68 áreas naturales “protegidas” tienen suelo concesionado a mineras

El gobierno mexicano realiza una revisión de las concesiones que se entregaron 1.5 millones de hectáreas de santuarios y parques nacionales. Entre las concesiones hay 49 en etapa de desarrollo, informó María Luisa Albores

Daniela Pastrana, Pie de Página, recuperado de Lado B

20 de mayo de 2021

Lado B
*Foto de portada: Iván Casteneira | Archivo Pie de Página 

Daniela Pastrana

Santuarios, parques nacionales, reservas de biósfera y áreas de protección de flora y fauna. Nada se ha salvado en México de la expansión masiva de las concesiones mineras en este milenio.

De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el 7.7 por ciento de la superficie que debería ser protegida por las leyes ambientales mexicanas fue concesionada a empresas mineras durante las últimas tres administraciones. Ese porcentaje equivale a 1.5 millones de hectáreas, distribuidas principalmente en los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Coahuila, Baja California y Baja California Sur, donde se ubican 45 proyectos mineros.

Dicho de otro modo: hay mil 609 concesiones mineras que se traslapan en territorios de 68 de las142 “áreas naturales protegidas” en superficie terrestre del país.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, presentó la información este miércoles durante la conferencia presidencial. La funcionaria explicó que las concesiones entregadas en estas áreas son de diferentes categorías: 75 por ciento con una categoría de áreas de protección de recursos naturales, 63 por ciento de reserva de biósfera, 45 por ciento de las áreas de protección de flora y fauna, 22 por ciento en santuarios y 15 por ciento en parques nacionales.

“Es lo que encontramos cuando llegamos a la administración -dijo- Albores-: 503 (de estas concesiones) están en etapa de exploración, 96 en producción, 49 en etapa de desarrollo, 523 proyectos detenidos y en revisión, y seis operaciones mineras cerraron”.

Albores explicó que la superficie vigente en concesiones mineras actuales es de 21 millones de hectáreas. “Si lo sumamos en superficie, es casi el estado de Chihuahua lo que está concesionado para minería”, dijo.

También explicó que el territorio del país está concesionado a actividades mineras hasta por 50 y 100 años.

Mineras sacaron en 12 años seis veces más oro que en toda la Colonia

México ha registrado en las últimas décadas un aumento inédito de la extracción de minerales. De 2006 al 2018, la industria minera extrajo más de mil 59 toneladas de oro, “lo que equivale a casi seis veces a lo que se extrajo en la época de la Colonia”, dijo Albores.

A eso se agrega otro problema: el agua que requiere esta industria para operar.

La funcionaria explicó que hay aproximadamente 100 empresas con concesiones de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y permisos de descarga. El volumen concesionado equivale a 250 millones de metros cúbicos anuales de agua.

“El agua en el desierto se usa para minería en estados que están justo en zona de desierto, como el caso de Sonora, Zacatecas y Durango, además de Colima, que tienen las concesiones más grandes para agua”, dijo.

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*Foto de portada: Iván Casteneira | Archivo Pie de Página 

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Pastrana, D. (2021). 68 áreas naturales “protegidas” tienen suelo concesionado a mineras. Lado B. Recuperado el 21 de mayo de 2021, de https://www.ladobe.com.mx/2021/05/68-areas-naturales-protegidas-tienen-suelo-concesionado-a-mineras/

Clausura Ayuntamiento planta de Bonafont en Juan C. Bonilla; habitantes denuncian simulación

El 14 de mayo el ayuntamiento de Juan C. Bonilla clausuró la planta de Bonafont después de que durante casi dos meses habitantes cerraran las instalaciones denunciando la falta de agua a causa del extractivismo de la embotelladora

Aranzazú Ayala Martínez (@aranhera), Lado B

18 de mayo de 2021

Lado B
*Foto de portada: Olga Valeria Hernández

Aunque desde el 22 de marzo habitantes del municipio de Juan C. Bonilla cerraron la planta de Bonafont, y señalaron a la embotelladora por extraer más agua de la permitida y provocar desabasto en los pozos noria de las comunidades, apenas este fin de semana el Ayuntamiento clausuró las instalaciones.

Integrados en la organización “Pueblos Unidos”, vecinos de las comunidades de Zacatepec, Cuanalá y más del municipio, respaldadas por otras de la región de las Cholulas, dieron este martes 18 una rueda de prensa donde informaron que el viernes 14 de mayo el ayuntamiento llegó de manera irregular a poner los sellos de clausura.

Fue personal de Protección Civil quien llegó a poner los sellos pero solo en la entrada principal; se negaron a ponerlos en la puerta trasera, pues argumentaron que ahí nadie los vería. Ese día, los trabajadores del ayuntamiento dijeron a quienes estaban en el plantón que la clausura era por una falta fiscal, debido a un supuesto adeudo de la empresa.

Durante la conferencia de prensa, los pobladores defensores del agua dijeron que consideran que esta acción busca que el plantón, que estará de manera indefinida hasta que se vaya la empresa, “pierda credibilidad y fuerza”, y que tiene que ver con el tema electoral y estrategias de campaña.

Esto porque desde el inicio del conflicto el 22 de marzo de este año, el gobierno municipal no se había presentado ni formado parte de los diálogos, lo cual también señaló la propia Bonafont en una entrevista para LADO B.

Joel Lozano Alameda, actual alcalde de Juan C. Bonilla, ya ha sido denunciado por los habitantes al menos desde 2019, cuando ocurrió el conflicto por la defensa del río Metlapanapa para evitar que las empresas textiles descargaran aguas negras en su cauce. En ese momento, Lozano fue señalado de no querer dialogar con los habitantes inconformes, y apoyar a las empresas.

Lo que llevó a la clausura

Clausura Ayuntamiento planta de Bonafont en Juan C. Bonilla; habitantes denuncian simulación
Foto: Olga Valeria Hernández

El gobierno municipal envió el mismo día de la rueda de prensa de Pueblos Unidos, este martes 18, un comunicado donde explica que llevó a cabo siete acciones jurídicas, supuestamente iniciadas desde 2019, que derivaron en la clausura de Bonafont.

De acuerdo con la versión del municipio, el 10 de febrero de 2019 se pidió a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial una inspección del impacto ambiental de Bonafont; el 29 de marzo de 2021 (más de dos años más tarde) le pidieron al representante legal de la embotelladora que diera copia de los permisos de impacto ambiental, las cuales aseguran que no fueron presentadas. 

El comunicado, firmado por Joel Lozano, dice que ese mismo 29 de marzo, una semana después del inicio del plantón, se le pidió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inspeccionar el tema de impacto ambiental, y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausurar la embotelladora ubicada sobre la carretera federal a Huejotzingo. El 7 de abril el municipio pidió a Conagua otra inspección, y el 8 de abril una más a Profepa.

Conagua explicó a LADO B que el 26 de marzo, inspectores de la delegación de Puebla acudieron a Bonafont pero por el bloqueo no pudieron hacer su trabajo, lo cual informaron el 5 de abril al edil Joel Lozano. 

Clausura Ayuntamiento planta de Bonafont en Juan C. Bonilla; habitantes denuncian simulación
Foto: Olga Valeria Hernández

La dependencia agregó que el ayuntamiento no puede pedir a Conagua que clausure si no hay condiciones ni siquiera para hacer la inspección, y que será hasta que puedan realizarla cuando determinen si se infringió alguna norma o ley. Mediante su enlace de prensa, Conagua aclaró que las inspecciones se harán “todo en apego a derecho y siguiendo nuestros procedimientos establecidos en la Ley, no por que alguien diga que se debe clausurar.”

En el comunicado, el municipio dijo también que la clausura de Bonafont fue “motivada en procedimientos administrativos en la dirección de protección civil y tesorería municipal”. Mediante su enlace de prensa, el ayuntamiento aseguró que la empresa no se ha acercado a ellos, y dijeron que aclararían a que se refieren con el tema de tesorería municipal pero al cierre de esta edición no hay respuesta aún. 

Por su parte, la persona encargada de medios de Bonafont dijo a LADO B que estaban revisando la información; al momento de esta publicación no se habían tenido noticias de la empresa. 

Al respecto, los integrantes de Pueblos Unidos recordaron que seguirán en el plantón y tomarán sus decisiones mediante asambleas, con base en la organización comunitaria.

