Foto: Pruebas de hoy en la termoeléctrica de Huexca. (Teresa Castellanos)
Ciudad de México | Desinformémonos. Durante las últimas dos semanas se han realizado pruebas “ilegales” en la termoeléctrica de Huexca, denunció Teresa Castellanos, integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) y miembro del Comité Huexca en Resistencia. “Día y noche ha estado saliendo humo rojo y negro de las turbinas, prenden válvulas de cada torre para hacer pruebas y se escucha un ruido muy fuerte”, aseguró en entrevista telefónica.
Quienes sostienen el plantón en rechazo al Proyecto Integral Morelos (PIM) desde hace casi 5 meses, aseguran que han sido intimidados por el Ejército y la Guardia Nacional desde que organizaron la protesta por tiempo indefinido frente a la termoeléctrica. Castellanos indicó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les informó que no existen permisos para la extracción de agua, pues “solo los campesinos podrían darlos”.
Integrantes del FPDTA ven una alerta en la realización de las actuales pruebas, y aseguran que ninguna autoridad se ha acercado a hablar con ellas, ni con el plantón de los ejidatarios en Ayala, Morelos. Teresa explica que han intentado mantener un diálogo con las autoridades correspondientes y no han obtenido ninguna respuesta. Denunció que desde hace más de un año solicitaron una audiencia con el presidente y no ha querido recibirles.
Hay amparos de suspensión definitiva que no han sido respetados y “quieren operar de manera ilegal”, aseguró Castellanos. Indicó que también existe una suspensión del gasoducto, que no se ha retirado y que “no hay quien proteja a las comunidades”.
También denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no tiene ningún permiso para la construcción de un acueducto en el Río Cuautla y sin embargo lo hicieron. “Es una corrupción total de la CFE y del gobierno de la Cuarta Transformación, y entonces ¿qué hacemos nosotros? porque no estamos dispuestos a que sigan haciendo cosas ilegales, si no tienen el permiso del acueducto y ya lo construyeron, tendremos que ser las autoridades que lo retiremos”.
Las exigencias del plantón son la cancelación definitiva del Proyecto Integral Morelos, pues, aseguran, “se está robando el agua, afectando a las comunidades, especialmente a Huexca por el ruido y la contaminación, así como a las comunidades de Ayala, Morelos; y a las comunidades de Puebla y Tlaxcala por el gasoducto”, afirmó la activista.
Las organizaciones opositoras al PIM lanzaron una invitación a la ciudadanía a que les acompañen al 102 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata el próximo sábado 10 de abril a las 8:30 am. Se reunirán en el Señor del Pueblo junto a la tumba de Zapata, para salir en caravana hacia Chinameca, donde realizarán un homenaje al jefe del Ejército del Sur.
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Ciudad de México | Desinformémonos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) reportó más de 40 ataques con armas de alto calibre contra las comunidades tsotsiles de Aldama, «provocados por el grupo paramilitar en complicidad con el gobierno municipal» de Chenalhó, en Chiapas.
«Mientras ocurrían las agresiones armadas, la Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva se encontraban del lado de Santa Martha-Miguel Utrilla, Chenalhó», de donde provenían los disparos, informó el Frayba sobre los ataques registrados los pasados 20 y 21 de marzo.
Acusó que las acciones gubernamentales para atender el conflicto y los ataques contra las comunidades de Aldama «han sido insuficientes, ineficaces y simuladas, ya que no garantizan la seguridad e integridad a la población».
Frente a las agresiones armadas, que desde noviembre de 2020 mantienen a la población «en un contexto de terror», el Frayba exigió al Estado mexicano que investigue, identifique y sancione al grupo paramilitar de Santa Martha, Chanalhó, y «ponga de una vez fin» a la violencia contra las comunidades de Aldama.
A continuación el comunicado completo:
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), ha recibido información de la Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama, Chiapas, México; que durante los días 20 y 21 de marzo 2021, las comunidad de Aldama han sido agredidas con disparos de armas de fuego de alto calibre provenientes de distintos puntos ubicados en Santa Martha-Miguel Utrilla, municipio de Chenalhó, Chiapas, actos provocados por el grupo paramilitar en complicidad con el gobierno municipal.
Las agresiones armadas en contra de la población maya tsotsil de Aldama no ha cesado, desde noviembre de 2020, en donde el Frayba registró el mayor indice de ataques, a la fecha, los ataques armados han continuado hacía la población que vive sometida en un contexto de terror, donde la niñez, las mujeres y la población en general sobreviven en un ambiente torturante. Las acciones gubernamentales han sido insuficientes, ineficaces y simuladas ya que no garantizan la seguridad e integridad a la población.
El 20 de marzo de 2021, a partir de las 14:00 horas, habitantes de las comunidades Stzelejpotobtic, Coco, Juxton, Yeton, San Pedro Cotzilnam y Tabac recibieron 21 ataques de armas de fuego hasta las 23:30 horas, fueron más de 9 horas de agresión. La comunidad de Stzelejpotobtic recibió 11 ataques armados. Los disparos provenían de los puntos: K’ante’, Pajaltoj, Tok’oy-saclum, Puente Caridad, Vale’tik, Chuch te’, El Puente y T’elemax, municipio de Chenalhó.
