Exigen respeto y justicia para las comunidades de Azqueltán tras violaciones a sus derechos humanos

Redacción | Desinformémonos

Ciudad de México | Jueves 3 de Junio del 2021| — : —

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) exigió justicia y respeto para las comunidades tepecana y wixáritari de Azqueltán, Jalisco, en el marco de las violaciones a sus derechos humanos y comunitarios.

La Red TDT difundió una petición para que las personas acusadas de los delitos graves en contra de comuneros y autoridades comunitarias sean investigadas y ajusticiadas y para que se garantice la seguridad y la paz en los terrenos comunales de San Lorenzo de Azqueltán, en el municipio Villa Guerrero, así como la vida y la integridad física de las personas de la comunidad.

En el comunicado exigieron que se investiguen y sancionen los perpetradores del intento de homicidio del 3 de noviembre de 2019, ya que “la impunidad prevalece” tras el crimen cometido por Fabio Ernesto Flores Sánchez -quien no ha sido detenido “debido a la omisión de los distintos cuerpos policíacos y ministeriales”-, J. Guadalupe Javier Flores Sánchez, Eduardo Flores Mendoza y Juan Manuel Ramos Fausto, quienes fueron detenidos y luego puestos en libertad por las autoridades estatales de Jalisco después de que reclasificaron el delito como lesiones y consideraron que no había elementos de peligrosidad para que enfrentaran el proceso.

La organización de derechos humanos también denunció la participación de las autoridades municipales de Villa Guerero en el despojo y robo de tierras a los pueblos indígenas por parte de pequeños propietarios, una violación a sus derechos como pueblos originarios y “un atentado contra su identidad y formas de organización y relación”. A esto se suma que las y los comuneros han sido víctimas de violencia sistemática, agresiones físicas, tortura y desaparición forzada, afirmó la Red.

Finalmente, la Red pidió un alto a la criminalización por el ejercicio de la autonomía y la libre determinación de las comunidades tepecana y wixáritari de San Lorenzo de Azqueltán y que la Fiscalía General de la República escuche sus denuncias y actúe de manera correspondiente.

Puedes firmar la petición aquí

A continuación el comunicado completo:

La comunidad tepecana y wixáritari de San Lorenzo de Azqueltán, en el municipio de Villa Guerrero continúa esperando respuestas a sus demandas y justicia por las graves violaciones a los derechos humanos y a sus derechos comunitarios.

Mediante acciones ilegales, han sufrido el despojo y robo de tierras por parte de pequeños propietarios, lo que ha significado violaciones graves a sus derechos como pueblos indígenas. El despojo de su territorio es también un atentado contra su identidad y formas de organización y relación como pueblos originarios dado que la relación con la tierra es una parte fundamental de su identidad. Asimismo, sus comuneros y autoridades comunitarias han sido víctimas de violencia sistemática, agresiones físicas, tortura y desaparición forzada. 

De manera particular resulta preocupante el intento de homicidio perpetrado el 3 de noviembre de 2019 por Fabio Ernesto Flores Sánchez, J. Guadalupe Javier Flores Sánchez, Eduardo Flores Mendoza y Juan Manuel Ramos Frausto, que consta en la carpeta de investigación 522/2019 y la causa penal 120/2019. Estos dos últimos fueron detenidos en diferentes momentos y puestos en libertad por el Juzgado de Control y Juicio Oral del XI Distrito Judicial del Estado de Jalisco, con sede en el municipio de Colotlán, tras reclasificar el delito como lesiones y considerar que no había elementos de peligrosidad para que enfrentaran el proceso en prisión preventiva. En tanto que Fabio Flores Sánchez no ha sido detenido en ningún momento debido a la omisión de los distintos cuerpos policiacos y ministeriales a pesar de que se ha conocido y dado aviso en diversas ocasiones de su paradero. 

Diversos informes públicos y notas en medios han señalado las afectaciones médicas y la gravedad de las heridas causadas por estos agresores contra autoridades comunitarias y cómo la impunidad prevalece. Asimismo, han señalado la participación de autoridades municipales de Villa Guerrero en el despojo y privatización de la tierra comunal que aparecen documentadas en el expediente en litigio 38/2015 del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16 con sede en Guadalajara, Jalisco.

En ese mismo sentido, es urgente señalar que la invasión y despojo que buscan privatizar los terrenos comunales de San Lorenzo Azqueltán, no se ha detenido. Los conflictos y agresiones contra la comunidad por la impunidad de estos delitos y la dilación de las autoridades judiciales para dictar las resoluciones correspondientes preocupa porque incrementa el riesgo para la comunidad por las potenciales agresiones que pueden sufrir en este contexto.

Manifestamos nuestra preocupación e indignación por esta situación y solicitamos a las autoridades correspondientes que, en el ámbito de sus competencias y responsabilidades legales, intervengan en el asunto y se lleven a cabo acciones orientadas a garantizar la paz y la justicia para San Lorenzo de Azqueltán. Por ello, exigimos:

  1. Investigación y sanción correspondiente, conforme a juicio, de los C. Fabio Flores Sánchez, Eduardo Flores Mendoza y Juan Manuel Ramos Frausto, señalados como perpetradores por la comunidad.
  2. Debida integración de las carpetas de investigación y ejecución de las órdenes de aprehensión contra las personas acusadas de los diversos delitos graves en contra de comuneros y autoridades comunitarias.
  3. Que se garantice la seguridad y la paz en los terrenos comunales de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, así como la vida y la integridad física de las personas de la comunidas.
  4. Alto a la criminalización por el ejercicio de la autonomía y la libre determinación de la comunidad tepecana y wixáritari de San Lorenzo de Azqueltán y respeto a su derecho a la organización y la protesta social.
  5. Que la Fiscalía General de la República esucuche las denuncias y atraiga el caso donde policías municipales de Villa Guerrero torturaron a un comunero, toda vez que cumple con los requisitos marcados en la ley para ser atraído por la Fiscalia Especial en Investigación del Delito de Tortura.