*Foto de portada: Olga Valeria Hernández

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Ayala Martínez, A. (2021). Clausura Ayuntamiento planta de Bonafont en Juan C. Bonilla; habitantes denuncian simulación. Lado B. Recuperado el 20 de mayo de 2021, de https://www.ladobe.com.mx/2021/05/clausura-ayuntamiento-planta-de-bonafont-en-juan-c-bonilla-habitantes-denuncian-simulacion/

Línea 12: el desprecio de lo público, o nada ha cambiado

Juan Manuel Mecinas (@jmmecinas), Lado B

10 de mayo de 2021

Lado B
Foto: Daniel Lobato | Pie de Página

El desplome en la línea 12 del metro ofrece un ejemplo inequívoco del desprecio de lo público en el sistema mexicano.  No es exclusivo de partido alguno, sino de una forma de hacer política donde el gobierno “administra la abundancia” y construye (puentes, carreteras, escuelas, etc.) sin ton ni son y sin planeación.

Pero, en ese presupuesto inicial de administrar los recursos con los que cuenta el país y construir más y más sin mirar las necesidades reales de la población, sino mirando la construcción como oportunidad para hacer negocio, todo termina siendo una cuestión de pesos y centavos. 

Formar parte del gobierno termina siendo la oportunidad para que, quienes en él participan y quienes  ganen elecciones se engañen y pretendan engañar a los ciudadanos y asuman que el erario es suyo durante cierto lapso.

Las muertes son las consecuencias más lamentables de esta idea del gobierno como oportunidad para llenarse los bolsillos. Podemos hablar de la línea 12 del metro, del socavón en Cuernavaca hace algunos años, del dinero de Odebrecht en las campañas o de los jugosos contratos para que unas cuantas empresas administren las prisiones en el país.

No hay partido que se salve, considerando los resultados míseros que las acciones de todos los partidos  han arrojado.

Nada importa que el presidente afirme que su partido es distinto, cuando en realidad se comporta como un instituto igual que los demás y cuyos resultados no han sido alentadores. Morena se comporta como el resto de partidos que han gobernado porque, al igual que ellos, existe una ausencia de voluntad en sus gobernantes para asumir la responsabilidad de sus decisiones. Seguimos siendo el país de las excusas y no de las renuncias. No importa si al director de CFE se le descubre haber mentido en su declaración patrimonial o si al encargado de enfrentar la pandemia se le pille de vacaciones cuando demandaba a medio país quedarse en casa o si al encargado de comunicación de la presidencia se le descubren granjas de bots y campañas orquestadas contra periodistas que critican al gobierno. Este es el país donde 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecen y no hay un solo responsable en la cárcel, o donde niños mueren en una guardería pública y tampoco nadie tiene la culpa. Es un país con catástrofes, pero sin responsables.

Si Morena quiere demostrar que es un partido distinto (lo que hasta el momento queda en mero discurso) tendría que hacer una investigación que transparente el diseño, mantenimiento y las acciones que llevaron a la muerte a 26 personas en el sistema de transporte más importante de la capital del país. No se trata de dilapidar a nadie: se trata de demostrar que, por una ocasión (por primera vez) se puede dejar de engañar al ciudadano. Ya pasó en Ayotzinapa: seis años después, lo único que sabemos es que la verdad histórica no era tal. Y no sabemos nada más.

La única verdad es que la visión del gobierno constructor y administrador llena los bolsillos de unos cuantos y conduce a la muerte a muchos. 

Que no se engañe el gobierno (sea del partido que sea): para el ciudadano, la catástrofe sigue siendo evitable y los responsables siguen desaparecidos. Nada ha cambiado, por más que se afirme lo contrario.

Foto: Daniel Lobato | Pie de Página

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Mecinas, J. (2021). Línea 12: el desprecio de lo público, o nada ha cambiado. Lado B. Recuperado el 11 de mayo de 2021, de https://www.ladobe.com.mx/2021/05/linea-12-el-desprecio-de-lo-publico-o-nada-ha-cambiado/

Lo que no se evalúa se devalúa: México y PISA

Martín López Calva (@m_lopezcalva), Lado B

05 de mayo de 2021

Lado B
*Foto de portada: kjager | Pixabay

“Lo que no se evalúa se devalúa, pero lo que se evalúa mal se deteriora”

Ángel Gabilondo

El tema de la evaluación ha sido siempre un punto delicado y polémico dentro de los procesos educativos. Desde la forma en que un profesor evalúa el desempeño de un estudiante dentro de su asignatura hasta la evaluación de los sistemas educativos en sus distintos componentes, pasando por la evaluación institucional de escuelas y universidades, siempre ha existido un debate nunca resuelto hasta hoy.

Los defensores a ultranza de la evaluación, la entienden muchas veces como simple medición de los productos que se obtienen al terminar un proceso de aprendizaje y adoptan como lema, generalmente, la famosa cita de Sir William Thomson Kelvin, físico británico que afirmaba que: “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”. Normalmente piensan que la medición de los productos de aprendizaje previamente definidos reflejan de manera fiel la calidad educativa que se imparte en una aula, una institución o un país.

Esta perspectiva que en los años 60 del siglo pasado estuvo muy en boga, pero que tuvo desde sus origenes muchas críticas, se llamaba genéricamente “process-product”, porque concebía al proceso educativo como un proceso de producción en el que hay entradas o inputs —estudiantes— que pasan por un proceso de instrucción y obtienen productos concretos de mejora que pueden ser observados y medidos para mejorar continuamente el proceso.

Los detractores radicales de la evaluación parten de la idea, en principio correcta, de que hay muchos frutos de la formación escolar y universitaria —tal vez los más importantes como los de carácter emocional, ético, espiritual y de socialización— que no son observables y, por tanto, no pueden ser medidos.

Sin embargo, es habitual que esta oposición radical a cualquier tipo de evaluación o medición se sustente en visiones un tanto románticas de la educación, en las que el fundamento suele ser la libertad absoluta sin ningún tipo de sistematización de los métodos, técnicas, materiales y prodecimientos que garanticen ciertos mínimos de aprendizaje que sí pueden ser evidenciados, medidos y comparados.

Curiosamente, estos aprendizajes mínimos y básicos, si se trabajan de manera adecuada, sistemática y evaluable a través de evidencias o pruebas, suelen ser los cimientos sobre los cuales se puede ir edificando el desarrollo integral de los educandos.

El desarrollo de la lectura y la escritura, del manejo correcto del lenguaje oral y escrito; de los contenidos, procedimientos, métodos y operaciones básicas de la Aritmética, la Geometría, las Ciencias Naturales y Sociales, que van desarrollando un vocabulario amplio que permite pensar creativamente; un pensamiento lógico que es base de la crítica bien sustentada, una disciplina y una capacidad de captar patrones y recurrencias, una capacidad de observación que es el punto de partida para poder desarrollar el deseo de conocer y de decidir bien, teniendo como horizonte el propio desarrollo humano y la construcción del bien común.

De manera que los aprendizajes básicos, los conocimientos mínimos, las habilidades centrales, las actitudes seminales del desarrollo de la interioridad —que son observables—, no exenta de limitaciones medirse y aportar indicadores de mejora; son la base a partir de la cual se irán construyendo todos los aspectos no medibles ni observables que conforman lo que Octavi Fullat llama la Ruah, la desmesura del espíritu humano.

Como mis cinco lectores seguramente han constatado, mis temas pedagógicos y mis convicciones académicas no tienen como mirada central la de la educación entendida como proceso-producto —a la que he criticado muchas veces en este espacio—, ni la falsa idea de que con definir elementos a medir, realizar las mediciones y tomar decisiones a partir de ellas, se puede realmente decir que ha mejorado la educación.

Pero los cinco lectores que me han seguido en el tiempo pueden tambien dar fe de que fui de quienes, yendo contra la corriente políticamente correcta de los académicos autodefinidos como progresistas e identificados con el gobierno actual —o al menos con la promesa de cambio que llevó al poder al gobierno actual—, defendió en este, y otros espacios, la importancia de la evaluación y la enorme relevancia que tenía, para mejorar el sistema educativo nacional, la existencia del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) autónomo, que fue el chivo expiatorio de la reforma educativa del sexenio anterior.

El talón de Aquiles que derrumbó la reforma completa —con sus elementos muy positivos y sus errores de instrumentación y comunicación— fue, sin duda, el tema de la evaluación —mal llamada punitiva, porque nunca lo fue— de los docentes y la creación del Servicio profesional docente que buscaba —aunque no lo logró hacer realidad del todo— acabar con la asignación discrecional, la herencia, la renta y la venta de plazas controlada por liderazgos magisteriales.

