Ciudad de México | Desinformémonos. La comunidad otomí residente en la Ciudad de México denunció a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por el «uso faccioso» de su imagen para publicidad y propaganda política.
«Denunciamos el uso faccioso de nuestra imagen en en tu campaña electoral y en tu simulación de gobierno», publicó la comunidad en sus redes sociales, luego de la difusión de un cartel en el que aparece la foto intervenida de una mujer otomí, originalmente en la toma del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), para promocionar la Universidad de las Lenguas Indígenas.
«La Comunidad Indígena Otomí residente en la #CDMX no somos piezas decorativas de museos, oficinas, escritorios, Institutos como el ExINPI, o incluso relleno de la VIII “Feria de las Culturas Indígenas”, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX, mucho menos #ImagenDeCampaña», aseguraron.
Los otomís utilizaron el hashtag oficial de la campaña de Sheinbaum #EsClaudia para denunciar los atropellos y violaciones a sus derechos que el gobierno de la Ciudad de México ha cometido.
«#EsClaudia la que habla de la Universidad de las Lenguas Indígenas, pero no respeta nuestras formas de organización, lengua, cultura y tradiciones y autonomía», finalizó la comunidad en su denuncia.
A continuación la publicación completa:
#DenunciaPública
Claudia Sheinbaum. La Comunidad Indígena Otomí residente en la #CDMX, no somos piezas decorativas de museos, oficinas, escritorios, Institutos como el ExINPI, o incluso, relleno de la VIII “Feria de las Culturas Indígenas”, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX, mucho #ImagenDeCampaña, somos #Resistencia y #Rebeldía. Así que denunciamos el uso faccioso de nuestra imagen en en tu campaña electoral y en tu simulación de gobierno.
•-•-•-•
#EsClaudia, la que usa nuestra #imagen para promover su #CamapañaElectoral…
#EsClaudia, la que usa la imagen de una compañera #Otomí, en la toma del #ExINP, para su beneficio…
#EsClaudia, la que #discrimina a los pueblos y comunidades indígenas…
#EsClaudia, la que no resuelve las demandas de trabajo, salud, alimentación, educación y vivienda de la Comunidad Otomí…
#EsClaudia, la que en 4 años no se ha dignado en conceder #AUDIENCIA a la Comunidad Otomí…
#EsClaudia, la que no nos ve, no nos, escucha y no nos habla…
#EsCluudia, la que a dos años de la toma del ExINPI, no expropia el predio de #Roma18…
#EsClaudia, la que habla de la Universidad de las Lenguas Indígenas, pero no respeta nuestras formas de organización, lengua, cultura y tradiciones y autonomía…
Zapata Vive, la Lucha Sigue!!
Vivan los Caracoles Zapatistas en su 19 Aniversario
“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“
Ciudad de México | Desinformémonos. «Las políticas actuales del gobierno mexicano siguen su ruta hacia el control, explotación y mercantilización de los bienes naturales en territorios de los pueblos indígenas de México», aseguró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
En un comunicado, el Frayba recordó que el Estado mexicano «tiene una deuda histórica con los pueblos originarios» y sigue sin reconocer plenamente sus derechos colectivos, «en medio de un racismo y discriminación estructural que activa diversas violencias en su contra».
Ejemplificó con que el gobierno, a través de la imposición de proyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico o el Proyecto Integral Morelos (PIM), viola el derecho a la consulta previa, libre e informada, así como busca generar una política de asimilación e integración de los pueblos «a través de un nuevo indigenismo que tiene como elemento central el exterminio y sus pilares son la explotación, despojo, desprecio y represión».
Por otro lado, celebró los aportes de los procesos que se han construido desde los pueblos a partir de los Acuerdos de San Andrés junto al ejercicio pleno de la autonomía, autodeterminación y resistencia, como los son desde el 9 de agosto de 2003 el nacimiento de los Caracoles Zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno.
