By Laura Pardo 
El presidente Gustavo Petro ha emitido declaraciones desafiantes hacia los alcaldes de ciudades colombianas, incluyendo a Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Petro calificó a estos mandatarios como “alcaldes del dinero” o incluso “alcaldes de miseria y muerte” por su falta de cumplimiento con las directrices del día cívico, lo que desencadenó una ola de críticas y defensas públicas en medios y redes sociales. En un contexto marcado por tensiones políticas, en una intensa jornada de actividad en redes sociales, el presidente defendió su decisión de declarar un día cívico para facilitar la participación de funcionarios públicos en marchas de apoyo a su reforma laboral.
Alcaldes del dinero queriendo amenazar al pueblo. Ningún maestro irá a su clase porque saben que la mejor lección que se le debe dar a un niño, es la de la dignidad que no tienen los alcades, porque sirven al dinero y no a su pueblo. https://t.co/xEFWQUM7h9
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2025
Por su parte Galán, ha tenido que enfrentar un creciente descontento ciudadano por su gestión, particularmente en relación al racionamiento de agua, ha respondido a las aseveraciones del presidente, acusándolo de violar la Constitución y de interferir en asuntos que considera competencia exclusiva de la administración local. “Viola la ley, la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional” declaró Galán en un comunicado que ha resonado entre diversos sectores de la opinión pública.
A raíz de las críticas en su contra, Galán ha dicho que su administración busca garantizar la provisión de agua por 100 años en Bogotá y que la situación actual del racionamiento es una medida necesaria ante la crisis hídrica que enfrenta la capital. Sin embargo, su respuesta no ha sido suficiente para mitigar el creciente malestar de los ciudadanos, quienes expresan su frustración a través de las redes sociales, denunciando una supuesta falta de planificación y control ambiental bajo su liderazgo.
La controversia ha escalado, con diversos actores políticos señalando que estos enfrentamientos no sólo evidencian la polarización entre el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá, sino que también podrían presagiar una guerra jurídica entre ambas administraciones, debilitando aun más la gobernabilidad en la capital colombiana.