Una pandemia que evidenció y exacerbó desigualdades en acceso a la salud para mujeres

El Observatorio Género y COVID en México presentó su informe “Nos cayó el 20”, en el cual (entre muchos otros temas) muestra cómo grupos vulnerables de mujeres enfrentan obstáculos en el ejercicio de su derecho a la salud

Lado B
*Foto de portada: Marlene Martínez

Allison Madrid Perry | LadoB

—– | Julio del 2021 | — : —

Con la pandemia por COVID-19 se evidenciaron y empeoraron ciertas desigualdades estructurales hacia las mujeres, de acuerdo con el informe “Nos cayó el 20”, elaborado y publicado por el Observatorio de Género y COVID en México.

En este se detallan las diversas maneras en las que la pandemia ha afectado a las mujeres en México. En su apartado de salud, se explica que algunos de los principales factores que impiden el acceso a su salud son: la falta de información en lenguas indígenas, la omisión de las mujeres con discapacidad intitucionalizadas, así como la falta de seguimiento a la pandemia dentro de los centros penitenciarios y la discriminación hacia las mujeres migrantes.

Elaborado por grupos de activistas y organizaciones de la sociedad civil, el reporte afirma que las mujeres “nos hemos enfrentado a una serie de desigualdades exacerbadas por las acciones u omisiones de los gobiernos en turno, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres en todas sus diversidades”.

Estos diversos grupos de mujeres (indígenas, migrantes, con discapacidad y privadas de su libertad), de acuerdo con Natalí Hernández, directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis), históricamente han sido discriminados y “enfrentan una desventaja estructural frente al resto de la ciudadanía que tiene más acceso a servicios en general, para informarse, para acceder a clínicas, o a recursos económicos para gestionar su salud”.

Hernández agregó que, cuando empezó la pandemia, “la alarma se prendió en muchos sentidos pero en particular desde las organizaciones de la sociedad civil”, quienes sí buscaron identificar las diversas formas de violencia que este contexto específico podría recrudecer contra poblaciones específicas. En cambio, de acuerdo con la directora de Cafis, este interés no ha sido replicado por las instancias de gobierno.

Por otro lado, de acuerdo con el informe, “muchos centros de salud se transformaron para la atención centralizada en COVID-19 y, por miedo al contagio, miles de mujeres dejaron de acudir a estos y a clínicas especializadas”, limitando así su acceso a servicios de salud. 

Acceso a la salud para mujeres migrantes

De acuerdo con Hernández, garantizar la salud de las personas en México siempre ha sido un reto para las autoridades y, por lo tanto, no fue tan sorprendente que durante la pandemia se agravaron problemas que ya existían.

El informe “Nos cayó el 20” explica que gran parte de estos problemas se debe a a fallas estructurales y sistémicas basadas en la discriminación con razón de género, raza, estatus migratorio, condición física o mental, etcétera. 

En el caso de mujeres migrantes —quienes, de acuerdo con el informe, representan el 22 por ciento en los flujos migratorios irregulares—, una dificultad particular ha sido que “muchas están de tránsito o muchas han salido de sus países y llegan al estado de Puebla sin una base de documentos oficiales y esto les dificulta acceder a estos servicios”, explica Hernández.

De igual forma, el reporte informa que los procesos migratorios de las mujeres son distintos a los de sus pares hombres, pues “muchas viajan con sus hijas e hijos y sus familias, incluso embarazadas”. 

La situación también se agrava al considerar que, según el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem), dentro de las estaciones migratorias no se llevan a cabo correctamente las medidas sanitarias y de distanciamiento social, además de que falta personal médico que atienda su salud.  

Además, aunque según el informe de “Nos cayó el 20”, en abril de 2020 se emitió el Protocolo de actuación para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración, no se ha implementado de forma adecuada, y “existe poca transparencia de las Secretarías de Salud (federal y estatales) sobre las acciones que ha llevado a cabo en seguimiento al Plan Operativo de Atención a la Población Migrante ante COVID-19”.

Asimismo, si las mujeres migrantes no pueden continuar su paso hacia su destino o volver a su país de origen, también se limitan sus posibilidades de recibir la vacuna dentro de México por el requisito de un documento de identidad. 

Para que el Estado mejore el acceso a la salud de estas mujeres, el estudio recomienda incluir la perspectiva de género en las estrategias y planes relacionados con el combate a la pandemia, transparencia en la rendición de cuentas al respecto y garantizar el acceso gratuito y oportuno a la vacuna contra COVID-19, en igualdad de condiciones que las personas nacionales.

Mujeres indígenas

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Foto: Marlene Martínez

Por otro lado, en el caso de las mujeres indígenas, las cuales son cerca de 4 millones en todo el país, según el Censo de Población y Vivienda 2020, el estudio “Nos cayó el 20” identificó que su acceso a los servicios gratuitos de salud ha disminuido. 

Una de las causas más preocupantes de esta situación es que se impide su derecho a la información, específicamente la relacionada a la pandemia, pues además de que llega a cuentagotas, no cuenta con pertinencia cultural ni contextual; no existe información oficial sobre qué hacer en las comunidades después de tener la enfermedad o qué hacer cuando ocurre un fallecimiento. 

“Desde la prevención el sistema de salud queda a deber, no hay espacio médico cercano para realizarse estudios, hay ausencia de protocolos y mecanismos para atender a pacientes graves y su traslado a los hospitales, así como métodos para atender la garantía del derecho lingüístico, entre otros”, se lee en el estudio.

Y es que, si bien Hernández identifica que en Puebla hubo esfuerzos por parte de las organizaciones de la sociedad civil para hacer difusión en redes sobre la información que se generaba desde las instituciones, era difícil hacer llegar esta información a comunidades donde no hay acceso a internet.

Otro factor importante es el tiempo total que las mujeres de estas comunidades destina al trabajo no remunerado de los hogares, el cual ha aumentado considerablemente a raíz de la contingencia; esto “merma su salud y las excluye de espacios claves de participación”, de acuerdo con el informe. 

En este caso, las recomendaciones al Estado por parte del Observatorio de Género y COVID son garantizar su participación en la generación de esquemas y mecanismos para hacer frente a la pandemia, asegurar el acceso igualitario a la atención médica, cuidados e insumos para personas y comunidades indígenas, y garantizar el derecho a la información y tecnología para las personas que hablan una lengua indígena.

Discriminación por omisión

En el caso de mujeres con discapacidad, el estudio descubrió, a través de solicitudes de información realizadas por “Disability Rights International” (organización internacional que se dedica a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad), que las autoridades tienen poca información sobre el acceso a la salud de mujeres institucionalizadas con alguna discapacidad durante la pandemia. Y no solo eso, sino que en algunas respuestas incluso niegan su responsabilidad al respecto.

De las más de 60 solicitudes realizadas, solo 14 instituciones psiquiátricas respondieron. Estas dan cuenta de 800 personas con discapacidad institucionalizadas, de las cuales 134 resultaron infectadas al momento de la solicitud de información, de este número las mujeres representan el 66 por ciento.  

Sin embargo, el número de pruebas que realizaron fueron muy pocas, y solo cinco instituciones afirmaron haber recibido presupuesto extra para atender la pandemia. 

De acuerdo con el estudio, el Estado debe detener las nuevas admisiones en instituciones que reciben personas con discapacidad para evitar el hacinamiento, y cambiar la estrategia por una para crear viviendas y apoyos en la comunidad lo antes posible, así como priorizar la vacunación de todas las personas con discapacidad que vivan en cualquier entorno de institucionalización.