El presente articulo es propiedad de Desinformémonos.

Redacción (2021) Exigen respeto y justicia para las comunidades de Azqueltán tras violaciones a sus derechos humanos. Desinformémonos. Recuperado el 3 de Junio del 2021: https://desinformemonos.org/exigen-respeto-y-justicia-para-las-comunidades-de-azqueltan-tras-violaciones-a-sus-derechos-humanos/

Liberan de manera condicional a 74 mujeres normalistas de Chiapas mientras que OSC repudian agresiones

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 Sandra De Los Santos Chandomi  | Cima Noticias

Tuxtla Gutiérrez, Chis. | Lunes 24 de Mayo del 2021 | — : —

Después de cinco días de permanecer privadas de su libertad, las 74 estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, que fueron detenidas durante el operativo policiaco realizado el pasado 18 de mayo en la caseta de cobro de Chiapa de Corzo, obtuvieron su libertad de manera condicional.

El resto de los detenidos, 19 hombres, tendrán su audiencia mañana martes 25 de mayo según informaron familiares de los estudiantes, quienes siguen demandando que sus hijos que siguen presos sean liberados.

En un comunicado de prensa, el Poder Judicial del Estado informó que vinculó a proceso a 74 mujeres estudiantes de la Escuela Normal Mactumatzá, determinando como Medida Cautelar la firma periódica en la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca), además determinó restricciones para los vinculados que les prohíbe activismo en casetas o vías de comunicación.

Durante el fin de semana hubo pronunciamientos de parte de organismos internacionales de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH), y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de Amnistía Internacional demandando al gobierno de Chiapas que el proceso de las y los estudiantes se realizara con perspectiva de género y multiculculturalidad.

Las y los estudiantes fueron detenidos después de haber realizado seis días de protestas en la que demandaban que el examen de admisión a la institución se hiciera por cuadernillo de manera presencial y no en línea debido a que muchos jóvenes por ser de comunidades rurales tienen problemas de acceso a internet.

Las estudiantes denunciaron que durante su detención hubo abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza así como violencia de tipo sexual al haber sido obligadas a quitarse la ropa delante de sus compañeros y policías y haber sufrido tocamientos durante el operativo.

El magisterio federalizado había anunciado una serie de movilizaciones para esta semana, hasta ahora no ha señalado si se han suspendido debido a la liberación de manera condicional de las jóvenes estudiantes.

Ante ello, las “Académicas en Acción de Crítica”, ” y otras organizaciones, expresaron su apoyo a las y los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” en Chiapas y exigieron “que pare la represión en contra de esta comunidad, derivada de haber exigido un examen presencial de ingreso a esa escuela considerando que viven en localidades rurales e indígenas con alto grado de marginación y con escaso o nulo acceso a computadoras e internet en sus comunidades de origen; recursos que se les exigen para presentar un examen de admisión”.

Consideraron que el uso de la fuerza y detención de las y los estudiantes fue injustificado y desproporcionado y por ello, exigieron que  libere a los estudiantes que permanecen presos y se retiren  todos los cargos contra  las estudiantes que ya han sido liberadas, se garantice que no queden con antecedentes penales, y se les repare el daño causado por la violencia institucional. 

“Manifestamos nuestro repudio a la violencia y tortura sexual denunciada por las estudiantes detenidas, y recordamos que México ya ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mujeres de Atenco vs México, que reconoció que la represión y tortura sexual en estas condiciones es una forma de control social e intimidación, que en el presente caso se agrava por tratarse de jóvenes que exigen su derecho a la educación. Exigimos por tanto una investigación a fondo de esta violación a sus derechos humanos y el castigo a todos los responsables en la cadena de mando”, concluyeron en el comunicado.

*Este artículo fue retomado del portal Aquínoticias

SSCH/LGL

El presente artoculo es propiedad de Cima Noticias.

 Sandra De Los Santos Chandomi  (2021) Liberan de manera condicional a 74 mujeres normalistas de Chiapas mientras que OSC repudian agresiones. Cima Noticias. Recuperado el 24 de Mayo del 2021 en: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/24/liberan-de-manera-condicional-a-74-mujeres-normalistas-de-chiapas-mientras-que-osc-repudian-agresiones

Amnistía Internacional denuncia al gobierno de la 4T por la estigmatización y fuerza excesiva contra las manifestaciones feministas en 2020 año de la pandemia Covid19

Sara Lovera, SemMéxico

09 de abril de 2021

  • Asegura que se profundizó  la violencia contra las mujeres en México, siguieron las desapariciones, la tortura y la resistencia de despenalizar el aborto
  • Advierte de la militarización y describe violaciones a los derechos humanos por austeridad 

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 8 de abril 2021.- En México la violación a los derechos humanos no ha cesado; desde Palacio Nacional se estigmatiza a las feministas, se desestima el feminicidio y la violencia dentro de la familia, se ataca  la libertad de expresión y se abusa con uso de fuerza excesiva para parar las protestas de mujeres y ambientalistas, con uso de gases con municiones ; igual continuaron  las detenciones arbitrarias y hechos de tortura sostiene  el informe 2021 de Amnistía Internacional AI.

