / AFP

Hasta el momento, seis familias guatemaltecas y una brasileña han pedido exámenes forenses para tener la certeza de que les entregaron a sus seres queridos. Únicamente se hizo una exhumación, la de la salvadoreña Glenda Medrano Solórzano, que confirmó en 2017 que los restos que enterraron eran los de la joven.

«Este dolor nadie lo repara, pero me dejaría más tranquila hacer la exhumación», asegura.

Activistas colocaron el sábado en el paseo Reforma de la Ciudad de México un antimonumento en recuerdo a los migrantes que se dejaron la vida tratando de alcanzar Estados Unidos. En esta misma avenida hay levantadas esculturas que recuerdan las atrocidades que se perpetran en el país: una por los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014; otra por los 49 niños muertos en el incendio de la guardería Abc de Hermosillo, Sonora, en 2009; otra por las víctimas de feminicidio.

Al menos 1.500 personas fallecieron en la frontera desde 2014. No hay datos sobre cuántos fueron asesinados en todo este tiempo

El papa Francisco recordó a las víctimas en su mensaje dominical en El Vaticano. No se pudo realizar un acto de conmemoración en el municipio en el que tuvo lugar la matanza porque las condiciones de seguridad siguen siendo insuficientes: Tamaulipas es un estado que continúa sufriendo la violencia de los carteles del narcotráfico.

A pesar del tiempo transcurrido, México sigue siendo un país muy peligroso para los migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 1.500 personas fallecieron en la frontera desde 2014. No hay datos sobre cuántos fueron asesinados en todo este tiempo. Durante el último año se disparó el número de secuestros registrados en los estados del norte como Baja California o Tamaulipas. Especialmente desde el establecimiento del programa ‘Quédate en México’ en 2019, que permite a Estados Unidos devolver a migrantes para que esperen al sur de Río Bravo su cita con el juez, que decidirá sobre su petición de asilo.

En Sipacate, un humilde municipio costero de Guatemala, siguen recordando a los migrantes que salieron para cumplir el sueño americano y regresaron en una caja de madera. Cada vez tienen menos confianza en que los responsables sean castigados algún día.

Fuente: RT

“El presente artículo se encontró en Resumen Latinoamericano

Pradilla, A. (2020). Estados Unidos. «Marchó por la situación de pobreza»: 10 años de impunidad tras la mayor masacre de migrantes en México. RT. Recuperado el 24 de agosto de 2020, de https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/08/24/estados-unidos-marcho-por-la-situacion-de-pobreza-10-anos-de-impunidad-tras-la-mayor-masacre-de-migrantes-en-mexico/

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