By Edith Loyola 
Miles de inmigrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos a través de programas humanitarios implementados durante la administración de Joe Biden fueron incluidos en el “archivo maestro de defunciones” del Seguro Social, una base de datos utilizada históricamente para identificar a personas fallecidas que ya no deberían recibir beneficios del sistema federal de retiro. Dicha medida generó consecuencias directas sobre sus derechos laborales y financieros.
Las fuentes oficiales informaron que al registrarlos en esta lista, los inmigrantes afectados (aunque están vivos) son clasificados como fallecidos, lo que conlleva la anulación de su número de Seguro Social. Lo que les impide mantener empleos formales, acceder a servicios financieros como cuentas bancarias y tarjetas de crédito, así como recibir ciertos beneficios gubernamentales.
Según declaraciones de un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), más de 6.000 nombres fueron incluidos en la base de datos a petición de esta entidad, en el marco de nuevas directrices aplicadas por la Administración del Seguro Social (SSA). Esta estrategia está alineada con un conjunto de acciones orientadas a fomentar la “autodeportación”.
“El presidente Trump prometió deportaciones masivas y al eliminar el incentivo monetario para que los extranjeros ilegales vengan y se queden, los alentaremos a autodeportarse. Está cumpliendo la promesa que le hizo al pueblo estadounidense”, señaló Liz Huston, portavoz de la Casa Blanca.
Asimismo, los inmigrantes involucrados habrían accedido al país mediante programas como los permisos humanitarios temporales o el uso de la aplicación CBP One, los cuales fueron cancelados posteriormente. Bajo estas iniciativas, más de 500.000 personas procedentes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, así como otros 900.000 migrantes, obtuvieron autorizaciones para ingresar y trabajar legalmente en Estados Unidos.
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Por su parte, un funcionario de la Casa Blanca aseguró a CNN que los individuos incluidos en la lista de defunciones están bajo libertad condicional y figuran en la lista de vigilancia de terroristas, o bien tienen antecedentes penales. Sin embargo, no se presentó evidencia que respalde esta afirmación.
“Si pueden, en contra de la ley y de todas las regulaciones y sin ningún debido proceso, marcar a personas dentro de la base de datos de la SSA como muertas que ingresaron legalmente al país y a quienes se les requería legalmente que se les emitiera un número de trabajo de la SSA, entonces pueden hacer eso con cualquiera”, declaró Martin O’Malley, excomisionado de la SSA bajo la presidencia de Joe Biden.
En paralelo, esta situación ocurre en medio de un proceso de reorganización interna en la Administración del Seguro Social, impulsado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), actualmente dirigido por Elon Musk. Esta oficina ha promovido teorías no verificadas sobre presunto fraude cometido por inmigrantes indocumentados, así como su influencia en procesos electorales.
Musk afirma que los inmigrantes indocumentados “abusan del sistema al recibir números de Seguro Social de manera indebida”, aunque hasta el momento no ha presentado pruebas que sustenten dicha afirmación.
Cabe destacar que los números de Seguro Social son otorgados únicamente a personas autorizadas para trabajar legalmente en el país. No obstante, recientes cambios han dificultado el acceso a estos documentos, al requerirse visitas presenciales en oficinas de campo en lugar de que el trámite sea procesado por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración.
Además, solo los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a votar en elecciones federales. Actualmente, no existe un acuerdo legislativo que proporcione un camino hacia la ciudadanía para inmigrantes indocumentados.