El 21 de marzo de 2021, de las 10:00 a 21:00 horas, habitantes de las comunidades de Ch’ivit, Yeton, Tabak, Coco y Xuxch’en vivieron 9 ataques con armas de fuego. Además, trabajadores de una compañía que se encuentran laborando en el tramo carretero Tabac-San Pedro Cotzilnam, estuvieron bajo ataque. Mientras ocurrían las agresiones armadas, la Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva se encontraban del lado de Santa Martha-Miguel Utrilla, Chenalhó. Los las agresiones provenían de los puntos de ataque El Ladrillo que se encuentra dentro de las 60 hectáreas en disputa, además de Vale’tik, T’elemax, Tojtic, Slumka y Yocventana, Santa Martha.
El Frayba manifiesta su preocupación por los hechos de agresión armada que vive constantemente la población del municipio de Aldama. Estos hechos, forman parte de una persistente violencia con impactos psicológicos que ya vive la población y lleva a una fractura profunda del tejido social.
Urgimos al Estado mexicano que investigue, identifique y sanciones al grupo paramilitar de Santa Martha, Chanalhó, y ponga de una vez fin a la violencia contra las comunidades de Aldama.
Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a que firmen esta llamado urgente disponible en la página www.frayba.org.mx y le escriban a las autoridades mexicanas a fin de que se comprometan a implementar medidas más apropiadas que garanticen la vida, la seguridad e integridad física y psicológica de la población en constante asedio.
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Redacción Desinformémonos. (2021). Denuncian presencia de Guardia Nacional en ataques armados contra comunidades de Aldama. Desinformémonos. Recuperado el 24 de marzo de 2021, de https://desinformemonos.org/denuncian-presencia-de-guardia-nacional-en-ataques-armados-contra-comunidades-de-aldama/
Con el fin de no frenar el despliegue prometido por AMLO, el Congreso dio un plazo de dos años para que los elementos de la Guardia Nacional fueran examinados y en su caso aprobados, pero el avance es mínimo. Además, persiste reclutamiento exclusivamente militar.
Nueve de cada 10 elementos de la Guardia Nacional (GN) que actualmente están desplegados en el país haciendo labores de policía, no han presentado y aprobado las evaluaciones que acrediten que tienen el perfil, conocimientos, aptitudes y habilidades para poder hacer ese trabajo.
Se trata de una situación que para cualquier corporación de policía sería ilegal sino fuera porque a la Guardia Nacional se le dio un plazo de dos años para que cumplimentara ese proceso y, con ello, no frenar su despliegue inicial. Pero a dicho plazo le quedan solo dos meses y el avance es mínimo.
Así lo confirman datos oficiales actualizados a los que Animal Político tuvo acceso a través de solicitudes de transparencia. La información también confirma que la Guardia Nacional, pese a ser por definición una policía civil, sigue alimentándose exclusivamente de militares reclutados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De acuerdo con los datos proporcionados, hasta febrero pasado estaban desplegados en el país 100 mil 528 elementos en total, de los cuales 59 mil 565 son policías militares provenientes de la Defensa Nacional, 15 mil 211 son efectivos provenientes de la Secretaría de Marina, y 25 mil 752 son expolicías federales transferidos de dicha corporación al momento de su desaparición.
De ese total, solo 9 mil 31 elementos cuentan con el denominado Certificado Único Policial (CUP) vigente que acredita que son aptos para poder realizar una función de policía. En proporción, se trata de menos del diez por ciento de todo el estado de fuerza de esta corporación.
El CUP es la certificación diseñada para cumplir con la disposición del articulo 21 de la Constitución Política que establece, literalmente, que “ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema”.
Para el caso de la GN se hizo una excepción temporal. El artículo 4to transitorio de la Ley de la Guardia Nacional, publicada el 27 de mayo de 2019, dio un plazo máximo de dos años para que los elementos asignados a esta corporación contaran con la referida certificación.
Esto con el objetivo de que se pudiera integrar rápidamente un estado de fuerza de guardias que, salvando este requisito, pudiera ser desplegado en el país como lo había comprometido públicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, al ritmo en que la certificación en la GN ha avanzado hasta ahora se requerirían cerca de dos décadas para completar la evaluación de todos los elementos. Para obtener el CUP, un policía debe acreditar que ha superado exitosamente cuatro tipos de evaluaciones: competencias, formación inicial, desempeño y control de confianza.
Los datos proporcionados por la Guardia Nacional también confirman que esta nueva fuerza se sigue nutriendo exclusivamente de militares, no de civiles.
La dependencia indicó que desde su puesta en marcha se han reclutado a 35 mil 600 nuevos elementos a dicha corporación, los cuales se suman a los mas de 60 mil efectivos transferidos originalmente desde las fuerzas armadas y la expolicía federal.
Ninguno de los nuevos elementos fue captado y reclutado por la Guardia Nacional, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal. En realidad, todos provienen de las instituciones castrenses: 29 mil 263 de la Sedena y 6 mil 337 de la Secretaría de Marina.
Los nuevos elementos son contratados por dichas secretarías y luego son “separados” de sus obligaciones castrenses para laborar en la Guardia Nacional. Sus derechos laborales y protección social quedan a cargo de la Defensa y la Marina.
Los actuales mandos de la GN también son, en su totalidad, elementos provenientes de las fuerzas armadas. Las bases e instalaciones de dicha corporación en el país también han sido gestionadas y adquiridas por el Ejército Mexicano.
