Mario Marín en la inauguración de la cuarta asamblea nacional extraordinaria del PRI, el 1 de marzo de 2007. Foto José Carlo González
Gustavo Castillo García | La Jornada
——– | Miércoles 3 de Febrero del 2021 | 17:05
Elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en el puerto de Acapulco al ex gobernador de Puebla, el priísta Mario Marín Torres, acusado de cometer actos de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.
El ex mandatario poblano, quien gobernó de 2005 a 2011, fue señalado de formar parte de una red de pederastia en la que se encuentra involucrado el empresario Kamel Nacif, lo anterior en el libro Los demonios del Edén, escrito por Cacho.
Tras la aparición del texto la informadora fue objeto de amenazas y también de una detención irregular en la que se cometieron actos de tortura contra la periodista.
De acuerdo con la información obtenida Marín Torres esta siendo trasladado del puerto de Acapulco a Quintana Roo para enfrentar lo orden de aprehensión que se libró en su contra en 2019 por el delito de tortura, luego de que el Primer Tribunal Unitario con sede en Quintana Roo librara el mandamiento judicial en contra del ex gobernador poblano y del secretario de Seguridad de esa entidad Hugo Adolfo Karam Beltrán.
El ex gobernador poblano deberá enfrentar las acusaciones que se le formulan como parte de la causa penal 26/2018.
En el libro Los demonios del Edén se menciona que Mario Marín brindaba protección a empresarios involucrados en una red de pederastia y pornografía infantil en la que adamás de Kamle Nacif se señala a Jean Succar Kuri.
En ese contexto Lydia Cacho fue acusada de cometer los delitos de difamación y calumnia por lo cual fue detenida el 16 de diciembre de 2005 trasladada por agente de la policía poblana a esa entidad y durante el trayecto, la periodista denunció, haber sido objeto de tratos crueles y de tortura.
Chilpancingo, Guerrero.- El Gobernador del Estado instó a la Mesa de Coordinación Estatal a implementar un operativo especial de seguridad para impedir bloqueos y tomas de caseta de la Autopista del Sol en esta temporada vacacional que está por iniciar.
Astudillo Flores, gobernador de Guerrero.
Este operativo, dijo también servirá para implementar medidas sanitarias para enfrentar al Covid-19, que en días pasados informó sería para evitar que se lleven a cabo peregrinaciones y carreras guadalupanas.
Llamó a continuar con los diversos operativos y vigilancia de las medidas preventivas ante la pandemia por coronavirus en la actividad turística.
“La caída en los contagios era notable pero en los fines de semana se detuvo la caída de contagios y vamos a esperar cómo se va desarrollando, no somos un estado que está en crisis, yo espero que podamos mejorar al 20 de diciembre, vamos a estar muy pendiente para que las medidas se sigan atendiendo y esperar que esta temporada turística sea muy buena en lo económico y en la generación de empleo”, puntualizó Astudillo Flores.
El gobernador presidió la sesión virtual de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero y llamó a redoblar esfuerzos en este último mes de 2020 para cerrar el año con mejores niveles de seguridad que 2019.
Ante el próximo pago de prestaciones de fin año, se acordó la instalación de un despliegue de seguridad para prevenir e inhibir actos delictivos contra el patrimonio familiar.
Reiteró que la Gala de Pirotecnia es un evento que está siendo valorado y analizando ante el comportamiento de la carga de contagios que se registren en los próximos días, por lo que es importante cuidar las medidas sanitarias a fin de lograr que pueda realizarse esta fiesta de luces que logra una gran promoción turística para Acapulco y Guerrero.
La Alianza Federalista de gobernadores insistió en que los fondos que se quieren eliminar son auditables y tienen controles rigurosos
Les debería de dar vergüenza, deberían de ofrecer disculpas, pero es tanta su ambición del dinero, su prepotencia y las malas costumbres, que enseñan el cobre defendiendo lo indefendible.” Andrés Manuel López Obrador Presidente de México
ISABEL GONZÁLEZ | Excelsior
CIUDAD DE MÉXICO | Jueves 15 de Octubre del 2020 | 06:05
Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes están a favor de los fideicomisos en realidad “defienden la corrupción”.
Al responder a las acciones legales anunciadas por la Alianza Federalista para evitar la extinción de fondos públicos, el titular del Ejecutivo insistió en que los fideicomisos eran esquemas de subsidio opacos, denunciados en su momento por la Auditoría Superior de la Federación.
“No había transparencia y se transferían fondos del presupuesto público, dinero de todo el pueblo, a grupos y empresas. Se subsidiaba a corporaciones que tienen muchos recursos, todo esto bajo el supuesto de que se fomentaba la ciencia y la tecnología”, recalcó.
El Presidente criticó que la eliminación de fideicomisos se equipare a una confiscación de bienes por parte de Hacienda, pues se trata, dijo, de recursos públicos que eran mal utilizados.
“Les debería dar vergüenza, deberían ofrecer disculpas, pero es tanta su ambición del dinero, su prepotencia y malas costumbres que enseñan el cobre defendiendo lo indefendible”, advirtió.
