En un periódico de México – FORBES
Según difundió el diario The Wall Street Journal, asesores de inmigración del presidente elaboran una próxima orden ejecutiva, donde prohibirían la emisión de nuevas visas temporales para trabajar.
Notimex.- Las políticas de Estados Unidos con los inmigrantes, adoptadas en el marco de la pandemia de coronavirus, podrían permanecer y extenderse incluso cuando las medidas sanitarias por la emergencia disminuyan, trascendió en fuentes locales.
Altos funcionarios de la administración del presidente, Donald Trump, operan bajo el supuesto de que los ciudadanos aceptarían nuevos límites a la inmigración. Lo que representa una oportunidad para el gobierno de revisar el sistema de inmigración, en nombre de la “salud pública y protección laboral”.
Según difundió el diario The Wall Street Journal, asesores de inmigración del presidente elaboran una próxima orden ejecutiva, prevista para este mes, donde prohibirían la emisión de nuevas visas temporales para trabajar.
La medida podría variar entre suspender categorías completas de visas hasta la creación de incentivos para contratar connacionales en las industrias más afectadas por los despidos en Washington.
“Si estamos tomando medidas sobre inmigración que ayudan a mejorar la salud pública, la economía, los empleos, es una reivindicación o validación de que el presidente tenía razón desde el primer día”, dijo un funcionario de alto rango del Departamento de Seguridad ante el medio estadounidense.
En la misma línea, la política de expulsar rápidamente a los migrantes detenidos a lo largo de la frontera con México podría permanecer para proteger “la salud pública”, dijo la víspera el comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan.
De acuerdo con la cadena Kfox-Tv, Morgan a pedido a las autoridades considerar que el virus aún no alcanza su punto máximo en México y Centroamérica, y la posibilidad de que el virus se propague en los centros de detención de la Patrulla Fronteriza.
Trump cerró las fronteras con México y Canadá en marzo. Le otorgó a la Patrulla Fronteriza el poder de expulsar rápidamente a los migrantes, citando la amenaza potencial para la salud pública el 21 de marzo y extendió la orden por 30 días más el mes pasado.
Médicos sin Fronteras criticó a Washington por expulsar a los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, a México cuando el sistema en ese país no tiene garantías para cuarentenas o aislamiento de las personas deportadas.
El número total de migrantes que intentaron ingresar a los Estados Unidos sin autorización legal en el mes de abril fue de al menos 16 mil 700, la mitad de los registrados en marzo.
Fuentes cercanas al presidente dijeron que Trump podría promocionar sus restricciones de inmigración en discursos y eventos de campaña los próximos meses, subrayando su creencia de que resonarán entre sus partidarios y apelarán a un público más amplio preocupado por posibles segundas olas de coronavirus.
Y mientras tanto… En una opinión del New York Times se habla de:
“La hipocresía estadounidense“
The New York Times – Alfredo Corchado
En la pandemia, los trabajadores “ilegales” ahora son considerados “esenciales” por el gobierno de Estados Unidos.
El otro día, armado con un cubrebocas, recorría a toda prisa los pasillos de un supermercado orgánico, evaluando los productos, apretando las naranjas y los tomates, cuando me vino un recuerdo.
Yo, a los 6 años, agachado para recoger estas mismas frutas y verduras en el Valle de San Joaquín, en California. Pasé los fines de semana de primavera y los abrasadores veranos de mi infancia en esos campos, bajo la mirada vigilante de mis padres. En mi adolescencia, mis padres, hermanos, primos y yo trabajamos como eslabones esenciales en una cadena de suministro que mantenía a Estados Unidos alimentado, pero siempre estuvimos a un paso de la burla, la detención y la deportación.
En la actualidad, cientos de miles de migrantes mexicanos y centroamericanos hacen ese trabajo. Según cálculos del Departamento de Agricultura, cerca de la mitad de los trabajadores agrícolas del país —más de un millón de trabajadores— son indocumentados. Los productores agrícolas y los contratistas de mano de obra estiman que el porcentaje real se acerca más al 75 por ciento.
De repente, ante la pandemia del coronavirus, estos trabajadores “ilegales” han sido considerados “esenciales” por el gobierno federal.