Durante todo el sexenio anterior hubo una reacción desmesurada y radical que tachaba de privatizador y neoliberal todo intento de evaluar los procesos educativos. De este modo, fue cuestionada no solamente la evaluación docente sino también las pruebas ENLACE, EXCALE y, por supuesto, la participación de nuestro país en las pruebas internacionales llamadas PISA, por sus siglas en inglés (Programme for International Student Assessment).

“La ansiedad de evaluación surge cuando percibimos de forma amenazante la posibilidad de que valoren nuestras capacidades en un determinado ámbito. Sobre todo aparece si la persona anticipa las consecuencias negativas que puede acarrear que tenga un mal desempeño en la situación en concreto”, dice la psicóloga Laura Reguera. Y creo que esta ansiedad se vive en nuestro sistema educativo no solamente entre los sujetos individuales sino a nivel colectivo, sobre todo por los muy malos resultados obtenidos históricamente en estas pruebas.

Si a esto se añade que las evaluaciones se ven desde criterios de competencia, de logros políticos a presumir o errores políticos a enterrar, y no como elementos para la mejora continua de la formación, podremos explicarnos con mayor claridad el rechazo generalizado entre las autoridades y las cúpulas magisteriales hacia la evaluación.

De ahí que el presidente actual haya prometido desde su campaña la eliminación de cualquier instancia evaluadora interna o externa. El INEE fue eliminado en la (contra) reforma educativa actual, y aunque en 2019 México participó en la prueba ERCE que aplica la Unesco a estudiantes de primaria, se anunció que ya no se participaría en ella y los resultados nunca se hicieron públicos. La semana pasada se anunció también que el gobierno ha decidido posponer la participación en la prueba PISA de la OECD. En su discurso el presidente considera desde hace tiempo a estas evaluaciones como una imposición del extranjero “neoliberal”, en lugar de verlas como una necesidad para tener información que apoye la toma de decisiones de política educativa para mejorar la educación nacional en un contexto de globalización, que ya es irreversible.

Como declaró la Doctora Alma Maldonado, investigadora del DIE-CINVESTAV a Animal Político: “El tema de PISA siempre ha sido qué vas a hacer [a partir de los resultados] y ahí siempre nos hemos quedado cortos. PISA sirve para muchas cosas y fue usado retóricamente para decir: necesitamos la reforma educativa de Peña Nieto ¿Qué iba a mejorar? No lo sé, se quedó corta y no hubo tiempo. Que ahora digamos ni siquiera participo y ni siquiera tengo ese parámetro, supongo que el gobierno parte de que tenemos que creer que las cosas están bien o que están como ellos nos digan”.

En efecto, el gobierno de los “otros datos” parece apuntar a que nuestra sociedad tenga solamente los datos falsos o manipulados por las autoridades para creer que nuestra educación va muy bien, a pesar de que muchas cosas indiquen lo contrario. La posposición de la participación en PISA —que suena a una futura salida de este sistema— es una decisión muy grave en este sentido, en un momento en el que resulta de vital importancia contar con información sobre el nivel de aprendizaje y el tamaño de la pérdida formativa, derivada del cierre de las escuelas por la pandemia en estos casi dos ciclos escolares de escuelas cerradas, razones que, paradójicamente, se argumentan para justificar la posposición de la participación de nuestro país.

El anuncio de Mejoredu, respecto a la creación de  “una estrategia de evaluación para la mejora de los aprendizajes independiente de PISA” suena como un proyecto de sustitución de la participación en PISA y como una promesa que aún no muestra ninguna evidencia real de avance en su realización.

Si nuestra educación no se evalúa, seguramente se seguirá devaluando. Si se evalúa mal por no abrirse a aprender y a mejorar, a partir de lo que aportan otras miradas, sin duda se seguirá deteriorando.

*Foto de portada: kjager | Pixabay

“El presente artículo es propiedad de Lado B

López Calva, M. (2021). Lo que no se evalúa se devalúa: México y PISA. Lado B. Recuperado el 06 de mayo de 2021, de https://www.ladobe.com.mx/2021/05/lo-que-no-se-evalua-se-devalua-mexico-y-pisa/

Directora del DIF obliga a empleados a darle hasta 4% de sus salarios; la SFP lo sabe desde julio

Para mantener su empleo, la directora del DIF y dos colaboradores obligaron a funcionarios a darles entre 2 y hasta 4% de su salario. La SFP recibió denuncias desde hace nueve meses.

Nayeli Roldán (@nayaroldan), Animal Político

03 de mayo de 2021

Sistema Nacional DIF

Desde marzo de 2019, la directora del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, y dos de sus colaboradores, obligaron a mil funcionarios de la institución a entregarles entre 2 y hasta 4% de su salario mensual a condición de mantener el empleo. Por este caso, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió un expediente de investigación apenas este 23 de abril, pese a que recibió denuncias al respecto desde hace nueve meses.

Animal Político obtuvo las denuncias y recabó seis testimonios de empleados y exempleados del DIF que confirman el modus operandi. Además, todos coinciden en que la directora utiliza como estrategia de amedrentamiento la supuesta amistad que mantiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Muller desde hace más de dos décadas. Esa es la razón por la que –según dice– tiene ese puesto, pues la designación es facultad directa del Ejecutivo.

La misma Rocío García distribuyó entre altos mandos del DIF un listado con las siete categorías de plazas escogidas y los respectivos montos a entregar, que van de los 500 a los 2 mil 500 pesos mensuales. De acuerdo con la nómina de la institución, las categorías enlistadas suman 1,002 puestos de trabajo, por lo tanto, las entregas ascenderían a 658 mil 400 pesos al mes, es decir, 7 millones 900 mil pesos al año.

Las denuncias y las entrevistas confirman que los funcionarios, cuyos sueldos oscilan entre los 12 mil y los 100 mil pesos, debían entregar el dinero en efectivo para el supuesto “Programa Ahijado”, del que no hay registro oficial en la estructura del DIF.

Según les dijo la directora, el dinero serviría para los gastos de la institución que no alcanzan a solventar con el presupuesto público. Sin embargo, los empleados desconocen en qué se han utilizado dichos recursos y tampoco existe ninguna referencia de dicho programa en la página del DIF y mucho menos algún informe.

¿Cómo es que ocurrió esto y por qué nadie ha sido sancionado? Aquí la historia:

Programa Ahijado

No habían pasado ni cuatro meses del nuevo sexenio cuando los funcionarios de alto mando del DIF fueron citados a una reunión con la directora, María del Rocío García Pérez, quien por primera vez ocupaba un cargo en el gobierno Federal. Les pareció raro que les pidieran dejar sus celulares afuera de la sala de juntas, pero acataron la instrucción. Lo siguiente no lo podían creer.

La institución tenía gastos que no podían ser solventados con el presupuesto y, por lo tanto, los funcionarios tenían que “apoyar” al DIF con una parte de su salario que debían entregar cada mes y en efectivo, según les anunció Rocío García, flanqueada por los encargados de los recursos públicos del DIF y sus más cercanos colaboradores, Lilia Aguilar Cortés, en ese momento titular de Administración y Finanzas, y Alfredo Anguiano, entonces director general de Programación y Presupuesto.

El dinero sería para el “Programa Ahijado”, que sin estar en la estructura gubernamental, sería alimentado por las aportaciones de ellos como altos mandos y de sus subalternos, a quienes debían pasar el mensaje y asegurarse que acataran la orden.

Acto seguido recibieron una hoja con el título “Propuesta programa ahijado sistema nacional DIF” (sic) con las tarifas que debían cubrir de acuerdo a la jerarquía de las siete plazas de confianza incluidas: dirección general, 3 mil pesos; jefes de Unidad, 2 mil 500; directores generales, 2 mil; directores de área, mil 500 pesos; subdirectores de área, mil pesos; jefe de departamento, 700 pesos y los soportes administrativos, 500 pesos.

Nadie dijo nada y sin celulares, no pudieron grabar la conversación. Sólo se quedaron con la hoja del listado como única prueba de lo que acababan de presenciar.

Animal Político confirmó lo anterior al obtener tres denuncias interpuestas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en julio de 2020 a través de la plataforma de alertadores, un nuevo sistema implementado en la actual administración para el combate a la corrupción.

También al testimonio de seis empleados y exempleados de la institución, y tres de ellos mostraron la misma lista de plazas y tarifas. Sin embargo, pidieron que sus nombres no fueran publicados por temor a represalias, aunque su identidad sí fue corroborada por este medio.

De acuerdo con los testimonios, los titulares de cada área designaban a alguno de sus colaboradores para recolectar el dinero de los subalternos a final de cada mes. Después lo entregaban en la oficina de Alfredo Anguiano Chávez, quien fue ascendido a titular de Administración y Finanzas en 2020, es decir, actualmente se encarga de ejecutar el presupuesto del DIF.

