By Edith Loyola 
La política del gobierno de Donald Trump para acelerar deportaciones fue detenida temporalmente por un juez federal en Boston, quien consideró que la medida exponía a los migrantes a riesgos severos sin permitirles una defensa adecuada.
Según con lo informado, la resolución se dio en respuesta a una demanda interpuesta por defensores de derechos de los migrantes, quienes denunciaron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) había comenzado a aplicar una directiva para reactivar casos de deportación, incluso de personas ya liberadas, enviándolas a países con los que no tenían ninguna conexión.
“Los migrantes tienen derecho a protección frente a la expulsión a naciones donde existe una posibilidad real de tortura”, explicó el juez Brian Murphy al emitir la orden de restricción temporal.
Esta orden impide al gobierno ejecutar deportaciones inmediatas a terceros países que no fueron previamente identificados durante los procesos migratorios. De acuerdo con los representantes legales de los afectados, la política impedía presentar solicitudes de asilo o alegaciones de persecución.
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Respecto a la aplicación de esta política, las críticas aumentaron luego de que se conociera que más de 200 personas habían sido trasladadas a El Salvador bajo esta lógica, pese a que un juez federal ya había bloqueado esa acción. Aun así, los migrantes fueron enviados a una prisión de alta seguridad, lo que generó protestas de organizaciones humanitarias.
“La política ponía en peligro a personas que podrían enfrentar violencia, sin brindarles notificación ni acceso a recursos legales”, argumentaron los abogados.
Desde el inicio del año, el gobierno de Trump ha buscado consolidar acuerdos migratorios con países de Centroamérica y México para recibir deportados de terceros países. Uno de los movimientos más controvertidos fue la invocación de una ley de 226 años para justificar la reubicación de presuntos pandilleros venezolanos.
Por último, es importante mencionar que a pesar de la magnitud de la decisión judicial, las autoridades federales involucradas (incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y el propio ICE) no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el fallo.