El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva ley que impone la pena de muerte obligatoria para cualquier persona que asesine a un oficial de policía. La medida, anunciada oficialmente en un discurso ante el Congreso, marca un endurecimiento notable en las políticas de seguridad bajo su segundo mandato presidencial.
Durante su alocución, Trump destacó que la iniciativa busca “disuadir futuros ataques contra agentes del orden” y garantizar una mayor protección para las fuerzas de seguridad en todo el país. El mandatario republicano fue contundente: “Ya firmé una orden ejecutiva que exige la pena de muerte obligatoria para cualquiera que mate a un policía. Esta noche le pido al Congreso que apruebe esa política”.
La nueva legislación se suma a una orden ejecutiva previa, firmada por Trump el 20 de enero de 2025, durante su primer día de su segundo mandato no consecutivo. La orden titulada “Restaurar la pena de muerte y proteger la seguridad pública” establece como prioridad del Departamento de Justicia agilizar los procesos judiciales en los casos de asesinato a agentes, limitando los recursos de apelación para acelerar las ejecuciones.
Contexto y justificación de la medida
Trump justificó su decisión citando el aumento de ataques violentos contra agentes policiales en los últimos años. Durante su discurso, estuvo acompañado de Stephanie Diller, viuda del oficial del NYPD Jonathan Diller, asesinado durante un control de tránsito en marzo de 2024, un caso que conmocionó a la opinión pública estadounidense.
“El asesinato de agentes de policía por criminales reincidentes debe ser erradicado. Tenemos que sacar a estos asesinos de nuestras calles”, expresó Trump, denunciando la impunidad de individuos con extensos historiales delictivos.
Continuidad de una política previa
Esta postura no es nueva en la administración Trump. Durante su primer mandato (2017-2021), el entonces presidente ya había impulsado la reinstauración de la pena de muerte federal, supervisando 13 ejecuciones, el mayor número bajo un presidente estadounidense en la historia reciente. Sin embargo, la práctica fue suspendida en 2021 durante la administración de Joe Biden.
Ahora, Trump retoma y profundiza esta política, enfatizando que es necesaria para restaurar el orden y combatir la creciente violencia urbana.
Reacciones
La nueva ley ha generado fuertes reacciones tanto de apoyo como de crítica. Defensores de los derechos humanos cuestionan la proporcionalidad de la medida y advierten sobre el riesgo de errores judiciales irreparables. Por otro lado, organizaciones de fuerzas policiales y sectores conservadores celebran la legislación como un “mensaje claro” de apoyo a la autoridad y a la seguridad pública.
Mientras tanto, desde la Casa Blanca, se asegura que esta ley es apenas una de varias acciones que la administración Trump planea impulsar para fortalecer el “orden y la ley” en Estados Unidos durante los próximos años.