Lilia Aguilar Cortés, entonces titular de Administración y Finanzas, se encargaba de hacer la relación de quiénes y cuánto entregaban. Cuando detectaba faltantes enviaba la lista con los nombres de los morosos al jefe correspondiente para que los presionara. Aguilar Cortés también fue ascendida y actualmente es Jefa de la Unidad de Atención a Población Vulnerable.

Incluso, una de las denuncias refiere que “cada vez que los servidores públicos acuden a ella (Aguilar Cortés) para manifestar su desacuerdo (por la entrega de dinero), ella dice que todo son órdenes de su jefa (la titular del DIF) y que ‘así se hace en todos lados’”.

En una de las denuncias que llegó a la Función Pública, el alertador adviertió que el dinero era depositado en cuentas de “Saldazo”, las tarjetas de débito compradas en tiendas oxxo que no requieren de hacer trámites de apertura en algún banco, y algunas veces eran depositadas “a cuentas de los hijos de Rocío García u otro pariente”. Sin embargo, esto no puede ser corroborado por ninguna vía de información pública.

Otra evidencia de esta práctica se encuentra en un oficio del 2 de diciembre de 2020 firmado por Enrique García Calleja, director general de Asuntos Jurídicos, y Ociel Lua, jefe de departamento de Transparencia, en respuesta a una solicitud de información realizada –al parecer– por algún funcionario afectado.

En la solicitud con folio 1236000032820 se pregunta: “especifique normativamente bajo qué criterio y acuerdo, Sandra Castro Díaz, directora de Adquisiciones y Almacenes determinó y dio la instrucción el día 10 de noviembre de 2020 a su personal de estructura dar un donativo monetario para las familias afectadas por la tormenta tropical Eta. La instrucción la dio de la siguiente manera: soportes: $250; jefes de departamento, $500; subdirectores, $750; director, $1,000”.

El solicitante explicaba que pedía la información porque si bien les entregaron un volante para solicitar apoyo, éste sólo incluía víveres y “en ningún lado de este volante mencionan alguna donación de dinero”. También pedía confirmar si dicha instrucción “es del conocimiento y validado por la titular del DIF, María del Rocío García Pérez”.

https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/05/Solicitud-DIF-tormenta-ETA.pdf

En la respuesta, García Calleja confirmó que “el personal de confianza y estructura adscrito a la Dirección de Adquisiciones, en apoyo y solidaridad con la causa, realizó una colecta general de manera voluntaria para la compra de víveres, abarrotes, etc., y posteriormente se hizo una entrega grupal en el Centro de Acopio instalado para tal fin en el almacén de donativos de este organismo”.

Además aseguró que “es nuestro deber como servidores públicos coadyuvar con esta acción altruista a través de tres vías: aportar, conminar a nuestros subalternos su participación y difundir la convocatoria con los grupos de trabajo, familiares y amigos, por lo tanto no fue necesario hacer del conocimiento ni someter dicha actividad a la autorización o validación de la titular, ya que la colecta para la compra se realizó de manera voluntaria”.

Sin embargo, tampoco hay ninguna referencia a la entrega de dicho donativo en los nueve comunicados oficiales en la página del DIF publicados entre el 7 de octubre y el 28 de noviembre, ni en los 6 boletines de diciembre, periodo en el que debió haber sido entregado, pues la tormenta “Eta” que afectó a Tabasco, Chiapas y Veracruz ocurrió entre octubre y noviembre de 2020.

Función Pública lo sabe desde julio

Los funcionarios afectados vieron una oportunidad para denunciar sin poner en riesgo su empleo ni sufrir represalias en el mecanismo lanzado por la Secretaría de la Función pública en 2019 llamada Ciudadanos Alertadores internos y externos de la corrupción, cuya principal ventaja es el anonimato.

Los objetivos de dicho programa, según la dependencia, son “facilitar que la ciudadanía y personas servidoras públicas puedan comunicar alertas sobre cohecho, peculado y desvío de recursos públicos sin sufrir represalias; garantizar la confidencialidad de las comunicaciones, proteger el anonimato y servir de herramienta en el combate a la corrupción e impunidad”.

Así es como fueron registradas tres denuncias que generaron sus respectivos folios que también sirven como contraseña para poder acceder a la plataforma, dar seguimiento al caso y mantener comunicación con la Función Pública, por lo tanto no pueden ser publicados.

Animal Político comprobó la existencia de dichos denuncias, una registrada el 17 de julio y dos más el 20 de julio de 2020, aunque una de ellas sólo se refiere a la exigencia de firmar una carta de renuncia sin fecha o de lo contrario no les entregarían su primer pago. En los tres casos hubo intercambio de comunicaciones entre los denunciantes y la dependencia únicamente a través de la plataforma hasta septiembre.

Aunque uno de los ciudadanos preguntó en agosto y septiembre de 2020 y en enero de 2021 sobre el seguimiento a su denuncia, la Función Pública respondió que se habían extendido los plazos debido a pandemia de coronavirus. Apenas este 23 de abril informó que dos de las denuncias había sido concentradas en un expediente de investigación.

“Respecto de los hechos por usted alertados, le informamos que se hicieron de conocimiento del Órgano Interno de Control en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, atendiendo su caso, María Lina Vázquez Rojas, titular del Área de Quejas, quien mediante el oficio 12/360/AQ004/2021, informó que los hechos denunciados fueron registrados en el Sistema Integral de Quejas y Denuncias (SIDEC), con número de folio 19**/2021 y clave 824****, y que para tal efecto quedó bajo expediente de investigación 2021/DIF/DE206”.

Animal Político preguntó a la Función Pública el estatus de la investigación y la razón por la que tardaron nueve meses en iniciar el expediente, pero la dependencia respondió que, por norma, no podía informar nada sobre una investigación en curso.

También se solicitó una entrevista con la titular del DIF, Rocío García, sobre las acusaciones en su contra, tanto de las denuncias, como de los testimonios recabados por este medio, pero sólo envió una tarjeta informativa para advertir que no conocía de ninguna investigación en su contra, es decir, no ha sido llamada a rendir cuentas por ninguna autoridad.

“María del Rocío, titular del SNDIF, y José Alfredo Anguiano, jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, desconocemos si existe alguna denuncia presentada ante la Secretaría de la Función Pública por parte de trabajadores en nuestra contra.

En caso de existir no podríamos emitir una opinión en torno a la investigación, pues ello trastocaría el proceso que lleva a cabo la autoridad competente. En todo caso, y únicamente de ser necesario se emitiría una opinión hasta la conclusión de la indagatoria y una vez que se hiciera público su resultado”, dice la tarjeta.

La amistad presidencial

El miedo de los empleados a denunciar obedece a una razón: la directora Rocío García reitera a cada oportunidad su estrecha amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Muller, desde que él era Jefe de Gobierno.

Para confirmar la supuesta cercanía con ambos, Rocío García cuenta anécdotas e incluso, situaciones muy personales de la pareja (que no serán reproducidas por respeto a la privacidad), lo mismo en reuniones de trabajo o en encuentros informales con sus subalternos o funcionarios de otras instituciones, según coinciden las narraciones de los trabajadores y un exfuncionario federal.

De acuerdo con los testimonios, la estrategia de la cercanía es utilizada para amedrentar y asumirse como intocable dentro de la administración porque, según afirma, sus decisiones o propuestas de cualquier tipo son aprobadas por Beatriz Gutiérrez Muller, y “nadie quiere problemas con la esposa del presidente”, dice una de las fuentes.

La amistad nació cuando López Obrador fue jefe de Gobierno, entre 2001 y 2005, y Rocío García era “representante del Jefe de Gobierno en las coordinaciones territoriales de Seguridad Pública en la delegación Gustavo A. Madero”.

Según una respuesta por transparencia y al currículum publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia, Rocío García ocupó dicho puesto al mismo tiempo que el de “subdirectora de difusión” en la jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

Justo en esa área conoció a Beatriz Gutiérrez, quien era asesora en la dirección de Difusión en la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Distrito Federal, entre 2002 y 2005, y ahí comenzó la supuesta amistad, según ha contado García.

Por eso presume que fue la única funcionaria que designó a su titular de Administración y Finanzas, pese a que la reforma de la Ley Orgánica de este gobierno trasladó esa responsabilidad a la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda. Tanto Lilia Cortés como Alfredo Anguiano, que han ocupado dicho cargo el DIF, sólo tienen experiencia en el gobierno capitalino.