En tanto, la Alianza Federalista externó su rechazo a que Hacienda “recoja” el dinero de los fideicomisos y subrayó que al defenderlos no solapa la corrupción.
Los diez gobernadores destacaron que los 109 fondos son auditables desde 2015 y cuentan con reglas y controles rigurosos.
“Con fideicomisos defienden corrupción”
El Presidente asegura que a sus detractores “debería darles vergüenza” oponerse a un mejor manejo de los recursos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que quienes están a favor de los fideicomisos “defienden la corrupción”.
Luego de que la Alianza Federalista de gobernadores anunció un despliegue legal de acciones para combatir la extinción de 109 fideicomisos por estimar afectaciones a su presupuesto y al desarrollo de la ciencia, el arte y la cultura, el primer mandatario insistió en que eran esquemas de subsidio poco transparentes y denunciados también en su momento por la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Los que están defendiendo a los fideicomisos, pues están defendiendo a la corrupción, así de claro, porque estos fideicomisos no tenían ningún control; inclusive, la Auditoría Superior de la Federación lo ha expresado, que no había transparencia y, desde luego, se transferían fondos del presupuesto público, dinero de todo el pueblo, a grupos y a empresas. Se subsidiaba a corporaciones que tienen muchos recursos, todo esto bajo el supuesto de que se fomentaba la ciencia y la tecnología”, recalcó el Presidente.
Insistió en que “pronto” estará terminada la evaluación de cada uno de los fideicomisos y lo dará a conocer.
Ésa es la razón por la que andan muy nerviosos —dijo—, pero debería de darles “vergüenza” oponerse a un mejor uso de los recursos.
“Dicen: ‘Se están confiscando bienes’, o sea, Hacienda, que es la que maneja el presupuesto público, está confiscando los bienes de los fideicomisos. Si es el mismo dinero del pueblo, lo que está haciendo es recogiendo ese dinero, porque estaba siendo mal utilizado y porque había corrupción… les debería de dar vergüenza, deberían de ofrecer disculpas, pero es tanta su ambición del dinero y su prepotencia y las malas costumbres, que enseñan el cobre defendiendo lo indefendible”, advirtió ante los medios de comunicación.
López Obrador volvió a insistir en que los deportistas, artistas, escritores e investigadores no deben de preocuparse porque continuarán recibiendo el apoyo para desarrollar su labor.
RECHAZAN QUE SHCP “RECOJA” RECURSOS
La Alianza Federalista de gobernadores dio a conocer que se opone a que el “gobierno federal se apropie de la totalidad del patrimonio de 109 fideicomisos”.
A través de un comunicado, la agrupación de mandatarios estatales rechazó que Hacienda “recoja” el dinero de los fideicomisos y subrayó que no solapa ningún acto de corrupción, por lo que, de haberlo, debe perseguirse conforme a derecho.
Los gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas subrayaron que todos esos fideicomisos son auditables desde 2015 y cuentan con reglas y controles rigurosos.
Agregaron que sería desproporcionado que se sancione a beneficiarios de un fideicomiso por conductas imputables a personas.
Los mandatarios que se van. Foto cortesía gobierno de Chihuahua
Jesús Estrada | La Jornada
Chihuahua | Lunes 07 Septiembre del 2020 | 17:24
Diez mandatarios estatales de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, y el independiente Jaime Rodríguez anunciaron que abandonan la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en conferencia de prensa conjunta esta tarde en la capital de Chihuahua.
“Los diez gobernadores que conformamos la Alianza Federalista más el gobernador de Aguascalientes, hemos resuelto poner fin a nuestra participación en la Conferencia Nacional de Gobernadores, de forma unánime, con el propósito de construir nosotros un espacio de diálogo efectivo con los poderes de la Unión y los niveles de gobierno”, informó Javier Corral Jurado, mandatario de Chihuahua.
La decisión no tiene que ver con el presidente de la Conago, el gobernador Juan Manuel Carreras de San Luis Potosí, comentó.
Dejan la Conago los gobernadores de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; y de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.
También José Rosas Aispuro, de Durango; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes y Javier Corral Jurado, de Chihuahua.
Informaron la decisión en una conferencia de prensa virtual, a la que no se permitió entrar a periodistas y reporteros, con la excusa de las medidas sanitarias para prevenir el Covid-19.
Empleados de la Coordinación Comunicación Social del gobierno de Chihuahua leyeron supuestas preguntas, preseleccionadas de entre los reporteros de los estados de origen de cada gobernador.
“Buscamos nuevos espacios para el diálogo republicano verdadero, no simulación, cada gobernador deberá asumir la responsabilidad de la decisión que tomamos”, dijo Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.
“La decisión que tomamos busca dos propósitos: queremos defender los intereses de nuestros estados, para eso fuimos electos y es nuestra obligación; el otro propósito es defender al federalismo mexicano”.
“Comparados con el resto del país somos los estados con menor letalidad en la pandemia, esa es la diferencia cuando los gobernadores se ponen de acuerdo y trabajan en conjunto, a depender de las decisiones del centro del país”, aseguró Jaime Rodríguez de Nuevo León.
