By Edith Loyola 
La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer un arancel del 25% a las exportaciones provenientes de México y Canadá podría desencadenar efectos adversos significativos en la economía estadounidense y global, alertaron expertos. De concretarse esta medida, se prevé que alterará las cadenas de suministro, generará distorsiones en los flujos comerciales y provocará un incremento en los precios al consumidor, especialmente en productos como las gasolinas y el diésel.
Al respecto, Ian Bremmer, presidente de Eurasia Group y especialista en riesgos políticos, señaló en un artículo publicado en GZERO Media que estas medidas afectarían no solo a las empresas estadounidenses, sino también a los consumidores, particularmente a los sectores de menores ingresos. El analista enfatizó que los resultados de esta política contradicen el objetivo del presidente Donald Trump de “enriquecer a sus ciudadanos”.
“Por el contrario, las familias más vulnerables serían las principales afectadas”, afirmó Bremmer, quien añadió que este tipo de medidas no lograrán reducir significativamente el déficit comercial ni recuperar los empleos perdidos en el sector manufacturero.
Estrategia Comercial y Riesgos Globales
En este contexto, Bremmer destacó que Trump ha justificado los aranceles como parte de su estrategia para corregir lo que considera “prácticas comerciales injustas”. Sin embargo, el especialista advirtió que esta táctica, orientada principalmente a incrementar las tarifas a las importaciones de China, podría desencadenar represalias por parte del gigante asiático. Esto no solo rompería las relaciones comerciales entre ambas naciones, sino que también elevaría los costos de bienes y materias primas en el mercado estadounidense.
A su vez, Bremmer alertó “el riesgo de una escalada de tensiones es real, y podría llevar a una guerra comercial de mayor alcance, con consecuencias negativas tanto para la economía de Estados Unidos como para el resto del mundo”. Además, subrayó que el conflicto podría empujar a Estados Unidos y a otras economías globales hacia una recesión económica.
Por otro lado, en lo que respecta a los socios del T-MEC, Bremmer apuntó que México podría ceder ante las demandas de Washington, mientras que Canadá probablemente respondería con medidas similares. Este tipo de dinámicas incrementa el riesgo de un ciclo de represalias que podría desestabilizar aún más el comercio regional.
Impacto en la Industria Energética
En el ámbito energético, un análisis elaborado por el Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos (CRS, por sus siglas en inglés) confirmó que los aranceles tendrán un impacto directo en los costos del petróleo crudo. Tanto México como Canadá son responsables del 71% de las exportaciones de este recurso hacia Estados Unidos, y cualquier alteración en los flujos comerciales elevará los costos para las refinerías, lo que se trasladará al precio final de los combustibles.
Dicho informe detalla que “los precios al consumidor de la gasolina, el diésel y otros productos derivados del petróleo se verán directamente afectados por los aranceles sobre el petróleo crudo”. Asimismo, se explicó que en 2023, las refinerías estadounidenses importaron cerca de 6.5 millones de barriles diarios, de los cuales el 60% provino de Canadá y el 11% de México. Esta dependencia hace que cualquier incremento en los costos tenga un efecto inmediato en toda la cadena productiva.
Por su parte, el análisis también señaló que, si bien Estados Unidos podría buscar fuentes alternativas de petróleo, las exportaciones mexicanas y canadienses podrían redirigirse a otros mercados internacionales. Sin embargo, la proximidad geográfica y las infraestructuras integradas dificultan cambios inmediatos, haciendo inevitable el impacto en los precios energéticos.
Poderes Presidenciales y el Rol del Congreso
Finalmente, en cuanto a la implementación de estos aranceles, el CRS subrayó que Trump podría invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), lo que le permitiría imponer estas tarifas sin requerir la aprobación del Congreso. No obstante, los legisladores tienen la capacidad de intervenir para limitar el alcance de esta herramienta en el ámbito comercial.