La reforma constitucional que dio pie al nacimiento de la Guardia Nacional define a esta fuerza como una institución de seguridad publica de carácter civil, como cualquier otra. No obstante, dicha reforma también dio un plazo de cinco años al gobierno del presidente López Obrador para auxiliarse en las fuerzas armadas.
Organizaciones civiles especializadas en temas de policía como Causa en Común, y especialistas como Alejandro Hope, han advertido en diversos momentos que la formación 100 por ciento castrense de la Guardia además de contravenir su carácter civil, puede poner en riesgo su consolidación como una institución independiente.
CDMX, con el mayor despliegue
La Ciudad de México es la entidad del país que concentra actualmente el mayor número de elementos de la Guardia Nacional en el país: prácticamente 1 de cada 10 efectivos están en la capital del país. La cifra, de acuerdo con los datos proporcionados pro la corporación, era de 12 mil 751 efectivos hasta febrero pasado en la ciudad.
El estado de México es la segunda entidad con el mayor despliegue de guardias con 9 mil 638 elementos, y le sigue Guanajuato con 6 mil 855 guardias. Después se ubica Jalisco con 5 mil 831 efectivos y Oaxaca con 5 mil 231 elementos.
En tanto, las entidades con menos elementos de la Guardia Nacional asignados son Aguascalientes, Tlaxcala y Campeche, todas con menos de mil efectivos en su territorio.
En su informe publicado en febrero, la ASF también cuestionó la forma en que se ha decidido desplegar a la Guardia en el país, señalando que no parece haber una lógica estratégica o de combate a las zonas de mayor incidencia criminal.
Muere un guardia al mes, en promedio
Los datos oficiales obtenidos por este medio muestran que entre junio de 2019 y diciembre de 2020 un total de 24 elementos de dicha corporación han perdido la vida a causa de agresiones de grupos criminales o accidentes, mientras se encontraban desplegados en el país. Se trata, en promedio, de al menos un agente caído cada mes.
Del total de elementos caídos, la mitad de ellos perdieron la vida tras ser agredidos por presuntos integrantes de grupos criminales. Estos casos han ocurrido en estados como Guanajuato, Chiapas, Tamaulipas, Baja California, Jalisco, Sinaloa, Michoacán y Querétaro.
Los otros doce agentes murieron como resultado de accidentes automovilísticos principalmente. También se registra un fallecimiento por caída de una azotea y dos guardias mas que perdieron la vida calcinados en Baja California.
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Angel, A. (2021). A 2 meses del plazo límite, el 90% de la Guardia Nacional no ha sido evaluada. Animal Político. Recuperado el 18 de marzo de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/03/plazo-limite-guardia-nacional-no-ha-sido-evaluada/
Ciudad de México | Desinformémonos. Una columna de cinco unidades artilladas de la Guardia Nacional (GN) incursionó la tarde del miércoles en la reserva zapatista del cerro de Huitepec, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, bajo el argumento de localizar antenas para radiodifusoras piratas.
Los habitantes de la comunidad base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) retuvieron al medio centenar de agentes armados, junto con cuatro empleados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por haber entrado sin el consentimiento de las autoridades comunitarias.
Denunciaron que los militares entraron a la comunidad, se dirigieron a las viviendas y detuvieron a uno de los pobladores, por lo que los habitantes tsotsiles cercaron a los elementos de la GN y exigieron su liberación.
Elementos de la Guardia Nacional fuertemente armados están realizando un operativo en la reserva zapatista de #Huitepec en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. pic.twitter.com/Aa5YEF8cP1
Las fuentes oficiales indicaron que la Guardia Nacional pagó una multa de 40 mil pesos por incursionar en la comunidad base de apoyo zapatista, regida por usos y costumbres, y que después de unas horas los pobladores permitieron su salida.
Con información de Chiapas Paralelo y La Jornada
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Redacción Desinformémonos. (2021). Incursiona Guardia Nacional en territorio zapatista. Desinformémonos. Recuperado el 12 de marzo de 2021, de https://desinformemonos.org/incursiona-guardia-nacional-en-territorio-zapatista/
Son 160 mil los policías que según la ley no podrían seguir en activo. Este martes concluyó la prórroga de 18 meses aprobada para que los estados terminaran de evaluarlos y solo Querétaro concluyó al 100%.
Por segunda ocasión, México incumplió el plazo que se había establecido para certificar que los policías de todos los niveles desplegados en el país cuentan con el perfil, las habilidades y conocimientos para hacer ese trabajo. Más del 40 por ciento de los agentes siguen hoy sin esta evaluación que, en el papel, es una obligación legal desde hace cuatro años y medio.
En julio de 2019 el Consejo Nacional de Seguridad había aprobado la última prórroga de 18 meses para que los estados y la federación consiguieran certificar a sus policías, luego de que el periodo original de tres años establecido para ello resultara insuficiente.
Dicha prórroga, que comenzó a correr el 10 de septiembre de 2019, venció el día de ayer pero, como prueban datos oficiales a los que Animal Político tuvo acceso a través de una solicitud de transparencia, el compromiso se ha incumplido nuevamente.
La información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arroja que, a nivel estatal, de los 305 mil 231 policías estatales, municipales y adscritos a las Fiscalías, 164 mil 534 cuentan con dicha certificación denominada Certificado Único Policial (CUP).
En proporción, significa que el 54 por ciento de los agentes ya cuenta con el CUP, mientras que un 46 por ciento no lo tienen y, de acuerdo con lo que la ley marca, no podrían seguir desempeñándose como policías.
