By Edith Loyola 
El expresidente Donald Trump anunció su intención de declarar el estado de emergencia nacional y recurrir al uso del ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes luego de retomar el poder en enero.
Según sus propias palabras, Trump consideraba que los migrantes que cruzan sin autorización desde México representaban una “invasión”, por lo que en su opinión, constituían una amenaza a la seguridad nacional. “Estamos siendo invadidos y es hora de actuar”, afirmó el líder republicano de 78 años. Además, describió a algunos migrantes como un peligro para “la sangre” estadounidense y aseguró que entre ellos había “asesinos” y “salvajes”.
En relación con estas declaraciones, Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, publicó en Truth Social que “la próxima administración de Donald Trump estaba preparada para declarar el estado de emergencia nacional y utilizar recursos militares para luchar contra la invasión permitida por el presidente Joe Biden”.
Ante este mensaje, Trump reforzó su postura al afirmar que “¡Es verdad!”, subrayando así su intención de llevar a cabo “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”.
Por su parte, sus asesores detallaron que el plan incluía una serie de medidas logísticas y legales para ejecutar esta misión, en la cual se anticipa que la Guardia Nacional, bajo el mando de los gobernadores estatales, desempeñaría un rol clave en las deportaciones.
No obstante, Trump no descarta recurrir al uso de tropas federales si fuera necesario. En abril, el exmandatario ya había mencionado: “La Guardia Nacional debería poder hacerse cargo de las deportaciones; de no ser así, el ejército federal será el próximo paso”.
Por otro lado, un informe reciente del Instituto de Políticas Migratorias (MPI) reveló que, durante los primeros años de la administración Biden, el número de deportaciones había alcanzado los 4.4 millones, superando las cifras registradas durante el primer mandato de Trump y las de cualquier administración desde la de George W. Bush. No obstante, el republicano parecía decidido a incrementar estos números y adoptar una política migratoria aún más restrictiva.
Entre las medidas propuestas, Trump expresó su intención de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, reforzar el muro fronterizo, contratar 10,000 nuevos agentes de inmigración y reactivar el programa “Quédate en México”, el cual obligaba a los migrantes a esperar en territorio mexicano mientras se procesaban sus solicitudes de asilo.
De igual manera, el expresidente planea eliminar las ciudades santuario, que ofrecen protección a migrantes indocumentados, y reducir vías de entrada legal, como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y citas para trámites migratorios.
Por lo anterior, diversos expertos en derechos humanos expresaron preocupación por el impacto de estas políticas en los 11 millones de migrantes que residen en situación irregular en Estados Unidos.
Al respecto, un informe del American Immigration Council estimó que una deportación masiva como la planteada podría representar un costo significativo para el país, calculado en hasta 88,000 millones de dólares anuales, o cerca de 967,900 millones en una década, en un contexto en el que la economía ya enfrentaba una escasez de mano de obra.
Es importante recordar que, tras su victoria en las elecciones presidenciales del pasado 5 de noviembre, Trump comenzó a estructurar su equipo de seguridad migratoria. Designó a Tom Homan, exdirector de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como “zar de la frontera”. Asimismo, nombró a la gobernadora Kristi Noem, conocida por su oposición a la inmigración irregular, como secretaria de Seguridad Interior, y al congresista Mike Waltz como asesor de Seguridad Nacional.