En dura descripción señala que las mujeres han recibido además robo de teléfonos móviles, y ataques físicos, psicológicos y sexuales, uso de gases entre otras violaciones de derechos humanos. Y los recortes presupuestales han significado reducción a programas y políticas a favor de las mujeres. La militarización nacional las pone en peligro, tanto como a la población migrante. Pero también hubo graves hierros en las acciones para atender la pandemia.

El informe afirma, además que la pandemia  COVID-19 golpea con especial dureza a las personas atenazadas por la opresión como consecuencia de las desigualdades, el abandono y los abusos sufridos durante décadas, profundizadas  en el mundo y en México por la política de austeridad.

En el preámbulo del informe, mundial, Agnès Callamard, nueva secretaria general de Amnistía Internacional señala que se ha  puesto en evidencia el terrible legado de unas políticas deliberadamente divisivas y destructivas, que perpetuaron la desigualdad, la discriminación y la opresión y prepararon el terreno para la ruina causada por la COVID-19.

El informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo abarca 149 países y contiene un análisis exhaustivo de las tendencias observadas en materia de derechos humanos en todo el mundo en 2020. La organización describe en él cómo los grupos que figuraban ya entre los más marginados, como las personas refugiadas y las mujeres, sufrieron las peores consecuencias de la pandemia por culpa de políticas discriminatorias aplicadas por decisión de los dirigentes mundiales que no han sabido responder a  un mundo sumido en el caos.

México

Amnistía Internacional afirma que el gobierno reaccionó a la pandemia de COVID-19 con recortes del gasto público en diversas áreas. El personal sanitario denunció que carecía de acceso a los equipos de protección individual y las prestaciones necesarias para garantizar un entorno laboral seguro. En este periodo aumentaron las denuncias de violencia contra las mujeres. 

Las fuerzas de seguridad siguieron llevando a cabo detenciones arbitrarias y haciendo uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos.

 Sobre las desapariciones forzadas el presidente Andrés Manuel López Obrador  estigmatizó en diversas ocasiones a las personas defensoras de los derechos humanos y a los medios de comunicación, y minimizaba el problema de la violencia contra las mujeres.

La información oficial señala -2021- que ya son más de  2 millones de casos confirmados de COVID-19. Pero en abril, hace un año  el gobierno aplicó políticas de austeridad a través de un decreto que recortaba el gasto público salvo en programas que se consideraban prioritarios, como varios proyectos importantes de infraestructura. 

Señala Amnistía los efectos nocivos de la disolución de varios fideicomisos públicos, entre ellos los de apoyo a la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y víctimas de violaciones de los derechos humanos, y  el cambio climático. .

 El gobierno desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores, y continúan los homicidios ilegítimos. 

Las desapariciones forzadas, se mantienen y han sido cometidas  por agentes del Estado lo que sigue siendo motivo de preocupación especialmente porque en 2020 hubo  6 mil 957 casos de personas desaparecidas, muchas de mujeres y niñas.

Violencia contra mujeres y niñas 

AI está preocupada porque en 2020 se denunciaron 3 mil 752 asesinatos de mujeres, de los cuales 969 fueron investigados como feminicidios. Los estados donde esto es más grave son el de México que  registró la mayor cifra absoluta de feminicidios, seguido del de Veracruz. Los estados de Colima y Morelos presentaron las tasas más elevadas de feminicidio por cada 100.000 mujeres. Las llamadas al número de teléfono de emergencias 911 para denunciar actos de violencia contra las mujeres aumentaron durante el año, con 260 mil 67 llamadas recibidas hasta diciembre, frente a un total de 197 mil 693 en todo 2019.

Advierte y describe que después de que se produjeran importantes protestas sociales, el gobierno desistió de aplicar medidas de austeridad que proponían recortes en el presupuesto para las Casas de Mujeres Indígenas y Afro mexicanas y para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, el Instituto Nacional de las Mujeres recortó en julio el 75 por ciento  (151 millones de pesos mexicanos) de su presupuesto operativo.

No obstante “el presidente de la República seguía minimizando el problema de la violencia contra las mujeres, cuestionando la validez de las llamadas telefónicas realizadas a los servicios de emergencia para denunciar la violencia de género en el ámbito familiar y criticando las protestas de las mujeres contra los feminicidios.

 Al terminar el año no había ninguna señal de que las 21 declaraciones de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres AVGM  hubieran reducido la violencia de género.

Respecto de los Derechos Sexuales y Reproductivos, alerta AI el hecho de que  la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó una orden que pretendía cambiar la legislación que criminalizaba el aborto en el estado de Veracruz.  Y en mayo, el Congreso del estado de Guanajuato rechazó un proyecto de ley para la despenalización del aborto en el estado. 

