Austeridad y pandemia para las mujeres indígenas en Tlaola, Puebla

Lizbeth Álvarez Martínez, SemMéxico

30 de enero de 2021

SemMéxico. 29 de enero de 2021.- Las mujeres indígenas son violentadas de manera particular, pues además de ser objeto de violencia física, psicológica o emocional, patrimonial, económica, sexual, violencia obstétrica y política por ser mujeres, se les discrimina por ser indígenas.

Margarita y Lucía, son parte del grupo de mujeres que atienden la Casa de la Mujer Indígena en Tlaola, Puebla. 

Ya tenían el caldo de pollo en la estufa y el café caliente para platicar sobre los casos de violencia que viven las mujeres en esa comunidad. 

Margarita es la que acompaña a las mujeres que han sido violentadas al Ministerio Público: “Me levanto muy temprano para dar acompañamiento a esas mujeres que necesitan ayuda, pero a veces me da coraje, pasa el tiempo y regresan con su agresor. Sé que no es fácil salir de ese círculo de violencia en el que viven, pero poco a poco van conociendo sus derechos humanos y dejando atrás la violencia en la que viven.”

Por su parte, María Lucía de la Cruz, es la que realiza las traducciones del español al náhuatl: “Doy las capacitaciones tanto en náhuatl como en español para que todas las mujeres conozcan de sus derechos. Me gusta el trabajo que realizo. Cuando se necesita voy al Ministerio Público a realizar alguna traducción para que se eviten injusticias en las declaraciones de las denunciantes. Cuando viene a la CAMIS les preparo un café aquellas mujeres, un agua caliente para que ellas se sientan seguras y tranquilas”. 

La pandemia por covid-19 provocó un aumento de los casos de violencia contra las indígenas en sus comunidades, constata Rubí Nolasco Cruz, representante legal de la Casa de la Mujer Indígena (CAMI) “Yoltica”, en Tlaola, Puebla, por lo que han tratado de mantener sus servicios, pese a los riesgos que corren y al recorte de 350 mil pesos que el gobierno federal les aplicó el año pasado.

Iniciando el año 2021, las responsables de la Casa Yoltica habían decidido cerrar por unos días. Sin embargo, en menos de ochos días tuvieron que abrir: “Las mujeres fueron a tocarnos las puertas de nuestras casas. Es una grosería dejarlas afuera. Saben que damos acompañamientos, que trabajamos los temas de violencia”, señaló la abogada, entrevistada para SEMMEXICO en la sede de la CAMI. 

“Varios hombres que trabajaban fuera de la comunidad regresaron por la falta de empleo. Entonces, la falta de trabajo y la incertidumbre son detonantes de la violencia” y llegan a agredir a sus esposas y demás integrantes de la familia, reconoció la especialista.

Aunado a lo anterior, “las cargas de trabajo aumentan para las mujeres. Le sumas también que ellas son las que se encargan de la educación de sus hijos y, luego, sin acceso a internet”, relata.

“Decidimos regresarnos a la casa haciendo guardias”, explica, por lo que la casa fue acondicionada con las medidas necesarias, entre otras: tapete y gel desinfectantes y las indicaciones para el uso correcto del cubrebocas.

Quienes atienden los CAMI no solo enfrentan el tema de la pandemia por covid-19. Nolasco Cruz refiere que, debido a la política de austeridad del gobierno federal, hubo un recorte entre el 25 y 30 por ciento a instancias que atienden la violencia contra las mujeres.

“Nosotras, cada año metemos un proyecto, pero nos avisaron que probablemente no iba a ver recursos para las CAMI”. Debido a ello, dijo, “Iniciamos un cabildeo con autoridades a nivel federal, con el apoyo de mujeres representantes que están como diputadas, que legislan. Armamos esta red de apoyo”. No obstante, el año pasado les quitaron 350 mil pesos para operar la CAMI. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público había hecho este recorte, pero “en esta pelea de presupuesto nos autorizan un recurso emergente. Se recuperaron las becas que les dan a las integrantes de la casa de la mujer. Abonamos así al tema de la prevención de la violencia contra la mujer”, recalcó.

A pesar de la pandemia y el recorte presupuestal, la CAMI ha mantenido el 80 por ciento del ritmo de trabajo. El año pasado recibieron entre 45 y 60 mujeres a quienes les dieron apoyo jurídico y psicológico, además de los acompañamientos al Ministerio Público o a hospitales, señala Nolasco Cruz.