Otro grupo que tiende a ser invisibilizado son las mujeres privadas de la libertad, ya que, según el informe, de las 3 mil 169 personas privadas de la libertad con COVID-19, han habido 245 decesos; sin embargo, se desconoce cuántos decesos son de mujeres.

Igualmente, durante 2020, familiares de las mujeres no tuvieron conocimiento sobre las condiciones de salud al interior de los centros de reclusión, pues durante los meses de abril y septiembre de 2020, los centros federales suspendieron completamente las visitas. 

En estos casos, se recomienda que las secretarías de salud, federal y de las entidades estatales de seguimiento “a la situación dentro de los centros de reclusión para generar información veraz, pública y constante sobre las personas afectadas”, además de asegurar medidas de mitigación, prevención y tratamiento dentro de centros penitenciarios que sigan los máximos estándares de derechos humanos, sin que se traduzcan en generación de pánico o quiebre de sus relaciones humanas.

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Si quieres ingresar al informe completo da clic aquí. Si quieres ingresar a la página del Observatorio de Género y COVID, da clic aquí.

El presente articulo es propiedad de LadoB.

Allison Madrid Perry (2021) Una pandemia que evidenció y exacerbó desigualdades en acceso a la salud para mujeres. LadoB. Recuperado el 20 de Julio del 2021 en: https://www.ladobe.com.mx/2021/07/una-pandemia-que-evidencio-y-exacerbo-desigualdades-en-acceso-a-la-salud-para-mujeres/

Socavón en Puebla, consecuencia del saqueo industrial, no fractura geológica: pueblos de la región

Redacción | Desinformémonos

Ciudad de México | Martes 22 de Junio del 2021 |  – – :

Pueblos unidos de la región cholulteca y de los volcanes, denunciaron que el socavón generado el pasado 29 de mayo en la comunidad de Santa María Zacatepec está relacionado con el saqueo de los mantos acuíferos que han realizado diversas industrias en la región durante décadas.

En conferencia de prensa frente al socavón, los defensores del territorio señalaron que para el gobierno y los empresarios «la desgracia de nuestros pueblos y la destrucción de la naturaleza es un espectáculo que pretenden expropiar para convertirlo en un área turística, maquillando con esto el desastre para sus fines económicos”.

Roberto Formacio, uno de los afectados, señaló que, lo que para muchas personas es una zona turística, ha sido un desastre y algo que ha cambiado la vida cotidiana para quienes tienen sus propiedades ahí. En un inicio, dijo, no sabían la causa, pero poco a poco se enteraron de posibles hipótesis a través de los medios de comunicación, y añadió que entendieron que “parte de lo que ocasionó este fenómeno fueron las empresas que han extraído miles de millones de litros de agua de la zona”.

“Le pedimos a los distintos niveles de gobierno que volteen a ver que no solo es el socavón, que hay todo un conjunto de afectados en esta zona, los dueños de los terrenos que han sido obstaculizados en su proceso de trabajo”, denunció Formacio, y agregó que los pequeños propietarios afectados por el socavón no han sido atendidos por las autoridades municipales, estatales, ni federales.

Exigieron la cancelación total del Proyecto Integral Morelos y el gasoducto. “No estamos dispuestos a esperar a que nos asesine la negligencia y la ambición de los poderosos, basta de que nos sigan engañando”, advirtieron los defensores.

Los integrantes de Pueblos Unidos denunciaron que el gobierno no ha dado ninguna respuesta y los quiere engañar al decir que está investigando. “Hacen caso omiso a lo que hemos señalado, lo que era obvio: un gasoducto instalado en un territorio sísmico y volcánico, es una bomba de tiempo. Este socavón hace más evidente el riesgo que corremos”, expusieron.

Por su parte, el profesor e investigador David, recalcó la importancia de esa región acuífera de Puebla. “El socavón no es una fractura geológica, tiene que ver con el registro de más de 60 años donde se asentaron más 150 empresas e industrias que han saqueado el agua, pues hace 40 años aquí había un lago. ¿Cuántos millones de litros de agua se están llevando las industrias?, se preguntó el investigador durante la conferencia, y añadió que la explicación debe ser histórica y socioambiental. 

Señalaron que la llegada de las industrias desde los años 50, fomentó una forma de desarrollo que sólo ha beneficiado a particulares y empresas. En el caso particular de la región de los volcanes, están la industria automotriz, de acero y embotelladoras.

Mapa la presencia de las principales industrias en la región desde los años 50. Foto: Pueblos Unidos

A tres meses de que declararan el cierre definitivo de la empresa Bonafont en el municipio de Juan C. Bonilla, indicaron que al día de hoy, han recuperado 152 millones 668 mil 800 litros de agua que ahora fluyen libres por los mantos acuíferos, y añadieron que «el socavón vino a confirmar que las empresas Bonafont, Mercatus, Persforza, Ternium, Hylsa, Volkswagen y ciudad textil generaron este desastre ambiental y ante esta situación el mal gobierno pretende llevar a cabo un proyecto de desarrollo urbano e industrial en nuestra región”.

El presente articulo es propiedad de Forbes.

Socavón en Puebla, consecuencia del saqueo industrial, no fractura geológica: pueblos de la región. Recuperado e

Denuncian opacidad y discriminación en la Comisión de Amnistía para personas indígenas y con discapacidad

 *Equis Justicia junto con otras organizaciones y defensoras de los derechos humanos denuncian y rechazan las exigencias de la Comisión de Amnistía en los casos de las personas indígenas y con alguna discapacidad ya que obstaculizan su acceso a la justicia

Elda Montiel | Sem México

Ciudad de México | Sábado 5 de Junio 2021 | — : —

Con exigencias ilegales de documentación durante el análisis de las circunstancias y contextos de marginación de los solicitantes la Comisión de Amnistía en los casos de las personas indígenas y con alguna discapacidad obstaculizan el acceso a la justicia.

Precisa, Equis Justicia que estas exigencias vulneran los derechos y contravienen lo establecido en la Constitución y las Convenciones Internacionales contra las personas privadas de la libertad injustamente.

Refiere que son visiones racistas y capacitistas para las personas indígenas o con discapacidad el actuar de la Comisión de Amnistía, la instancia encargada de revisar y aprobar la solicitud de amnistía de las personas privadas de la libertad injustamente.
A raíz de la solicitud de información que hicieran a la Secretaría de Gobernación encontraron alarmante que frente a las solicitudes de personas que refieren ser indígenas se les solicita anexen el certificado de nacimiento en el que aparezca el nombre de los padres o carta de alguna autoridad tradicional reconocida y validada por la comunidad indígena, en la cual constaté la pertenencia del solicitante.

En el caso de las solicitudes de las personas con alguna discapacidad solicitan un examen médico como única forma de acreditar la condición de discapacidad.
La Comisión ha determinado declarar como reservada y confidencial la información relativa a las resoluciones que nieguen o concedan la amnistía e inclusive la información estadística desagregada como: género, edad, delito, centro penitenciario de privación de libertad.

Afirma Equis Justicia que estos criterios son violatorios de los derechos de las personas indígenas y con alguna discapacidad, porque la amnistía no se da por el simple hecho de pertenecer a cualquiera de estos grupos poblacionales, sino analizando los supuestos previstos en la Ley como circunstancia y contextos de marginación, exclusión y discriminación, derivaron en violaciones al debido proceso o en la impartición de justicia sin perspectiva de igualdad.

