By Juliana Rios 
Tres niños ciudadanos estadounidenses fueron deportados la semana pasada a Honduras junto a sus madres, en medio de una creciente polémica sobre el trato que reciben las familias migrantes en Estados Unidos. Uno de los menores, de apenas 4 años, estaba recibiendo tratamiento contra un cáncer metastásico, según denunciaron abogados de derechos civiles y organizaciones de inmigración.
De acuerdo con un comunicado conjunto de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto Nacional de Inmigración (NIP), entre otras agrupaciones, los niños —de 2, 4 y 7 años— fueron deportados tras ser detenidos en reuniones rutinarias con funcionarios de inmigración en Louisiana. Estas citas formaban parte del Programa de Comparecencia bajo Supervisión Intensiva (ISAP), una medida alternativa a la detención diseñada para monitorear a personas migrantes mientras avanzan sus casos legales.
Uno de los casos más críticos es el del niño de 4 años, que recibía tratamiento médico especializado en Estados Unidos debido a un cáncer avanzado. Su repentina expulsión junto a su madre plantea graves riesgos para su salud, ya que en Honduras podría enfrentar dificultades extremas para continuar su tratamiento oncológico.
“Estamos profundamente alarmados por estas deportaciones, que ponen en peligro inmediato la vida de un niño enfermo y violan los derechos fundamentales de ciudadanos estadounidenses”, señalaron las organizaciones en su pronunciamiento.
Deportaciones bajo revisión crítica
Los abogados de las familias han indicado que estas deportaciones ocurrieron a pesar de que los menores tienen ciudadanía estadounidense y, por tanto, deberían estar protegidos por derechos constitucionales básicos. Activistas y juristas acusan al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de actuar de manera desproporcionada y de no considerar el impacto humanitario de sus decisiones.
En muchos casos, los padres de estos niños migraron hace años en busca de mejores condiciones de vida y han vivido en EE.UU. en situación migratoria irregular. Sin embargo, sus hijos, nacidos en suelo estadounidense, tienen ciudadanía plena.
La situación ha desatado críticas de legisladores y defensores de los derechos humanos, quienes exigen una revisión urgente de los protocolos de deportación, especialmente en casos que involucran a ciudadanos estadounidenses en situación vulnerable.
Un llamado
La historia de estas familias pone en evidencia la compleja y a menudo contradictoria realidad de la política migratoria en Estados Unidos. Aunque los programas como ISAP buscan mantener cierto nivel de control migratorio sin recurrir al encarcelamiento, los recientes acontecimientos han demostrado que incluso bajo esta modalidad, las familias pueden ser detenidas y deportadas sin considerar las circunstancias particulares.
“Estos niños merecen protección, no castigo”, advirtió un portavoz del Proyecto Nacional de Inmigración. Mientras tanto, las familias afectadas enfrentan ahora un futuro incierto en un país al que muchos de los niños apenas conocen, y donde las condiciones médicas y de vida son mucho más adversas.