“Con esta alianza vamos a vencer al centro que es el verdadero virus. El centro es un virus que detiene el avance de las regiones y del Estado mexicano”, añadió.
Activistas protestaron el martes pasado frente al teatro Juárez, en Guanajuato capital, en repudio a la represión que sufrieron mujeres y periodistas a manos de policías municipales de León, durante una manifestación en la plaza del Templo Expiatorio, en esa ciudad, el sábado pasado. Foto Carlos García
León, Gto. El gobierno municipal panista de León ha pagado de 2015 a la fecha más de 3 millones de pesos en indemnizaciones, como resultado de 175 recomendaciones que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) giró por abusos policiacos, afirmó ayer la regidora priísta Vannesa Montes de Oca Mayagoitia durante la aprobación del informe de gobierno del alcalde Héctor López Santillana, al que llamó un “monumento al ego que te transporta a (la novela de fantasía) Las crónicas de Narnia”.
Al votar en rechazo al que calificó de mal llamado informe, que se aprobó con 11 votos a favor y cuatro en contra, de los regidores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Morena, recordó que entre octubre de 2015, cuando se inició la administración de López Santillana (relecto en 2018), y noviembre de 2019, la PDHEG emitió al ayuntamiento los documentos citados, muchas por lesiones y homicidios cometidos por uniformados.
Montes de Oca Mayagoitia adelantó que a esas recomendaciones se sumarán oficios por el acoso sexual que sufrió el 14 de agosto una joven identificada como Evelyn, así como por la represión ejercida el sábado anterior contra 22 mujeres, incluidas cuatro reporteras, luego de una manifestación en apoyo a la ofendida.
Acotó que el 6 de diciembre de 2018 se aprobó un modelo de seguridad que fracasó, por lo que se despidió a los asesores que lo crearon. Destacó que el año pasado fueron asesinadas 538 personas, y al 25 de agosto de 2020 se documentaron 551 homicidios que el informe de Héctor López no menciona. “La única referencia que hace a muertos es con festivales y
La regidora de Morena, Gabriela Echeverría González, solicitó junto con Vannesa Montes de Oca que se investigue toda la cadena de mando encargada de la operación para reprimir la marcha.
“No basta con reconocer y pedir una disculpa, no basta con haber dado de baja a dos policías (por el caso de Evelyn); no alcanza el mea culpa del subsecretario (de atención a la comunidad) Mario Alberto Rodríguez Mariscal, asumiéndose como responsable de la decisión del actuar tan irregular y fuera de protocolos”, declaró la morenista. Exigió que se investigue al director de la policía, Jorge Guillén Rico, a quien atribuyó ordenar los arrestos de mujeres del 22 de agosto.
Acusan a comandantes de ordenar agresiones
El activista Adolfo Enríquez Vanderkam difundió en redes sociales un audio en el cual presuntamente se escucha a comandantes de la policía leonesa dar a sus subordinados características y ubicaciones de personas a quienes debían detener al finalizar la movilización en solidaridad con Evelyn.
En su cuenta de Facebook, Adolfo Enríquez manifestó: El director operativo de la policía de León, Juan Pedro González Pérez; la comandante Yolanda y la encargada del Grupo Pumas, de nombre Alma, apoyadas con las cámaras del C-4, dieron la orden de abordar (detener) a la mayor cantidad de mujeres que participaron en la protesta.
Exhortó a usar la grabación como prueba para sancionar de forma ejemplar a los que dieron la orden de detener brutalmente a mujeres y cuya acción represiva ha recibido el reproche del Congreso de la Unión, de organismos de derechos humanos locales, nacionales e internacionales.
Enríquez Vanderkam recordó que el presidente municipal López Santillana ofreció disculpas a las víctimas de la represión y que su secretario de seguridad, Mario Bravo Arrona, aseguró que la instrucción era contener, no detener ni golpear; ahora sólo falta castigar con la destitución inmediata a los que dieron la instrucción de reprimir.
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Ciudad de México. La policía municipal de León, en el estado de Guanajuato, detuvo de forma arbitraria a 22 mujeres jóvenes y adolescentes y un hombre, violentó sexualmente a una niña de 17 años de edad y amenazó a las periodistas Melissa Esquivias Espinosa, reportera de Ágora; Alfonsina Ávila Ramírez, de Zona Franca; y Martha Silva Moreno y Brenda Orozco Hernández, de PopLab.
Durante las protestas feministas enmarcadas por la leyenda #JusticiaparaEvelyn, que se realizaron este 22 de agosto para condenar el abuso sexual cometido una semana antes, el viernes 14, por policías municipales en contra de Evelyn Lizet Valdéz Virgen, los elementos de Seguridad Pública arremetieron con golpes y tocamientos contra las manifestantes.
La “Colectiva Mujeres Contra las Violencias Machistas”, “Barrio Feminista”, “Verde Aquelarre”, “Mujeres en bici León”, “Resistencia Radical Irapuato”, “Comunidades Feministas Irapuato” y “Red de mujeres que lucha en León”, difundieron un comunicado en el que detallaron que después de la manifestación pacífica, cerca de las 7:50 pm fueron comunicadas que se estaban realizando detenciones.