Tino, un trabajador indocumentado de Oaxaca, México, está cortando espárragos con un azadón en la misma granja donde mi familia trabajó alguna vez. Recoge tomates en verano y melones en otoño. Me dijo que su empleador le ha dado una carta —que guarda en su cartera, junto a una foto de su familia— para que cualquiera que lo interrogue sepa que él es un trabajador “crítico para la cadena de suministro de alimentos”. La carta fue autorizada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la misma agencia que ha pasado diecisiete años tratando de deportarlo.
“No creo que esta carta impida que la migra me deporte”, me dijo Tino. “Pero me hace sentir que tal vez tenga una oportunidad en este país, aunque los estadounidenses pueden cambiar de opinión mañana”, agregó.
Fiel a las formas, Estados Unidos todavía lo quiere todo: quiere que se le alimente, pero también quiere satanizar a los inmigrantes indocumentados que lo hacen posible.
Recientemente, el presidente Donald Trump tuiteó que “suspendería temporalmente la inmigración en Estados Unidos”, una amenaza consecuente con la política de golpear al inmigrante como una piñata que promovió en su campaña de 2016. Menos de 24 horas después, el mandatario se echó para atrás ante la presión de grupos empresariales temerosos de perder el acceso a la mano de obra extranjera y anunció que mantendría el programa de trabajadores invitados.
En el pasado, Estados Unidos ha recompensado a los soldados inmigrantes que han luchado en nuestras guerras con una vía hacia la ciudadanía. Hoy en día, los campos (junto con las plantas empacadoras de carne, los camiones de reparto y los estantes de las tiendas alimentos) son nuestra vanguardia, y la seguridad fronteriza no puede desvincularse de la seguridad alimentaria.
Es hora de ofrecer a todos los trabajadores esenciales un camino hacia la legalización.
Puede parecer difícil imaginar que esto suceda durante la presidencia que ha hecho suyo el lema “Construyamos el muro” y cuando el Congreso estadounidense apenas puede acordar medidas de emergencia para otorgar estímulos. Muchos miembros del Partido Republicano ya ni siquiera apoyan el DACA, el programa que protegía a los dreamers que crecieron en el país y que podría ser revocado por la Corte Suprema esta semana. Sin embargo, la pandemia pone de cabeza nuestra política normal.
“Hemos comenzado a hablar sobre los trabajadores esenciales como una categoría de superhéroes”, comentó Andrew Selee, presidente del Instituto de Políticas Migratorias, una organización apartidista, y autor de Vanishing Frontiers. Si la pandemia continúa durante un año o dos, dijo, debemos pensar “de manera audaz sobre cómo tratar a los trabajadores esenciales que han arriesgado su vida por todos nosotros, pero que no tienen documentos legales”.
Tal vez “deberían estar en un proceso de regularización rápida”, dijo, “como lo están los beneficiarios del DACA”, por ahora.
Por supuesto, Estados Unidos siempre ha sido un país voluble. Aprendí esa lección cuando mi tía Esperanza, quien dirigía el equipo de peones entre los que se encontraban mi madre, mis hermanos y mis primos, gritaba: “Háganse arco”. ¡Agáchense!
Los trabajadores sin documentos dejaban el azadón y se dispersaban. Corrían, si no por sus vidas, casi con toda seguridad por sus medios de subsistencia. Mirábamos cómo las camionetas de la Patrulla Fronteriza se detenían de manera abrupta, levantando el polvo. Los trabajadores desafortunados se dirigían directamente a la zanja o canal más cercano. Algunos solo se tiraban al suelo, con la esperanza de encontrar refugio entre los surcos de betabel, tomate o algodón. A veces, los agentes los perseguían. Nosotros siempre estábamos a favor de la presa.
Hoy no ha cambiado mucho. Los vulnerables —los dreamers que prestan servicios para el cuidado de la salud; las mucamas de los hoteles; los empleados de las plantas lecheras y agrícolas; los meseros, los cocineros y los garroteros en la industria de los restaurantes, con un valor de 900.000 millones de dólares― siguen trabajando para alimentar a sus familias mientras se sienten desechables, sujetos a la deportación por una nación ingrata.
