María Elena Martínez Robles, alcaldesa del municipio de Amanalco de Becerra, en el Estado de México, fue vinculada a proceso este jueves por su presunta participación en el homicidio calificado del síndico municipal Miguel Ángel Lara y su chofer, ocurrido el pasado 25 de enero de 2023.
Según lo informado durante una audiencia de más de tres horas, el juez de control del Poder Judicial del Estado de México consideró que existían pruebas suficientes para abrir el proceso penal.
Al respecto, se dió a conocer que entre los elementos presentados por el Ministerio Público, se incluyeron testimonios de familiares de las víctimas y miembros del Cabildo, así como entrevistas y declaraciones relacionadas con los hechos.
De igual manera, en las pruebas se incluyó una presunta llamada telefónica en la que la alcaldesa habría ordenado los homicidios por disputas políticas. Además, se detalló que la funcionaria citó a las víctimas a una reunión en Zacazonapan, donde los autores materiales llevaron a cabo el crimen. Los cuerpos fueron encontrados al día siguiente en un paraje junto a un vehículo.
Por su parte, la defensa de la alcaldesa, encabezada por Alexander Becerril Salazar, afirmó que apelará la resolución. Debido a que el abogado asegura que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no presentó el registro de la llamada telefónica mencionada, lo que, en su opinión, debilita el caso contra su clienta.
“Nuestro objetivo es demostrar que la evidencia actual no es suficiente para sostener el proceso contra la presidenta municipal”, explicó Salazar.
Asimismo, la defensa mencionó que la alcaldesa había denunciado previamente al síndico Miguel Ángel Lara por presunta extorsión, argumentando que fue obligada a mantener vínculos con el grupo criminal “La Familia Michoacana”. Durante la audiencia, testigos señalaron que Martínez Robles entregaba grandes sumas de dinero a este grupo, aparentemente provenientes de recursos asignados a obras públicas.
Cabe mencionar que este caso forma parte del “Operativo Enjambre”, una estrategia conjunta entre autoridades estatales y federales destinada a desmantelar redes de corrupción y crimen organizado en la región.
De acuerdo con información oficial, se han emitido 14 órdenes de aprehensión, de las cuales siete ya han sido ejecutadas. Las autoridades han señalado que la investigación sigue en curso y se ha establecido un plazo de dos meses y 15 días para concluir las indagatorias. No obstante, el exdirector de Seguridad de Texcaltitlán, Isidro Cortés, se quitó la vida antes de ser detenido.