Añade que en los talleres de capacitación que dan en las comunidades atienden de 200 a 300 mujeres por año. Los temas que abordan son, entre otros, derechos humanos, salud sexual reproductiva, prevención de abuso sexual en escuelas, empoderamiento de niña.

Las acciones de las CAMI constituyen una herramienta para el acceso a los derechos de las indígenas. Son un espacio donde se brinda atención con pertinencia cultural, perspectiva de género y de derechos humanos para prevenir la violencia contra las mujeres y garantizar el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. 

“El presente artículo es propiedad de SemMéxico

Álvarez Martínez, L. (2021). Austeridad y pandemia para las mujeres indígenas en Tlaola, Puebla. SemMéxico. Recuperado el 01 de febrero de 2021, de https://www.semmexico.mx/?p=31250

Anuncian nombramiento para la Comisión Nacional de Víctimas, cinco meses después

Sara Lovera, SemMéxico

05 de noviembre de 2020

  • Descabezada en junio, Gobernación lanza convocatoria con exigencias rigurosas.
  • Le disminuye el presupuesto 2021 en 12 millones y tiene problemas estructurales

SemMéxico. Cd. de México. 05 de noviembre 2020.- Después de casi 5 meses en que quedó sin titular la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEAV, se elegirá al o el nuevo titular en unas semanas. Este es el  mecanismo garante para víctimas que al perder el 75 por ciento de sus recursos, y no ser reconocida por el Ejecutivo, dejó en el aire a miles de personas y solicitantes de protección, quienes desde entonces han realizado múltiples manifestaciones de protesta.

La CEAV tiene por ley, la encomienda de dar Atención a Víctimas en forma Inmediata y Primer Contacto; coordina los Centros de Atención Integral; se encarga del Registro Nacional de Víctimas; la Secretaría de Gobernación publicó este 26 de octubre la convocatoria para cubrir la vacante; las personas podrán promoverse para ocuparla, de la lista de aspirantes, se elegirá una terna, que estudiará el Senado de la República, quien designará a la persona que se hará cargo de la CEAV.

Quién pretenda llegar como titular de la CEAV tiene que saber que el presupuesto 2021 plantea nuevo recorte para esa comisión a la que se pretenden destinar 843 millones 727 mil 642 pesos, doce millones menos que lo aprobado originalmente para este año, y en términos reales una disminución del 4.7%.

Un problema de fondo: la austeridad federal señalaron algunos especialistas. La crisis de la CEAV data de octubre de 2019 cuando las familias denunciaron sus problemas evidenciados fallas en la estructura de todo el sistema de atención a víctimas.

En un análisis de la organización Causa en Común se dice que problemática es resultado de un recorte de presupuesto constante a la Comisión.

“La CEAV ha sufrido disminuciones importantes desde su creación. De 2018 a 2019, el presupuesto destinado a la atención a víctimas fue 25.43 por ciento menor. Aunado a los recortes en el personal y dada la política de austeridad del gobierno federal, esto ha generado mayores cargas de trabajo y menores incentivos de permanencia para los funcionarios. De acuerdo con el presupuesto para el 2020, se estimaba un incremento del 1.53 por ciento respecto al 2019, lo cual prácticamente representa un incremento nulo para esta dependencia.” Más el recorte de 75 por ciento de abril último.

Jacobo Dayán, investigador del Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México (COLMEX), señaló en su cuenta de Twitter que las fallas son más profundas, y están relacionadas con una falta de compromiso del Estado hacia las víctimas. Entre éstas mencionó que no hay una base de datos de personas desaparecidas ni un Programa Nacional de Búsqueda.

“El problema en la CEAV es profundo y en buena medida se debe a la falta de voluntad política desde la presidencia y la condescendencia de SEGOB. El problema está allá arriba. No se confundan. El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral no cuenta con los recursos necesarios para atender al universo de víctimas que se siguen acumulando en el país. Se requiere una discusión seria sobre el modelo de indemnizaciones.”

CONTEXTO

En estas circunstancias se dio la renuncia de la Comisionada el l 2 de junio pasado. A más de 19 semanas no hay responsable. Quién sea elegida encontrará un desastre, comentó Causa Común, y los grupos parlamentarios durante el plantón de víctimas, ante el anuncio del cierre de los fideicomisos.

La renuncia de la comisionada Mara Gómez Pérez se acompañó de la denuncia sobre el plan de austeridad que dejó a la CEAV sin recursos para la operación mínima, incluso llegó a decir que no tenía para pagar el teléfono. Ello tras del ajuste presupuestal proveniente del gobierno federal.  

