By Selma Karen El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo que la Secretaría de Salud federal será la autoridad sanitaria que dicte las medidas para que la Comisión Nacional de Búsqueda pueda cumplir con sus labores.
El Economista
Luego de que familiares de personas desaparecidas demandaron que la epidemia del coronavirus (Covid-19) no detenga la búsqueda, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que reiniciará los trabajos con base en medidas sanitarias dictadas por la Secretaría de Salud federal.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, encabezaron la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 2020.
Al respecto, Encinas dijo que el Protocolo Homologado de Búsqueda deberá de atender las medidas de carácter sanitario que emita la Secretaría de Salud, “porque por supuesto no solamente vamos a reanudar la búsqueda intensiva, sino que hemos venido desarrollando algunas tareas de búsqueda, pero cumpliendo con las normas y disposiciones que nos dicte la autoridad sanitaria”, aseveró.
Mencionó que la Secretaría de Salud federal será la autoridad sanitaria que dicte las medidas para que la Comisión Nacional de Búsqueda pueda cumplir con sus labores.
Puntualizó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas tiene en su base de datos a más de 61,000 personas no localizadas.
Precisó que la Federación ya ministró el 80% de los 341 millones de pesos a los gobiernos estatales para que puedan crear sus comisiones de búsqueda. Mencionó que el resto de los recursos serán depositados una vez que hayan sido ejercidos los recursos de la primera etapa. Planteó que la mayoría de los gobiernos estatales han dicho que ocuparán los recursos para la construcción de cementerios forenses.
Encinas Rodríguez llamó a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para que también destinen recursos a este propósito.
A través de videoconferencia, Alejandro Encinas mencionó que sigue el proceso de elaboración del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, para lo cual acudió una representación mexicana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado mes de marzo, “en donde refrendamos este compromiso para que el mecanismo extraordinario esté avanzando y que se pueda consolidar este mismo año con sus instrumentos y con recursos suficientes para ello”.
Precisó que el 5 de marzo se aprobaron los perfiles que deberán tener los siete miembros del grupo coordinador de ese mecanismo, por lo que ahora viene la etapa de la elaboración de la convocatoria y la selección, procesos en los que prometió la participación de los colectivos de los familiares de las víctimas, así como de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el Comité Internacional de Cruz Roja y la Comisión Interamericana.
Acerca del Protocolo Homologado de Búsqueda, confió en que haya un acuerdo como ya se tiene en el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, con la Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados, “para garantizar un derecho humano que es fundamental, que es el derecho de toda persona a ser buscada paralelamente a la investigación de los hechos. Este es un reto fundamental, porque independientemente que la persona esté desaparecida, no se conculcan sus derechos ni los de sus familiares para que estas sean buscadas”, mencionó.
Por su parte, la secretaria Olga Sánchez Cordero dijo que “a pesar de las dificultades que ha supuesto y cuyo reto enorme nos ha puesto enfrente la pandemia de Covid-19, hemos refrendado nuestro compromiso y se han entregado más de 340 millones de pesos para acciones de búsqueda, localización e identificación a 24 entidades federativas”.
Añadió que las 32 entidades ya cuentan con instrumentos de creación de las comisiones locales de búsqueda, y sólo resta que cuatro estados nombren a la persona que será su titular.
“La desaparición de personas constituye un fenómeno devastador para toda la sociedad. Es una de las formas de violencia con mayor daño colateral que existe, porque el desaparecido deja a sus familiares en una incertidumbre permanente que puede resultar más dolorosa incluso que el saber que esa persona ha fallecido. El vacío que dejan los desaparecidos en sus comunidades es causante de diversos fenómenos que provocan la irreparable descomposición del tejido social”, destacó Sánchez Cordero.
En la reunión a través de videoconferencia también participaron la representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas; del Comité Internacional de la Cruz Roja mexicana; integrantes de Comisiones Locales de Búsqueda, y la fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, Sara Irene Herrerías.