También asegura que, a diferencia de otras dependencias, el DIF tienen un trato privilegiado en cuanto a presupuesto. Y en efecto, el mayor recorte sólo ocurrió entre 2018 y 2019, al pasar de 2 mil 329 millones de pesos a mil 960 millones de pesos, respectivamente, pero en ese periodo el DIF dejó de tener la responsabilidad de las estancias infantiles. En cambio, en 2020, el año de pandemia, el presupuesto se mantuvo en mil 989 millones de pesos y en 2021 le fue asignado mil 981 millones de pesos.

¿Quién es Rocío García?

Ante sus interlocutores, Rocío García Pérez se describe como una “luchadora social”, una “operadora a ras de tierra”, como alguien que caminó junto a López Obrador en la calle, por eso cuando el entonces presidente electo le llamó por teléfono para decirle que “le encargaría algo muy especial”, saltó de emoción, según narran los entrevistados.

El nombramiento efectivamente es facultad del presidente, según la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que regula a los organismos públicos descentralizados como lo es el DIF.

Ingresó al puesto desde el primer día de gobierno de López Obrador, el 1 de diciembre de 2018 y su salario asciende a 100 mil pesos brutos mensuales y con prestaciones, suma 144 mil pesos, de acuerdo con Nómina Transparente.

Sobre su preparación profesional, el DIF respondió a una solicitud de información que no tenía registro de ningún título universitario sino solo “una constancia de estudios de la licenciatura en Sociología con porcentaje de créditos aprobados mayor a 95% donde se desprenden cinco años de estudios subdivididos en trimestres expedidos por la UAM entre septiembre de 1984 y mayo de 1989”, aunque no entregó el documento.

https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/05/Solicitud-historial-laboral-Rocio.pdf

Aún así, en su ficha curricular como miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) se ostenta como “licenciada en Sociología”.

Aunque en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales no incluye algún requisito académico para los titulares, sí exige que el titular debió “haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público, administrativo o sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia de cada entidad paraestatal”, dice el artículo 21.

Sin embargo, en los 40 años de experiencia laboral, nunca ha ocupado la titularidad de alguna institución y ninguno de sus trabajos ha estado relacionado con niños, niñas o adolescentes, la población que atiende el DIF, de acuerdo con una respuesta a una solicitud de información sobre toda su experiencia laboral.

Sus empleos han sido desde técnica en programación y presupuesto en la Subsecretaría Forestal y de Fauna de la Secretaría de Agricultura en 1981, hasta “asesora” del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Leonel Godoy, de 2000 a 2002.

En cinco empleos más sólo ha durado un año, en 1996 como “responsable de comedor en Villa Hermosa, Tabasco”; “asesora del secretario de Gobierno en el GDF”, en 1999; como subdirectora de publicidad en la Secretaría de Transporte y Vialidad en 2007, y en 2009 como encargada de la dirección de Seguridad al turista en la Secretaría de Turismo en el Distrito Federal.

Como directora territorial en Gustavo A. Madero sumó tres años. Y los cargos con mayor antigüedad fueron en los que coincidió con el presidente y como directora de Vinculación Interinstitucional del Instituto para la Atención de Adultos Mayores de la Ciudad de México, entre 2012 y 2018.

“El presente artículo es propiedad de Animal Político

Roldán, N. (2021). Directora del DIF obliga a empleados a darle hasta 4% de sus salarios; la SFP lo sabe desde julio. Animal Político. Recuperado el 04 de mayo de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/05/directora-dif-obliga-empleados-darle-salarios/

10 años de impunidad en San Fernando: no hay una sola sentencia y hay 66 cuerpos sin identificar

Familias de las víctimas exigen justicia en cartas públicas dirigidas a López Obrador y a los presidentes de EU, Guatemala y El Salvador.

Alberto Pradilla (@albertopradilla), Animal Político

29 de abril de 2021

Cuartoscuro

Baudilio Castillo tenía 20 años cuando se marchó de la aldea de Juamytepeque, en Santa Rosa, Guatemala, para llegar a Estados Unidos. Ocurrió el 15 de marzo de 2011. “Mire papá, lo voy a ayudar para que ya no trabaje, compraré un terreno y trabajaré en la agricultura”, le dijo a su padre antes de marcharse. Fue la última vez que se vieron. Dos semanas después fue capturado y su cuerpo se encontró entre los restos de 196 personas halladas en 46 fosas clandestinas descubiertas en San Fernando, Tamaulipas. Muchos de ellos eran migrantes que, como Castillo, dejaron la vida tratando de encontrar oportunidades al norte del Río Bravo.

Han pasado diez años desde aquel horror y las familias no descansan tranquilas. Ni se han identificado todos los cuerpos ni existe una sola sentencia contra alguno de los detenidos a los que se acusó de participar en las masacres.

“Diez años hemos estado exigiendo información sobre lo que pasó, sobre quiénes participaron, cómo te hallaron, quiénes te hicieron lo que te hicieron. No quiero que se quede así. Me pongo a pensar ¿por qué no dan con los responsables?, si la mayoría vive en San Fernando y ahí en el expediente mencionan al coyote y a varios implicados. ¿Por qué no dan con los responsables? En el expediente se indica la participación de la policía, quienes recibían dinero del crimen organizado”, dijo Baudilio Castillo, padre de la víctima, en una carta pública dirigida a su hijo. En ella relata el duro trayecto de los últimos años y la escasa ayuda institucional, pero también la esperanza de que se haga justicia.

Baudillo recuerda, en entrevista telefónica con Animal Político, que apenas tienen información sobre los avances de las pesquisas. “En 2019 nos hicieron llegar una tarjeta informativa y recientemente tuvimos una reunión con autoridades. Pero seguimos esperando que nos den más datos”, aseguró. El hombre lleva diez años dedicado a buscar justicia: estudia los expedientes, analiza la información que llega a cuentagotas. Y sigue sin explicarse cómo los culpables no han sido sentenciados.

“No se ha investigado la cooptación de autoridades”

Cuando se cumple una década del hallazgo de las fosas, familiares de las víctimas han hecho públicas diversas misivas en las que denuncian el maltrato institucional durante la última década, la falta de avances en las investigaciones y las irregularidades detectadas en las identificaciones y la investigación.

“Durante 10 años nos hemos enfrentado a un duro muro de impunidad sistémica, construido con miles de obstáculos para el ejercicio de nuestros derechos a la verdad, justicia y reparación. Las circunstancias en las que nuestros familiares, localizados en las fosas, fueron privados de la libertad y de la vida no han sido plenamente esclarecidas. Tampoco han sido identificados y enjuiciados todos los autores materiales e intelectuales de los hechos”, dice una de estas cartas, dirigida a Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Giamattei Y Nayib Bukele, presidentes de EU, México, Guatemala y El Salvador, respectivamente.

“¿Cómo es posible que, diez años después, no haya personas sancionadas por esta masacre que arrebató la vida de nuestros seres queridos? Menos aún se ha investigado ni establecido la responsabilidad estatal por los hechos, ni la responsabilidad por cadena de mando por el involucramiento de agentes policíacos. No se ha investigado la cooptación de autoridades y corporaciones por el crimen organizado de carácter transnacional que opera incluso en territorio estadounidense”, añade la carta.

https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/04/Carta-Presidentes-2-1.pdf

66 cuerpos sin identificar

Las de las fosas de San Fernando es una de las peores masacres perpetradas contra migrantes en México. En los 46 enterramientos clandestinos fueron hallados los restos de 196 personas. A día de hoy quedan 66 por identificar. De los que sí se pudo conocer la identidad hay 91 mexicanos, 36 guatemaltecos, 2 salvadoreños y un hondureño.

Las fosas fueron descubiertas menos de un año después del asesinato de los 72, otra de las matanzas que mostró la crueldad de México con aquellos que atraviesan el país en dirección a Estados Unidos. Tamaulipas se convirtió en el territorio más peligroso de uno de los países más peligrosos del mundo para los migrantes. Diez años después sigue siéndolo. En enero fueron hallados los restos de 19 personas en Camargo, a pocos kilómetros de la frontera con Texas. De ellos, 16 eran guatemaltecos que buscaban alcanzar el norte.

Como denuncian las familias de las víctimas, una década después de las masacres se mantiene una impunidad absoluta. Las autoridades anunciaron la detención de 74 personas a las que vinculaban con Los Zetas, en aquel momento uno de los carteles más violentos de México. De ellos, 17 serían policías municipales de San Fernando, a los que se acusó de formar parte del narco, pero contra los que no existe acusación formal dentro del expediente, según Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que acompaña a las familias de 21 de las víctimas.