Los testimonios que recopilaron indican que los elementos de la policía se metieron en los paraderos del Optibus en búsqueda de compañeras para detenerlas, casi una hora después de finalizada la marcha y en lugares alejados del punto de la manifestación.
Después de denunciar la desaparición de sus compañeras, debido a que no sabían su paradero, las mujeres se trasladaron a los Ministerios Públicos, donde pudieron ver las camionetas con manifestantes detenidas y golpeadas.
Según constataron, algunas de ellas fueron sustraídas de sus vehículos, a otras las detuvieron sin que hubieran asistido a la manifestación, solo porque caminaban cerca del lugar y hubo también a quienes bajaron de las estaciones del Optibus sin haber cometido ninguna falta.
Tras las denuncias públicas de desaparición y de uso excesivo de la fuerza, las mujeres detenidas fueron liberadas en el transcurso de la noche y la madrugada del sábado. Una de las jóvenes, a quien se identifica como Paola E. fue golpeada y fue llevada por sus compañeras al Hospital de Especialidades Materno-Infantil de León, para valorar su estado de salud.
🔴Tenemos información de que en León, Guanajuato, policías agredieron sexualmente a mujeres manifestantes, algunas de ellas menores de edad, en respuesta a una manifestación pidiendo #JusticiaParaEvelyn (hilo) 👇
Las colectivas de mujeres presentaron un posicionamiento con siete demandas, entre ellas, que se investigue con enfoque de Derechos Humanos y de género el caso de violencia sexual ejercida en contra de Evelyn por parte de policías municipales, así como los casos ocurridos el día sábado 22 de agosto.
Las defensoras pidieron al presidente municipal de León, Héctor López Santillana, y al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo la destitución inmediata del secretario de Seguridad Pública Municipal, Mario Bravo Arrona y de las y los agentes policiales responsables de la violencia; y recordaron que al ser cometida por funcionarios públicos representa una violación a Derechos Humanos.
De acuerdo con las colectivas, varias participantes identificaron en la manifestación a una mujer de cabello rojo, blusa blanca, pantalón de mezclilla y mochila color beige, quién era resguardada por elementos policiacos y tomaba registro de las caras de muchas de las personas que se encontraban en la manifestación. La misma mujer fue vista horas después en el Ministerio Público Norte, saliendo y entrando con evidente autorización para transitar por esa zona exclusiva.
“Creemos que esa mujer vestida de civil fue infiltrada en el movimiento para sacar registro de las compañeras y usarlo para represalias en contra de ellas. Y así como ella, sabemos que pudieron utilizar más elementos infiltrados para iniciar las provocaciones y las revueltas para poder hacer uso de la fuerza. Descalificamos estas acciones fuera de todo estado de derecho y exigimos una investigación clara ante estos hechos”, denunciaron.
Las colectivas de Guanajuato aseguraron que estas detenciones fueron realizadas por instituciones destinadas a proteger y salvaguardar la integridad de las mujeres niñas, adolescentes y jóvenes, lo que dejan claro que no les interesa la protección de los derechos porque son quienes los violentan con mayor brutalidad y crueldad.
Ante los hechos registrados en la manifestación del pasado sábado 22 de agosto, reitero que nadie fuera de la Ley.
Proporcionaremos toda la información para que se analice la actuación de todos los elementos involucrados y se determinen responsabilidades.
También pidieron una disculpa y reconocimiento público por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y del gobernador de que los hechos cometidos corresponden a tortura sexual. Esto porque las mujeres detenidas relataron detencion con uso de fuerza, golpes, tocamientos e insultos con carga de género, por ejemplo, les dijeron que si fueron capaces de manifestarse se aguantaran los golpes.
Las agrupaciones dijeron que la Fiscalía y la Procuraduría de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño de las 22 mujeres; a la Procuraduría de Derechos Humanos estatal le exigieron emitir a la brevedad las recomendaciones a las instancias públicas y pidieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atraer el caso.
Policía también agredió a reporteras
Las escenas captadas y descritas por las reporteras de medios locales como “Ágora”, “Zona Franca” y “PopLab” son similares a las registradas el 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco y Texcoco, en el Estado de Mexico, cuando 26 mujeres fueron detenidas y torturadas sexualmente durante las manifestaciones en apoyo a un grupo de floricultores desalojados.
Sin embargo, en León, cuatro reporteras de estos medios fueron jaloneadas y amenazadas con ser detenidas si seguían tomando fotos y videos de los arrestos. Incluso Melissa Esquivias Espinosa fue esposada, pero cuando los policías se convencieron de que era parte de la prensa la dejaron libre.
Al respecto, Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), la Red Nacional de Periodistas (RNP) y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), denunciaron en un comunicado la violencia institucional y pidieron sancionar a los policías que intervinieron en las agresiones, amenazas, detenciones arbitrarias y actos de tortura contra las periodistas y demás manifestantes.