Además, precisa que es responsabilidad de la Comisión de Amnistía realizar este análisis.
También señala que es reiterada la opacidad y discrecionalidad de la Comisión de Amnistía porque impiden a la ciudadanía vigilar su actuación, así como a las y los solicitantes para conocer el estado en que se encuentra su solicitud.
Respecto a las personas indígenas, señala que es inaplicable el criterio de autoadscripción, que está contemplado en el artículo 2 Constitucional, así como en el apartado 2 del Convenio 169 de la OIT, y los artículos 3, 4, 9 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Además la prevalencia de estereotipos y criterios capacitistas que perpetúan el estigma social sobre la discapacidad como enfermedad, en lugar de reconocer los obstáculos y barreras del entorno que la originan, violando con ello la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad.

Al rechazo de Equis Justicia se sumaron las siguientes organizaciones: Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas; Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C.; Red Iberoamericana de Expertos en Derechos de Pueblos Indígenas; Red Nacional de Abogadas Indígenas; Artículo 20; Autocultivo Medicinal en México; Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad A. C; Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A. C. (CEPIADET); Colectivo Hazme Valer, del Estado de México; Comisión Mexicana de Defensa y promoción de los derechos humanos; Derechos sin Barreras; ECOZINE Feminista; EducArt Educación, Arte y Trabajo A. C.; Elementa DDHH A.C.; Familias y Retos Extraordinarios; Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra AC; Hacia la vida digna para todas las personas, ReverdeSer Colectivo A.C.; Instituto de Justicia Procesal Penal, AC; Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho; Instituto RIA, AC; Interculturalidad, Salud y Derechos AC (INSADE); Intersecta Organización para la Igualdad, A.C.; Justicia Transicional en México; La Boussole; Libertad justicia y paz; México Unido Contra la Delincuencia (MUCD); Mujeres Libres México; Organización Comunitaria por la Paz OCUPA
Como personas firmantes: Abigail Velasco, Alejandra Martínez Rodríguez, Alejandra Nuñez, Alexandra Rodríguez, Alicia Escamilla Jaime, Angélica María Ospina Escobar, Ariadne Lamont, Artemisa Cabrera Luque, Claudia González Ramos, Edith Olivares Ferreto, Emma Obrador Garrido Domínguez, Francisca Pou Giménez, Hayde Hernández Reverte, Haydeé Gómez Avilés, Ignacio Muñoz Silva, Jazmín Maldonado Martínez, Jimena Candano Conesa, José Manuel García Vallejo, Lydia Valle Conde, Maria Teresa Fernández Vázquez, Natalia abigail Sánchez Rodríguez, Nora Robledo, Pablo Gonzalez Cuevas, Paola Zavala Saeb, Patricia Torres Sandoval, Paz Mateos Cruz, Rebeca Calzada, Sandra Patricia Véliz Clara, Sandra Mayeli Valenzuela Márquez, Sara granados, Tatiana Alfonso, Vianney Fernández Villagómez, Violeta Maltos Rodríguez, Zara Snapp.

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Elda Montiel (2021) Denuncian opacidad y discriminación en la Comisión de Amnistía para personas indígenas y con discapacidad. Sem México. Recuperado el 7 de Junio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/opacidad-y-discriminacion-en-la-comision-de-amnistia-para-personas-indigenas-y-con-discapacidad-denuncian-equisjusticia/

A cuentagotas avanza participación de indígenas oaxaqueñas en cargos políticos

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CIMACFoto: César Martínez López

Aline Espinosa Gutierrez | Cima Noticias

Ciudad de México | Lunes 31 de Mayo del 2021 | — : —

A pesar de que las indígenas oaxaqueñas han llegado a ejercer algunos cargos políticos en  sus comunidades, esta labor es dificultada porque aún los quehaceres de la casa y el cuidado de las y los hijos recaen sobre ellas, lo que triplica sus jornadas de trabajo, las deja sin tiempo para desarrollar sus capacidades, incidir desde su cargo en sus territorios o buscar desempeñar algún otro puesto. 

Así lo dijeron la exregidora de obras y tesorera suplenta del Pueblo Ñuu Savi en Oaxaca; Lidia Aguilar Aguilar; la extesorera municipal y excomisariada de bienes comunales del Pueblo Nki dixru en Oaxaca, Aracely Miranda; la expromotora cultural y exsecretaría de bienes comunales del Pueblo Xhun en Oaxaca, Natividad Estela López Zarate, y la excomunera del Pueblo Ayuujk en Oaxaca, Deogracias Díaz Gómez durante el conversatorio “Participación Política de las mujeres indígenas en sistemas normativos indígenas” con el fin de discutir cuáles son los avances y retos de la presencia de mujeres en cargos de poder. 

Explicaron que la llegada de la paridad en 2015 a sus comunidades obligó al reconocimiento de algunos de sus Derechos Humanos como incluirlas en los listados de las asambleas, darle espacio a sus voces y exponer sus necesidades, acudir a eventos políticos y postularse para cargos de poder sin importar si tenían hijas o hijos pequeños, eran casadas o solteras, su edad, y otras cuestiones.

El principio de paridad fue incorporado a la Constitución mexicana  en el año 2014. El artículo 41 Constitucional establece que los partidos políticos deberán postular paritariamente sus candidaturas para los Congresos Federal y locales. El proceso de armonización legislativa culminó en las entidades federativas en 2015, antes de que iniciara el proceso electoral de ese año, de acuerdo con información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Detallaron que antes las mujeres sólo podían estar en las asambleas cuando sus esposos no podían acudir y su voz era escuchada porque hablaban en nombre de él, no existía una lista para que ellas anotaran su nombre, sus problemáticas no eran tratadas, si su presencia era requerida en estos espacios, se les encomendaba hacer la comida, atender a los hombres presentes y quedarse calladas. 

Para atacar todos estos obstáculos, dijeron, ellas mismas o en colectivo cuestionaron el por qué no se les tomaba en cuenta e irrumpieron en las asambleas, formaron talleres para enseñar profesiones y dejaban la cocina y asistían a eventos de política. 

Su ejemplo inspiró a otras mujeres, algunas de ellas madres, quienes siguieron sus pasos y juntas comenzaron a descubrir que ellas debían ser parte de las decisiones y del cuidado de lo que existía en su territorio. 

Con sus años de insistencia, añadieron, pudieron avanzar muy poco en la política, pero sí sembraron ideas de libertad en más mujeres. El principio de paridad impulsó aún más la labor que ellas ya realizaban en sus comunidades, sin embargo, al querer ejercer un cargo se enfrentan a que su presencia sea sinónimo de molestia y se trata de evadir la paridad bajo los usos y costumbres de las comunidades. 

Ejemplo de ello, explicaron, es que en las asambleas se trata de hacer una lista separada por el género de la persona, que los hombres funjan como los presidentes agrarios y las mujeres como sus reemplazos, no se respetan los acuerdos de las comunidades, sus parejas les exigen atender la casa y la familia, no les da un ingreso económico para desarrollar sus cargos.

Todos estos obstáculos, aclararon, no permiten que las mujeres puedan mantenerse más de un año en los espacios de poder que ganan porque algunas de ellas son madres solteras o viudas que no tienen apoyo para cuidar de sus hijas e hijos y deben solventar los gastos de su familia o sus parejas les niegan salir de sus hogares. 

