Imagen tomada de un video elaborado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia sobre los operativos de seguridad en Veracruz implementados durante el gobierno de Javier Duarte
A cinco años de la realización de una serie de operativos de seguridad llevados a cabo de forma conjunta por varias dependencias en Coatzacoalcos, Veracruz, aún se desconoce el paradero de más de 30 personas que en su momento fueron detenidas en ese contexto, por lo que las familias de las víctimas y las organizaciones civiles que las acompañan exigieron la confirmación de un grupo de trabajo interinstitucional para buscar a los ausentes.
En conferencia de prensa virtual, Rafael Heredia, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y coordinador del informe “Análisis de contexto de las desapariciones forzadas ocurridas en el marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos”, recordó que dicha estrategia fue anunciada en 2014 por el entonces gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa.
En ella, intervinieron las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (en particular la llamada Fuerza Civil), cuyos elementos son señalados por organizaciones de familiares como los responsables de al menos 35 desapariciones forzadas, ocurridas en los meses de mayo y septiembre de 2015.
El investigador señaló que hay diversos testimonios y materiales en video y foto que comprueban que las personas desaparecidas fueron vistas por última vez al ser detenidas en retenes móviles y fijos de los uniformados, algunos de los cuales estaban relacionados con grupos de la delincuencia organizada que se disputaban el control de ese territorio.
Heredia señaló que aunque hubo algunos uniformados detenidos por este caso, debería realizarse un análisis de contexto para identificar a los altos mandos que pudieron tener injerencia en las desapariciones o conocimiento de las mismas, incluido el entonces gobernador Javier Duarte, y no descartó que pueda haber más casos que hasta ahora no se han documentado.
Edgar Cortez, coordinador de proyectos del IMDHD, resaltó que una de las exigencias de las familias de las víctimas es que se cree un grupo de trabajo interinstitucional conformado por la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Veracruz, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión de Búsqueda del estado de Veracruz.
El propósito de dicha coordinación sería no solo ubicar el paradero de las 35 personas desaparecidas, sino también identificar y sancionar a quienes diseñaron e implementaron el Operativo Blindaje Coatzacoalcos sin tomar las medidas necesarias para evitar este tipo de abusos.
Por su parte, Lenit Enríquez y Belén González, familiares de algunas de las personas desaparecidas, señalaron que han sido víctimas de criminalización y hostigamiento por parte de las autoridades estatales, pero recalcaron que continuarán en la búsqueda de sus seres queridos para saber la verdad de lo ocurrido y obtener justicia.
Familiares de desaparecidos en su búsqueda. Foto: Especial
GUANAJUATO, Gto. (proceso.com.mx).– Representantes de cinco colectivos de familiares de personas desaparecidas exploraron, por primera vez, el territorio de un sitio de hallazgos de restos humanos en el estado ubicado en el ejido Cupuato en Uriangato, en los límites con Michoacán, en un proceso que se llevó toda la semana y fue encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda.
Este sería el primero de más de un centenar de sitios de hallazgos de restos humanos (fosas clandestinas) ubicados en al menos 29 municipios del estado, según datos hemerográficos y documentación de organizaciones civiles y académicos.
Con todo y la resistencia de la Fiscalía General del Estado –así lo refirieron integrantes de algunos de estos colectivos– se acudió “al primero de muchos sitios que sabemos que existen como fosas clandestinas y que esperamos muy pronto ir a ver, porque ya se tuvo que reconocer el gran problema de desapariciones que hay en Guanajuato”, dijeron a proceso.com.mx al final de la jornada.
Aunque aclaran que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) acompañará a las familias cuando le sea requerido, la titular de este organismo, Karla Quintana, enfatizó que la convocatoria y organización debe partir de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB).
A poco más de un mes de operar, el organismo estatal sólo cuenta con un integrante que es el titular, Héctor Díaz Ezquerra, cuyo proceso de designación y perfil fue cuestionado por algunas de las familias organizadas, aunque finalmente les presentó un programa de trabajo hace tres semanas y se integró a esta primera jornada de búsqueda.
Familiares de desaparecidos en su búsqueda. Foto: Especial
“En esta ocasión nos estamos apoyando en la Comisión Nacional en logística y equipamiento. La Comisión (estatal) apenas estamos en el proceso de integración e instalando oficinas… se está en pláticas con Fiscalía del Estado para hacer búsqueda en conjunto, las siguientes serían búsquedas estatales”, ofreció el propio Díaz Ezquerra.