La periodista Melissa Esquivas Espinosa relató que los actos de represión se intensificaron al finalizar las acciones programadas. La comunicadora se percató que un grupo de feministas se dirigían a la caseta móvil, donde eran retenidas varias mujeres. El grupo de manifestantes cuestionó la detención de las tres jóvenes y exigían su liberación, a lo que los elementos respondieron con empujones.
Fue en ese altercado que una mujer policía comenzó amedrentar a Esquivas, primero le solicitó mantener distancia y después le indicó que tenía que retirarse.
En todo momento la comunicadora se identificó como periodista y argumentó que estaba ahí en función de su labor periodística. Sin embargo, un elemento de seguridad pública (que no logra identificar), arremetió contra la periodista y le colocó esposas con la intención de detenerla arbitrariamente. Pero fue la policía que inicialmente la amedrentó quien ordenó que la liberaran.
Su compañera Alfonsina Ávila Ramírez fue sujeta de agresiones físicas en la espalda y en el plexo solar por parte de varios elementos de seguridad pública, cuando la periodista realizaba una transmisión en vivo. Ávila narró que pese a que se identificó como periodista, las agresiones fueron aumentando. Primero, comenzaron con amenazas para que desistiera de grabar la violencia y detenciones contra las manifestantes, hasta que quedó en medio de un encapsulamiento y fue víctima de varios golpes.
Fue gracias a la intervención oportuna de otras periodistas, que lograron que no fuera sujeta de una detención. Sin embargo, una mujer policía señaló que la periodista presuntamente le tocó el brazo para justificar la agresión.
Martha Silva y Brenda Orozco documentaron que durante la jornada de protesta, dos manifestantes fueron detenidas arbitrariamente, cuando estaban sobre la cajuela de una patrulla de Seguridad Pública Municipal con número 717.
Alrededor de las 20:30 horas, unas 50 mujeres policías comenzaron a detener a gente que se localizaba en la Plaza del Templo Expiatorio, sin tener la certeza de que tuvieran relación con la jornada, pues la manifestación ya había concluido.
De acuerdo con el testimonio de Martha Silva, fue agredida físicamente y amenazada por mujeres policías, quienes le expresaron “quítese o la llevo detenida”, al tratar de impedir que documentara los hechos, además de ser testigo de la agresión a Alfonsina Ávila. Estas agresiones fueron manifestadas hacia la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública de León, Gloria Bernal, quien se encontraba en funciones y quien pidió que la reportera no cuestionara a los jefes policiacos que se encontraban presentes, para ello se comprometió a mandarle la información o parte de hechos, compromiso que no ha sido cumplido hasta ahora.
Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión aseguraron que los hechos sucedieron en un contexto de represión hacia las personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas. En lo que va del año, Guanajuato presenta un alza de violencia contra colectivos y defensoras, específicamente en temas de desaparición, feminicidio, derechos sexuales y reproductivos, y libertad de expresión.
Al respecto, el programa de Libertad de Expresión y Género de CIMAC ha documentado en lo que va del año seis atentados contra periodistas en la entidad, en tanto que la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México registró el asesinato de la defensora Karla Valentina Camarena, así como 3 agresiones en contra de colectivas feministas que se movilizaron en el marco del 8 de marzo y recientemente la detención de madres de personas desaparecidas, integrantes del colectivo A Tu Encuentro.
Las organizaciones y redes se sumaron a las peticiones de las colectivas feministas y exigieron al Gobierno del estado de Guanajuato respetar los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en protestas sociales incorporando los estándares internacionales de Derechos Humanos en la materia.
También exhortaron al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ponerse en contacto con las periodistas agredidas, a fin de proveer esquemas de protección integral con enfoque de género y al gobierno municipal de León, generar condiciones estructurales que posibiliten el ejercicio periodístico y políticas públicas que erradiquen todo tipo de violencia que ponen en riesgo la vida e integridad de las mujeres en la entidad.
20/AGM/LGL
“El presente artículo es propiedad de CIMAC noticias“
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Diez de los 11 gobernadores agrupados en la llamada “Alianza Federalista” demandaron al gobierno federal “la salida inmediata de Hugo López-Gatell” como quien informe a la población sobre el manejo y control de la pandemia de covid-19 en el país.
En un comunicado firmado por los mandatarios de Aguascalientes, Martín Orozco; de Chihuahua, Javier Corral; de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; de Colima, José Ignacio Peralta; de Durango, José Rosas Aispuro; de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; de Michoacán, Silvano Aureoles; de Nuevo León, Jaime Rodríguez, de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y de Jalisco, Enrique Alfaro, justificaron su petición con el siguiente argumento:
“La emergencia sanitaria exige no solamente de un especialista, sino de un perfil con sensibilidad, inteligencia y un alto sentido de responsabilidad que el señor Gatell carece y lo demuestra cada vez que emite información contradictoria, confusa e incoherente que nos muestra el indolente número de muertes en México”, indicaron.
Comenzaron mencionando que México atraviesa una de sus peores crisis de su historia, la cual, según los abajo firmantes, es resultado de un manejo errático de la epidemia y de la falta de respuestas eficaces para frenar la brutal caída económica, que ha dejado sin ingresos a millones de familias mexicanas.