Describe el informe  que continuaron las amenazas y el hostigamiento contra personas que defendían los derechos humanos y, según datos de organizaciones de la sociedad civil, 24 personas defensoras fueron asesinadas. La defensa  de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas se hizo pública, sobre todo  por el megaproyecto conocido como Tren Maya. Pero el presidente reaccionó acusándolos públicamente de ser “falsos ambientalistas”. Seis relatores especiales de la ONU enviaron una carta al gobierno expresando una serie de motivos de preocupación sobre el proyecto del Tren Maya, algunos de ellos relacionados con el derecho de los pueblos indígenas a la tierra y a la salud, y también con las posibles consecuencias medioambientales del proyecto, pero nada se hizo.

Preocupa a AI los ataques a la libertad de expresión y de reunión, ya que continuaron las amenazas, el hostigamiento y los ataques contra las personas trabajadoras de medios de comunicación y, según los datos oficiales disponibles en noviembre, al menos 19 periodistas fueron asesinados durante el año. 

Y también, dice AI las noticias de que Notimex, la agencia de noticias estatal, esté involucrada en una campaña difamatoria contra varios periodistas y medios de comunicación que publicaban contenidos críticos con el gobierno,  campaña incluía una red de programas robot y cuentas falsas en las redes sociales supuestamente financiadas con fondos públicos.

Recoge AI una carta firmada por 650 periodistas e intelectuales, en septiembre, que  acusó al presidente de actuaciones que afectaban a la libertad de expresión, incluidas una serie de declaraciones públicas que debilitaban a la prensa al favorecer un entorno propicio a la censura, sanciones administrativas y el uso indebido de la ley para intimidar a la prensa. 

Manifestaciones feministas

En 2020, las mujeres llevaron a cabo en varias ciudades manifestaciones multitudinarias contra el feminicidio y otras formas de violencia de género. En varios casos, la policía respondió empleando fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, robo de teléfonos móviles, y ataques físicos, psicológicos y sexuales, entre otras violaciones de derechos humanos. Las autoridades estatales y federales también estigmatizaron en sus declaraciones públicas a las mujeres que se manifestaban.

Por ejemplo en agosto, la policía de la ciudad de León (estado de Guanajuato) detuvo arbitrariamente a 22 mujeres y golpeó y agredió sexualmente a varias mujeres y niñas. En noviembre, la policía utilizó armas de fuego con munición viva en una serie de manifestaciones, en su mayor parte pacíficas, de mujeres que protestaban contra los feminicidios en Cancún. 

Tortura

Mientras continúan la tortura y otros malos mientras un programa para impedir tratos inhumanos o degradantes aún no ha  hecho público, a pesar de que dos policías del Estado de México fueron condenados a siete años de prisión por utilizar la tortura para obtener confesiones falsas de tres mujeres sobrevivientes de la masacre de Tlatlaya en 2014. La sobreviviente de tortura sexual Mónica Esparza fue excarcelada en marzo, más de siete años después de que fuera detenida arbitrariamente y torturada por la policía en la ciudad de Torreón (estado de Coahuila). Fue absuelta de los cargos basados en confesiones falsas obtenidas mediante tortura, pero ningún agente haba sido acusado de los delitos cometidos contra ella. 

Preocupa que al comenzar el año s agentes de la Guardia Nacional utilizaron gas lacrimógeno durante una operación para detener a centenares de migrantes que atravesaron la frontera sur de México y en  marzo, arrastraron y golpearon a migrantes que participaban en una protesta que se celebró en un centro de detención de migrantes en Tapachula. Y en marzo, un solicitante de asilo guatemalteco murió después de que una protesta de migrantes detenidos que exigían ser liberados derivara en un incendio en el centro de detención de Tenosique. Preocupa a AI la falta de transparencia y las deportaciones.

También señalan varias personas trabajadoras de la salud  que varias personas trabajadoras de la salud expresaron su preocupación por las contrataciones irregulares y la falta de subsidio por enfermedad y otras prestaciones, lo que en ocasiones les acarreó represalias.

Amnistía Internacional exige la investigación y sanción de responsables de violaciones de derechos humanos ocurridas durante las manifestaciones del 4 y 5 de junio en Guadalajara (comunicado de prensa, 7 de junio) 2. Las ejecuciones en Nuevo Laredo deben ser un parteaguas para frenar las violaciones de derechos humanos en México (noticia, 28 de agosto) 3. La nueva Guardia Nacional de México está rompiendo su juramento de respetar los derechos humanos (noticia, 8 de noviembre) 4. Falsas sospechas: Detenciones arbitrarias por la policía en México (AMR 41/5340/2017) 5. Autoridades de Guanajuato deben abstenerse de estigmatizar el derecho a la protesta (comunicado de prensa, 28 de agosto) 6. México: Carta abierta (25 de agosto) 7. México: Acción Urgente: Se niega apoyo por COVID-19 a superviviente de tortura Adrián Vásquez Lagunes (AMR 41/2542/2020) 8. Américas: Los gobiernos deben poner fin a las detenciones peligrosas y discriminatorias de migrantes y solicitantes de asilo (noticia, 2 de abril)

El Mundo

AI afirma que nos enfrentamos a un mundo sumido en el caos. A estas alturas de la pandemia, hasta los dirigentes más ilusos tendrían dificultades para negar que nuestros sistemas sociales, económicos y políticos se han desmoronado. 

Sostiene que la pandemia ha amplificado decenios de desigualdad y desgaste de los servicios públicos. Y el informe de Amnistía pone de manifiesto que, como consecuencia de las desigualdades generadas por un liderazgo tóxico ejercido durante decenios, la pandemia afectó de manera desproporcionada a las mujeres, las poblaciones refugiadas, las personas de edad avanzada y las minorías étnicas.

