By Edith Loyola 
Luego de su victoria en las elecciones del 5 de noviembre, el presidente electo Donald Trump y su equipo manifestaron su intención de implementar políticas migratorias más rígidas, con una postura contundente de “tolerancia cero” hacia la inmigración ilegal.
Según lo informado por el nuevo “zar de la frontera”, Tom Homan, la meta de la nueva administración es deportar entre 1 y 1.5 millones de extranjeros indocumentados en el primer año de mandato.
Durante una entrevista en el programa “The View” de la cadena ABC, Homan detalló que surgieron algunos rumores de que la administración de Trump podría llegar a deportar a ciudadanos estadounidenses. Ante ello, Homan aclaró:
“El presidente Trump ha sido claro: priorizaremos las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional. Y en eso debemos centrarnos”, subrayó, dejando claro que el enfoque principal será identificar a los inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales.
Un enfoque de tolerancia cero
A su vez, quien será el encargado de supervisar el plan de deportaciones masivas enfatizó en que “hay más de 1.5 millones de delincuentes extranjeros convictos en este país con órdenes finales de deportación que vamos a buscar”.
Además, comentó que también existen “miles de miembros de pandillas inmigrantes ilegales” a quienes se dará prioridad en el proceso. Esta política, que representa una de las promesas de campaña de Trump, despertó una serie de inquietudes entre los defensores de los derechos de los inmigrantes y las comunidades afectadas.
De acuerdo con los anuncios de Homan y el vicepresidente electo, J.D. Vance, el objetivo de la administración entrante es deportar hasta un millón de personas en el primer año, lo cual ha generado preocupaciones sobre la capacidad operativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para realizar una tarea de tal magnitud y ha suscitado dudas entre aquellos que podrían verse directamente afectados.
Antecedentes criminales y seguridad nacional: las nuevas prioridades
Conforme a las directrices de la primera administración Trump, que podrían ser reinstaladas, el enfoque de deportación se centrará en individuos con antecedentes o acusaciones criminales. Asimismo, las personas sujetas a una orden final de deportación, quienes hayan cometido fraude en asuntos oficiales o quienes sean considerados un riesgo a la seguridad nacional también estarán entre los primeros en la lista de deportación.
En línea con esta política, Homan manifestó que “cada inmigrante ilegal en este país cometió un delito, así que todos son criminales”, una declaración que se interpretó como un enfoque de “tolerancia cero”. Para justificar esta postura, Homan sostuvo que “la migración no es un crimen sin víctimas” y relacionó el fenómeno migratorio con un aumento en el tráfico sexual y el terrorismo en Estados Unidos, una narrativa repetida en la campaña republicana.
Derechos y respuestas: ¿Qué pueden hacer los inmigrantes?
Como resultado de este contexto, las comunidades inmigrantes y sus defensores continúan en la búsqueda de respuestas sobre los derechos de aquellos que podrían estar en riesgo de deportación.
Frente a esta realidad, surge la pregunta de cuáles son las opciones legales para aquellos inmigrantes indocumentados que desean regularizar su situación y de cómo el sistema judicial y el DHS afrontarán el desafío que implica un plan tan ambicioso.