“Las cifras no mienten. La economía nacional cayó casi 20 puntos, un nivel jamás visto; hoy seremos el tercer país con más muertes en el mundo, sólo por debajo de Brasil y Estados Unidos que duplican y triplican la población en México”, añadieron.
Esperaron que la crisis arroje, por lo menos, 10 millones de pobres más, además que, según sus cálculos cada hora están muriendo 27 personas por covid-19.
“Las cifras siguen empeorando y la emergencia de salud comienza a tomar la dimensión de crisis humanitaria. Todo esto ha ocurrido frente a un Gobierno Federal que, durante más de 5 meses, no ha mostrado la capacidad de autocrítica que le permita corregir los errores. No hay justificación válida para mantener una estrategia que no ha dado resultado y que ha costado la vida a decenas de miles de mexicanos”, indicaron.
Y, en dos largos puntos, expusieron la falla de la estrategia de contención como lo habían advertido especialistas nacionales e internacionales, sobre las medidas sanitarias, las cuales no han sido claras ni firmes, mientras que el vocero y responsable del manejo de la epidemia, Hugo López-Gatell, no ha dejado de mentir, de caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estrategias a implementar, señalaron.
“La receta del doctor Gatell ha tenido terribles consecuencias, pero sigue presumiendo que hay camas disponibles y que los hospitales no se saturaron como en Italia o Nueva York”, criticaron.
Desde la perspectiva de los gobernadores, esta crisis se agudiza y no tiene un final a la vista, por lo cual responsabilizaron de manera indirecta a López-Gatell, comentando que es cupla de quien ha dirigido y decidido la estrategia de contención y atención, quien optó –añadieron—por el uso político de la gestión de la epidemia, antes de privilegiar la vida, la salud, la unidad nacional y dar una verdadera respuesta de Estado.
“A lo largo de más de 5 meses se ha politizado el uso de un mecanismo de protección para millones de mexicanos y mexicanas como lo es el uso del cubrebocas. Tuvieron que morir más de 35 mil personas para que López-Gatell aceptara y a medias, su utilidad, lo cual ha generado confusión en la población”, apuntaron.
De ese modo, consideraron que ha intentado trasladar la responsabilidad del manejo de la pandemia a los gobiernos estatales y municipales mediante el semáforo sanitario, el cual, señalaron, “ha asfixiado las economías locales, porque nunca se quiso atender esta epidemia de manera coordinada y con recursos extraordinarios”.
En el segundo punto, recalcaron que México está en el peor de los escenarios porque al número de muertos le sumaron el colapso de la economía nacional, ya en recesión iniciada en 2019.
“Las y los mexicanos tienen derecho a una vida digna, pero con la estrategia fallida y las omisiones del Gobierno Federal para enfrentar la crisis, ese derecho está siendo vulnerado.
“Ustedes prometieron esperanza y bienestar y, sin embargo, más muerte y pobreza parece ser nuestro futuro. Los convocamos a rectificar porque México lo necesita, porque México no merece que ustedes le sigan fallando”, finalizaron.
La víspera, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dedicó casi quince minutos para hablar sobre la supuesta rispidez en su reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), donde supuestamente pidió sanciones penales para los mandatarios que cambien a modo el semáforo epidemiológico.
“No hubo amago. No va haber amago. Nunca. Lo hemos dicho. Una, dos, tres, ochenta, las veces que sea necesario, pero con gusto lo volvemos a repetir. La manera que trabaja el gobierno de México no es a través de amagos. No es nuestro modelo preferencial. Nuestra manera de actuar es con base a la ley, es por el diálogo, no por la fuerza, con la razón, no con la fuerza. Es un compromiso ético”, indicó en la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19, del jueves 30 de julio.
La discrepancia de la reunión de hoy fue que esta decisión de compartir la responsabilidad de las decisiones sobre la salubridad general es algo establecido en la Constitución y en la Ley General de Salud desde 1984. No es nuevo, se refiere a la corresponsabilidad del gobierno federal y los estatales en materia de salud pública, indicó.
Fueron los gobernadores del país los que pidieron un semáforo epidemiológico cada quince días, así lo aseguró la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
La encargada de la política interna del país fue cuestionada este lunes en torno al diferendo entre el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell y algunos mandatarios estatales.
Y es el pasado viernes no se presentó debido a que López-Gatell detalló que se detectaron inconsistencias en la información presentada por algunos estados, indicó que todos los sectores de la administración pública del país deben ser corresponsables para el tratamiento de la enfermedad y la información al respecto.
Sánchez Cordero reiteró que fueron los propios mandatarios estatales los que expresamente pidieron al subsecretario López-Gatell, en una videoconferencia, que el semáforo por Covid-19 se presentara cada 15 días.
“Ellos (los estados) dicen haber subido la información, y la Secretaría de Salud dice que no tiene la información en tiempo y forma. Ahí hay un tema que debemos resolver a la brevedad posible para poder emitir el semáforo, que por por petición expresa de los señores gobernadores al señor subsecretario en una de las videoconferencias hace una semana se le dijo, expresamente, que querían un semáforo cada 15 días”, apuntó.
