By Edith Loyola 
El juez Theodore Chang, de Maryland, emitió una orden cautelar que bloquea una directiva del gobierno de Donald Trump, la cual autorizaba los arrestos migratorios en ciertos lugares de culto, tales como iglesias y templos. La medida judicial, que responde a la demanda de varios grupos religiosos, impide que el gobierno lleve a cabo dicha acción en espacios sagrados. Este fallo se produce tras la revocación por parte de la Administración Trump de una política implementada por su predecesor, Joe Biden, que prohibía específicamente los arrestos migratorios en estos lugares de carácter protegido.
De acuerdo con la normativa de Biden, los lugares de culto, entre ellos iglesias y escuelas, se consideraban zonas seguras para los migrantes indocumentados. Sin embargo, la Administración Trump, el pasado 21 de enero, decidió revertir esas protecciones como parte de un plan más amplio de deportaciones masivas que buscaba eliminar lo que consideraba “áreas protegidas”. Esta acción desató la respuesta legal de las organizaciones religiosas, que alegan que la nueva política atenta contra los derechos fundamentales de sus miembros y vulnera las creencias religiosas de diversas comunidades.
Las organizaciones religiosas demandantes
El fallo del juez Chang beneficia directamente a las organizaciones demandantes, las cuales incluyen a la Sociedad Religiosa de los Amigos, conocida como los cuáqueros, una agrupación religiosa de raíces protestantes conocida por su pacifismo. Además, se encuentran involucradas la Asociación Cooperativa Bautista, un grupo cristiano evangélico con sede en Georgia, y el Templo Sij de Sacramento, en California. Todos estos grupos argumentan que la nueva política del gobierno va en contra de sus principios religiosos y el derecho a ofrecer refugio a quienes lo necesiten.
Como resultado de la decisión judicial, los lugares de culto pertenecientes a estas organizaciones estarán exentos de los efectos de la orden emitida por el gobierno, al menos de forma temporal. La medida subraya el conflicto entre las políticas migratorias más restrictivas de la Administración Trump y las garantías constitucionales relacionadas con la libertad religiosa y el derecho a la protección.