Estas formas de organización autónoma del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), explicó el Frayba, «impulsan el ejercicio de los derechos colectivos desde la organización de abajo, de los pueblos que avanzan en la liberación de la dependencia y control gubernamental».
A continuación el comunicado completo:
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) sostiene que el Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos originarios, sigue sin reconocer plenamente sus derechos colectivos, en medio de un racismo y discriminación estructural que activa diversas violencias en su contra.
Las políticas actuales del gobierno mexicano siguen su ruta hacia el control, explotación y mercantilización de los bienes naturales en territorios de los Pueblos Indígenas de México. Se niega la diversidad de sistemas de vida que tienen raíces profundas desde la cultura ancestral. Además, por la riqueza que presentan los territorios en que habitan, sufren cotidianamente una práctica de control poblacional con el fin de despojarlos de sus tierras y medios de vida. El gobierno actual a través de imposición busca el “desarrollo”, violando el derecho a la consulta previa, libre e informada como sucede con el impulso de los proyectos del Plan Integral Morelos, Corredor Interoceánico y el Tren Maya, símbolos de la colonización y exterminio contra los Pueblos que resisten al sistema capitalista.
Además, se busca generar una política de asimilación e integración de los Pueblos Indígenas a través un nuevo indigenismo que tiene como elemento central el exterminio y sus pilares son la explotación, despojo, desprecio y represión. El Estado mexicano ha banalizado también su derecho a decidir sobre su territorio.
Las políticas implementadas en materia social generan un asistencialismo y dependencia que impactan la visión colectiva y formas de organización de los Pueblos. En este sentido, reconocemos los aportes de los procesos que se han construido a partir de los Acuerdos de San Andrés junto al ejercicio pleno de la autonomía, autodeterminación y resistencia, como los son desde el 9 de agosto de 2003 el nacimiento de los Caracoles Zapatistas y las Junta de Buen Gobierno que impulsan el ejercicio de los derechos colectivos desde la organización de abajo, de los pueblos que avanzan en la liberación de la dependencia y control gubernamental.
Saludamos a los Pueblos Indígenas de México y el Mundo que, desde sus diferentes formas de Autonomía, Autodeterminación y Resistencia, persisten en la construcción de Paz y Vida Digna. Hoy como nunca son nuestra brújula para la defensa de los derechos humanos.
“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos”
Ciudad de México | Miércoles 9 de Junio del 2021 | — : —
“Este gobierno siempre ha sido una farsa, pues ha engañado a los pueblos y desgraciadamente a veces no abrimos los ojos”, lamentó Teresa Castellanos, integrante del Comité Huexca en Resistencia, durante el Encuentro de Resistencias y Rebeldías realizado en la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) este miércoles. Castellanos recordó que la comunidad ha resistido por más de nueve años contra la instalación de la termoeléctrica de Huexca.
Con el actual gobierno, continúa el despojo y el desprecio hacia las comunidades indígenas, advirtió María de Jesús Patricio, vocera del Concejo Indígena de Gobierno, y denunció que la estrategia de militarización sirve para imponer megaproyectos. Aseguró que los pueblos tienen el deber de cuidar y proteger la vida para las futuras generaciones.
Con tambores y consignas, mujeres, hombres, niñas, niños, integrantes de la comunidad otomí, así como personas defensoras asistentes, dieron la bienvenida al Encuentro de Resistencias y Rebeldías, y compartieron sus experiencias.
Hace menos de un mes, fueron encarcelados dos pobladores de Santiago Mexquititlán, en Querétaro, comunidad que actualmente mantiene un plantón para exigir respeto a su pozo de agua, narró Sara Hernández, y dijo que gracias a la presión social, los defensores del agua hoy están libres. También denunció que la comunidad ha sufrido amenazas e intimidaciones por parte de grupos políticos y “caciques”.
