By Edith Loyola 
En una confrontación que podría redefinir la relación entre el Estado y la educación superior, la Universidad de Harvard emprendió acciones legales contra el gobierno de Donald Trump. La institución académica más antigua de Estados Unidos busca revertir la decisión federal de congelar más de 2.2 mil millones de dólares en fondos destinados a investigación, luego de que la administración alegara que Harvard promovía conductas antisemitas y se resistía a auditorías ideológicas sobre su política de diversidad.
La raíz del conflicto
Según informó El País el 22 de abril de 2025, la demanda presentada por Harvard responde al congelamiento de fondos federales ocurrido la semana anterior, motivado por acusaciones del expresidente Trump, quien ha señalado reiteradamente que muchas universidades de élite están dominadas por “narrativas liberales” y han discriminado sistemáticamente a estudiantes blancos en favor de minorías. En respuesta, Harvard calificó las acciones del gobierno como “una extralimitación política sin precedentes que amenaza la autonomía académica”.
Por su parte, en palabras del presidente interino de Harvard, Alan Garber, citadas por AP, “ningún gobierno debería dictar cómo operan académicamente las universidades privadas”. Este comentario resume el núcleo del argumento legal de la universidad: defender el principio de libertad institucional frente a lo que consideran una instrumentalización política del aparato estatal.
Una reacción colectiva del mundo académico
A raíz de la demanda, más de un centenar de líderes universitarios y representantes de sociedades académicas, incluidas instituciones como Yale, Princeton, la Universidad de Boston y la American University, firmaron un documento conjunto que denuncia la creciente injerencia del gobierno federal en los asuntos académicos. Tal como informó la agencia AFP, el manifiesto fue respaldado por la Asociación Americana de Colegios y Universidades (AAC&U) y hecho público la madrugada del martes 22 de abril.
En él se lee: “Nos pronunciamos al unísono contra la extralimitación gubernamental y la interferencia política sin precedentes que ponen en peligro la educación superior”. Más adelante, el texto enfatiza que “el precio de limitar las libertades que definen la educación superior estadounidense lo pagarán nuestros estudiantes y nuestra sociedad”. Este llamado colectivo no solo subraya la preocupación por el presente, sino que también alerta sobre las consecuencias a largo plazo de ceder la autonomía universitaria a intereses gubernamentales.
Una sociedad dividida ante la intervención
No obstante, esta controversia no generó un rechazo unánime en la sociedad estadounidense. De acuerdo con The Guardian, existe un sector considerable (compuesto en buena parte por votantes conservadores y activistas en contra de las políticas de diversidad) que aplaude las medidas de Trump. Desde su perspectiva, universidades como Harvard adoptaron criterios de admisión que priorizan la identidad racial o de género sobre el mérito académico o el origen nacional.
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Dichos grupos argumentan que, las instituciones de élite han favorecido sistemáticamente a estudiantes pertenecientes a minorías, dejando de lado a jóvenes blancos, muchos de ellos provenientes de clases medias y rurales, que, aseguran, se ven desfavorecidos por no cumplir con criterios de “representación”. Por lo que consideran que el accionar del gobierno es una forma legítima de restaurar la equidad y combatir un supuesto sesgo ideológico. Esta visión se ha visto reflejada en medios como Fox News y The Wall Street Journal, donde se ha caracterizado el movimiento DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) como un aparato ideológico que impone dogmas progresistas en los campus universitarios.
Una lucha por el alma de la educación superior
Por otro lado, académicos, estudiantes y defensores de los derechos civiles ven en las medidas de Trump un ataque frontal a la libertad académica y a los valores democráticos. Reuters reporta que más de 60 universidades se encuentran actualmente bajo acciones legales por parte del Departamento de Educación, en lo que algunos expertos describen como una “caza de brujas ideológica”. Para estos sectores, el rechazo a cumplir con auditorías ideológicas es una forma de resistencia cívica.
El documento firmado por las universidades insiste en este punto: “Estamos abiertos a una reforma constructiva y no nos oponemos a la supervisión gubernamental legítima. Sin embargo, debemos oponernos a la intromisión indebida del Gobierno en la vida de quienes estudian, viven y trabajan en nuestros campus”. Asimismo, recalcan el compromiso de las universidades con la pluralidad de ideas: “Compartimos el compromiso de servir como centros de investigación abierta donde, en su búsqueda de la verdad, el profesorado, el alumnado y el personal tienen la libertad de intercambiar ideas y opiniones desde una amplia gama de puntos de vista sin temor a represalias, censura ni deportación”.
¿Un nuevo capítulo en la politización educativa?
Al respecto, algunos analistas consideran que esta batalla legal es solo el primer capítulo de una ofensiva más amplia por parte del trumpismo contra los centros de pensamiento crítico, a los que ve como bastiones de oposición ideológica. Al mismo tiempo, otros sectores advierten que las universidades deben rendir cuentas y no convertirse en espacios cerrados a voces disidentes.
Por último, es importante mencionar que, el caso de Harvard se está transformado en un símbolo de la tensión entre libertad académica y control gubernamental, entre la inclusión como política institucional y la exigencia de “neutralidad ideológica” por parte del Estado.