Sin embargo, dijeron, su injerencia en los espacios de poder ha promovido que más mujeres conozcan su derecho a la participación política y a la tierra. “Cuando tienen que sacar su constancia de posesión se les ha tomado en cuenta y ellas son las dueñas de su pedacito de parcela, hasta ahorita no hay ese problema ya, porque antes esto sólo se conocía como herencia de hombres cuando no sabíamos que existía el derecho agrario”, declaró Lidia Aguilar Aguilar. 

Llamaron a que más indígenas se conviertan en comuneras con el fin de fomentar su presencia en las asambleas y así repensar juntas los acuerdos que niegan la participación a mujeres mayores o algunos otros que siguen restringiendo sus derechos, desmitificar los roles de género, dejar nuevas enseñanzas, difundir más el conocimiento y hacerlo suyo, intervenir en los cambios de las leyes y sembrar en la conciencia que las mujeres son parte vital de que los recursos naturales de la tierra prevalezcan. 

21/AEG/LGL

El presente articulo es propiedad de Cima Noticias.

Aline Espinosa Gutierrez (2021) A cuentagotas avanza participación de indígenas oaxaqueñas en cargos políticos. Cima Noticias. Recuperado el 31 de Mayo del 2021 en: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/31/a-cuentagotas-avanza-participacion-de-indigenas-oaxaquenas-en-cargos-politicos

Emergencia comunitaria de género. Respuesta de las mujeres indígenas a las múltiples violencias y el despojo del territorio

Ilustración: Amopalay

Fabiola Del Jurado Mendoza* Y Norma Don Juan Pérez | Desinformémonos

———— | Jueves 27 de Mayo del 2021 | — : —

Desde hace décadas, las mujeres indígenas organizadas nos hemos preguntado por qué en México unas muertes son más visibles que otras. ¿Quién define qué cuerpos importan? Es momento de comenzar a hablar de las violencias hacia nosotras, las mujeres indígenas. Desde la organización comunitaria, trabajamos para construir una memoria colectiva y promover políticas públicas desde nuestras prácticas y saberes.

La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) es un proyecto político que nació en agosto de 1997 para articular y fortalecer espacios comunitarios en los que las mujeres tienen un papel activo y protagónico. Sus banderas son la libre determinación, la autonomía, la justicia, el respeto a la pluriculturalidad y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. Desde su conformación, se integró al Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, que es una de las organizaciones más importantes para la promoción de políticas globales a favor de los pueblos indígenas.

En un comunicado titulado Violencias y mujeres indígenas, las organizaciones que formamos parte de esta plataforma consideramos que las violencias contra las mujeres y las niñas, adolescentes y jóvenes indígenas es política, social, económica, espiritual, física, sexual, psicológica y medioambiental. Estas violencias tienen múltiples dimensiones: interpersonal y estructural, pública y privada, estatal y no estatal. Su análisis en los espacios públicos, debería abarcar, en lo posible, todos estos modos de percibir. Por eso insistimos en la necesidad de enfocar la violencia como las violencias.

“Para poder entender el contexto violento en el que vivimos es necesario construir nuestra memoria colectiva dado que las violencias contra las mujeres indígenas en México se remontan a la época de la invasión.”

Para poder entender las violencias contra las mujeres indígenas en México es necesario construir nuestra memoria colectiva y remontarnos a la época de la invasión. La colonización significó una “confrontación cultural e histórica” entre las identidades de los europeos y de los indígenas que habitaban América, a quienes se los consideraba ignorantes y bárbaros. Los invasores creían que los indígenas debían ser tutelados y educados cristianamente, a través del uso de la violencia y la esclavitud.

En consecuencia, este proceso moldeó nuestra identidad dado que hablar de la invasión de nuestros territorios también incluye nuestros cuerpos, mentes y espíritus, es decir, todos los ámbitos de nuestra vida individual y colectiva. Incluso la concepción de dualidad femenino-masculino fue desplazada por la jerarquización de los sexos: el hombre pasó a ser el dominante y la mujer se convirtió en propiedad de los hombres. De esta manera, las mujeres hemos sido violentadas en los espacios públicos y privados.

Emergencia Comunitaria de Género

En su sexenio como presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) decretó la guerra contra el narco que provocó una escalada de violencia nunca antes vista: los homicidios dolosos se duplicaron de 9,3 en 2007 a 18,3 en 2012. En el mismo sentido, a pesar de la ausencia de cifras claras, se reconocía un aumento de feminicidios en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Veracruz, Quintana Roo, Ciudad de México y Ciudad Juárez.

Ante este panorama, mujeres feministas, académicas e indígenas del Estado de México demandamos la Alerta de Violencia de Género. Paralelamente, en Chihuahua hubo denuncias y movilizaciones por los feminicidios: en diciembre de 2010, asesinaron a Maricela Escobedo frente al Palacio de Gobierno, lo que visibilizó aún más la impunidad y negligencia del Estado Mexicano para dar respuestas ante los asesinatos y los casos de violencias de género. En Morelos, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, las mujeres también se movilizaron para denunciar las violencias y los asesinatos.

“Las mujeres indígenas sentíamos que aún éramos invisibles en las cifras que se reportaban sobre feminicidios y en las políticas para combatir las violencias de género.”

Sin embargo, las mujeres indígenas sentíamos que, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones, de la academia y del movimiento feminista, aún éramos invisibles en las cifras que se reportaban sobre feminicidios y en las políticas para combatir las violencias de género. Ante esta situación, decidimos crear la Emergencia Comunitaria de Género como una respuesta a la negativa de los gobiernos de las entidades federativas de México a reconocer su incapacidad para brindar protección y justicia a las mujeres en general y a las mujeres indígenas en particular. Los objetivos de Emergencia Comunitaria de Género son los siguientes:

– Visibilizar las violencias contra mujeres indígenas y entender la particularidad de estos hechos contra ellas y sus pueblos.

– Reconocer las violencias contra mujeres indígenas como el resultado de una concatenación de condiciones históricas y estructurales.

– Comprender que las violencias contra las mujeres y los pueblos indígenas van entrelazadas, por tanto, no pueden tratarse por separado.

– Generar políticas públicas con pertinencia cultural para la erradicación de las violencias.

– Promover el pluralismo jurídico y los principios, valores y prácticas de los pueblos originarios para la prevención, protección, acceso a la Justicia y reparación del daño y erradicación de las violencias.

¿Cómo trabajamos?

La Emergencia Comunitaria de Género cuenta con un espacio virtual en Facebook en el cual las integrantes de Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas comparten notas periodísticas y denuncias públicas sobre múltiples violencias que circulan en las redes. Desde esta plataforma, integrantes de la Comisión de Erradicación de Violencias y Defensa del Territorio se encargan de sistematizar la información en una base de datos. El 25 de noviembre de cada año, difundimos un reporte anual.

Esta información también genera insumos para la elaboración de informes sombra ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU y otros espacios de incidencia para el avance de nuestros derechos. Es importante aclarar que esta base de datos no se ajusta a los parámetros científicos que se establecen en algunos observatorios académicos ya que no tiene una finalidad estadística, sino la intención política de interpelar al Estado Mexicano y a la sociedad en su conjunto.

“Nosotras, las mujeres indígenas, no podemos separar nuestros derechos específicos de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.”