Si se desglosa por el tipo de corporación, el mayor rezago se advierte en las policías ministeriales adscritas a las fiscalías estatales. De sus 40 mil 290 elementos en total, solo 4 mil 944 cuentan con el CUP, que equivale a solo el 37.1 por ciento. En tanto, de los 131 mil 606 policías municipales en el país hay 73 mil 171 con CUP, que son 55.6 por ciento.
En cuanto a las policías estatales, del estado de fuerza reportado hasta febrero de 133 mil 335 elementos, un total de 76 mil 419 elementos están certificados, que equivalen al 57.3 por ciento.
Querétaro es la única de las 32 entidades federativas que ha cumplido al cien por ciento con la certificación de todos sus agentes estatales, municipales y ministeriales. Le siguen tres estados que se ubican entre un 80 y 90 por ciento de policías con el CUP: Campeche. Coahuila y Durango.
El resto de los estados se ubican en niveles por debajo del 80 por ciento. Guerrero es el estado mas rezagado de todos con 2 mil 118 policías certificados de los 8 mil 28 con los que cuenta, que significa un promedio de apenas 26.4 por ciento. Dicho de otra forma, solo la cuarta parte de los policías de Guerrero están calificados como aptos para desempeñarse como tales.
A Guerrero le sigue Baja California Sur en donde solo 834 policías de los 2 mil 719, que equivalen al 30.7 por ciento, cuentan con el CUP.
Veracruz, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas e Hidalgo son las otras entidades en donde el porcentaje de policías certificados no supera el 40 por ciento del total.
La Ciudad de México, por su parte, reportó que ha conseguido certificar a 21 mil 23 policías preventivos que equivalen al 56 por ciento de todos sus policías. Es decir, poco más de la mitad de ellos. La cifra es mayor a los 15 mil 651 policías certificados según el SESNSP.
Aunque está lejos de legar al cien por ciento, la Secretaria de Seguridad Ciudadana capitalina dijo a Animal Político que en el actual sexenio se ha implementado una estrategia para agilizar la certificación, luego de que en 2018 se recibiera un grave rezago con apenas 4 mil policías evaluados. Estimó que al cierre de este año podría terminar la certificación de todos sus agentes.
Y a nivel federal… peor
Las corporaciones federales de policía están aún más atrasadas en la certificación de sus elementos que las estatales.
Por ejemplo, de los 5 mil 352 agentes de investigación con los que cuenta la Fiscalía General de la República (FGR), solo 654 tienen su Certificado Único Policial. Esto representa apenas un 12.2 por ciento del total del estado de fuerza de dicha institución.
Aún peor es el balance de la Guardia Nacional (GN) que este sexenio sustituyó a la Policía Federal. De un estado de fuerza de 88 mil 188 elementos en activo con los que contaban al cierre del año pasado, solo 8 mil 75 cuentan con dicho certificado. Es apenas el 9.6 por ciento de sus elementos.
Cabe recordar que la Guardia Nacional se ha ido conformando con expolicías federales – entre los que se ubican los que tienen el CUP – pero sobretodo con elementos de las fuerzas armadas reclutados por las secretarías de la Defensa y Marina. Un análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que se trata de militares que carecen, incluso, de la formación básica para ser policía.
La ley que dio pie a la creación de la Guardia Nacional estableció un plazo especial de dos años a esta corporación para cumplir con la certificación de sus elementos. Dicho periodo vence el próximo 27 de mayo.
Omisiones, pandemia… y corrupción
El 9 de septiembre de 2016 el Consejo Nacional de Seguridad aprobó los lineamientos para la emisión del CUP. El objetivo de era cumplir con la obligación constitucional que establece que en México todos los policías deben contar con una certificación que avale que tienen el perfil y la preparación para desempeñar esta función clave en la seguridad del país.
Se definió al CUP como un requisito obligatorio para poder ingresar a una fuerza policial y que, para obtenerlo, el aspirante debía superar cuatro tipo de evaluaciones: competencias, formación inicial, desempeño y control de confianza.
Los lineamientos aprobados en 2016 establecieron un periodo de tres años para que todas las corporaciones policiales del país depuraran sus filas, certificando a los elementos aptos y dando de baja a los que no lo fueran.
Sin embargo, para julio de 2019, a unas semanas de que venciera dicho plazo, menos del 30 por ciento de los agentes habían sido certificados. Ante ese escenario, el consejo nacional de Seguridad sesionó y autorizó una prórroga de 18 meses más para que se terminara el proceso. Como ya se describió, pese a que la cifra de policías certificados se duplicó en este lapso, no se logró llegar a la meta.
Mayra Hernández, experta en temas de seguridad pública y formación policial, advirtió que el fracaso del país en la certificación de sus policías es resultado de una combinación varios factores que van, desde los pocos recursos que se han destinado para ello, hasta problemas de corrupción.
Por principio de cuentas, señala que la capacitación de los policías nunca ha sido una prioridad presupuestal. En 2020, por ejemplo, de dos fondos federales que se entregaban a estados y municipios para acciones de seguridad, menos del 20 por ciento se etiquetaba para estos rubros. En cambio, se prefiere gastar en adquisición de equipos y materiales-
A ellos se suma que no ha habido una estrategia consistente de certificación. Incluso, pese a que la reforma de la Guardia Nacional obligaba a las entidades a acelerar la profesionalización de sus policías y reportar periódicamente su progreso, en los hechos esto se ha traducido en la presentación de informes con datos imprecisos o malhechos que nadie realmente revisa.