Adrián Hernández, quien forma parte del plantón de pueblos de la región nahua frente a la empresa Bonafont en Juan C. Bonilla, Puebla, señaló que no han sido tomados en cuenta por los gobiernos, pues no han querido dialogar con los pueblos. Y agregó que les “preocupa el futuro de la niñez en las comunidades, pues hay mucha escasez de agua en la región”.
“Ha habido una especie de contrainsurgencia por parte de este gobierno que día a día intenta entrar en la vida de las comunidades y desarticular la organización que queda”, denunció Pedro Uc, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal, y señaló que como pueblos mayas de Yucatán, se enfrentan a la destrucción de las selvas y los bosques, así como de su patrimonio, para la imposición del proyecto “Tran Maya”. Además, ejidatarios de Campeche y Yucatán han sido despojados de sus territorios con manipulación, dijo.
Por su parte, Melitón Ortega, vocero de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, denunció que el gobierno anterior simuló una investigación e intentó ocultar información. Además, Ortega aseguró que las autoridades buscaron dividir a las familias, pero ellas no se rindieron. En cuanto al actual gobierno, dijo, su deseo de encontrar a los 43 se queda en palabras, porque su investigación no ha proporcionado información. “Hay un elefante blanco que no quiere caminar», consideró, y dijo que los padres y madres seguirán con las búsquedas hasta que se esclarezca el paradero de sus hijos.
“Es lamentable tener un gobierno que sólo engaña al pueblo”, señaló Rafael Figueroa, estudiante de Ayotzinapa, y recordó la represión cometida por autoridades contra estudiantes de Mactumactzá, Chiapas, y Teteles, Puebla, en las últimas semanas. Los ataques, narró, comenzaron cuando el 18 de mayo los estudiantes exigían que el examen de ingreso a la normal se realizara de manera presencial, cuando fueron atacados por la policía con gases lacrimógenos, y posteriormente 94 estudiantes fueron detenidos. Aunque hoy llevan su proceso en libertad, siguen acusados de distintos delitos y están siendo juzgados fuera de la cárcel.
A casi 28 meses del asesinato de Samir Flores, su crimen sigue impune, recordó su compañera, Liliana Velázquez, y señaló que, “aún no tenemos respuestas, no tenemos culpables, pero sabemos que a Samir lo mataron por defender la tierra y el agua”, dijo.
Bettina Cruz, parte de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, afirmó que durante el actual gobierno se reactivó el megaproyecto del Corredor transístmico, lo que, dijo, ha generado violencia en distintos territorios de la región, y también ha provocado que las comunidades se organicen para resistir al despojo.
Yasmín Carrillo, de los Valles Centrales de Oaxaca, narró que distintas comunidades del estado se organizaron contra un proyecto minero. Por su parte, Beatriz Rivero, integrante de la organización de los 12 pueblos originarios de Tecámac, Estado de México, que se oponen al aeropuerto de Santa Lucía, señaló la urgencia de reconocer la historia colectiva de la cuenca de México. “La cuenca no aguanta ningún megaproyecto más, por eso decimos no al aeropuerto de Texcoco y al de Santa Lucía”, advirtió.
“Donde sólo había mentiras y engaños, hoy aquí florece la conciencia por el derecho a a la vivienda, a la educación, a la salud”, dijo Doña Fili, parte de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, y reflexionó sobre la importancia de la toma de espacios como el INPI, “ante el despojo de los gobiernos, sólo esto nos queda”, señaló. La activista exigió la libertad incondicional para los normalistas de Mactumactzá, así como de los presos mazahuas de Oaxaca. “Como humanidad debemos levantar nuestra voz, esa voz que nos hará libres”, finalizó.
Ana Karen Martínez, de voluntarios por la defensa del agua en Milpa Alta, denunció que a mediados de marzo del año pasado, las autoridades quisieron aprobar un proyecto para la instalación de un pozo, a lo que se opusieron y como comunidad exigieron información, pero las autoridades no hicieron caso. Actualmente, dijo, tienen amparos de suspensión para el proyecto.