El contacto y manejo de esta información nos ha llevado a profundizar el conocimiento y reflexión sobre los contextos de violencias. Para nosotras, las violencias tienen que ver con la violación de derechos humanos. Partimos de una definición amplia, en la que caben situaciones de desplazamiento, despojo territorial y despojo de recursos naturales. Estas circunstancias no son prioridad en las agendas feministas occidentales, pero para nosotras, las mujeres indígenas, sí lo son: no podemos separar nuestros derechos específicos de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

También reconocemos la diversidad de miradas y formas de significar estas violencias desde nuestros entornos. Para nosotras es un desafío dialogar sobre el feminicidio, la desaparición forzada, la trata de personas y otras formas de violencias que se desconocían y no se nombraban en los espacios comunitarios. Esta es la base de la erradicación de las violencias. Debemos darle un sentido político para evitar que el miedo nos inmovilice. Tenemos que reconocer que las violencias contra las mujeres indígenas son una afrenta contra los pueblos: nos daña y lastima a todos. No se puede construir ni fortalecer el tejido comunitario si no se detienen las violencias.

Nos reconocemos como sujetas protagónicas con capacidades, conocimientos y prácticas que pueden aportar a la atención integral de las problemáticas: “Nada sobre nosotras, sin nosotras”.

Especialmente reconocemos que es necesario ampliar nuestras miradas a los ámbitos urbanos, en donde cada vez tenemos más presencia. Las mujeres indígenas jóvenes que migran a la ciudad en busca de empleo o educación están expuestas a mayores niveles y formas de violencias. Lejos de su red familiar de apoyo, no conocen los procedimientos para hacer frente a las violencias al mismo tiempo que se encuentran en un espacio- territorio desconocido que las considera ajenas.

A su vez, estamos fortaleciendo el trabajo colaborativo con feministas y académicas no indígenas para acercarnos a los conceptos, teorías y métodos generados desde la academia. Queremos establecer un diálogo de saberes para que las metodologías sean incluyentes y representativas de la diversidad de mujeres que somos. Buscamos un mayor soporte a la recopilación, sistematización, interpretación y difusión de la información que manejamos.

Por último, promovemos una mirada política y crítica que haga al Estado responsable de la impunidad. El Estado debe eliminar las condiciones de riesgo, reconociendo e integrando nuestras cosmovisiones, prácticas y saberes en las políticas públicas para la prevención, atención, justicia y reparación del daño. Nos reconocemos como sujetas protagónicas con capacidades, conocimientos y prácticas que pueden aportar a la atención integral de las problemáticas: “Nada sobre nosotras, sin nosotras”.

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Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Foto: Conami.

Con la mirada en el futuro

En este momento, estamos puliendo metodológicamente el programa de la Emergencia Comunitaria de Género y fortaleciendo los conocimientos de las integrantes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas para continuar con la sistematización de la información, tanto en el ámbito local como nacional. Al mismo tiempo, tejimos alianzas con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y la Asociación Canadiense de Estudios Latinoamericanos y del Caribe (ACELC) para desarrollar investigaciones colaborativas, promover la reflexión y enriquecer el debate público entre México, Estados Unidos y Canadá.

Tenemos el objetivo de continuar visibilizando las múltiples violencias que vivimos las mujeres indígenas hasta que seamos parte de los cuerpos que importan. Por lo pronto, algunas organizaciones como Tlachinollan comienzan a dar seguimiento y sistematización a casos de violencia hacia mujeres indígenas. Algunos medios de comunicación han sacado notas sobre las muertes que no importan y visibilizan e informan los feminicidios de mujeres indígenas. Seguiremos nombrando para que se mire y se actúe en consecuencia. Porque lo que no se nombra no existe. ¡Por nuestras raíces, por nuestros territorios, por la vida! ¡Nunca más un México sin nosotras!

La primera versión de este artículo se realizó para la revista Ichan Tecolotl de CIESAS en febrero de 2019.

*Fabiola Del Jurado Mendoza es nahua, Licenciada en Psicología y Profesora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es integrante de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares, y del Consejo de Mayoras de la CONAMI.

**Norma Don Juan Pérez es nahua y Licenciada en Diseño de Asentamientos Humanos. Es integrante de la organización Cochitlehua Centro Mexicano de Intercambios A.C. y del Consejo de Mayoras de la CONAMI.

Publicado originalmente en Debates Indígenas

El presente articulo es propiedad de Desinformémonos.

Fabiola Del Jurado Mendoza* Y Norma Don Juan Pérez (2021) Emergencia comunitaria de género. Respuesta de las mujeres indígenas a las múltiples violencias y el despojo del territorio. Desinfomémonos. Recuperado el 27 de Mayo del 2021 en: https://desinformemonos.org/emergencia-comunitaria-de-genero-respuesta-de-las-mujeres-indigenas-a-las-multiples-violencias-y-el-despojo-del-territorio/

«Alto a la represión de los malos gobiernos de Chiapas y Jalisco»: EZLN y CNI

———- | Desinformémonos

Ciudad de México | Lunes 24 de Mayo del 2021 | — : —

Tras la represión de 200 normalistas de la Normal Rural de Mactumactzá, Chiapas, el pasado 18 de mayo, el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista por la Liberación Nacional expresaron su repudio a las acciones violentas del gobierno.

«Con esta acción, los malos gobiernos resumen su plan para la educación del México rural: represión, mentiras y simulación,» expresaron en un comunicado en el que exigen la liberación inmediata de todos y todas las estudiantes detenidas mientras exigían mejores condiciones para su escuela.

En el comunicado, las organizaciones de pueblos originarios también expresaron su apoyo a la Campaña Nacional e Internacional por la Justicia y el Territorio en Azqueltán, Jalisco, donde personas originarias de las comunidades wixárika y tepehuana «resisten por su vida» y exigen justicia por los despojos de tierras y ataques cometidos por el cacique Fabio Flores Sánchez junto con el grupo de choque que lo acompaña.

Se sumaron a la exigencia de que los culpables sean juzgados y castigados por los crímenes cometidos contra la comunidad del municipio de Villa Guerrero y denunciaron las campañas de difamación contra la lucha comunal en defensa de la tierra que emprenden autoridades gubernamentales.

Ante las acciones de represión a los y las normalistas de Mactumactzá y a los pueblos tepehuano y wixárika, el EZLN y el CNI hicieron un llamado a los colectivos y organizaciones solidarias de derechos humanos, así como a las redes de resistencia y rebeldía a responder con palabras, firmas y acciones a la violencia cometida «por los malos gobiernos».

A continuación el comunicado completo:

Mayo del 2021

A la Escuela Normal Rural Mactumactzá, Chiapas.
A los pueblos tepehuano y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, Jalisco.
A las organizaciones y colectivos de derechos humanos.
A la Sexta Nacional e Internacional.
A los medios de comunicación.