La titular de gobernación añadió que los gobernadores argumentaron que para ellos es más fácil que esta medición se presente cada día, pues si por ejemplo se pasa de una semana a otra de rojo a naranja o viceversa, se tienen que establecer los protocolos para planear una política de reapertura de algunas industrias y comercios.
“Todos tenemos la obligación de corresponsabilidad de informar las realidades que están sucediendo tanto en el país como en cada uno de los estados. Es un tema de subir la información en tiempo y forma. De eso se quejó el señor subsecretario en alguna ocasión, y los los gobernadores le respondieron que sí la están subiendo en tiempo y forma”, concluyó.
El colectivo “A tu encuentro” permanece en plantón afuera del Teatro Juárez y exige una disculpa pública del gobernador de Guanajuato. Foto: Verónica Espinosa
GUANAJUATO, Gto., (apro).- Integrantes del colectivo de familiares de personas desaparecidas “A tu encuentro” exigieron una disculpa pública del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo por la actuación represiva de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado contra la manifestación que realizaban el viernes pasado, en la que tres mujeres del colectivo fueron detenidas.
Además, el colectivo buscará la manera de tener un acercamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita del miércoles en Irapuato.
“Lo que está planeado es ir. Pensamos ir para ver si nos escucha, si podemos tener una plática con él. Le pediríamos lo mismo que le estamos pidiendo a Diego, que agilicen las investigaciones de nuestros desaparecidos, que nos dejen buscarlos”, señalaron.
Este lunes se conoció que, aunque las tres mujeres fueron liberadas el mismo viernes unas horas después de la protesta que realizaron, se les inició una carpeta de investigación en la Fiscalía general del estado, supuestamente por daños a las vías de comunicación.
“Una disculpa pública de usted y de su secretario de seguridad (Álvar Cabeza de Vaca) es lo mínimo que esperamos, junto con la certeza de que no se perseguirá penalmente a las compañeras, y el reconocimiento público de que las violentas en ningún momento fuimos nosotras, y se garantice que un policía nunca más golpeará a una familia que busca”, expresaron las familias integrantes de este colectivo en la carta con la que respondieron al gobernador.
El colectivo dio a conocer que permanecerá en plantón en el exterior del Teatro Juárez, en el centro de esta ciudad, hasta que el gobernador ofrezca de manera pública esta disculpa, que les expresó el domingo en la reunión privada que sostuvo con una representación del colectivo.
“No estamos de acuerdo con opinión de ‘hacer prevalecer el estado de Derecho’, cuando nosotras ejercíamos nuestro derecho constitucional de manifestarnos pacíficamente”, señalaron en la carta que entregaron en la oficina del propio gobernador y posteriormente hicieron pública.
Exigen investigar abuso policial
Insistieron en que se investigue el abuso policial de las Fuerzas de seguridad y la persecución que acusan de parte de agentes de esta corporación.
También señalaron que la presencia del fiscal Carlos Zamarripa en las mesas de trabajo para la investigación de las desapariciones de sus familiares “es sumamente importante” por lo que reiteraron esta petición al gobernador.
Verónica Durán Lara, una de las mujeres que fue detenida el viernes, se mostró molesta por la carpeta de investigación que se inició en su contra. “Ahora nos manda a las personas que fuimos detenidas a investigar? Nosotras no somos delincuentes, nosotras no matamos a nadie, no le hicimos ningún daño a nadie. A nosotras nos agredieron…una se levanta con el miedo día a día”, dijo.
Otra de las mujeres dijo no tener ni idea de cuál es el delito del que se le acusa. “¿Cómo es que yo me hago acreedora a una carpeta de investigación por estar buscando a mi hermano? La verdad no alcanzo a entender”.
Denunciaron el hostigamiento de policías estatales que les toman fotografías en cada evento o actividad pública que realizan.
Algunos mandatarios solicitaron al gobierno federal partidas presupuestarias para paliar los efectos provocados por la crisis sanitaria y económica.
EL ECONOMISTA
Gobernadores y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, comprometieron coordinación para determinar un semáforo por estado, que será revisado semanalmente, para el regreso paulatino a la actividad económica y social.
Sin embargo, mandatarios estatales de oposición acusaron que la Federación pretende transferir a los estados la interpretación de ese semáforo, por lo que demandaron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
A través de una videoconferencia privada, los Ejecutivos estatales, Sánchez Cordero, secretarios de Estado y funcionarios del gobierno federal, conversaron por tres horas y media sobre la mitigación del Covid-19, su impacto en la economía nacional y la estrategia de implementación de regreso a la actividad económica.
La secretaria de Gobernación dijo que la reunión tuvo el objetivo de “mantener la coordinación para las acciones de reactivación de las actividades económicas conforme a lo dispuesto en esta nueva normalidad en todo el territorio nacional”.
Argumentó que “la pandemia de Covid, ha traído la necesidad de restructurar todas las actividades cotidianas tanto de la ciudadanía como del gobierno, por lo que debemos trabajar en conjunto y coordinadamente, y llegar a acuerdos para que estas actividades económicas de las que depende el sustento de millones de mexicanos se reanuden lo antes posible”.