Y luego viene la corrupción. Ante el temor de perder su trabajo por no contar con el CUP, muchos policías han tenido que pagar a sus mandos para tener acceso a las evaluaciones.
“Policías que ganan 10 mil pesos mensuales han tenido que pagar hasta 55 mil para ser evaluados. Aquí habrá que ponerle lupa, para que la ausencia de CUP no termine siendo un negocio con cargo a las policías”, indicó la especialista.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana añadió que la pandemia sanitaria por el COVID-19 también ha traído algunas complicaciones. Dijo, por ejemplo, que cuenta con casi 4 mil 500 elementos que por distintas circunstancias son población vulnerable y, por lo tanto, no se les puede exponer ahora a las pruebas.
En este contexto y ante la falta de cumplimiento en la certificación, Hernández consideró que el Consejo Nacional de Seguridad debe sesionar de forma extraordinaria para aprobar una nueva prórroga – la tercera ya – para certificar a sus elementos. Esto con el objetivo de no dejar en situación de ilegalidad a los policías que no cuentan con el cup.
“Pero tiene que ser una prórroga con mayor corresponsabilidad. Que estados y municipios informen puntualmente cada mes sobre avances y cumplimiento para cumplir máximo en 1 año con la CUP. Y que también se imponga una corresponsabilidad financiera para que no haya pretextos y, por ejemplo, se asigne el 50 por ciento del Fortamun (fondo federal a municipios) para que las policías cumplan con el CUP”, dijo la especialista.
Autoridades federales consultadas por Animal Político señalaron que es altamente probable que se apruebe una prórroga para la certificación en esta misma semana.
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Angel, A. (2021). México incumple con certificación de policías: más del 40% no están evaluados. Animal Político. Recuperado el 11 de marzo de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/03/mexico-incumple-con-certificacion-de-policias-mas-del-40-no-estan-evaluados/
La Secretaria indicó que constantemente se emiten recomendaciones para que funcionarios, docentes, alumnas y alumnos, madres, padres de familia y tutores, desarrollen un sentido de ciudadanía digital responsable.
• Participa Titular de la SEP en el inicio de la jornada Internet seguro para todas y todos 2021.
• Constantemente se emiten recomendaciones para una ciudadanía digital responsable, expone.
REDACCIÓN | Excelsior
CIUDAD DE MEXICO | Miercoles 10 de Marzo del 2021 | 21:56
La Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, afirmó que la institución promueve acciones para el uso seguro de la red de Internet y de los dispositivos de telecomunicaciones en apoyo a la educación.
Por ello, desde la SEP se impulsa a las y los alumnos del Sistema Educativo Nacional a que disfruten de sus experiencias en ambientes digitales sin peligro, con seguridad y con el mayor provecho educativo posible.
Durante su participación en el inicio de la jornada Internet seguro para todas y todos 2021, la Secretaria indicó que constantemente se emiten recomendaciones para que funcionarios, docentes, alumnas y alumnos, madres, padres de familia y tutores, desarrollen un sentido de ciudadanía digital responsable, a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC) de la dependencia.
Expuso que actualmente, con el aumento en la actividad en línea, sobre todo a partir de la pandemia, se incrementaron dichas recomendaciones de ciberseguridad.
Acompañada de la Titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reconoció la importancia de las jornadas para un internet seguro, las cuales, dijo, son de profundo interés para la dependencia en aras de que niñas, niños, adolescentes y jóvenes se conviertan en ciudadanos digitales responsables.
Comentó que con las jornadas se inculcan valores fundamentales en el ámbito digital, como la protección de datos personales; la dispersión de información en redes sociales; la cautela en el acceso a enlaces desconocidos o riesgosos, y la actualización de dispositivos y software.
Durante la presentación, en la que participó también Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional, la Secretaria comentó que la campaña tiene dos objetivos: por un lado, generar una toma de conciencia ante los graves riesgos a los que estamos expuestos como usuarios de Internet, las redes sociales, los sistemas de mensajería y las plataformas colaborativas.
Y, por otro, contribuir a consolidar una cultura de la prevención digital y de la ciberseguridad.
Finalmente, la Titular de Educación señaló que se ha inculcado a los integrantes de las comunidades de aprendizaje, valores fundamentales “como la importancia de proteger nuestras redes sociales; ser cautelosos con los enlaces que recibimos y mantener actualizados los equipos; esto es no proporcionar más datos de los necesarios y, sobre todo, a gente que desconocemos”.
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Redacción (2021) Promueve Educación que las y los alumnos cuenten con ambientes digitales seguros. Excelsior. Recuperado el 10 de Marzo del 2021 en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/promueve-educacion-que-las-y-los-alumnos-cuenten-con-ambientes-digitales-seguros/1437182
Integrantes del pueblo triqui en imagen de archivo. Foto La Jornada
Carolina Gómez Mena | La Jornada
Ciudad de México | Viernes 29 de Enero del 2021 | La Jornada
Permitir que ingese la Guardia Nacional a la zona Triqui llevará a “militarización” de la región, y del país, consideró el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). Además, aseguró que es una medida tomada de forma “unilateral” y es “violatoria de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
En una reunión realizada el 25 de enero pasado en la Secretaría de Gobernación (Segob), entre Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la dependencia e integrantes Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) se tomó ese acuerdo, que incluye otras medidas.