Entre los delitos que se imputa a los consignados están el de homicidio, delincuencia organizada o tenencia de armas de uso exclusivo del ejército. Pero ni siquiera hay claridad sobre si los homicidios a los que se hace referencia en la investigación son los de las fosas de San Fernando.

“Sabemos que hay 74 procesados por los hechos, pero ninguno de estos ha sido sentenciado, no hay ninguna sentencia”, explicó Delgadillo. “Se ha solicitado y no está clarificado que las personas que estén siendo procesadas por el delito de homicidio lo sean por los 196”, añadió.

Tras los hallazgos, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía, presentó a decenas de personas a las que vinculó con Los Zetas. Entre ellos se encontraba Salvador Alfonso Martínez Escobedo, “comandante Ardilla”, considerado jefe de la estructura criminal en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León y detenido en Nuevo Laredo en 2012. Sin embargo, a pesar de los anuncios oficiales de que se había capturado a los responsables de aquellas atrocidades, diez años después no hay una sola sentencia que pueda probarlo.

Animal Político consultó con la FGR sobre el estado de la investigación, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

Sin reparación para las familias

La falta de sentencias condenatorias no es la única irregularidad denunciada por las familias. “Los procesos de identificación de nuestros familiares no se realizaron con ningún tipo de cuidado, sin pensar que se trataba de personas. Gobiernos anteriores nos entregaron restos sin ninguna explicación ni documento que acreditaran que eran nuestros familiares, realizaron cremaciones ilegales e, incluso, entregas equivocadas de cuerpos”, dice una de las cartas.

Tampoco México ha cumplido con la reparación integral a la que tienen derecho los familiares. “Tiene una enorme deuda con todas las familias. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha puesto un sinfín de obstáculos para garantizar los derechos que la Ley de Victimas otorgan a victimas indirectas. El último pretexto es por la pandemia, porque están fuera del país”, explicó Rosmery Yax Canastuj, abogada guatemalteca que representa a las víctimas del país centroamericano.

Según relata, buscar las medidas de asistencia “ha sido un suplicio para las familias”. Y eso a pesar de que la ley les garantiza apoyos para la compra de alimentos, educación y salud, al margen de la indemnización.

Las fallas del Estado en la investigación y en la atención de las víctimas quedaron reflejadas en la recomendación 3VG/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En aquel documento, la institución constató el horror que se vivía en San Fernando, los secuestros en los autobuses para que las víctimas fuesen entregadas al crimen organizado y la complicidad de algunas autoridades. Sin embargo, todo esto quedó en saco roto ya que las recomendaciones no se han cumplido.

Para las familias y sus acompañantes esto es muestra de la incapacidad de México para cumplir con la investigación y la reparación. Por eso llevan años solicitando que se ponga en marcha una comisión especial con participación de instancias internacionales como la ONU. Algo similar a lo que ya funcionó en el caso Ayotzinapa, con la desaparición de los 43 normalistas en 2014.

Para Baudilio Castillo, que recibió los restos de su hijo en mayo de 2017, todavía queda mucho por hacer. Y así lo repite, en la carta dirigida al joven que marchó de Guatemala buscando una vida mejor, pero encontró la muerte en Tamaulipas. “Espero seguir luchando para que no sigan cometiéndose más crímenes contra las personas migrantes que transitan hacia los Estados Unidos, que haya justicia para todas las familias dañadas. Nosotros estamos vivos, peleando por nuestros hijos, peleando por aquellas personas que fueron masacradas, peleando por ti- Hasta que nos alcance la muerte, vamos a pedir justicia”.

“El presente artículo es propiedad de Animal Político

Pradilla, A. (2021). 10 años de impunidad en San Fernando: no hay una sola sentencia y hay 66 cuerpos sin identificar. Animal Político. Recuperado el 29 de abril de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/04/10-anos-san-fernando-fosas-clandestinas/

INM rescató a 136 migrantes en Tlaxcala, pero los puso en libertad y ahora se desconoce su paradero

Los migrantes se encontraban en una casa de seguridad; en el grupo había 19 menores no acompañados.

Alberto Pradilla (@albertopradilla), Animal Político

22 de abril de 2021

Foto ilustrativa Cuartoscuro

El Instituto Nacional de Migración (INM) anunció el pasado 11 de abril el rescate de 136 migrantes que se encontraban en una casa de seguridad en Tlaxcala. Según dijo la propia institución, una denuncia ciudadana permitió que los indocumentados, entre los que se encontraban 19 menores no acompañados, fueran detectados. No dio más detalles sobre qué hizo con ellos. Han transcurrido diez días del operativo y muchas de estas personas se encuentran en paradero desconocido, según denunciaron diversas organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes.

En una carta a la que Animal Político tuvo acceso y que se dirige al comisionado del INM, Francisco Garduño, y a otros funcionarios de la ONU y la OIM, las organizaciones denuncian que las personas que se anunció como rescatadas volvieron a estar en manos de los coyotes que las trasladaban. 

“El 12 de abril de este año, se dio a conocer en medios de comunicación el rescate en San Pablo del Monte, Tlaxcala, de un grupo de 138 personas migrantes privadas de su libertad por un grupo de “coyotes” que las maltrataban y mantenían incomunicadas”, dice la carta.

“Es del conocimiento de las organizaciones firmantes que, pese a la intervención de las autoridades, personas que integraban dicho grupo siguen en tránsito por México bajo el control de los “coyotes”, en condiciones que podrían poner en riesgo su integridad física y emocional”, continúa.

Por eso, las organizaciones piden al INM que aclare el paradero de estas personas y les garantice su seguridad y acceso a la justicia.

Entre los firmantes se encuentran la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la Pastoral de Movilidad Humana , el Comité de familiares de migrantes desaparecidos de El Progreso COFAMIPRO, Asylum Access, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova o el albergue Tochán-Nuestra Casa.

Animal Político consultó con el INM sobre este caso, pero al cierre de la edición, no había recibido respuesta. 

Esta denuncia permite ver una práctica que el INM viene realizando en las últimas semanas. Atrapa a grupos en zonas del norte, como Tlaxcala y Tamaulipas, y los envía a Veracruz. Como muchos son familias con menores de edad, que no pueden ser encerrados en centros de detención, los agentes los dejan rápidamente en libertad con un oficio de salida en los que les instan a abandonar el país en un plazo de 15 días. Es decir, imponen una especie de autodeportación sin efecto práctico, ya que los migrantes, que están en situación irregular, pueden obedecer o retomar la ruta hacia el norte.

En el caso de los 136, fueron detenidos en una casa en Tlaxcala. Entre ellos se encontraban también los polleros, las personas que hacen de guía hasta el norte. Sin embargo, no fueron detenidos, sino que los trasladaron a Acayucan con el resto del grupo. De ahí, como no podían ser encerrados, se trasladaron a Oluta, municipio ubicado a 3 kilómetros y donde se ubica un albergue gestionado por la iglesia católica. 

Fuentes de este albergue explicaron que ellos reciben a las personas que llegan pero que, en general, solo se quedan quienes solicitan asilo. El resto, descansa y retorna a su país o vuelve a hacia el norte. Eso fue lo que hizo este grupo, que todavía se encontraba bajo el control de los coyotes. Así que se marcharon y ahora se encuentran en paradero desconocido.

“El presente artículo es propiedad de Animal Político

Pradilla, A. (2021). INM rescató a 136 migrantes en Tlaxcala, pero los puso en libertad y ahora se desconoce su paradero. Animal Político. Recuperado el 23 de abril de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/04/inm-rescato-migrantes-tlaxcala-paradero-desconocido/

Aristegui, Latinus y Artículo 19. Distinguiendo

Juan Manuel Mecinas (@jmmecinas), Lado B

05 de abril de 2021

*Foto: Gobierno de México | Facebook

Carmen Aristegui, Latinus y la ONG Artículo 19 han sido linchados en días recientes por recibir parte de su financiación del gobierno mexicano, de gobiernos y empresas extranjeras o de gobiernos estatales y de parte de políticos mexicanos. Parece que la máxima es que la financiación debe ser “pura”, que no debe provenir de gobierno alguno o que los medios no deben tener agenda. Sin embargo, esa visión se aparta de la realidad imperante en prácticamente todo el mundo: los gobiernos son los mayores compradores de publicidad en los medios y todos los medios tienen una agenda. Finalmente, quien en mayor o menor medida dirige un medio tiene sesgos, por lo que en realidad la crisis de los medios de comunicación (relacionada con su financiación) proviene de los excesivos montos que paga el gobierno y de la falta de transparencia de los medios y/o las empresas que los financian.