  Como pueblos originarios que somos, organizados en el Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno y el EZLN, declaramos lo siguiente:

PRIMERO.-  Expresamos nuestro repudio a las acciones represivas del mal gobierno en contra de nuestros hermanos de la Escuela Normal Rural Mactumactzá.  Una vez más con lujo de violencia se busca acallar las justas demandas de los normalistas.   El 18 de mayo el mal gobierno detuvo a 91 normalistas, incluyendo a 74 mujeres estudiantes. Éstas han denunciado que los cuerpos policiacos represivos las vieron como botín de guerra y las hostigaron sexualmente desnudándolas y manoseándolas.   L@s normalistas son acusad@s de querer que los exámenes, que les iban a practicar, sean de manera presencial y no por internet.  Con esto las autoridades educativas y gubernamentales de Chiapas muestran, una vez más que no tienen la menor idea de la geografía y la situación política y social en el estado.  Con esta acción, los malos gobiernos resumen su plan para la educación del México rural: represión, mentiras y simulación.  A nuestr@s herman@s de la Escuela Normal Rural Mactumactzá les manifestamos nuestra solidaridad completa y sin reservas; y llamamos a tod@s nuestr@s compañer@s de la Sexta Nacional e Internacional a solidarizarse con la lucha de los normalistas de Mactumactzá.  Exigimos la liberación incondicional de tod@s l@s detenido@s

SEGUNDO.- Como Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno y EZLN saludamos la Campaña Nacional e Internacional por la Justicia y el Territorio en Azquetltán, municipio de Villa Guerrero, en el estado de Jalisco, México.  Ahí resisten por la vida las hermanas y hermanos de la comunidad indígena autónoma, wixárika y tepehuana.

  Nos sumamos a la exigencia de justicia que hace la comunidad indígena ante la protección que los malos gobiernos dan al violento cacique Fabio Flores Sánchez, alias la polla, que no solo ha robado los terrenos comunales sino cometido numeroso y graves actos de crueldad en contra de la digna y ejemplar organización comunitaria con la que han sorprendido al mundo.

  Hacemos nuestra la rabia ante la injusticia y la impunidad que buscan afianzar los que tienen por objetivo privatizar la tierra que como ustedes y como nuestros ancestros hemos soñamos en colectivo. Hacemos nuestro su dolor por el sufrimiento de los abuelos que vieron como los ricos y poderosos fueron metiéndose con violencia y engaños a los terrenos comunales, y por el dolor de los hijos y nietos que hoy ven la amenaza de acabar no solo con la propiedad colectiva en beneficio de unos pocos terratenientes y empresas, sino de ver amenazada la existencia misma de su pueblo tepecano.

  Exigimos que Fabio Flores Sánchez, alias La Polla, junto con el grupo de choque que lo acompaña sean juzgados y castigados por los crímenes que ha cometido contra la comunidad, como son las amenazas, ataques armados, intentos de homicidios y despojo de tierras.

  Rechazamos las campañas de difamación en contra de la lucha comunal en defensa de la tierra que han emprendido servidores del gobierno municipal de Villa Guerrero y de La Polla, pues como en otras ocasiones tienen el objetivo de sembrar discordia que propicie la represión, por lo que estaremos atentos a lo que ocurra en su territorio y hacemos responsables de dichas campañas y de cualquier ataque a la comunidad al cacique Fabio Flores Sánchez y los funcionarios públicos que lo apoyan.

  Hacemos un llamado a los colectivos y organizaciones solidarias de derechos humanos, a las y los colectiv@s de la sexta nacional e internacional, a las redes de resistencia y rebeldía a estar atentos y responder con nuestra palabra, nuestra firma, nuestra conciencia y atención a la campaña que nuestr@s hermanos y hermanas de Azqueltán hacen al mundo, llevando al frente la bandera de la esperanza.

¡MACTUMACTZÁ Y AZQUELTÁN RESISTEN!

Atentamente

Mayo de 2021
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Mas un México sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno
Ejército Zapatista de Liberación Nacional

El presente articulo es propiedad de Desinformémonos.

——- (2021) «Alto a la represión de los malos gobiernos de Chiapas y Jalisco»: EZLN y CNI. Desinformémonos. Recuperado el 24 de Mayo del 2021 en: https://desinformemonos.org/alto-a-la-represion-de-los-malos-gobiernos-de-chiapas-y-jalisco-ezln-y-cni/

Inicia defensora Kenia Hernández, huelga de hambre en penal

Angélica Jocelyn Soto Espinosa | CIMAC Noticias

Jueves 20 de mayo de 2021

Foto: redes sociales

Ciudad de México. A casi un año de persecución y criminalización en su contra, la defensora de Derechos Humanos, Kenia Hernández Montalván, inició una huelga de hambre por la “sistemática discriminación y racismo” a la que considera ha sido sometida desde que permanece en prisión.

La tarde de este lunes 16 de mayo, la defensora de los pueblos indígenas y las mujeres informó vía telefónica a su defensor legal, Antonio Lara Duque, que ese día habría iniciado una huelga de hambre al interior del Penal Federal Nº 16, en Morelos, donde permanece recluida desde el pasado 24 de octubre. 

Como narró Lara Duque en entrevista con Cimacnoticias, tras las primeras 12 horas de huelga, Kenia ya presentaba mareos y sensación de debilidad. No obstante, no es posible saber cuál es su estado de salud actual, ya que al estar recluida en un penal federal, Kenia sólo puede comunicarse con su abogado cada dos días, hasta por 10 minutos.

Con esta huelga, la defensora pretende denunciar la “sistemática discriminación y racismo” de la que ha sido objeto ante los juzgadores que conocen de las siete causas penales que persisten en su contra, ya que –explicó Lara Duque– no se le reconoce su identidad indígena porque habla español y tuvo estudios. Bajo ese argumento, por ejemplo, el Poder Judicial se ha negado a proporcionar un intérprete de la lengua amuzgo, que se habla en la región de Costa Chica de Guerrero, de donde es originaria Kenia. 

La joven defensora también busca hacer visible la inoperancia de la Ley de Amnistía, aprobada hace un año, bajo la cual ella podría enfrentar en libertad los siete procesos por los que se le acusa, toda vez que (como se estipula en esta legislación promovida por el propio presidente de México) en el caso de aquella persona que presenta indicios de violación a DH y/o debido proceso, los organismos de DH (nacionales, estatales o internacionales) pueden proponer su libertad, precisó el abogado.

Ordenan arresto de abogado de Kenia

Kenia Hernández es una defensora de presas y presos políticos, de las mujeres y los pueblos indígenas; una de las formas de protesta es a través de la toma de casetas; sin embargo, desde el año pasado el gobierno federal ha buscado criminalizarla con siete denuncias en su contra, todas presentadas por Fiscalías de tres entidades distintas en un plazo de menos de un año. 

La primera causa penal contra Kenia se abrió el pasado 6 de junio, cuando la Fiscalía de Justicia del Estado de México la acusó del robo de una cartera de 500 pesos. Este proceso legal, del fuero común, es el más avanzado de los otros seis que enfrenta actualmente, cinco de ellas por delitos federales. 

No obstante, el juez que lleva ese primer caso, Jorge González Rivera, ordenó el pasado 18 de mayo el arresto del abogado de Kenia. Lara Duque explicó que esta orden de arresto que se llevará a cabo el próximo 27 de mayo, tiene de fondo impedir que esté presente en el próximo juicio de Kenia para que, en consecuencia, el Estado alegue “abandono de defensa” e imponga un abogado de oficio “a modo”.

Lara Duque dijo que sí acudirá al arresto pero que se negarán a aceptar un abogado que desconoce la estrategia legal de defensa por la libertad de Kenia. El resto de las causas penales, (radicadas una en el Estado de México, tres en Guanajuato, y dos en Guerrero) se mantienen en etapa inicial e intermedia. 

21/AJSE/LGL

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.

