By Edith Loyola 
En el Senado de México se dará prioridad a la aprobación de la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para restituir un artículo en la Ley Federal de Telecomunicaciones, orientado a impedir la difusión de propaganda extranjera en medios nacionales. Así lo confirmó el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña.
Durante un encuentro con medios de comunicación en la Cámara Alta, Fernández Noroña adelantó que ese mismo día podría recibirse formalmente la iniciativa. Una vez recibida, sería analizada en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y posteriormente turnada a comisiones para agilizar su discusión en el pleno.
“Llega hoy. Mañana mismo la Junta de Coordinación Política va a discutir y aprobar que se le exima de las 24 horas, de tal manera que mañana que en comisiones se discuta y se apruebe, yo creo que por unanimidad. No creo que haya un solo grupo parlamentario que se oponga a esta restitución de algo que, además, ya estaba en la ley. Mañana mismo lo estaríamos aprobando y enviando a la Cámara de Diputados”, precisó.
¿De qué trata la reforma?
La presidenta Sheinbaum anunció, durante su conferencia matutina del martes 22 de abril de 2025, que enviaría la iniciativa al Congreso. Su objetivo es frenar campañas como la recientemente difundida por la secretaria de Seguridad Interior estadounidense, Kristi Noem, contra la migración. Sheinbaum recordó que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se eliminó un artículo que prohibía tales prácticas.
“Es parte de las reformas que vamos a enviar el día de hoy o mañana, serán enviadas al Congreso para que ningún gobierno extranjero, ninguna entidad en ningún gobierno extranjero pueda pagar —porque el tema es que están pagando— para poder difundir estos anuncios, esta propaganda que tiene un mensaje discriminatorio”, enfatizó Sheinbaum.
El artículo que se busca reintroducir estipula:
“Los concesionarios y permisionarios de radiodifusión y televisión en el país no podrán transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras, ni permitir que los medios de comunicaciones que operan en su concesión sean utilizados para fines que pueden influir en los asuntos internos del país“.
Críticas a la reforma: censura y concentración de poder
Sin embargo, la propuesta generó preocupaciones considerables. El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) denunció que la reforma constituye “censura pura y ruda”, y alertó sobre las atribuciones que se concederían a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
“La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) quiere definir y evaluar lo que digan los comunicadores. La Ley establece que la ATDT definirá qué es la ‘veracidad de la información’. Esto es censura pura y ruda nunca antes vista en México”, criticó el IDET.
El organismo advirtió que la ATDT, bajo la dirección de José Antonio Peña Merino, podría bloquear plataformas digitales a solicitud de dependencias gubernamentales y exigir permisos de transmisión a empresas extranjeras.
“La censura que la ATDT puede ejercer arbitrariamente va desde la radio, la televisión, las plataformas digitales y hasta las aplicaciones de redes sociales como TikTok, Facebook, X por mencionar algunas. ¿Se busca en México sacar del aire programas y plataformas tal y como acontece en Nicaragua y Venezuela?”, se preguntó el IDET.
Por su parte, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) manifestó su “profunda preocupación” por los efectos que la reforma podría tener sobre la libertad en Internet, los derechos humanos y el ecosistema digital. Representando a gigantes como Meta, Google, Amazon y Mercado Libre, la ALAI solicitó la eliminación del artículo que permitiría bloqueos sin control judicial.
“Hacemos un llamado a que este proyecto sea tratado en el Congreso con el tiempo que la complejidad del mismo merece, y que se generen oportunidades para que sean escuchadas las voces de todos los actores del ecosistema para evitar consecuencias no deseadas de la propuesta y generar insumos que sean valiosos para mejorar el texto actual”, exhortó la ALAI.
En paralelo, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) emitió un pronunciamiento en X, advirtiendo sobre la importancia de respetar los estándares internacionales.
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“Ante la presentación de la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, hacemos respetuoso llamado al Senado de la República a garantizar espacios de consulta y considerar estándares internacionales en libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas”, publicó la ONU-DH México.
Frente a las crecientes críticas, la presidenta Sheinbaum ordenó detener el proceso legislativo para revisar el polémico artículo 109, el cual permitiría a la ATDT bloquear plataformas sin criterios claros. De esta forma, la votación en el Senado se pospuso para permitir una consulta amplia con representantes del sector, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.
La senadora Guadalupe Chavira, secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, confirmó que se abrirá un periodo de consultas. Aunque destacó que no habrá retroceso en la intención de que el Estado recupere la rectoría de las telecomunicaciones y la regulación de la propaganda extranjera.
“Quieren desviar la atención en el fondo de esta iniciativa, que lo que busca es proteger los derechos de las audiencias y llevar la conectividad a los lugares más remotos del país que han sido marginados de la tecnología y la digitalización”, defendió Chavira.
Asimismo, reiteró que el artículo 109 se revisará cuidadosamente para garantizar que no vulnere el derecho a la libertad de expresión, un principio que, aseguró, la izquierda siempre ha defendido.
“Es un derecho por el que siempre hemos luchado en la izquierda, contrario a la derecha que hace veinte años cercenó los derechos de las audiencias”, puntualizó.
Escenario actual y próximos pasos
De momento, la iniciativa no será votada el lunes como se había previsto originalmente. En cambio, el Senado definirá el calendario para la apertura de un diálogo nacional con ciudadanos, periodistas, empresarios y académicos.
Cabe mencionar que, además del artículo 109, el proyecto contempla sanciones económicas de entre el 2% y el 5% de los ingresos a concesionarios de radio y televisión que transmitan propaganda extranjera sin fines culturales o turísticos. También incluye la sustitución del Instituto Federal de Telecomunicaciones por la ATDT, centralizando el control del espectro radioeléctrico en el Ejecutivo.
Finalmente, la ONU-DH recordó a las autoridades mexicanas su obligación de proteger los derechos humanos, garantizando que cualquier reforma respete los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y reiteró el llamado a un proceso de consulta abierto y transparente.