La COVID-19 empeoró la ya precaria situación de las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo en muchos países, dejándolas en algunos casos atrapadas en miserables campos de acogida, interrumpiendo suministros vitales o provocando controles fronterizos que dejaron a muchas abandonadas a su suerte

El informe subraya el acusado aumento de la violencia de género y la violencia intrafamiliar, en el contexto del cual muchas mujeres y personas LGBTI tuvieron que afrontar mayores obstáculos para recibir protección y apoyo debido a las restricciones de la libertad de circulación, la falta de mecanismos confidenciales que permitieran a las víctimas denunciar la violencia mientras estaban aisladas con sus maltratadores, y la capacidad reducida o suspensión de los servicios.

Quienes trabajaban en primera línea frente a la pandemia —el personal sanitario y del sector informal— sufrieron las consecuencias de unos sistemas de salud deliberadamente desatendidos y medidas pésimas de protección social. En Bangladesh, muchas personas que trabajaban en el sector informal se quedaron sin ingresos o sin prestaciones sociales debido a los confinamientos y toques de queda. En Nicaragua, a principios de junio se despidió en sólo dos semanas al menos a 16 profesionales de la salud que habían expresado su preocupación ante la falta de equipos de protección individual y la respuesta del Estado a la pandemia. 

Y dice al final de la introducción que “Hemos visto toda clase de respuestas de nuestros dirigentes, tanto mediocres como engañosas, egoístas y falaces. Algunos han intentado normalizar las autoritarias medidas de emergencia que han adoptado para combatir la COVID-19, mientras que una cepa especialmente virulenta de líderes han ido aún más allá y han visto en la pandemia una oportunidad para afianzar su poder. En lugar de apoyar y proteger a la población, se han limitado a instrumentalizar la pandemia para socavar gravemente sus derechos”, dice Agnès Callamard.

 “Nos encontramos en una encrucijada. Debemos romper las ataduras que degradan la dignidad humana. Debemos pulsar el botón de reinicio para construir un mundo basado en la igualdad, los derechos humanos y la humanidad. Debemos aprender de la pandemia y aunar esfuerzos con valentía y creatividad para conseguir que todas las personas sean tratadas en pie de igualdad.”

“El presente artículo es propiedad de SemMéxico recuperada de Página 3

Lovera, S. (2021). Amnistía Internacional denuncia al gobierno de la 4T por la estigmatización y fuerza excesiva contra las manifestaciones feministas en 2020 año de la pandemia Covid19. SemMéxico. Recuperado el 09 de abril de 2021, de https://pagina3.mx/2021/04/amnistia-internacional-denuncia-al-gobierno-de-la-4t-por-la-estigmatizacion-y-fuerza-excesiva-contra-las-manifestaciones-feministas-en-2020-ano-de-la-pandemia-covid19/

Vives bajo el terror: penales en la CDMX usan la tortura como forma de castigo y control

La tortura se incrementa dentro de las cárceles de la CDMX, en tres años las recomendaciones suben 43%.

Dalila Sarabia, Animal Político

06 de abril de 2021

Apenas puso un pie fuera de la camioneta que lo transportaba, los golpes empezaron. Era el 2014 y Raúl volvía a la cárcel, esta vez por homicidio.

“Cuando tu ingresas siempre te reciben”, dice desde un reclusorio de la CDMX, “entonces a mi me empiezan a golpear y más cuando ven el delito por el que yo vengo”.

Aunque sabía que eso pasaría, nunca imaginó que la tortura a la que sería sometido -a veces física, a veces psicológica- se prolongaría por horas, días y semanas.

Un par de meses después Raúl fue trasladado a otro centro penitenciario en donde la historia se repitió. Insultos, golpes, sometimiento. “Estás hincado y de reojo alcanzas a ver que están pasando técnicos penitenciarios, secretarias, secretarios, trabajadores sociales y nadie hace nada”, cuenta en entrevista con Animal Político.

Agrega que les ponen toallas en la cabeza y les dan vuelta como si tratasen de asfixiarlos, los desnudan, los rapan. “Y todavía tienes la esperanza que sólo sea la bienvenida, y dices, ‘bueno, si es la bienvenida vamos a tratar de aguantar’, y no, esa bienvenida se va acrecentando durante toda la noche hasta que ves que es tortura tras tortura”.

El mínimo retraso al levantarse o saludar era motivo suficiente para que a su celda entrara toda la seguridad -cinco o seis custodios- y lo comenzaran a golpear a él o a otros de los presos.

“Te metían al baño, te pateaban. Su mañita de ponerte la toalla y quererte enrollar y pegarte contra la taza y contra el muro. Vivías bajo un terror desquiciante”.

Su testimonio no es un caso aislado. 

En la Ciudad de México, explica Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, la tortura es una práctica persistente que en los centros penitenciarios se utiliza como una forma de castigo y control.

De acuerdo con datos de la propia Comisión, entre 1994 y el 2020 la Subsecretaria de Sistema Penitenciario de la Ciudad —dependiente de la Secretaría de Gobierno capitalina— ha recibido 26 recomendaciones por tortura, aunque el 42% llegaron en apenas los últimos tres años.