Soto Espinosa, A. J. (2021). Inicia defensora Kenia Hernández, huelga de hambre en penal. CIMAC Noticias. Recuperado el 20 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/20/inicia-defensora-kenia-hernandez-huelga-de-hambre-en-penal

“Un triunfo para el pueblo de Homún”. Confirma SCJN suspensión de granja porcícola

Erika Lozano, Desinformémonos

19 de mayo de 2021

Foto: Equipo Indignación

Ciudad de México | Desinformémonos. “Es un triunfo para el pueblo de Homún, nunca pensamos que esto se pudiera dar, pero no bajamos la guardia y ganamos”, explica José May en entrevista telefónica con Desinformémonos. El integrante de Kanan Ts’ono’ot, organización que ha luchado desde hace más de tres años contra una granja porcícola, recalca la importancia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respete las costumbres y la decisión del pueblo.

Este miércoles, el máximo Tribunal confirmó la suspensión de la fábrica porcícola de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO). La empresa dejó de operar desde octubre de 2018, cuando la Juez Miriam de Jesús Cámara Patrón otorgó un amparo promovido por seis niñas y niños de Homún, comunidad maya de Yucatán que se encuentra en la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes, de acuerdo con información de la organización Indignación.

“Estamos muy contentos, pues como pueblo decidimos que no queríamos la granja, hicimos una consulta y el pueblo dijo que no”, indica el defensor del territorio y añade que “los empresarios no apoyan a las comunidades”, y que lo que ocurre en Homún también pasa en otros lugares de México.

José May explica que cuando comenzó el conflicto con la granja porcícola, los integrantes de Kanan Ts’ono’ot fueron a escuelas y preguntaron a los niños y niñas qué pensaban de este problema, ellos decían que no querían que se contaminaran los cenotes. May dice que la participación de los niños ayudó a concientizar a la comunidad, pues en un inicio mucha gente no estaba de acuerdo pero ahora defienden su derecho al agua y al medio ambiente sano.

“Estamos luchando por el agua y para que no se contaminen nuestros cenotes, con esta decisión (de la Corte) se están respetando nuestras costumbres y esperamos que sirva para otras comunidades”, dice el defensor y añade que estarán a la espera de que se otorgue la clausura definitiva de la granja, y seguirán en la lucha “hasta donde tengan que llegar”.

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos

Lozano, E. (2021). “Un triunfo para el pueblo de Homún”. Confirma SCJN suspensión de granja porcícola. Desinformémonos. Recuperado el 20 de mayo de 2021, de https://desinformemonos.org/un-triunfo-para-el-pueblo-de-homun-confirma-scjn-suspension-de-granja-porcicola/

Tribunal Supremo debe defender suspensión de operación de granja con 49 mil cerdos en la Península de Yucatán

Earth Justice | Biodiversidad LA

Martes 11 de mayo de 2021

Grupos conservacionistas, científicos, médicos y expertos en salud pública presentaron hoy un escrito legal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México apoyando los reclamos constitucionales planteados por niñas y niños mayas, que se oponen a la aprobación y operación de una granja industrial de animales en la Península de Yucatán.

Foto: Greenpeace
Tribunal Supremo de México debe defender suspensión de operación de granja con 49 mil cerdos en la Península
 de Yucatán, exigen expertos en salud pública y conservacionistas

La demanda cuestiona la decisión de las autoridades mexicanas de permitir la operación industrial de 49 mil cerdos en un área ecológicamente sensible cerca del pueblo maya de Homún. La decisión de permitir la instalación masiva, a pesar de los riesgos para la calidad del aire, el agua y la salud humana, viola el derecho de las niñas y los niños mayas a un medio ambiente sano, así como la autonomía como pueblo indígena, según dice la demanda.

El caso, que ha resultado en la  suspensión de la operación de las instalaciones, está programado para ser escuchado por la Suprema Corte de México a finales de este año.

“La contaminación derivada de las granjas porcinas industriales ya ha degradado de manera desproporcionada enormes extensiones de tierra y agua de comunidades indígenas en la Península de Yucatán”, dijo Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica. “Agregar otra mega granja abrumará este frágil ecosistema con excrementos y gases nocivos de animales”.

El escrito amigo de la corte” presentado hoy, detalla evidencia científica sustancial sobre los daños graves e irreversibles a la salud humana y el medio ambiente asociados con las operaciones industriales de granjas porcinas. Estos daños incluyen la contaminación del agua, incluidos los cenotes, la emisión de contaminación atmosférica nociva, la propagación de patógenos peligrosos y la contribución al cambio climático.

Algunas de las personas que se unen al escrito de amigo de la corte” también son autores de la literatura científica citada en el escrito.

“Numerosos estudios científicos proporcionan evidencia de que las operaciones industriales de cerdos liberan contaminantes a las comunidades vecinas, donde afectan la salud y la calidad de vida de los vecinos. Tales operaciones se han asociado con aumentos en los síntomas respiratorios y de asma, presión arterial, estrés y ansiedad entre los residentes que viven cerca”, dijo la Dra. Jill Johnston, profesora asistente de Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, quien se unió al escrito de amigo de la corte”.

Las operaciones de granjas industriales de animales son contaminantes notorios. Se espera que la operación de esta granja en particular genere más de 272 millones de kilogramos de orina y heces cada año, más de lo que genera toda la población humana de Tijuana. Ese desperdicio se almacenará en pozos descubiertos y luego se eliminará en campos cercanos, una práctica empleada por muchas granjas industriales de animales en los Estados Unidos.

“La Península de Yucatán se ve frecuentemente afectada por huracanes, lo que probablemente hará que los pozos de desechos de esta instalación se desborden”, dijo la Dra. Ana María Rule, profesora asistente de salud e ingeniería ambiental y directora del Laboratorio de Evaluación de Exposición de la Universidad Johns Hopkins que se unió al amigo de la corte”. “Ya ha sucedido en los Estados Unidos varias veces en los últimos años, y no hay razón para creer que no sucederá en el ecosistema más frágil y único de la península de Yucatán”.

De hecho, como se documenta en el informe de Greenpeace  La carne que está consumiendo el planeta, el crecimiento desenfrenado de las operaciones industriales porcinas ya ha degradado el aire, el suelo y el agua de la península de Yucatán. Esos daños se agravarán si se permite que la instalación en cuestión funcione sin tecnología avanzada de gestión de residuos.

“La ganadería industrial pone en riesgo nuestra salud y la salud del medio ambiente. Este tipo de producción intensiva está cerca de los centros de población y las ciudades, lo que genera una mayor exposición a las enfermedades. Por eso debemos buscar una transición del modelo agroindustrial, hacia una producción agroecológica, sustentable y saludable que respete los ciclos de la naturaleza y garantice el respeto a los derechos de las personas”, dijo Viridiana Lázaro, campañista de Agricultura y Alimentación de Greenpeace México.

La Península de Yucatán alberga cuatro sitios protegidos por la Convención de Ramsar, un tratado intergubernamental que protege humedales espectaculares: Laguna de Términos, Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes, Parque Estatal Lagunas de Yalahau y Reserva de la Biosfera Ría Celestún.

La  Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes, ubicada en Homún en un sitio de importancia ecológica y mundial, es especialmente vulnerable a la contaminación de la operación de la granja. Los cenotes de la reserva son el hogar de especies amenazadas y en peligro de extinción, incluidos tres peces: la brótula ciega mexicana, la anguila ciega de cenote y el topote aleta grande.

Los cenotes también brindan áreas de descanso para las aves acuáticas durante su migración hacia el sur, y hábitat vital para especies nativas como la tortuga de caja yucatana, la salamandra lengua de hongo yucateca, la golondrina yucateca y la chara yucateca.