De su renuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su Gobierno necesita personas comprometidas con el proceso de transformación del país. Y que «Ya no hay cabida para simulaciones y por eso hemos dicho que estamos en un momento de definiciones: estamos a favor de la transformación o no», remarcó.

En esa línea la Secretaría de Gobernación lanzó la convocatoria llamando a la sociedad civil, personas expertas, especialistas en atención a víctimas quienes podrán participar en la selección de una persona idónea para atender esta comisión que quedó sin recursos y sin poder acceder a financiamiento privado.

La   Convocatoria para el concurso describe una serie de requisitos rigurosos de modo de formar una terna que el ejecutivo mandará al Senado de la República instancia que deberá proponer a la o él nuevo titular.

La convocatoria exige que las personas que aspiren a ocupar la CEAV tengan experiencia comprobada, estudios y empatía por las víctimas. Requerirá de elementos comprobatorios, historia de probidad y capacidades también probadas. O ser claramente historia en la defensoría de las víctimas.

Hasta hace unas semanas no se sabía si la Comisión continuaría. Lo que despertó muchas reacciones de hostilidad hacia el gobierno.

Mara Gómez Pérez denunció, también, y sin escucha que detrás de su salida de la CEAV está la falta de apoyo institucional y económico por parte del gobierno federal, a la par que acusó que se haya querido hacer de este organismo “un botín de intereses políticos”.

«Hay quienes no están dispuestos a renunciar a componendas y abusos. Quienes se aferran a los privilegios que indebidamente han tenido por años. Quienes se han empeñado en mal informar al presidente de la República — Andrés Manuel López Obrador—, a los funcionarios y a la opinión pública, tanto a través de las redes sociales como en medios de comunicación», expresó en su carta de renuncia.

Son estas circunstancias en las que se definirá a la persona comisionada. Sobre todo porque lo dicho por  Mara Gómez Pérez  —en su carta de renuncia que también envió al Senado de la República— que se pretendió convertir la reparación integral en sinónimo de dinero, repartido de forma discrecional, sin transparencia ni rendición de cuentas.

Así, como en el caso de la CNDH, y sin dar nombres, Gómez Pérez señaló que la Comisión se convirtió en un negocio para algunos abogados particulares que se acercaban a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos y a otras víctimas para litigar con este organismo y así obtener honorarios millonarios de hasta el 60 por ciento de las compensaciones entregadas.

Dese hace 20 meses grupos de familiares y víctimas se han reunido con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos. Las víctimas también hicieron plantones y reclamos afuera de Palacio Nacional. Lo llamaron incluso “Plantón de familiares de desaparecidas y desaparecidos nacional”, lo mantuvieron desde el cuatro de junio y durante dos semanas.

Volvieron a manifestarse en septiembre y octubre en la Cámara de Diputados y el Senado, ante los anuncios de nuevos recortes, la inactividad de la Comisión y el futuro incierto de la política de Derechos Humanos. Las familias piden que se resuelva de manera integral la atención a víctimas y se transparenten los recursos para las búsquedas, para encontrar a sus familiares desaparecidas y desaparecidos.

Igualmente la plena garantía de sus derechos consagrados en la Ley General de Víctimas y en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.

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Lovera, S. (2020). Anuncian nombramiento para la Comisión Nacional de Víctimas, cinco meses después. SemMéxico. Recuperada el 06 de noviembre de 2020, de https://www.semmexico.mx/?p=28254

Los recortes presupuestarios en México amenazan la salud y la igualdad de las mujeres: ONU

16 de octubre de 2020

SemMéxico/Noticias ONU. 16 de octubre de 2020.-    Un grupo de personas expertas de la ONU en derechos humanos exhortó al gobierno de México a no efectuar más recortes presupuestarios en una serie de programas destinados a la prevención y el apoyo a las mujeres víctimas de violencia, así como a la salud maternal, sexual y reproductiva.

Según este conjunto de especialistas*, el proyecto de ley presupuestario para 2021 incluye recortes de entre un 10 y un 20 por ciento en relación con los montos destinados para este año y el anterior. Las reducciones previstas son aún más importantes para los proyectos relacionados con mujeres indígenas.

Los recortes afectarían a un programa para promover la igualdad entre mujeres y hombres indígenas -que vería disminuida su aportación económica un 53%- y otro que busca promover la participación de las mujeres indígenas se eliminaría por completo.

“Si se aprueba el proyecto de ley de presupuesto tal cual, se realizarán recortes significativos a las políticas destinadas a la lucha contra la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas, a la salud sexual y reproductiva y a la promoción de los derechos de las mujeres indígenas”, alertaron.