Y si bien es cierto que son la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) las dependencias que encabezan el número de recomendaciones por casos de tortura desde que éstas comenzaron a emitirse en la capital del país hace casi tres décadas, en los últimos años el Sistema Penitenciario de la CDMX se ha posicionado como una de las áreas del gobierno de la Ciudad en la que los casos aumentan más al pasar de tres entre 2010 y 2017 a once en los últimos años.

“(La tortura) tiene muchas cosas en términos de cultura de control, sobre todo cuando estás hablando en los Centros Penitenciarios y es ahí donde hay que seguir trabajando muchísimo”, reconoció Ramírez.

En la Recomendación 05/2020 que emitió el año pasado la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX al Sistema Penitenciario, por ejemplo, se documenta tortura contra nueve víctimas directas y dos indirectas; y se concluye que se trata de una práctica cotidiana, recurrente y utilizada de forma sistemática como forma de intimidación, castigo y maltrato por parte de personal de seguridad y custodia para imponerse como figura de autoridad.

“La mayoría de los abusos por parte de la autoridad no se denuncian o las víctimas terminan desistiendo de sus denuncias por nuevas violaciones a su derecho a la integridad como amenazas y malos tratos, esto principalmente porque las denuncias no son investigadas ni los responsables sancionados”, alerta la Comisión en esa recomendación.

Víctor Alonso del Pozo, abogado en el Área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) llama la atención al hecho de que la tortura ya no sólo sea una práctica reiterada y persistente que se presenta en la detención arbitraría por parte de las autoridades con el fin de extraer confesiones o para fabricar culpables, sino que una vez que estas personas llegan a los centros penitenciarios, la historia se repite una y otra vez sin que haya salida.

“Sin duda eso resulta una situación particularmente preocupante sobretodo por el tema de la documentación porque las autoridades suelen intentar que la tortura no deje marcas físicas para que cuando se hagan los estudios que se hacen por protocolo, no arrojen ese tipo de resultados o al menos para desvirtuar la versión de la víctima en caso de que denuncie”, expone el abogado.

Héctor, de 33 años, ha tenido cuatro ingresos al reclusorio: dos veces por robo a transeúnte, una vez por robo a transporte y la última por robo a casa habitación. Hace tres meses salió del Reclusorio Norte.

En entrevista, el joven recuerda las golpizas que recibía permanentemente por parte de los custodios de este centro penitenciario pues en su ingreso se negó a entregarles los tenis que llevaba puestos.

“No se los quise dar y me empezaron a pegar con las botas en las nalgas. Me acomodaron unos patadones exactamente en medio de las nalgas que la verdad no me podía ni sentar (…) lloraba para ir al baño”, recuerda el joven.

“Cuando llegas (al reclusorio) te llevan al centro médico para supuestamente checar que estás bien y que no estás golpeado, pero ellos (los custodios) no son tontos porque saben dónde pegarte”. 

Luego de concluir el proceso de ingreso al reclusorio, esos custodios lo “recomendaron” con otros guardias quienes se encargaron de golpearlo por días.

“Eran más de cinco custodios, me metían a un cuartito, creo que era su baño de ellos (sic) y ahí me empezaron a golpear. Me tiraron, me empezaron a pisar la cabeza, me daban puñetazos en la espalda, en la cabeza, con el puño cerrado, ora sí que unos buenos putazos en las costillas porque saben dónde golpear… la verdad si me golpearon culero, fue algo que no se le desearía a nadie”, asegura el joven.

Tortura constante y pocas acciones 

La tortura en los centros penitenciarios no se limita a lo que pasa dentro de estos espacios físicos, sino que también se practica cuando a las personas privadas de su libertad se les traslada a otros reclusorios.

Víctor Alonso del Pozo de la CMDPDH explica que esta situación se presenta no sólo para alejarlos de sus familias o de sus defensas, —lo cual en sí mismo ya representa una violación a sus derechos humanos—, sino que el trayecto y arribo al nuevo reclusorio se convierte en otra oportunidad para torturarles.

“Esta situación de tortura en los traslados ya se ha vuelto tan común que las propias personas que están privadas de su libertad han decidido simplemente ya no volver al centro penitenciario más cercano a su domicilio en donde les podría ver su familia y podrían tener contacto más seguido con su defensa técnica porque saben que puede ser que no la libren”, asegura.

En esa recomendación 05/2020 se documenta el caso de la “víctima 9” que estaba privada de su libertad en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II (CEVASEP II) y que el 19 de julio de 2019 fue trasladado al módulo Diamante del Centro Varonil en Santa Martha Acatitla.

De acuerdo con lo documentado por la Comisión de Derechos Humanos, a su ingreso al llamado Diamante, la víctima fue certificada sin lesiones, sin embargo, minutos después, dos comandantes y otras personas de seguridad y custodia le ordenaron que se quitara la ropa y se colocara de frente a la pared recargando la frente y las palmas de las manos en posición de revisión.

En esta posición permaneció 30 minutos “durante los cuales recibió patadas y rodillazos en rodillas, muslos, piernas y espalda; en varias ocasiones cayó al piso por el dolor y el adormecimiento de las piernas y los custodios lo levantaron para continuar golpeándolo. También le propinaron golpes con el puño cerrado en la cabeza y nuca, patadas y puñetazos en las costillas del lado izquierdo y patadas en los testículos mientras le decía que él le había pagado a un comandante de apellido Chivardi personal de custodia adscrito al CEPASEP II. Posteriormente fue ubicado en una estancia, aislado y sin ropa, lo que le impidió dormir por el frío”, cita el documento de esa Recomendación. 

