La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes decidió archivar tres investigaciones adelantadas contra Gustavo Petro durante su periodo como senador, previo a asumir la presidencia de la República. Los encargados de evaluar estos casos fueron los representantes Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta, ambos integrantes del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, representante del Partido de La U, patidos políticos próximos al actual gobierno.
#POLÍTICA La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes archivó tres investigaciones que se adelantaban en contra del presidente Gustavo Petro, cuando era senador. A otra de las investigaciones de le declaró la prescripción y una más fue rechazada. pic.twitter.com/lcf26J3VCd
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 3, 2025
La primera investigación, según documentación divulgada por Caracol Radio, fue iniciada por una denuncia presentada en 2021 por Pedro Antonio Herrera ante la Procuraduría. Herrera acusaba a Petro de faltar al respeto a la dignidad del entonces presidente Iván Duque y de violar la Constitución al incumplir con su juramento como senador. No obstante, la Comisión determinó que la denuncia carecía de fundamentos sólidos y pruebas que demostraran alguna falta disciplinaria concreta, por lo que fue archivada.
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La segunda investigación se originó por una queja interpuesta en 2020 por María José Linero, también ante la Procuraduría, acusando a Petro de haber viajado a Cuba sin autorización previa del presidente del Congreso. Este proceso fue cerrado luego de que la Comisión, sustentándose en los artículos 90 y 209 de la Ley 1952 de 2019, concluyera que no existían pruebas de la conducta denunciada, razón por la cual se inhibió y archivó el caso.
La tercera investigación archivada se inició en 2021 a partir de una publicación en la red social X realizada por un usuario bajo el nombre de @gabrielJairo5, quien sugería a la Procuraduría investigar a Petro por presunto enriquecimiento ilícito, mencionando supuestas propiedades en Florida, Barranquilla y Bogotá. Al revisar la denuncia, la Comisión la desestimó calificándola como “temeraria” e “infundada”, al no presentar evidencias creíbles que sustentaran las acusaciones planteadas.