Para decirlo claro, los montos que paga el gobierno mexicano son desproporcionados y discrecionales. En 2020, el gobierno mexicano pagó 654 millones de pesos (66 por ciento del gasto en publicidad oficial) a tres medios: Televisa, TvAzteca y La Jornada. El parámetro para hacerlo sigue siendo la mayor audiencia, pero eso es peligroso en la época en que vivimos porque terminarán contratando publicidad a influencers de YouTube, Facebook y demás plataformas. El criterio es equivocado: la necesidad del gobierno de transmitir información puede realizarse a un costo menor y siendo más equitativo en el reparto entre los medios de información con mayor penetración entre la población. La mayor o menor audiencia no puede ser la vara con la que se mida a todos los medios, porque muchos de ellos llegan exactamente a las mismas audiencias y la información del gobierno debe difundirse entre distintos sectores, no siempre atentos a lo que dicen los grandes medios de comunicación. 

Además, los montos no deben ser exorbitantes, y eso pasa por un dejo de voluntad, una tabulación transparente del pautado y la creación de un sistema de noticias y difusión de la información (“la BBC mexicana”), que sigue siendo una ilusión más que una realidad. Voluntad, porque el poder sigue repartiendo discrecionalmente millones de pesos. Da igual si los beneficiarios son Salinas Pliego o Azcárraga o si quien reparte es Peña, Calderón o López Obrador. Esto debe parar y no hay forma que los López Dóriga, Loret, Alemán y demás periodistas justifiquen que reciben millones, además de que en muchos casos los medios para los que trabajan esos periodistas también reciben millones del gobierno. 

Se encubre la venta de la pluma, el micrófono o la opinión. Probablemente ahí radica uno de los grandes problemas: el gobierno no puede pagar por las opiniones de los periodistas (lo que está pasando ahora mismo), sino que debe pagar por espacios de publicidad en dichos medios, lo cual puede tabularse y nadie se sentiría engañado. 

Pero hay que distinguir: ¿qué diferencia hay entre los 8 millones recibidos en dos años por parte de Aristegui Noticias y los 81 millones que en seis años se embolsó Joaquín López Dóriga de parte del gobierno de Peña? En primer lugar, la cantidad (cosa no menor): Dóriga recibió casi 14 millones por año, mientras que Aristegui recibe dos; en segundo lugar, que Televisa (la empresa para la que trabajaba López Dóriga) ya recibía mil 359 millones (al año) del gobierno de Peña, mientras que no hay otra empresa detrás de Aristegui; y, tercero, que la calidad de entrevistas, pluralidad y periodismo que ofrecen uno y otro, y sus audiencias, son distintos, y casi cualquiera diría que es mejor la opción ofrecida por Carmen Aristegui. 

Mientras el gobierno no considere esto en su conjunto, seguirá despilfarrando de manera grosera el dinero de los contribuyentes.

Cosa distinta es la financiación que se le reprocha a Latinus, una plataforma que ofrece contenidos periodísticos y de entretenimiento en YouTube. Lo que puso sobre la mesa la investigación del periodista Álvaro Delgado es que la familia del político Roberto Madrazo —antítesis de López Obrador en los años 90 del siglo pasado— está detrás de la referida plataforma y que ha recibido financiación de gobiernos estatales como el de Silviano Aureoles. ¿Esto condena a Latinus? Por supuesto que no: sus contenidos lo retratan y  solo se le puede juzgar por ellos, aunque se advierte que estos son evidentemente de oposición al gobierno de López Obrador, y no hay un contrapeso que permita al público acceder a una información más plural. Que opositores hagan periodismo de oposición es totalmente válido y legal, aunque un poco de transparencia no vendría mal para el público. 

Esta es la clave: los medios de comunicación se sienten pequeños imperios que no deben rendir cuentas a nadie, aunque en términos democráticos y presupuestales esa idea tendría que dejarse de lado. Saber cómo se financian y cómo reparten su dinero los medios de comunicación permitiría que la discrecionalidad la castigue la propia audiencia y que se mejoren los salarios de los trabajadores y colaboradores de esos medios. Además, en términos presupuestales, toda persona que recibe dinero del gobierno debe hacerlo público (ya el gobierno lo hace), porque si nada debe, nada teme (hay muchos medios en el mundo que son trasparentes en este aspectos: exhiben lo que reciben y cómo lo gastan. Abonar a la transparencia es una tarea pendiente de los medios de comunicación. Esa otra cara de la misma moneda (la transparencia de los medios) ayudaría para determinar cuánta publicidad y a qué costo la paga el gobierno y acabar con la simulación publicitaria.

Mención aparte es el caso de Artículo 19, recientemente vilipendiado por el presidente en la mañanera. Al tratarse de una ONG, sigue una agenda y sus financiadores son empresas y gobiernos extranjeros. Si eso ha servido para defender periodistas de los excesos de gobiernos, tendríamos que aplaudirlo, y no reprocharle la “selección” de los casos en los que interviene. Por supuesto que su agenda es “selectiva”, porque en el país donde los periodistas sufren más ataques (de todo tipo) seguramente el presupuesto de una ONG no es suficiente para proteger a todos los afectados. ¿Sigue una agenda que no gusta al gobierno? La solución no es atacar a quien tiene esa agenda, sino que el gobierno garantice la labor de los periodistas y entonces la intervención de dicha ONG y su agenda serían intrascendentes. Culpar a entes privados de colocar chalecos antibalas a favor de periodistas no es otra cosa que ver la paja en el ojo ajeno: evitemos el tiroteo en lugar de culpar a quien salva a unos cuantos.

*Foto: Gobierno de México | Facebook

“El presente artículo es propiedad de Lado B

Mecinas, J. (2021). Aristegui, Latinus y Artículo 19. Distinguiendo. Lado B. Recuperado el 05 de abril de 2021, de https://www.ladobe.com.mx/2021/04/aristegui-latinus-y-articulo-19-distinguiendo/

«Sin las familias no» es lema con el que colectivos piden que titular de Comisión de Víctimas no sea impuesto por el Poder Ejecutivo

Estrella Pedroza, SemMéxico

17 de marzo de 2021

SemMéxico. Morelos. 17 de marzo de 2021.- Colectivos de familiares de víctimas  lanzan un  S.O.S  ante el intento del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo de apoderarse  de  la  Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos  al pretender imponer una terna, para elegir a la o el titular, violentando Ley de Víctimas del Estado de Morelos.

Mujeres  integrantes de los  colectivos “Regresando a Casa Morelos”, “Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos” “Unión de Familias Resilientes” y “Ana Karen Vive” han iniciado una jornada de protestas bajo el lema «Sin la familias no» para visibilizar las irregularidades con las que se pretende imponer a la próxima titular de dicha comisión. 

Angélica Monrroy, integrante de “Regresando a Casa Morelos”, destacó que «el Poder Ejecutivo pretende enviar al Congreso de Morelos una terna con perfiles alineados al gobernador y con ello  se  violenta la Ley de Víctimas del Estado de Morelos porque no está tomando en cuanta a las familias».

La citada Ley en su artículo 118 señala que la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo, que será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, de la terna que el Gobernador del Estado, previa consulta pública que se realice a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.

«Pero lo que estamos viendo es que las personas que el Poder Ejecutivo está proponiendo son personas o que tienen afinidad con el Gobierno del Estado o/y que son propuestas por uno que otro colectivo que surgió de manera repentina pero que ni representa a las familias y que no tiene trabajo en este camino de búsqueda y la terna debe ser avalada por el mayor número de familias y no solo por unas cuantas», dijo.

De acuerdo a los colectivos que integran decenas de familias que buscan a sus seres queridos que están en condición de desaparecidos  o fueron víctimas de violencia, «es importante que a ese espacio llegue una persona verdaderamente comprometida con el tema, que tenga experiencia pero sobretodo empatía con las víctimas, que trabaje por y para las víctimas». 

Angelica Monroy  recordó  que la anterior titular Naxielli Carranco Lechuga no tuvo ni la sensibilidad, ni la preparación, pese a que venía de sociedad civil, se manejó  por intereses personales y nunca hizo nada por  ejercer y defender los recursos de las víctimas». 

Añadió : 

«Ella era gente de Graco Ramírez (exgobernador de Morelos) y tenía la consigna de no gastar el recursos  en víctimas; tan fue así que cada año se etiquetaron  aproximadamente 30 millones de pesos y nunca se ejercieron debida y equitativamente; los dejo perder». 