Las 26 Recomendaciones por tortura que ha emitido la Comisión de Derechos Humanos capitalina al Sistema Penitenciario de la CDMX señalan a 143 víctimas, y hasta noviembre pasado seguía pendiente la reparación del daño a 113 de ellas.

La presidenta de la Comisión, Nashieli Ramírez, explicó en entrevista que entre las acciones que se han emprendido derivado de estas Recomendaciones se encuentra la integración de la Unidad de Reacción Inmediata que sustituyó al “Grupo Táctico Tiburón” y que tiene como objetivo controlar motines en los reclusorios; se elaboró un programa de capacitación en Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario y se presentó el Protocolo y Procedimiento para el Uso de la Fuerza.

Consultados sobre a cuántos trabajadores se ha dado de baja a raíz de las investigaciones por tortura en sus centros, el Sistema Penitenciario respondió que “no le corresponde establecer sanciones como la destitución o inhabilitación de servidores públicos”.

Añadió que en cuanto se inician las investigaciones por casos de tortura se adoptan medidas cautelares de carácter administrativo para “salvaguardar a las víctimas” como el cambio de adscripción o amonestaciones personales; y que cada año se capacita a mil 650 elementos de seguridad para evitar la tortura. 

Para la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, el no atacar la impunidad en los casos de tortura deja como consecuencia un ciclo de violencia que no ha podido romperse en el ámbito penitenciario de la Ciudad de México.

Falta de capacitación, herramientas, sensibilidad, creatividad e inteligencia institucional por parte del personal de seguridad y custodia para responder a situaciones cotidianas de violencia con las personas privadas de libertad, son las causas principales que han permitido que esta práctica prevalezca en el Sistema Penitenciario de la CDMX, según la Comisión. Es “un hábito de conducta en los servidores públicos” en los penales, concluye la recomendación 05/2020.

En la capital del país, a pesar de haber transitado a un cambio de sistema de justicia, de tener una Constitución de la CDMX y de que se concretó el cambio de Procuraduría a Fiscalía, lamentó el abogado Víctor Alonso del Pozo, no se ve que las autoridades se tomen en serio el hecho de que la práctica de la tortura en la Ciudad es sistemática y generalizada.

“Creo que lo que sería muy importante es que si el actual gobierno de la Ciudad de México se toma en serio su propia consigna de “Ciudad de Derechos” y es cierto lo que ha dicho el Presidente (Andrés Manuel López Obrador), en más de una ocasión, de que en México ya no se tortura, pues que se tomen en serio su rol como garantes de derechos y que empiecen a tomar acciones contundentes no solamente para prevenir y erradicar la tortura, sino para particularmente hacerle frente desde una perspectiva de justicia transicional a los crímenes que se han cometido en las últimas dos décadas de tortura en la CDMX”.

Con ello, no sólo se podría dar una solución a las personas que están injustamente privadas de su libertad, sino que también daría una reparación del daño a las víctimas y a sus familiares y así pudieran encontrar una solución institucional en donde hasta ahora lo único que han encontrado son trabas y revictimización.

“Es un infierno”

Hace un año Salvador salió del Reclusorio Sur luego de cumplir una condena de ocho años por robo de auto.

“Es vivir en un infierno”, sostiene al preguntarle sobre la tortura a la que fue sometido durante este tiempo, “no puedes hacer nada ahí sin sufrir las consecuencias”.

Basta “mirar feo” a algún custodio, tropezarse con él o no caerle bien, para que lleven a los internos a dormitorios conocidos como “de castigo” en donde autoridades e internos torturan a las personas, cuenta. 

“Aislamiento total por 15 días, te violan; te tienen a dieta, o sea, te tienen con un vaso de agua al día, no te dan tu comida; todos los días te golpean, te extorsionan (…), hay espirales donde calientan la comida —las parrillas— te sientan ahí al rojo vivo cuando no cooperas, te tienen amarrado de ‘a pescadito’ cinco, seis días; te ponen una playera en la cara y te echan agua, no dejan que te bañes, te mantienen mojado las 24 horas encuerado, te latiguean, te cortan, te queman… todas las torturas que haya escuchado o que se pueda imaginar las vives dentro de un castigo”, explica Salvador en entrevista con Animal Político.

“Te tienen de cuclillas en una bardita, en dos tabiques, y si te caes te golpean. Son cosas que son muy denigrantes para la persona tanto mentales como física porque te desgastan de las dos formas”.

Quienes están privados de su libertad saben que bajar a un castigo es ir al infierno, entonces, agrega el joven de 36 años, muchos internos deben pagar varios miles de pesos a los custodios para que no los lleven a esos espacios. 

“El que no tiene (dinero) ya se chingó, ya se amoló, porque la va a vivir”, narra Salvador.

Las personas privadas de su libertad son sujetos de derechos que están bajo la custodia del Estado y por ende el Estado es responsable de cualquier cosa que les pase, subraya María Sirvent Bravo, directora ejecutiva Documenta AC.

“Los custodios se tienen que dar cuenta que las personas que están privadas de su libertad están bajo su custodia y que ellos son responsables de toda la integridad y vida de estas personas. Tenemos que quitar estos estigmas de que son personas que cometieron un delito y por eso pueden ser merecedoras de algún maltrato”, sentencia.

