By Edith Loyola 
Este martes, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada un paquete de reformas constitucionales que prohíben la reelección inmediata de legisladores, gobernadores y otros cargos públicos, así como establece medidas para combatir el nepotismo electoral.
Según lo informado, estas reformas entrarán en vigor en los procesos electorales de 2030. La aprobación se dio con una votación en lo general de 477 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra. En lo particular, el dictamen fue respaldado por 432 votos a favor, 28 en contra y cuatro abstenciones.
Reformas clave en la Constitución
El dictamen aprobado modifica varios artículos de la Constitución, específicamente los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122. Entre los cambios más importantes, se establece que ningún funcionario podrá postularse a la reelección inmediata en cargos como diputaciones, senadurías, presidencia de la República, gubernaturas, presidencias municipales y concejalías.
Asimismo, se prohíbe que los diputados y senadores propietarios puedan postularse como suplentes en el siguiente periodo, con el objetivo de evitar la permanencia de los mismos actores políticos en los mismos cargos durante varios periodos consecutivos.
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Normativa contra el nepotismo electoral
Por otro lado, el dictamen incluye una reforma para prohibir el nepotismo electoral. En este sentido, se establece que no podrán postularse a cargos de elección popular aquellos aspirantes que tengan parentesco directo o colateral hasta el cuarto grado con autoridades electas en los últimos tres años. Esta medida busca garantizar procesos electorales más transparentes y evitar que los vínculos familiares otorguen ventajas indebidas en las elecciones. La reforma también entrará en vigor en los procesos electorales de 2030.
Plazo para ajustes legales
Finalmente, el decreto establece que la Federación, las entidades federativas y la Ciudad de México deberán realizar las adecuaciones correspondientes en sus marcos legales dentro de un plazo de 180 días tras su publicación. Posteriormente, el dictamen será enviado a las legislaturas locales para su análisis y votación. Así, los diferentes niveles de gobierno tendrán tiempo suficiente para implementar los cambios conforme a la nueva normativa.