By Edith Loyola 
La violencia y la inseguridad en América Latina y el Caribe continúan siendo grandes obstáculos para el desarrollo económico y la calidad de vida, advierten los informes más recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Según ambas instituciones, estos problemas representan una pérdida económica superior al 3% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, y también tienen un fuerte impacto social.
En los documentos publicados, tanto el FMI como el BID analizan los costos económicos y sociales que genera el crimen en América Latina. Al respecto, el FMI explica que la delincuencia acarrea una serie de gastos directos que incluyen la pérdida de vidas, el deterioro de la calidad de vida, y un incremento en los recursos asignados tanto por el sector público como por el privado para medidas de seguridad.
“La suma de estos costos directos representa sólo una fracción de la carga real de la delincuencia y la violencia,” afirmó la institución de Bretton Woods, que estima dichos costos en un promedio del 3.5% del PIB regional. “Estos gastos son especialmente altos en los países con mayores tasas de criminalidad”, dice el estudio.
Por otro lado, el FMI calcula que si los índices de homicidios en la región disminuyeran a la mitad, el impulso en la actividad económica podría ser de un promedio del 30%. A pesar de ello, la situación actual sigue siendo alarmante, ya que América Latina y el Caribe concentran un tercio de los homicidios del mundo, aunque solo representan el 8 % de la población global.
En este contexto, Nathalie Alvarado, coordinadora del área de seguridad ciudadana y justicia del BID, subrayó durante un encuentro con los medios el impacto financiero del crimen. De acuerdo con sus datos, el costo directo de la delincuencia, que alcanza un promedio de 3.44% del PIB, “equivale al 78% del presupuesto de educación pública de la región”. Asimismo, detalló que se trata del doble del gasto en programas de asistencia social y supera en doce veces la inversión destinada a investigación y desarrollo.
“Pero estas cifras no son solo números,” añadió Alvarado. “Representan recursos que podrían usarse para construir comunidades fuertes, fomentar la innovación y mejorar el mantenimiento en nuestra región.”
A su vez, el FMI subraya que la inseguridad y la violencia no afectan de manera uniforme a todas las zonas de los países. Así, los homicidios suelen concentrarse en regiones específicas, como áreas fronterizas, centros de transporte y zonas costeras, y tienen mayor incidencia en las comunidades con poblaciones jóvenes y menos acceso a la educación.
Para las instituciones, la violencia y la delincuencia también se han convertido en un obstáculo de peso, como indica el FMI. Los costos directos que enfrentan las compañías debido a pérdidas por robos y gastos en seguridad alcanzan cerca del 7% de las ventas anuales.
Además, en países donde operan organizaciones criminales y redes de tráfico de drogas, como México, las empresas ubicadas en áreas afectadas por bandas criminales reportan gastos en seguridad hasta cuatro veces más altos.
Debido a este panorama, Rafael Espinoza, subdirector de división del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, hizo un llamado a los gobiernos de la región a tomar medidas decisivas para mejorar la seguridad.
“Es fundamental que los responsables de las políticas aborden la delincuencia violenta y la inseguridad en la región”, expresó Espinoza.
Para ello, el FMI recomienda implementar políticas que fomenten un crecimiento inclusivo, subrayando que la estabilidad macroeconómica, la inclusión social, el acceso a oportunidades de empleo para jóvenes y el fortalecimiento del estado de derecho son pilares fundamentales en la lucha contra el crimen.
De igual manera, Espinoza destacó la importancia de optimizar el gasto en seguridad y hacerlo más efectivo.
“Las revisiones públicas pueden ayudar a fortalecer las instituciones de justicia penal, combatir la corrupción y el lavado de dinero, y mejorar la cooperación entre todos los niveles de gobierno, lo que será crucial”, apuntó.
Por su parte, el BID enfatiza que, aunque se ha avanzado en la comprensión de los costos de la criminalidad, persisten grandes desafíos en la medición de los impactos directos e indirectos del crimen y la violencia.
“Los gobiernos, con apoyo internacional, deben redoblar los esfuerzos para combatir el delito y la violencia,” concluye el informe del BID, y añade que “la prevención dirigida y los sistemas de seguridad y justicia efectivos son clave para un cambio duradero.”