By Edith Loyola 
Con tres votos a favor y dos en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el Comité de Evaluación del Poder Judicial debe retomar, en menos de 24 horas, el proceso de selección de jueces, ministros y magistrados. Esta decisión está relacionada con la suspensión otorgada por el juez Primero de Distrito de Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, quien había ordenado detener dicho proceso.
Como parte de la resolución, el TEPJF también acordó denunciar al juez Santamaría Chamú ante la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con el Tribunal, se procederá también a presentar una queja en su contra ante el Consejo de la Judicatura Federal, con el objetivo de que este órgano analice la actuación del juez en este caso.
Además, se instruyó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pronunciarse sobre la situación de las personas registradas como aspirantes en el proceso de selección, ya que algunas podrían quedar fuera debido a la suspensión judicial previamente emitida.
En este contexto, la presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, presentó un proyecto en el que se ordena reactivar el proceso de selección de candidaturas. Según lo señalado por la magistrada, el Comité de Evaluación debe ajustarse a las disposiciones constitucionales derivadas de la reforma judicial y respetar los principios establecidos en materia electoral.
“Es importante remarcar la supremacía constitucional de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia electoral”, destacó Soto Fregoso durante la sesión. Asimismo, recordó que el Tribunal es la máxima autoridad jurisdiccional en este ámbito y que ninguna otra instancia puede intervenir en decisiones de carácter electoral mediante medidas cautelares derivadas de juicios de amparo.
Por otra parte, el proyecto obtuvo el respaldo de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Alfredo Fuentes. Sin embargo, enfrentó oposición de los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Malassis, quienes plantearon que el caso debía ser resuelto por la Suprema Corte antes de cualquier intervención del TEPJF.
Al respecto, Rodríguez Mondragón expresó que existía una duda sobre la competencia para resolver el caso y que era necesario recurrir a los mecanismos institucionales previstos. “No se justificaría actuar sin antes aclarar estas competencias. En caso de que la Suprema Corte no resolviera, entonces sería oportuno intervenir”, señaló.
De manera similar, la magistrada Otálora Malassis manifestó su desacuerdo con la denuncia penal contra el juez de distrito. Según explicó, la materia penal no debería involucrarse en decisiones relacionadas con criterios jurídicos, ya que corresponde al Consejo de la Judicatura Federal atender estas situaciones.
Por último, la solicitud del TEPJF a la SCJN tiene como propósito aclarar las posibles consecuencias de la suspensión y definir el impacto que esta pueda tener en el proceso.