Según la minuta de reunión, proporcionada a este medio, se establece que “se solicitará la presencia permanente y coordinada de la policía estatal y la Guardia Nacional en la comunidad de Tierra Blanca Copala, con la finalidad de que se garantice la integridad y seguridad de los habitantes de la región”.
Integrantes de la dirección política y del consejo comunitario del MULT, que pidieron anonimato, precisaron que “siempre hemos impulsado una mesa de paz, y en 2012 firmamos un acuerdo de paz y concordia. Ahora pedimos al gobierno federal que la entrada de la Guardia Nacional a Tierra Blanca sea consultada con todos los residentes de la región, que sea por consenso”. Especificaron que el MULT no forma parte de lo acordado con Encinas, pese a que “estamos en 23 de 32 comunidades, somos mayoritarios, sobre todo en la zona triqui baja”.
Los problemas entre las diferentes agrupaciones, tienen tiempo. Hay acusaiones de desaparición, retención y desplazamiento de personas. El MULT negó ser el origen de esas situaciones y criticó que “hace unos días (grupos contrarios) bloquearon una carrera, lo que provocó problemas para el traslado de pacientes COVID-19 y el ingreso de oxígeno”.
En un escrito con sello de asociaciones que forman parte del MULT, dijeron estar “abiertos al diálogo” y “desmentimos, nos deslindamos de promover desplazamientos forzados y los convocamos a proponer acuerdos y tareas para privilegiar la vigencia de la vida y los derechos humanos. Lamentaron que las autoridades no hayan actuado cuando días atrás “fue bloqueada Hacienda Blanca y dejaron sin tanques de oxígeno a nuestros enfermos de COVID-19 en Oaxaca”, en esa ocasión “no dijeron nada, enmudecieron, y todavía en pleno descaro algunos pretendieron culpar al MULT”.
El MULT indicó que la Declaración de la ONU “establece que no se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.
“De igual manera este artículo especifica que los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”.
El MULT señaló que “Encinas, únicamente escucho a una parte de los actores del conflicto, lo cual nos parece grave debido a que se ha anunciado por parte de diversas instancias del gobierno federal, que se está trabajando en estrategias de intervención a nuestro territorio a través de la Guardia Nacional, lo que llevaría a la militarización no solo de la zona triqui, sino paulatinamente al resto del país”.
El funcionario se comprometió a realizar una visita “de carácter humanitaria” a la zona del conflicto la primera semana de febrero para dar seguimiento a los acuerdos tomados. En dicha visita se pretende buscar que las autoridades correspondientes cumplan con su responsabilidad de brindar medidas cautelares y que están sean emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Sin embargo, el MULT consideró que “se han tomado acuerdos de manera unilateral ya que no se convocó, como se ha descrito, a todos los actores del conflicto que son MULT, MULTI, CNC y Ubisort, lo cual viola las disposiciones del artículo 30 de la declaratoria de la ONU”.
En “diversas ocasiones el MULT ha señalado que se requiere de la participación de todos y poder generar un acuerdo de paz para la región triqui”.
Rogelio Pensamiento, coordinador estatal del MULT en el estado de Oaxaca, ha asegurado “que una decisión de esta naturaleza como la que tomó el subsecretario Alejandro Encinas en conjunto con las otras organizaciones, no se entiende como el resultado de un consenso serio, respetuoso y digno para la protección de la integridad física y la vida de todos los miembros de la zona triqui”.
“El MULT se deslinda de promover desplazamiento forzado en Tierra Blanca o en la región, ya que nuestro su compromiso ha sido por el impulso de un cambio real en Oaxaca y la búsqueda de la paz con dignidad, privilegiando la vida y los derechos humanos de todos los miembros de la comunidad triqui”.
Camargo es la quinta masacre contra migrantes en México que incumple Pacto Global de Migración
Más de un centenar de organizaciones de derechos humanos, de protección a migrantes y búsqueda de desaparecidos, y activistas pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador cumplir con el Pacto Global de Migración, desmilitarizar la frontera sur y el país frente al éxodo de centroamericanos, ya que ello sólo provoca masacres como la ocurrida el pasado 22 de enero en Camargo, Coahuila, donde fueron asesinadas 19 personas.
“Militarizar las fronteras, no sólo no es un proceso de respeto a los derechos humanos ni garantía de una migración segura, ordenada y regular, sino una mera acción de persecución y criminalización de la migración que orilla a las personas a ponerse en manos de bandas de tráfico de personas. Como sociedad civil, hemos insistido en que la Guardia Nacional debería estar realizando y coordinando acciones para garantizar la seguridad de todas las personas en el país, no conteniendo la migración”.
En el documento dirigido al mandatario mexicano se subraya que la tolerancia de estos aberrantes crímenes demuestran la nula protección de la población migrante en México, los riesgos y la vulnerabilidad extrema en la que se encuentran frente a la crisis de violencia que impera en el país y particularmente en estados fronterizos como Tamaulipas, donde grupos criminales ejercen el control territorial, ya que son rutas de tráfico de personas.
“La masacre ocurrida recientemente es producto de la impunidad, la indolencia y la falta de respuesta de México en cuatro masacres de personas migrantes previas, ocurridas en Tamaulipas y otros estados fronterizos, como lo fueron el asesinato de 72 migrantes en agosto del 2010, las fosas clandestinas de San Fernando de 2011, la masacre de Cadereyta de 2012 y la masacre de Güemez de 2014”.