Las y los expertos destacaron que estos recortes presupuestarios no harán más que empeorar la crisis presupuestaria que ha afectado la prestación de servicios de mujeres y niñas durante los últimos años.

Al mismo tiempo, recordaron que tanto el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que costean refugios y centros para mujeres indígenas y afro-mexicanas, han sufrido recortes y que la pérdida de estos recursos ha afectado los servicios de salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas, así como los destinados a las mujeres víctimas de la violencia.

Por ello, indicaron que “los gobiernos deben garantizar que los servicios esenciales, como los relacionados con la violencia contra la mujer y la salud sexual y reproductiva, permanezcan disponibles durante la pandemia de COVID-19 y posteriormente”, e instaron a México a ejecutar en su totalidad el presupuesto para 2020 y evitar que se interrumpan los servicios.

El grupo de especialistas destacó los progresos “significativos” de México durante las últimas dos décadas “en la promoción de presupuestos con una perspectiva de género a nivel federal y estatal” y señalaron que esta tendencia debe continuar y reforzarse en el presupuesto federal para el año que viene.

«Un presupuesto con perspectiva de género debe preservar aquellas acciones y programas que son clave para erradicar la discriminación y la violencia contra la mujer, y no socavarlos».

Las y los expertos son*: Dubravka Simonovic, relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; los miembros del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas: Elizabeth Broderick (Presidenta), Melissa Upreti (Vicepresidenta), Alda Facio, Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane, y José Francisco Cali Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Las y los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

“El presente artículo es propiedad de SemMéxico

Redacción. (2020). Los recortes presupuestarios en México amenazan la salud y la igualdad de las mujeres: ONU. SemMéxico. Recuperada el 19 de octubre de 2020, de https://www.semmexico.mx/?p=27380

Castigan apoyos para madres trabajadoras; menos recursos a no derechohabientes

Paulo Cantillo, Excélsior

Ciudad de México, 10 de agosto de 2020, 05:00 am

Durante el primer semestre, el gasto del programa de subsidios para las mamás sin seguridad social, estrategia que reemplazó a las estancias infantiles, se redujo 49.2 por ciento.

Fuente: Excélsior, con datos de la SHCP/Fotoarte: Horacio Sierra
Fuente: Excélsior, con datos de la SHCP/Fotoarte: Horacio Sierra

CIUDAD DE MÉXICO.

Pese a que se trata de población en alta vulnerabilidad, debido a que está en condiciones de informalidad, el gobierno ha reducido el gasto en subsidios para las madres trabajadoras sin seguridad social, en medio de la pandemia de covid-19.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, el Programa de Apoyo de Hijos de Madres Trabajadoras —que reemplazó al programa de Estancias Infantiles— gastó 601 millones 434 mil pesos entre enero y junio de 2020, lo que representa una disminución de 49.2% real frente al mismo periodo de 2019.

Para Mariana Campos, directora del Programa de Gasto Público de México Evalúa, la reducción del gasto en el Programa de Apoyo para Madres Trabajadoras puede estar relacionado con la falta de operación de guarderías a raíz de la epidemia.

Sin embargo, consideró que el gobierno cometió un error estructural al desaparecer el programa de Estancias Infantiles y convertirlo sólo en una transferencia monetaria.

En tanto, el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos a la Población no afiliada a la Seguridad Social, que sustituyó al Seguro Popular a través de la creación del Insabi, ejerció 36 mil 920 millones de pesos durante el primer semestre, lo que implica una reducción de 12.2% en términos reales frente al presupuesto ejercido en el mismo lapso del año pasado.

MENOS APOYO SOCIAL A MADRES E INFORMALES

En medio del impacto del covid-19, el gobierno ha castigado el gasto de los programas que atienden la salud de la población no derechohabiente y a las madres trabajadoras sin seguridad social, poblaciones en alta vulnerabilidad dado que están bajo condiciones de informalidad.

Datos de la Secretaría de Hacienda señalan que el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos a la Población no afiliada a la Seguridad Social ha ejercido 36 mil 920 millones de pesos durante enero-junio de 2020, lo que ha implicado una reducción de 12.2% en términos reales frente al ejercido en igual lapso de 2019. Este programa fue el que reemplazó al Seguro Popular a través de la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Asimismo, el reporte de Hacienda establece que en el Programa de Apoyo de Hijos de Madres Trabajadoras se ha gastado 601 millones 434 mil pesos durante enero-junio de 2020, lo que implicó una reducción de 49.2% real frente a igual lapso de 2019. Este programa reemplazó al programa de Estancias Infantiles que ofrecía guarderías gratuitas a las mujeres que laboraban en la informalidad.