“El derecho mexicano e internacional requiere que las autoridades apliquen el principio precautorio, y el mensaje del principio precautorio es claro: debemos detener los riesgos inaceptables antes de que ocurran daños”, dijo Guillermo Zúñiga Martínez, abogado de Earthjustice. “Las operaciones industriales porcinas envenenan a los trabajadores y las comunidades, y amenazan el entorno único de Península de Yucatán. Las autoridades no deben esperar a que los niños se enfermen antes de reconocer lo que todos saben que es verdad: que es necesaria tecnología avanzada de tratamiento de desechos para proteger a las personas y el medio ambiente, y esta instalación debe adoptar una tecnología funcional avanzada antes de que se reanuden las operaciones”.

El mes pasado, el Centro para la Diversidad Biológica y Greenpeace México presentaron una petición formal a las autoridades mexicanas exhortándolas a respetar el derecho soberano de las comunidades indígenas conforme a la legislación mexicana y los derechos humanos básicos, incluida la autodeterminación y la consulta, sobre la concesión de permisos y la operación de explotaciones porcinas industriales en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Las organizaciones solicitaron al gobierno que aceptara una denuncia popular de 21 comunidades mayas que, solicitan una moratoria sobre todas las aprobaciones de nuevas operaciones de granjas cerdos industriales y expansiones de operaciones existentes, hasta que se respeten y resuelvan los derechos del pueblo maya y el daño continuo a la calidad del aire y el agua, la biodiversidad y la salud humana.

“Una extensa investigación científica ha documentado que las operaciones de confinamiento de cerdos a escala industrial que utilizan pozos de desechos y disposición en tierra pueden contaminar las aguas subterráneas, contaminar las aguas superficiales y emitir gases peligrosos al aire”, dijo Kelly Hunter Foster, Abogada Senior de Waterkeeper Alliance. “Está bien establecido que estas prácticas obsoletas representan amenazas sustanciales para las personas y los recursos naturales”.

Earthjustice presentó el escrito de hoy en su propia representación y en nombre del Centro para la Diversidad Biológica, Coastal Carolina Riverwatch, Greenpeace México, Waterkeeper Alliance y los expertos Larry Baldwin, Dr. Lawrence Cahoon, Dr. Meghan Davis, Dr. Mike Fliss, Dr. Jill Johnston, Dr. Robert S. Lawrence, Bob Martin, Dr. Arbor JL Quist, Dra. Ana María Rule, Dr. Kendall Thu, Dr. D’Ann Williams y Dr. Sacoby Wilson.

El Centro para la Diversidad Biológica es una organización nacional de conservación sin fines de lucro con más de 1.7 millones de miembros y activistas en línea dedicados a la protección de especies en peligro de extinción y lugares silvestres.

Greenpeace es una organización ambiental global, política y económicamente independiente que busca cambios en las políticas públicas, prácticas corporativas y cultura, para enfrentar las amenazas del cambio climático y detener la pérdida de biodiversidad a través de campañas disruptivas para incentivar la acción de la gente.

Earthjustice es la principal organización de derecho ambiental sin fines de lucro. Ejercemos el poder de la ley y la fuerza de la asociación para proteger la salud de las personas, preservar los lugares magníficos y la vida silvestre, promover la energía limpia y combatir el cambio climático. Estamos aquí porque la tierra necesita justicia.

Waterkeeper Alliance es un movimiento global que une a más de 350 grupos de Waterkeeper en todo el mundo y centra la acción ciudadana en los problemas que afectan a nuestras vías fluviales, desde la contaminación hasta el cambio climático. El movimiento Waterkeeper patrulla y protege más de 2.75 millones de millas cuadradas de ríos, lagos y costas en América, Europa, Australia, Asia y África.

Fuente:  Earthjustice

“El presente artículo es propiedad de Biodiversidad LA“.

Earthjustica (2021). Tribunal Supremo debe defender suspensión de operación de granja con 49 mil cerdos en la Península de Yucatán. Biodiversidad LA. Recuperado el 17 de mayo de 2021 de: https://www.biodiversidadla.org/Noticias/Tribunal-Supremo-debe-defender-suspension-de-operacion-de-granja-con-49-mil-cerdos-en-la-Peninsula-de-Yucatan

En Nahuatzen, renuevan Consejo Ciudadano Indígena a pesar de agresiones

Erika Lozano | Desinformémonos.

Jueves 13 de mayo de 2021

Fotos: Eber Huitzil

Ciudad de México | Desinformémonos. Tras realizar asambleas en los cuatro barrios de la comunidad, y a pesar del ataque a la Casa comunal, además de las amenazas contra concejales, cometidas por integrantes de distintos partidos políticos, este miércoles se renovó el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, Michoacán.

Después de que el fin de semana, candidatos y personas afines al al Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Verde Ecologista, además de trabajadores del Ayuntamiento de Nahuatzen, destruyeron dos vehículos, así como el archivo del gobierno comunal e intentaron agredir con palos a comuneros del Consejo Indígena de Nahuatzen la mañana del sábado, “fue complicado invitar a la comunidad a participar en las asambleas”, aseguró el vocero del Consejo saliente, Efraín Avilés en entrevista telefónica con Desinformémonos. Durante las asambleas realizadas este miércoles, candidatos de partidos políticos amenazaron a personas de la comunidad y las llamaron a no participar, señaló Avilés.

Foto: Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen

La destrucción de la Casa ocurre después de una asamblea donde se decide continuar con el proceso de la renovación del Consejo, estas agresiones se dan en el marco de las elecciones, ya que los partidos políticos como el PRI, PAN, PRD, Morena y PES, se unieron contra los consejos con el “interés de impedir el ejercicio de autonomía en la comunidad”, denunció una integrante de la Red Solidaria de Michoacán, que por cuestiones de seguridad omite su nombre.

En la comunidad no hay garantías de seguridad pública y ha habido una simulación con respecto al acceso a la justicia, aseguró la defensora, y añadió, que los ataques recientes son una continuación de un patrón de criminalización en una zona donde existen muchas comunidades que se han organizado para ejercer su derecho a la libre determinación. Reiteró que el poder ejecutivo tiene responsabilidad, ya que tiene conocimiento de lo que ocurre en la región y no actúa en consecuencia.

La integrante de la Red también denunció que recientemente se han repartido volantes en la comunidad donde la Fiscalía local criminaliza a integrantes del Consejo y asegura que tienen órdenes de aprehensión. “El gobierno estatal y la secretaría de gobierno quieren plantear que lo que ocurre en Nahuatzen es un conflicto intercomunal y no se cuestiona si se están respetando los derechos humanos”, denunció la activista y añadió que desde el 2015, cuando Nahuatzen declaró su autonomía, ha habido distintos intentos de desarticular a la comunidad a través de la violencia. Actualmente la comunidad se encuentra en un proceso jurídico para que el Instituto Nacional Electoral reconozca sus atribuciones como gobierno comunal y les otorguen el presupuesto correspondiente, señaló la defensora.

Foto: Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“.

Lozano, E. (2021). En Nahuatzen, renuevan Consejo Ciudadano Indígena a pesar de agresiones. Desinformémonos. Recuperado el 14 de mayo de 2021 de: https://desinformemonos.org/en-nahuatzen-renuevan-consejo-ciudadano-indigena-a-pesar-de-agresiones/