También participaron por videoconferencia todos los mandatarios del país encabezados por el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Carlos Mendoza Davis. Únicamente los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro, y de Yucatán, Mauricio Vila, enviaron a un representante.
El mandatario de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, subió a sus redes sociales un video de su participación en el evento en el que demandó, frente a Sánchez Cordero, una reunión con el presidente López Obrador.
“No me gustaría reclamar nada, pero sí me molesta que la Federación no vea en nosotros lo que le hemos dicho siempre en estas reuniones: somos mexicanos también, como usted y el presidente, tenemos una representación popular igual que el presidente. Hemos pedido en innumerables veces hablar con el presidente, él conduce este país, y desde diciembre no nos convoca. (…) Ésa es la única posibilidad que existe para darle confianza a los ciudadanos que estamos coordinados”, ahondó.
“Pregúntele (pidió a la titular de la Segob), si se va a reunir con nosotros. Quedó de reunirse con nosotros. Y ustedes nos dicen que lo van a ver. Muere mucha gente en el país, muchos otros están en hospitales, miles de empresas en este país están esperando decisiones y millones de empleos también, trabajadores que quieren mantener a sus familias. En los estados estamos haciendo esfuerzos”, dijo.
En tanto, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusó que mediante la estrategia de la nueva normalidad y el semáforo por entidades, el gobierno federal “está trasladando a los estados la responsabilidad de decidir e imponer la restricción de actividades y medidas de control, según cada entidad interprete el alcance de la semaforización federal”.
Advirtió que “esta transferencia de responsabilidades que constitucionalmente corresponden al Gobierno de México, no cuenta con reglas, presupuesto y marco jurídico sanitario general y, por tanto, pone a las entidades en una situación irregular”.
Más voces
La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y el Ejecutivo de Guerrero, Héctor Astudillo, se pronunciaron por reforzar la coordinación y que haya un equilibrio entre la salud y la economía. Cuitláhuac García, mandatario de Veracruz, indicó que “planteamos las consideraciones particulares de cada estado y conocimos los detalles de la estrategia del regreso según el semáforo epidemiológico”.
Mientras el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, manifestó que en la reunión virtual se dieron algunos reclamos relacionados a las partidas presupuestales, así como los fondos que no han llegado a las entidades.
Aseguró a medios locales que los mandatarios y las autoridades federales acordaron reunirse semanalmente para ver estos temas.
“Estamos reunidos los gobernadores con el gabinete económico y de salud, con el objetivo de ver avances, resultados, del Covid-19, cómo va a ir la semaforización estatal, en este caso para Zacatecas y los estados y ver cómo podemos avanzar en lo económico”, publicó en redes sociales.
Por su parte, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, expuso que en la reunión se habló sobre la importancia de tener un trabajo bien coordinado, además de que los Ejecutivos estatales solicitaron a las autoridades federales unificar sus mensajes respecto a la pandemia “para evitar confusiones en la población”.
“Los gobiernos estatales seguimos viendo necesario que la estrategia federal esté acompañada de recursos y tener un mayor y mejor diálogo para ser parte de las decisiones que el Gobierno de México adopta, mismas que tienen implicaciones importantes en nuestras entidades”, aseveró.
Los cinco acuerdos
Tras el encuentro, la Secretaria de Gobernación difundió cinco acuerdos a los que llegaron la Federación y gobiernos estatales. Esos acuerdos implican que la Secretaría de Salud federal hará llegar por escrito a las entidades los indicadores que son utilizados para la construcción del semáforo Covid-19. Semanalmente esa dependencia enviará a los estados los indicadores de contagios por cada entidad, y éstos formularán comentarios y observaciones.
“Una vez alcanzado el consenso entre Federación y estados, se procederá a hacer público el semáforo Covid-19. La Federación emitirá una disposición de carácter general con los criterios que deben de aplicar los estados para la mitigación de la pandemia”, se lee en comunicado.
El quinto acuerdo es que las entidades de la Megalópolis (Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Estado de México, Morelos e Hidalgo) aceptaron utilizar un semáforo único.
En esta reunión también participaron la secretaria de Economía, Graciela Márquez; Jorge Carlos Alcocer, secretario de Salud; Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social; Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; Juan Antonio Ferrer, director general del Insabi; Zoé Robledo, director del IMSS, y Luis Antonio Ramírez, director del ISSSTE.
Acuerdos entre Federación y gobiernos estatales
1.- La Secretaría de Salud federal hará llegar por escrito a las entidades federativas los indicadores que son utilizados para la construcción del semáforo Covid-19.
2.- Semanalmente, la Secretaría de Salud enviará a los estados los valores observados en estos indicadores por cada entidad, quienes formularán los comentarios y observaciones correspondientes.
3.- Una vez alcanzado el consenso entre gobierno federal y estados, se procederá a hacer público el semáforo Covid-19.
4.- La Federación emitirá una disposición de carácter general con los criterios que deben de aplicar los estados para la mitigación de la pandemia.
5.- Las entidades de la Megalópolis aceptaron utilizar un semáforo único.