SALUD

Mariana Campos, directora del Programa de Gasto Público de México Evalúa, explicó a Excélsior que lo que ocurre con el programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos a la Población no Derechohabiente es un síntoma de lo que pasa en todo el sector salud, el cual presenta un subejercicio en el primer semestre, e incluso gasta menos que el año pasado.

Añadió que cuatro son los factores que influyen en el menor gasto de este programa. “Primero, el boquete de ingresos públicos que ronda los 170 mil millones de pesos. Segundo, la centralización que hicieron del gasto en medicamentos y que han tenido dificultades para llevar las licitaciones a cabo.

Tercero y relacionada con la anterior, la mala relación del gobierno con la industria farmacéutica nacional que obligó a una reforma a la ley de adquisiciones para comprar medicamentos en el extranjero, misma que se aprobó con mucha opacidad. Y cuarto, la falta de reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar, en el cual no hay claridad para afiliados, hospitales y entidades federativas en cuanto a su rol, hace que todos los procesos se hagan más lentos y entre ellos el gasto”.

Explicó que, en el gasto en salud, también existen otros programas con rezago en su gasto, como el fortalecimiento de los servicios estatales, el seguro Siglo XXI, el programa de Control y Prevención de la Obesidad y la Diabetes, y el de Vigilancia Epidemiológica.

Estos programas tuvieron subejercicios. Es decepcionante lo que ocurre con el gasto en salud. Uno esperaría que, en épocas como estas de pandemia, se registren grandes sobreejercicios en el sector, pero no ha sido así”, comentó Campos.

MADRES

Mariana Campos explicó que el menor gasto en el Programa de Apoyo para Madres Trabajadoras es una prueba más de que en las acciones de este gobierno “no existe la perspectiva de género”, y que su menor gasto puede estar relacionado al cierre de guarderías, que al no estar operando, no sería necesario gastar tanto en ese rubro.

Sin embargo, comentó que el error estructural del gobierno fue haber desaparecido el programa de Estancias Infantiles y haberlo convertido en un subsidio. Campos destacó su experiencia directa con el anterior programa, ya que tuvo la oportunidad de observar el impacto de las Estancias Infantiles en una comunidad pobre en San Luis Potosí.

Yo ví, literal, madres que lloraban del agradecimiento por tener la oportunidad de trabajar tiempo completo y que tenían la certeza de dejar el cuidado de sus niños en las estancias. Muchos niños no comían tres veces al día, no por pobreza de ingresos de los padres, sino porque éstos no tenían tiempo para atenderlos al tener que trabajar”, manifestó Campos.

Explicó que el programa institucionalizó una práctica común en las comunidades, que es que ciertas señoras cuidaban a los hijos de mujeres para que pudieran trabajar, y que el Coneval documentó que más del 90% de la población beneficiaria mejoró su inserción laboral gracias a las Estancias Infantiles.

Ahora ese beneficio se perdió. El nuevo programa asume que hay oferta privada de estancias cuando no necesariamente es así; y si la hay, son caras y es probable que el apoyo sea inferior al costo de la estancia privada”.

EL RESTO DE PROGRAMAS

El agregado de 18 programas sociales prioritarios que el gobierno federal estableció en su decreto de austeridad de abril pasado ha tenido un mayor gasto en el primer semestre de 2020 respecto al año pasado.

Datos de la Secretaría de Hacienda señalan que en estas estrategias se han ejercido 183 mil millones de pesos durante enero-junio de este año, lo que representa un incremento de 63.3% en términos reales respecto al mismo periodo del año pasado.

Los programas más beneficiados en su presupuesto han sido Jóvenes Escribiendo y Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Pensión para Personas con Discapacidad y de Adultos Mayores. 

El gasto lo influye también los Apoyos a Microempresas Familiares, que otorga créditos por 25 mil pesos a las empresas afectadas por la contingencia.

Otros programas prioritarios que han visto reducir recursos son Internet para Todos y el Banco de Bienestar.

“El presente artículo es propiedad de Excélsior

Cantillo, P. (2020). Castigan apoyos para madres trabajadoras; menos recursos a no derechohabientes. Excélsior. Recuperado el 10 de agosto de 2020, de https://www.excelsior.com.mx/nacional/castigan-apoyos-para-madres-trabajadoras-menos-recursos-a-no-derechohabientes/1398943