–¿Usted ya había participado en búsquedas?, se le preguntó al comisionado estatal.
–Sí, en Tamaulipas. En Veracruz también.
–¿En qué sitios?
–Ahorita no recuerdo… pero estuvimos trabajando.
“Nos decían: ‘no vayan’”.
Luego de la captura del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez “El Marro”, las expectativas por las condiciones de seguridad para esta primera jornada de búsqueda en Guanajuato se consideraban inciertas.
Elementos de la Guardia Nacional, Ejército y corporaciones estatales de la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad resguardaron al grupo de búsqueda, que cada día fue turnando a representantes de cada uno de los cinco colectivos.
Una representación de las organizaciones “Mariposas destellando buscando corazones y justicia”, “Justicia y esperanza”, “Cazadores”, “Buscadoras Guanajuato” y “A tu encuentro” acudió un día de la semana para recorrer el área que ya había sido inicialmente inspeccionada en mayo por personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, que confirmó la localización de restos óseos, artículos personales y algunos rastros de hogueras.
“Como se manifestó en los trabajos preparatorios, las familias solicitan a la CNB, a la CEB y a la FGJEG se agende a la brevedad una reunión para darle seguimiento a esta búsqueda y se conozcan los resultados de la identificación forense. Sólo así el objetivo de la búsqueda quedará completo”, señalaron cuatro de las organizaciones agrupadas en el Frente para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato (Mariposas destellando, Cazadores, Buscadoras y Justicia y Esperanza) en un comunicado que hicieron llegar este viernes, al terminar la jornada.
Familiares de desaparecidos en su búsqueda. Foto: Especial
“Como se ha discutido durante la elaboración del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (aún sin publicar), además de esta búsqueda, deben realizarse: búsquedas inmediatas, individualizadas, por patrones y por familia. Así que exigimos que este sea el inicio de búsquedas más intencionadas y estratégicas en Guanajuato”, fue la petición que formalizaron a las autoridades estatales.
Además, anunciaron que presentarán una propuesta de reforma a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato “con la intención de establecer una definición clara tanto de fosa clandestina, como de sitio de depósito”.
“Habíamos hecho una reunión de planeación para definir todos los temas de la búsqueda. Pero el domingo, con la detención de ‘El Marro’ nos quedamos en shock, ¿ahora qué iría a pasar?”, contó una de las mujeres que participaron en esta jornada por parte del colectivo Justicia y esperanza.
Esta organización agrupa a familias que buscan a un grupo de 22 migrantes de San Luis de la Paz que desaparecieron cuando viajaban en un autobús rumbo a la frontera para cruzar a Estados Unidos, a fines de marzo de 2011.
Aunque esos migrantes pudieron haber desaparecido en el trayecto hacia la frontera norte, Justicia y esperanza se integró a la búsqueda “porque estamos viendo que ya hay un equilibrio, aunque Guanajuato es uno de los estados que difícilmente se habían tocado, donde el gobernador no había reconocido que estaba pasando algo y el trabajo del fiscal era cero, nulo. Agarramos al toro por los cuernos y dijimos: adelante, queremos estar, que sí nos dejen trabajar”.
Así, las representantes de los colectivos –en su mayoría mujeres– se congregaron cada día a las 8 de la mañana en un punto de encuentro de donde eran escoltadas por el convoy de las corporaciones, hasta llegar a la zona de Cupuato, donde los peritos de la Fiscalía delimitaban un área para trabajar, mientras los familiares podían explorar y mirar en otros puntos de esa extensa área de hallazgos, hasta las 4 de la tarde.
Esta primera experiencia, dice la integrante de “Justicia y esperanza” se vivió con el nudo en la garganta.
“No entiendes por qué la acción de esas personas, no entiendes por qué hacen eso con la vida de la gente. Yo me concentré en ser fuerte. ¿Por qué? si bien no encontramos familiares nuestros ahí, ayudamos a otras familias a tener una luz en su camino, que ya no vivan en la angustia que todos nosotros estamos viviendo”.
Ante lo que podía desatarse en la región sur del estado tras la detención del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, hubo quienes les decían ‘no vayas’.