Se expuso que el Gobierno de México ha insistido, en todas sus comunicaciones, en una migración ordenada, segura y regular, es claro que la política implementada no garantiza nada de eso. “Este hecho -la masacre de Camargo- ha demostrado que la migración no es ni segura ni ordenada, pero si tenemos la oportunidad de hacerla regular”.
La legislación mexicana en materia migratoria y de protección internacional permite otorgar a las personas estancia por razones humanitarias y solicitar asilo; sin embargo, bajo el discurso de una migración ordenada, segura y regular, esto no ha sido efectivo y la contención migratoria a través de la militarización de las fronteras ha sido la constante.
“Ante los hechos ocurridos el 22 de enero en el municipio de Camargo Tamaulipas, donde se localizaron 19 personas -presumiblemente migrantes- calcinadas en dos camionetas, organizaciones de la sociedad civil, casas de migrantes y comités de familiares de migrantes desaparecidos de Centroamérica, condenamos la masacre y exhortamos al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de estos crímenes , que vienen sucediendo en nuestro país desde hace más de una década”, subrayaron
Informaron que el 26 de enero diversas organizaciones presentaron una denuncia para exigir la identificación de los restos y una investigación efectiva de los hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Tamaulipas. “Asimismo, solicitamos medidas cautelares a la Comisión Nacional de Búsqueda en México”.
“Los hechos implican violaciones graves a derechos humanos, en principio por la falta de prevención del Estado mexicano, al no tomar medidas para investigar y sancionar las masacres de personas migrantes ocurridas previamente en esa misma zona fronteriza”.
Las organizaciones evidenciaron la falta de diseño e implementación de políticas de prevención de la violencia que garanticen el derecho a una migración segura como lo señala el Pacto Global de Migración, el cual ha sido promovido por México a nivel mundial, pero incumplido en su propio territorio.Señalaron que en enero de 2019, parecía que pasaríamos de una política de contención y criminalización a una de derechos humanos. “Sin embargo, las presiones externas dieron un giro. No sólo se mantuvo la política migratoria de persecución y criminalización, sino que se endureció”.
“Por tal motivo, hacemos un llamado al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y al canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, para que reconozcan los riesgos y los delitos de los que son víctimas las mujeres, niñas, niños y hombres migrantes en su tránsito por México, y adopten medidas suficientes para prevenir ataques de particulares y autoridades, ya que es contrario a lo que ha afirmado el Presidente en diferentes conferencias matutinas , el Estado mexicano no está protegiendo a la población migrante en el país”, concluyeron.
“El presente artículo es propiedad de ContraRéplica“
Rodríguez González, L. (2021). Piden ONG’s quitar cerco militar en la frontera sur. ContraRéplica. Recuperado el 28 de enero de 2021, de https://www.contrareplica.mx/nota-Piden-ONG-s-quitar-cerco-militar-en-la-frontera-sur202128137
San Cristóbal de Las Casas, Chis., El juzgado cuarto de distrito en materia de amparo y juicios federales con sede en Tuxtla Gutiérrez admitió una demanda de amparo interpuesta por tzeltales del municipio de Chilón en contra de la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN), respecto a la cual se espera una resolución este viernes, informaron habitantes de la localidad.
Acompañados por integrantes de los centro de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), representantes de los inconformes dieron a conocer que emprendieron “la batalla legal contra la militarización de su territorio”, debido a que no fueron consultados.
Los ejidatarios solicitaron la cancelación de la obra y exigieron “respeto a nuestros derechos como pueblos indígenas. Hemos visto que la GN está comenzando a hacer daño, pues van a entrar a suspender el próximo carnaval; nos están amenazando cuando en la fiesta tradicional no entran autoridades municipales”.
El Frayba y el Centro Prodh señalaron ayer en conferencia de prensa virtual que el 15 de octubre pasado los pobladores “decidieron ejercer su derecho a la manifestación, que encontró como respuesta un despliegue de más de 300 elementos de diversas corporaciones de seguridad, que con la finalidad de detener la movilización hicieron uso excesivo de la fuerza”.
Recordaron que en el desalojo resultaron dañados vehículos particulares y hubo varias personas heridas, además de que fueron detenidos José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, actualmente sujetos a un “injusto” proceso penal en libertad por el delito de motín.
“El presente artículo es propiedad de La Jornada“
Henríquez, E. (2021). Se amparan contra construcción de cuartel en Chilón. La Jornada. Recuperado el 28 de enero de 2021, de https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/28/estados/se-amparan-contra-construccion-de-cuartel-en-chilon/
CIUDAD DE MÉXICO | Miércoles 27 de Enero del 2021 | 17:36
La delincuencia común, crimen organizado y cibernético cambió su giro de actividades ilícitas al robo y fraude en venta de tanques de oxígeno que, en pleno semáforo rojo de algunas entidades, se ha triplicado su precio al pasar de los 7 mil a 30 mil pesos.
De acuerdo con fuentes de la Guardia Nacional, el Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Durango, Sonora y Michoacán, concentran el mayor porcentaje de denuncias tanto a empresas distribuidoras del insumo médico, como de personas físicas que les roban su tanque a la hora de acudir a su llenado.
Información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señala que, del tres al 27 de enero, se registraron en el país 14 eventos de robo o fraude, en los que la intervención de las distintas instancias ha permitido la recuperación de 36 tanques de oxígeno y tres concentradores, así como el aseguramiento de tres vehículos y la detención de ocho personas.
