El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) es una iniciativa federal establecida por la administración Trump en enero de 2025 mediante la Orden Ejecutiva 14158. Su objetivo declarado es modernizar la tecnología federal, maximizar la eficiencia gubernamental y reducir el gasto público. DOGE surgió de la reorganización del Servicio Digital de los Estados Unidos (USDS), creado en 2014 bajo la administración Obama, y fue renombrado como el Servicio DOGE de los Estados Unidos.
Aunque oficialmente liderado por la administradora Amy Gleason, Elon Musk ha sido identificado como el líder de facto de DOGE. El presidente Trump ha afirmado públicamente que Musk está “a cargo” de DOGE, aunque la Casa Blanca ha mantenido que no es un funcionario oficial ni empleado de la organización.
DOGE ha implementado medidas agresivas para reducir costos, incluyendo la cancelación de contratos federales, despidos masivos y la eliminación de programas considerados ineficientes. Según informes, DOGE ha afirmado haber ahorrado a los contribuyentes aproximadamente $55 mil millones mediante estas medidas.
Sin embargo, la organización ha enfrentado críticas y desafíos legales. Se han planteado preocupaciones sobre la transparencia de sus operaciones, el uso de inteligencia artificial para analizar datos gubernamentales sin la debida supervisión y posibles conflictos de interés relacionados con la participación de Musk. Además, se han presentado demandas que cuestionan la legalidad de sus acciones y su exención de las leyes de divulgación pública.
Curiosamente Elon Musk, también es el receptor de críticas desde el mismo partido republicano. Asesores para la administración Trump, notan que su presencia en reuniones es hasta contraproducente, y el aún jefe de Tesla y X suele a querer llamar la atención de la peor manera. Incluso durante una apariencia en CPAC, el señor Musk tuvo dificultades a la hora de formular un discurso coherente. Muchos sospechan que está bajo la influencia de una gran variedad de estupefacientes.
Vínculos con ultraderecha
Lejos de ser solo un experimento tecnocrático de modernización, DOGE se ha convertido en una herramienta clave de la agenda autoritaria de la ultraderecha. A través de despidos masivos, reestructuraciones abruptas y una narrativa de “eficiencia” que oculta recortes y privatización, el aparato ha atacado directamente los derechos laborales de empleados públicos. El hecho de que Elon Musk, un actor empresarial sin cargo oficial, ejerza influencia directa sobre decisiones federales sin rendición de cuentas, pone en evidencia el debilitamiento institucional y la consolidación de poder por vías informales. Lo que se presenta como “modernización” es, en realidad, una reconfiguración autoritaria del aparato estatal, impulsada por intereses privados y una visión profundamente hostil al servicio público.