El pleno del Senado avanzó en el debate sobre la iniciativa de reforma a la supremacía constitucional, que fue presentada por Morena ante la comisión de la Cámara de Diputados. Esta propuesta establece que las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales contra reformas o adhesiones a la Carta Magna serán consideradas improcedentes.

Según lo anunciado, la reforma busca modificar los artículos 105 y 107 de la Constitución, lo que implica que las reformas aprobadas por el Congreso no podrán ser impugnadas ni suspendidas judicialmente. De esta manera, se limitaría la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en este tipo de decisiones, lo que podría tener repercusiones significativas en el equilibrio de poderes.

Al respecto, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, informó que el pleno dispensó la primera lectura del dictamen. “Dispensamos la primera lectura del dictamen con la firme convicción de que esta reforma es necesaria para fortalecer el marco constitucional del país,” declaró. Ahora, se anticipa que esta reforma sea discutida y aprobada en una tercera sesión nocturna.

Mientras tanto, Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, señaló que inicialmente se había considerado incluir una reforma al artículo primero constitucional, la cual prohibiría la intervención del Poder Judicial en decisiones del Congreso. Sin embargo, este apartado fue eliminado para evitar controversias adicionales que pudieran complicar el proceso legislativo.

Asimismo, enfatizó que el propósito principal de esta reforma es evitar que el Poder Judicial detenga las reformas aprobadas por el Congreso. “Nuestro objetivo es claro: evitar que el Poder Judicial frene las decisiones que el Congreso tome en beneficio de la ciudadanía. Esta reforma busca clarificar y proteger la autonomía legislativa,” afirmó durante una entrevista.

Por su parte, la oposición ha manifestado serias preocupaciones respecto a esta iniciativa. Marko Cortés, líder del PAN, calificó el proceso legislativo como un “albazo legislativo”. “Este proceso se asemeja a un ‘albazo’ que busca cerrar el paso al Poder Judicial. No podemos permitir que se aprueben reformas de tal magnitud sin un debate adecuado,” criticó Cortés.

De concretarse la reforma, podría alterar significativamente el equilibrio de poderes en México. La imposibilidad de cuestionar judicialmente las reformas constitucionales tendría, en consecuencia, profundas implicaciones en un entorno político ya de por sí dinámico.

Como resultado, esta medida podría transformar la interacción entre el Poder Legislativo y el Judicial, limitando las opciones para frenar cambios controversiales. En este contexto, un experto en derecho constitucional advirtió: “La modificación propuesta podría transformar radicalmente la relación entre el Poder Legislativo y el Judicial, limitando los mecanismos de control que existen actualmente.”