Como resultado se iniciaron carpetas de investigación y las fiscalías locales trabajan en la judicialización de los casos de los robos de este tipo de equipamiento médico, cinco han tenido lugar en el Estado de México, tres en la Ciudad de México, dos en Tlaxcala y uno en Puebla, Durango, Sonora y Michoacán.
Las investigaciones que realizan la Guardia Nacional en coordinación con las Fiscalías de la Ciudad de México y Estado de México, han detectado la venta de tanques y concentradores en los tradicionales tianguis de “El Salado” y “Las Torres” en la alcaldía Iztapalapa, “San Felipe” en la colonia San Felipe de Jesús en la alcaldía Gustavo A. Madero y el tianguis de San juan en el municipio de Nezahualcóyotl.
Los detenidos que se han tenido hasta el momento, se les tipifica el delito como robo con violencia o robo simple, por lo que no se tiene una estadística exacta del número de personas detenidas por el robo de tanques de oxígeno.
A la delincuencia organizada y común, se le unieron en los últimos meses los delincuentes cibernéticos que a través de páginas fraudulentas ofertan cilindros o concentradores de oxígeno a precios por debajo de su precio normal.
De acuerdo con informes del Área de Delitos Cibernéticos Dirección General Científica de la Guardia Nacional, el patrullaje por el ciberespacio y la denuncia ciudadana, han permitido que se hayan dado de baja 700 perfiles de Facebook, donde se hacía la venta engañosa de tanques de oxígeno.
También se ha denunciado por lo menos 100 páginas de ventas en línea donde se detectó la venta de cilindros y concentradores que han sido sustraídos de manera ilegal o de robo a mano armada de ciudadanos que han sido sus víctimas al estar formados en los expendios de relleno.
FRAUDE EN VENTA DE TANQUES Y CONCENTRADORES DE OXÍGENO EN CDMX
En el caso de la Ciudad de México, el trabajo de Policía Cibernética de la Fiscalía General de Justicia del 4 al 27 de enero del año en curso se detectaron 5 páginas web en la que expedían tanques y concentradores de oxígeno que resultaron ser fraudulentas.
El 4 de enero, la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán, atendió la denuncia vía digital de un ciudadano, quien denunció un fraude debido a que contrató, vía redes sociales, un servicio de renta de tanques de oxígeno; señaló que realizó el depósito que le solicitaron, pero sin recibir el servicio.
Para el 12 de enero de 2021 se inició Carpeta de Investigación en la Fiscalía de Investigación Territorial en Magdalena Contreras, luego de que el denunciante refirió que recibió un correo electrónico de una página web sobre la venta de concentradores de oxígeno, que tenían en promoción; el costo de uno era de $25,000.00 y tres por la cantidad de $60,000.00.
Para solicitar el producto, los interesados se tenían que contactar al correo antes mencionado, por lo que la víctima recibió datos de cuenta o referencia para pago, realizando un depósito por 40 mil pesos.
El denunciante, posteriormente, trató de comunicarse y ya no le respondieron, por lo que formuló su querella por el delito de fraude cometido en su agravio
El 13 de enero se inició, por vía digital, la Carpeta de Investigación. La víctima, a través de las redes sociales, solicitó información sobre tanques de oxígeno; posteriormente contactó a un hombre, quien le respondió que contaba con disponibilidad y que el costo era de dos mil 500 pesos, por lo que le pidió depositar la mitad, y pagar el resto al recoger el tanque.
Se radica la indagatoria en la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztacalco, por tratarse de hechos de su competencia.
El 18 de enero, en la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez, se inició una Carpeta de Investigación por el delito de robo; la denunciante refirió que se desempeña como enfermera y que le solicitaron apoyo para enviar a un compañero de trabajo para que atendiera a una persona de 82 años, posiblemente contagiado de covid-19.
La persona que solicitó el servicio denunció que el enfermero se había llevado de su casa, en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, un concentrador de oxígeno de cinco litros.
El 26 de enero se inició Carpeta de Investigación, derivado de la denuncia de un ciudadano que, ante la necesidad de adquirir un tanque de oxígeno, buscó y encontró una página de internet.
El afectado señaló que contactó a la empresa y le informaron que solo recibían pedidos a través de su página web, así como los pagos a través de transferencias electrónicas, dado que estaban ubicados en el estado de Puebla.
El afectado realizó el pago (no especificado), sin recibir el tanque de oxígeno. La carpeta se radicó en la Fiscalía de Investigación Territorial en Gustavo A. Madero.
En todos los casos, se dio intervención a Policía de Investigación (PDI) para realizar, entre otras diligencias, inspecciones, rastreos cibernéticos y entrevistas, así como a personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, en especialidades como criminalística y fotografía.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Guardia Nacional, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y las empresas líderes certificadas en el sector de oxígeno para uso médico, como INFRA, LINDE y PRAXAIR, instalaron una mesa de trabajo permanente para atender estos casos.
El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, señaló que esta labor coordinada permite prevenir el robo de tanques de oxígeno y demás aditamentos, brindar la atención a eventos de este tipo que se presenten, asegurar la recuperación de materiales y proceder a la detención y judicialización de presuntos responsables.
El servidor público dijo que además se estableció un puente de comunicación permanente con las fiscalías estatales, para coadyuvar en las investigaciones correspondientes a nivel local.