Los colectivos de víctimas han enviado una carta a las y los diputados de la LIV Legislatura  en la que explican la situación y hacen la siguiente petición: 

«Es de suma importancia que la voz de las víctimas del Estado de Morelos,  ya que directamente sin elección ocupamos un lugar que no buscamos pero por dichas circunstancias somos la parte interesada por lo que les hacemos respetuosamente petición de tomar en cuenta nuestra candidata la Angélica Danae Velázquez Luna para el nombramiento de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos», se lee en el documento. 

Y a pesar de que han acudido en dos ocasiones al Congreso Local prácticamente han sido ignoradas la madres, hijas, hermanas y tías de las víctimas de esta entidad.

Hasta ahora no han logrado que la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, presidida  la diputada Érika García Zaragoza, les de una audiencia. 

En su última visita, realizada este miércoles, fue el diputado del Partido de Encuentro Solidarios (PES) -partido del que emanó el gobernador de la entidad- las recibió. 

«Se comprometió  a hacer de conocimiento de sus homólogos y que las víctimas quería transparencia para la terna pero dijo que él  no podía hacer más… «, dijo, Ana Luisa Garduño, integrante del colectivo “Ana Karen Vive”.

Subrayó que entre  los motivos por los que se quiere una persona comprometida al frente de la Comisión es porque desde el año pasado están 147 familias sin poder acceder al Fondo de Reparación  y además a tres meses de haber iniciado el año no hay una calendarización de las actividades del Consejo que rige este organismo.

“El presente artículo es propiedad de SemMéxico

Pedroza, E. (2021). «Sin las familias no» es lema con el que colectivos piden que titular de Comisión de Víctimas no sea impuesto por el Poder Ejecutivo. SemMéxico. Recuperado el 19 de marzo de 2021, de https://www.semmexico.mx/?p=33346

A 2 meses del plazo límite, el 90% de la Guardia Nacional no ha sido evaluada

Con el fin de no frenar el despliegue prometido por AMLO, el Congreso dio un plazo de dos años para que los elementos de la Guardia Nacional fueran examinados y en su caso aprobados, pero el avance es mínimo. Además, persiste reclutamiento exclusivamente militar.

Arturo Angel (@arturoangel20), Animal Político

17 de marzo de 2021

Cuartoscuro

Nueve de cada 10 elementos de la Guardia Nacional (GN) que actualmente están desplegados en el país haciendo labores de policía, no han presentado y aprobado las evaluaciones que acrediten que tienen el perfil, conocimientos, aptitudes y habilidades para poder hacer ese trabajo.

Se trata de una situación que para cualquier corporación de policía sería ilegal sino fuera porque a la Guardia Nacional se le dio un plazo de dos años para que cumplimentara ese proceso y, con ello, no frenar su despliegue inicial. Pero a dicho plazo le quedan solo dos meses y el avance es mínimo.

Así lo confirman datos oficiales actualizados a los que Animal Político tuvo acceso a través de solicitudes de transparencia. La información también confirma que la Guardia Nacional, pese a ser por definición una policía civil, sigue alimentándose exclusivamente de militares reclutados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con los datos proporcionados, hasta febrero pasado estaban desplegados en el país 100 mil 528 elementos en total, de los cuales 59 mil 565 son policías militares provenientes de la Defensa Nacional, 15 mil 211 son efectivos provenientes de la Secretaría de Marina, y 25 mil 752 son expolicías federales transferidos de dicha corporación al momento de su desaparición.

De ese total, solo 9 mil 31 elementos cuentan con el denominado Certificado Único Policial (CUP) vigente que acredita que son aptos para poder realizar una función de policía. En proporción, se trata de menos del diez por ciento de todo el estado de fuerza de esta corporación.

El CUP es la certificación diseñada para cumplir con la disposición del articulo 21 de la Constitución Política que establece, literalmente, que “ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema”.

Para el caso de la GN se hizo una excepción temporal. El artículo 4to transitorio de la Ley de la Guardia Nacional, publicada el 27 de mayo de 2019, dio un plazo máximo de dos años para que los elementos asignados a esta corporación contaran con la referida certificación. 

Esto con el objetivo de que se pudiera integrar rápidamente un estado de fuerza de guardias que, salvando este requisito, pudiera ser desplegado en el país como lo había comprometido públicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, al ritmo en que la certificación en la GN ha avanzado hasta ahora se requerirían cerca de dos décadas para completar la evaluación de todos los elementos. Para obtener el CUP, un policía debe acreditar que ha superado exitosamente cuatro tipos de evaluaciones: competencias, formación inicial, desempeño y control de confianza.

Un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicado en febrero pasado había advertido ya que no hay certeza de que los militares que están siendo transferidos a la Guardia Nacional superaron de forma satisfactoria la formación inicial que todo policía del país debe cumplir.

Siguen solo militares

Los datos proporcionados por la Guardia Nacional también confirman que esta nueva fuerza se sigue nutriendo exclusivamente de militares, no de civiles.

La dependencia indicó que desde su puesta en marcha se han reclutado a 35 mil 600 nuevos elementos a dicha corporación, los cuales se suman a los mas de 60 mil efectivos transferidos originalmente desde las fuerzas armadas y la expolicía federal.

Ninguno de los nuevos elementos fue captado y reclutado por la Guardia Nacional, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal. En realidad, todos provienen de las instituciones castrenses: 29 mil 263 de la Sedena y 6 mil 337 de la Secretaría de Marina.

Los nuevos elementos son contratados por dichas secretarías y luego son “separados” de sus obligaciones castrenses para laborar en la Guardia Nacional. Sus derechos laborales y protección social quedan a cargo de la Defensa y la Marina. 

Los actuales mandos de la GN también son, en su totalidad, elementos provenientes de las fuerzas armadas. Las bases e instalaciones de dicha corporación en el país también han sido gestionadas y adquiridas por el Ejército Mexicano.

La reforma constitucional que dio pie al nacimiento de la Guardia Nacional define a esta fuerza como una institución de seguridad publica de carácter civil, como cualquier otra. No obstante, dicha reforma también dio un plazo de cinco años al gobierno del presidente López Obrador para auxiliarse en las fuerzas armadas.

Organizaciones civiles especializadas en temas de policía como Causa en Común, y especialistas como Alejandro Hope, han advertido en diversos momentos que la formación 100 por ciento castrense de la Guardia además de contravenir su carácter civil, puede poner en riesgo su consolidación como una institución independiente.

CDMX, con el mayor despliegue

La Ciudad de México es la entidad del país que concentra actualmente el mayor número de elementos de la Guardia Nacional en el país: prácticamente 1 de cada 10 efectivos están en la capital del país. La cifra, de acuerdo con los datos proporcionados pro la corporación, era de 12 mil 751 efectivos hasta febrero pasado en la ciudad.

El estado de México es la segunda entidad con el mayor despliegue de guardias con 9 mil 638 elementos, y le sigue Guanajuato con 6 mil 855 guardias. Después se ubica Jalisco con 5 mil 831 efectivos y Oaxaca con 5 mil 231 elementos.

En tanto, las entidades con menos elementos de la Guardia Nacional asignados son Aguascalientes, Tlaxcala y Campeche, todas con menos de mil efectivos en su territorio.

En su informe publicado en febrero, la ASF también cuestionó la forma en que se ha decidido desplegar a la Guardia en el país, señalando que no parece haber una lógica estratégica o de combate a las zonas de mayor incidencia criminal.

Muere un guardia al mes, en promedio

Los datos oficiales obtenidos por este medio muestran que entre junio de 2019 y diciembre de 2020 un total de 24 elementos de dicha corporación han perdido la vida a causa de agresiones de grupos criminales o accidentes, mientras se encontraban desplegados en el país. Se trata, en promedio, de al menos un agente caído cada mes.

Del total de elementos caídos, la mitad de ellos perdieron la vida tras ser agredidos por presuntos integrantes de grupos criminales. Estos casos han ocurrido en estados como Guanajuato, Chiapas, Tamaulipas, Baja California, Jalisco, Sinaloa, Michoacán y Querétaro.

Los otros doce agentes murieron como resultado de accidentes automovilísticos principalmente. También se registra un fallecimiento por caída de una azotea y dos guardias mas que perdieron la vida calcinados en Baja California.

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Angel, A. (2021). A 2 meses del plazo límite, el 90% de la Guardia Nacional no ha sido evaluada. Animal Político. Recuperado el 18 de marzo de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/03/plazo-limite-guardia-nacional-no-ha-sido-evaluada/