By Edith Loyola 
En el contexto de un ajuste económico y reformas en el sistema previsional, jubilados en Argentina intensificaron sus reclamos ante la reducción de su poder adquisitivo y la eliminación de derechos adquiridos. Desde hace semanas, las protestas se desarrollan cada miércoles frente al Congreso de la Nación, donde exigen un aumento de sus haberes, la restitución de la cobertura total de medicamentos y la continuidad de la moratoria previsional, cuyo vencimiento está previsto para el 23 de marzo.
Dicho sector de la población enfrenta una situación económica crítica. Actualmente, 7,5 millones de adultos mayores reciben una jubilación en Argentina, lo que representa el 15,7% de la población. Sin embargo, la gran mayoría percibe ingresos muy por debajo del costo de vida.
En marzo de 2024, el 63,5% de los jubilados cobra la jubilación mínima, establecida en 279.121 pesos (256 dólares). Aunque este monto se complementa con un bono de refuerzo, alcanzando 349.121 pesos, sigue sin cubrir las necesidades básicas. De hecho, 5,4 millones de jubilados reciben menos de 400.000 pesos (357 dólares), mientras que la canasta básica para la tercera edad, según la Defensoría de la Tercera Edad, se estima en 1.200.523 pesos (1.120 dólares) para abril.
En este contexto, el defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, advirtió sobre la magnitud de la problemática:
“Existe una crisis humanitaria del sector de las personas mayores”, expresó en diálogo con EFE.
Deterioro del poder adquisitivo y reducción de fondos previsionales
Desde la asunción del presidente Javier Milei, los jubilados han experimentado una pérdida acumulada de más de 2,2 millones de pesos en 14 meses, según un informe del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MatE).
Además, el financiamiento del sistema previsional se vió afectado por una reducción de más de once billones de pesos en transferencias destinadas a jubilaciones. Este monto representa una cifra menor en comparación con los 14.000 millones de dólares (aproximadamente 14 billones de pesos) que fueron utilizados para el pago de deuda pública.
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Acceso a la salud: impacto del aumento en los costos médicos
El acceso a la salud es otro de los principales reclamos. En 2024, los costos médicos aumentaron 119%, lo que ha generado dificultades para que los jubilados puedan acceder a tratamientos y medicamentos esenciales.
Hasta diciembre pasado, estaba vigente una política de cobertura total de medicamentos para jubilados. Sin embargo, esta medida fue modificada por el actual gobierno, dejando disponible el 100% de cobertura únicamente para los afiliados al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) con ingresos inferiores a 418.682,56 pesos.
Debido a este cambio, entre dos y tres millones de jubilados y pensionados han quedado fuera de la cobertura total de medicamentos, viéndose obligados a costear tratamientos con ingresos que, en muchos casos, no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.
Eliminación de la moratoria previsional y sus consecuencias
Otro de los reclamos centrales de las protestas es la continuidad de la moratoria previsional, mecanismo vigente en Argentina durante más de 20 años. Este sistema permite que quienes no alcanzaron los 30 años de aportes exigidos por la ley puedan acceder a una jubilación mediante un plan de pagos.
A pesar de la relevancia de este programa, el gobierno confirmó que no extenderá la moratoria, lo que afectará directamente a miles de personas que están próximas a cumplir la edad jubilatoria.
Por lo tanto, a partir del 23 de marzo, quienes cumplan 60 años (mujeres) o 65 años (hombres) y no cuenten con los años de aportes requeridos no podrán jubilarse. Como única alternativa, podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo monto equivale al 80% de la jubilación mínima y se ajusta mediante la Ley de Movilidad. No obstante, esta pensión no otorga los mismos derechos ni beneficios que la jubilación ordinaria.
Según datos oficiales, entre 2022 y 2024, un promedio de 425.000 personas accedió a la jubilación cada año. De este grupo, el 70% lo hizo a través de moratorias, mientras que sólo un 17% cumplió con los requisitos del régimen general. Con la eliminación de esta opción, se estima que casi el 80% de los nuevos jubilados solo podrán acceder a la PUAM.
Protestas y apoyo sindical
Ante este panorama, las movilizaciones de jubilados han sido respaldadas por sindicatos y movimientos sociales, que acompañan los reclamos en distintas marchas.Por su parte, el gobierno defiende su política de ajuste como parte de un plan para reducir el déficit fiscal pero hasta el momento no ha anunciado medidas que atiendan los reclamos del sector previsional.