Consultados por La Silla Rota coincidieron que por decisiones políticas no se aplica la normativa del uso de la fuerza.
LA SILLA ROTA
Especialistas en temas de seguridad pública consultados por la silla rota sobre los actos ocurridos en las últimas protestas registradas en la Ciudad de México, donde una menor fue golpeada por policías y algunos negocios fueron vandalizados e incluso robados, coincidieron en que hace falta que se modifiquen las normas que rigen que los ciudadanos se manifiesten en la vía pública, para evitar que su causa se tergiverse innatos vandálicos o hasta delictivos.
Sin embargo, los analistas también indicaron que hace falta modificaciones en los protocolos de acción policial (en la protección de personas en el contexto de manifestaciones o reuniones) que actualmente están vigentes en la capital, en los cuales la jefa de gobierno, Claudia sheinbaum, prevé realizar cambios, pues desde el 2017 no se realizan reformas en este reglamento.
De hecho, la ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad pública de la Ciudad de México, fue eliminada en 2008, cuando el actual secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard era jefe de gobierno capitalino.
Respecto a las modificaciones, Javier Oliva Posada, profesor-investigador de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM, señaló que de igual manera se deben hacer cambios en la normatividad que rige la libre manifestación en las calles y emitir nuevas reglas, con el fin de evitar actos delictivos durante las movilizaciones, como los sucedidos el lunes pasado, donde al menos 15 negocios sufrieron daños y 3 fueron saqueados.
“Debe de haber equidad, se deben hacer modificaciones que resguarda la integridad de los policías, protocolos para los elementos y sus familias (…) En las marchas se pierde el objetivo y la causa con los actos delictivos. En estos habido una falta muy seria de las autoridades, al no haber presencia”, dijo uno de los especialistas.
Detalló que la actual administración que está al frente del gobierno capitalino ve “la ley como un acto de represión” , lo que ha llevado a que en las protestas se rebasen los límites de la libertad de manifestación, hasta llegar a actos que alteran el orden público incluso actos delictivos, busqué la integridad de los policías se ven expuestos incluso agraviadas. tía y recalcó la importancia de velar por los derechos humanos y los agentes.
No obstante, el especialista reprocho los hechos en los que los dos policías golpearon a una menor de 16 años, pero recalcó que las autoridades deben de tomar en cuenta el perfil de las personas que participar en manifestaciones que nos son pacíficas.
Sobre esto, César Gutiérrez, especialista en seguridad nacional, derecho y columnista de la silla rota afirmó que lo que ocurre con los policías durante las manifestaciones violentas, no tiene que ver con que no conozcan los protocolos sobre el uso de la fuerza sino que se trata de decisiones políticas que buscan para la impresión de que no se trata de gobierno represor.
“Y en el caso de las agresiones de Melanie puede ser falta de capacitación pero también la adrenalina del momento qué hace que terminen cometiendo abusos. está muy bien que la jefa de gobierno quiera que se elabore otro protocolo pero si no se implementa para que los manifestantes no cometan abusos,de qué sirve”, dijo.
el especialista hizo referencia a las policías de países europeos o asiáticos, donde su actuar es impecable para contenerla manifestaciones violentas.
“Lo qué ocurrió frente a la embajada de Estados Unidos fue la aplicación del protocolo que utiliza la policía pero posteriormente, cuando patearon a Melanie ya no mostraron ninguna proporcionalidad establece la ley nacional sobre el uso de la fuerza”, dijo.
En el artículo 4 de dicha ley señala que el uso de la fuerza se regirá por los principios de:
I. Absoluta necesidad: para que el uso de la fuerza sea la última alternativa para tutelar la vida e integridad de las personas fue evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos o con el fin de mantener el orden y la paz pública, al haberse agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor.
II. Legalidad: para que la acción de las instituciones de seguridad se realiza y con estricto apego a la constitución, a las leyes y a los tratados internacionales de de el estado mexicano sea parte.
III. Prevención: para que los operativos para el cumplimiento de la ley sean planificados y se lleven a cabo, en la medida de lo posible, minimizando el uso de la fuerza y, cuando esto sea inevitable, reduciendo al mínimo los daños que de ello puedan resultar.
IV. Proporcionalidad: para que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, de tal forma que los agentes apliquen medios y métodos bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza.
V. Rendición de cuentas y vigilancia: para que existan controles que permitan la evaluación de las accioe s de uso de la fuerza y sea valorada su eficiencia en términos del desempeño de las responsabilidades y funciones previstas por esta Ley.
Por otra parte, Pilar Noriega, ex primera visitadora de la comisión de derechos humanos del entonces distrito federal, y ex integrante de la comisión de la verdad de Guerrero, apunta que hay una gran falta de capacidad de los elementos policíacos sobre todo cuando abusan de su autoridad, como en el caso de Melanie.