Tino, el campesino del Valle de San Joaquín, está preocupado por el coronavirus. Se pregunta si, después de haber pasado diecisiete años ocultándose de las autoridades de inmigración, no sería mejor regresar a Oaxaca, “donde preferiría morir”.
Sin embargo, los sueños de Tino superan sus miedos. Quiere lo mejor para su familia, incluyendo a su hijo nacido en Estados Unidos, quien está decidiendo en qué universidad estudiará en California. Por eso sigue con su trabajo, por el que le pagan 13,50 dólares la hora.
Entre otros, trabaja para Joe L. Del Bosque, de Del Bosque Farms, uno de los productores más grandes de melones orgánicos del país. Del Bosque emplea a casi 300 personas en cientos de hectáreas, y sus frutas y verduras se venden en casi todos los supermercados orgánicos de Estados Unidos, incluida la tienda donde ahora hago mis compras en El Paso.
“Tristemente, se ha requerido una pandemia para que los estadounidenses se den cuenta de que los alimentos en sus tiendas de abarrotes y en sus mesas están ahí en gran medida gracias a los trabajadores mexicanos, la mayoría de ellos sin documentos”, me dijo Del Bosque. “Son los trabajadores más vulnerables. No se están ocultando detrás de la pandemia en espera de un cheque de estímulo”.
Junto con otros agricultores, ha estado pidiéndole al Congreso durante los últimos años que legalice a los trabajadores del campo, si no como parte de una reforma migratoria integral, entonces como un proyecto de ley enfocado en los campesinos, dado que “se necesitan esos trabajadores hoy, mañana y durante mucho tiempo”.
“Con o sin el coronavirus, debemos reabastecer constantemente nuestra fuerza de trabajo para asegurar el suministro de alimentos”, agregó.
Algunos legisladores del Partido Demócrata, entre ellos la representante Veronica Escobar de El Paso, están ejerciendo presión para incluir la legalización en cualquier paquete actualizado de ayuda por el coronavirus. “La hipocresía en Estados Unidos es que queremos el fruto de su labor como indocumentados, pero no queremos darles nada a cambio”, dijo.
Incluso ahora que el desempleo tiene una proyección del quince por ciento o más, Del Bosque me dijo que duda que algún día vea una fila de estadounidenses buscando trabajo en sus campos. Los pocos que han llegado a las 5:30 a. m. no regresan. Algunos, dijo, renuncian a este arduo trabajo antes de su primera pausa para el almuerzo.
Le teme a una inminente escasez de mano de obra. Una que no se debería a la reanudación de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ni a un muro que pudiera mantener alejados a los trabajadores. Desde luego, le preocupa un posible brote de coronavirus, pero su preocupación más inmediata es que sus campesinos están envejeciendo. Su edad promedio es de 40 años.
Los mexicanos son cada vez más escasos en los campos, pues menos hombres y mujeres migran cada año, ya sea porque encuentran mejores trabajos en México o debido a cuestiones demográficas. La tasa mexicana de natalidad cayó de 7,3 niños por mujer en la década de 1960 a 2,1 en 2018. Los que sí vienen quieren empleos mejor pagados en otras industrias.
La mejor manera de garantizar la seguridad alimentaria en el futuro es legalizar a los trabajadores actuales con el fin de mantenerlos aquí, además de ofrecer una vía hacia la legalización como incentivo para que lleguen más trabajadores agrícolas. Atraeríamos a personas no solo de México, sino cada vez más de Centroamérica y Sudamérica.
Del Bosque Farms ha dependido de los trabajadores mexicanos desde que los padres de Del Bosque, también inmigrantes mexicanos, comenzaron a contratarlos en la década de 1950 a través del Programa Bracero, que comenzó durante la Segunda Guerra Mundial. Ese programa emitió cerca de cinco millones de contratos para mexicanos, y los trajo a Estados Unidos como trabajadores invitados para que no hubiera escasez de mano de obra y los estadounidenses pudieran irse a combatir al extranjero.
Cientos de trabajadores que han laborado en Del Bosque Farms a lo largo de los años se han vuelto residentes legales, y muchos más han obtenido la ciudadanía.
“Sin que nos lo agradezcan, estamos reabasteciendo a Estados Unidos”.