Para María Sirvent, los cursos de capacitación ya no son suficientes si no van acompañados con otro tipo de acciones.

“Sí, tenemos que capacitar y sensibilizar más en que los propios custodios conozcan ciertas prácticas que hacen y que son tortura y que a lo mejor ellos no lo saben (…) explicar en ese contexto penitenciario qué puede ser tortura, eso sería uno, y otro es cómo trabajamos en cambiar las prácticas diarias, en que esos conocimientos de que si la tortura está bien o mal se traduzca en que su práctica cambie”, dijo.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, consideró que además de los cursos y capacitaciones que se dan a los servidores públicos de todos los niveles, se requiere poner un freno a la impunidad que existe, de lo contario difícilmente se logrará erradicar la tortura.

“Se están adecuando los protocolos, se está accediendo a capacitación, pero requiere también un cambio más de percepción y cultura (…) de no permitir la impunidad. Si están fallando los custodios, o algún custodio en ese ejercicio, tendría que haber básicamente un mensaje más fuerte de cero tolerancia al tipo de prácticas y eso creo que nos ayudaría a avanzar muchísimo más rápido en su erradicación”.

Entre lo legal y lo moral

Un mecanismo que se podría aplicar para ayudar a erradicar la tortura en la CDMX sería reformar la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos local a fin de lograr que las recomendaciones que emita el organismo sean vinculantes, planteó el maestro Alejandro Serrano Pastor, académico investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Y es que en el artículo 12 de dicho ordenamiento se especifica que las recomendaciones que emitan los titulares de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX serán autónomas y no vinculantes.

“Tenemos que implementar mecanismos más estrictos, tenemos que implementar una profesionalización más exacta, más objetiva del servidor público, de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX para hacer el equilibrio, para ser el fiel de la balanza respecto de lo que está pasando y respecto de aquello que debe ser vigilado y sancionado, porque si no tenemos esa capacidad de tener un organismo que vigile, que sancione y que tenga recomendaciones de carácter vinculatorio con el Estado, con las instituciones del Estado, pues sin duda que no existe ese equilibrio y por lo tanto, como dicen, le dan rienda suelta o manga ancha al actuar del servidor público que tiene la fuerza”.

Entrevistado por separado, el diputado Temístocles Villanueva, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad, afirmó que en los últimos años desde el legislativo local se ha trabajado para darle mayores atribuciones a la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, por lo que consideró que hacer vinculantes las recomendaciones no ayudaría a erradicar la tortura en la Ciudad además de que restaría calidad moral a la propia Comisión entendiendo que para denunciar violaciones a derechos humanos se cuenta con dos caminos: la ruta jurisdiccional y la ruta no jurisdiccional que se hace a través de la Comisión.

“Da una mayor calidad moral a la Comisión de Derechos Humanos donde nadie cuestiona su independencia, porque por otro lado el sistema judicial finalmente es una autoridad que forma parte del Estado y por lo tanto siempre puede quedar la sospecha de cuál fue la incidencia política de cualquier caso, en cambio, la Comisión es presidida por una persona que proviene de la ciudadanía con una trayectoria desde el activismo, desde la sociedad civil organizada”, expuso Villanueva.

Ante el creciente número de recomendaciones por tortura en el Sistema Penitenciario de la CDMX, el legislador dijo que la sobrepoblación de estos espacios, así como la persistente corrupción que hay en ellos son las causas principales de que la atención que reciben los internos no sea acorde y que el ejercicio de sus derechos sea limitado.

Dado que las resientes reformas a la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos da la atribución al Congreso local de llamar a comparecer a las autoridades que de forma sistemática han violado los derechos humanos de las personas, el diputado no descartó convocar a las autoridades del Sistema Penitenciario para abordar este tema.

“A mi me parece que el Sistema Penitenciario es esta institución que requiere una transformación de fondo y que esta transformación debe sobrepasar cualquier administración gubernamental, es decir, tenemos que buscar que el funcionamiento del sistema penitenciario garantice los derechos de las personas privadas de su libertad”, señaló.

Mientras esos mecanismos para erradicar la tortura se discuten, aprueban y, sobre todo, se aplican en las prisiones de la Ciudad de México, Raúl sabe que ni él ni los demás prisioneros tienen a quién acercarse y pedir ayuda, porque son las propias autoridades, desde los custodios hasta los directores, quienes los torturan y les niegan cualquier apoyo.

Raúl siente cómo cada día es más posible que su vida termine dentro del reclusorio porque, aunque ya ha cumplido seis años privado de su libertad, de acuerdo con la condena que le dieron, aún debe cumplir más de 100 años más.

Y acepta que no hay día que no tema por su vida.

“Sí, sí temo por mi vida, sí temo por mi integrad, así como la mayoría teme, por eso no pueden hacer nada porque las máximas autoridades son las más corrompidas y al momento que pides ayuda las autoridades se encargan que te lleguen las consecuencias de esos actos”.

Este texto ha sido elaborado con  el acompañamiento de Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C. y el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Animal Político y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

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Sarabia, D. (2021). Vives bajo el terror: penales en la CDMX usan la tortura como forma de castigo y control. Animal Político. Recuperado el 06 de abril de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/04/vives-bajo-el-terror-penales-en-la-cdmx-usan-la-tortura-como-forma-de-castigo-y-control/