Soldados escoltaron a los colectivos mientras buscaban a desaparecidos. Foto: Especial
“Pero estaban el Ejército, la Guardia Nacional, confiamos en que la vigilancia federal era buena, y además la comisionada nacional (Karla Quintana) iba a estar con nosotros. Y nosotros no vamos a dejar al comisionando trabajar solo, estamos haciendo un frente de colectivos para trabajar de la mano con ellos, para que no haya ningún indicio de que se hagan las cosas mal, que se haga un debido registro”, advirtió la integrante del colectivo ludovicense, caso (el de los migrantes) que se encuentra en la Fiscalía General de la República.
“Años atrás yo veía esto inalcanzable, veía débil al estado, a la Procuraduría –ahora Fiscalía– contaminada de corrupción y mal organizada, y nosotros con miedo de siquiera tocar el tema en Guanajuato”, reconoce.
Los colectivos esperan “un poquito más de empeño” de la Fiscalía estatal. “Las palabras clave son: voluntad política”. Para dotar de un buen presupuesto a la Comisión por parte del gobierno del estado, para que la Fiscalía asuma su parte. “Porque si hubieran hecho su trabajo, no estaríamos aquí”.
“Quisiéramos que de los huesos brotaran miles de datos”.
Angie Almanza, representante del colectivo “Mariposas destellando”, dijo que tuvieron conciencia de las condiciones de riesgo en que acudieron a Cupuato tras la captura de “El Marro” cuando les pusieron los chalecos antibalas.
Angie, originaria de Salvatierra, buscó a su hermano desaparecido en Tlalnepantla hace tiempo. Allí aprendió lo que pudo y ahora se unió a otras familias guanajuatenses que buscan a 28 personas de varios municipios entre Irapuato y Salvatierra, a dos de cuyos integrantes acompañó el martes.
“Acudimos con mucha esperanza porque ya la Fiscalía y la Comisión Estatal aceptaron que el problema de las fosas en Guanajuato es grande. Esperamos que sea la primera de muchas”, dijo en entrevista telefónica.
Habló de resultados. “Encontramos fragmentos de huesos humanos y artículos personales” que fueron asegurados por los peritos de la FGE. “Quisiéramos que (de los huesos) brotaran miles de datos”.
Angie lamenta que la Fiscalía no les proporcione a las familias de estos colectivos datos precisos sobre estos sitios. “Desgraciadamente no dice, pero confío en que ya abriendo una se tendrá que seguir con las demás”.
Presente en esta jornada, la comisionada nacional Karla Quintana Osuna habló de la atención a un reclamo de muchos meses de los colectivos de familias de las víctimas de desaparición en Guanajuato.
La de Cupuato era una revisión de seguimiento a una primera visita de la propia CNB, pero “no es la única que se tiene que hacer en Guanajuato en los sitios de hallazgos, concepto que estamos impulsando por un reclamo de las familias porque la ley limita los hallazgos a las fosas clandestinas”.
Quintana agregó que, ante el hecho de que en el estado hay muchos desaparecidos, “estas jornadas tienen que ser frecuentes, y recordando siempre el derecho de las familias a tener participación en ellas”.
A través de la CNB, el gobierno estatal está solicitando ya el subsidio de recursos federales para este tema, que puede ser de hasta 14 millones de pesos; “si se cumplen con todos los requisitos administrativos por supuesto que se dará, pero recordamos que la obligación del fortalecimiento de estas comisiones es de las propias entidades federativas”.
Reconoció el reto de lograr una coordinación con las autoridades estatales. “Creo que no es un secreto, las propias familias han dicho que la Fiscalía Estatal ha tenido alguna resistencia. En el caso concreto, sí hubo retos en la coordinación con esa autoridad, pero finalmente se logró que se haya llevado a cabo esta búsqueda y hay que entender que todas las fiscalías y todas las comisiones forman parte del Sistema Nacional de Búsqueda, garantes del derecho de toda persona a ser buscada”.
De hecho, la CNB recibió apenas a mediados de julio la información de la Fiscalía de Guanajuato sobre el registro de personas desaparecidas y no localizadas –el estado era uno de los seis que no la había entregado–, misma que está analizando.
“Esperemos que una vez recibidas algunas aclaraciones (solicitadas a la propia Fiscalía) se pueda subir y conocer el Registro de Personas Desaparecidas, No Localizadas y Localizadas en Guanajuato”.