Desde hace dos semanas, un grupo de habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, sostienen un plantón afuera del Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México, y exigen libertad inmediata para los siete presos de la comunidad, encarcelados desde el 2014. “A pesar de haber demostrado la víctima de nuestros compañeros, no nos han querido resolver, hace siete años fuimos víctimas de una fabricación de delito”, denunció Alfredo Bolaño, miembro de la comunidad mazateca.
“Nos ofrecen empleos, pero nosotros no vamos a cambiar algo tan importante como es el agua”, dijo Bonifacia Hernández Flores, parte de Mexicali Resiste, quien habló de la lucha que emprendieron contra la cervecera Constellation Brands, desde hace varios años. Denunció que las autoridades intimidaron con órdenes de aprehensión a quienes se organizaron para defender el agua.
Claudia Centeno, integrante de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, denunció al actual gobierno de la Ciudad de México por la construcción ilegal del distribuidor vial del puente Periférico-Cuemanco, el cual está hermanado con las obras de Santa Lucía y Texcoco, dijo, ya que es la misma empresa la que lo está realizando. Centeno también acusó a las autoridades por poner en riesgo el humedal, así como a las especies endémicas que ahí habitan.
“En las ciudades también luchamos por un pedazo de tierra para los más pobres, para que tengan un lugar donde vivir”, dijo José de Jesús Meza, de la Coordinadora de Colonias de Ecatepec, la que se ha organizado desde hace más de 35 años para lograr este objetivo, y denunció que los gobiernos han obstaculizado su trabajo.
Filiberto Margarito, integrante de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, expuso que tras ocho meses de la toma del INPI, siguen viviendo discriminación y desprecio por parte del gobierno. Margarito aseguró que no han tenido mesas de trabajo con las autoridades, ni han cumplido con sus demandas. “Este gobierno dice que está con los pueblos, sí, pero para despojarlos”, denunció.
El presente articulo es propiedad de Desinformémonos.
Erika Lozano Y Fernanda Peralta (2021) Una farsa, el “apoyo” del gobierno a los pueblos: comunidades indígenas. Desinformémonos. Recuperado el 9 de Junio del 2021 en: https://desinformemonos.org/una-farsa-el-apoyo-del-gobierno-a-los-pueblos-comunidades-indigenas/
Ciudad de México | Desinformémonos. “Es un triunfo para el pueblo de Homún, nunca pensamos que esto se pudiera dar, pero no bajamos la guardia y ganamos”, explica José May en entrevista telefónica con Desinformémonos. El integrante de Kanan Ts’ono’ot, organización que ha luchado desde hace más de tres años contra una granja porcícola, recalca la importancia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respete las costumbres y la decisión del pueblo.
Este miércoles, el máximo Tribunal confirmó la suspensión de la fábrica porcícola de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO). La empresa dejó de operar desde octubre de 2018, cuando la Juez Miriam de Jesús Cámara Patrón otorgó un amparo promovido por seis niñas y niños de Homún, comunidad maya de Yucatán que se encuentra en la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes, de acuerdo con información de la organización Indignación.
“Estamos muy contentos, pues como pueblo decidimos que no queríamos la granja, hicimos una consulta y el pueblo dijo que no”, indica el defensor del territorio y añade que “los empresarios no apoyan a las comunidades”, y que lo que ocurre en Homún también pasa en otros lugares de México.
José May explica que cuando comenzó el conflicto con la granja porcícola, los integrantes de Kanan Ts’ono’ot fueron a escuelas y preguntaron a los niños y niñas qué pensaban de este problema, ellos decían que no querían que se contaminaran los cenotes. May dice que la participación de los niños ayudó a concientizar a la comunidad, pues en un inicio mucha gente no estaba de acuerdo pero ahora defienden su derecho al agua y al medio ambiente sano.
“Estamos luchando por el agua y para que no se contaminen nuestros cenotes, con esta decisión (de la Corte) se están respetando nuestras costumbres y esperamos que sirva para otras comunidades”, dice el defensor y añade que estarán a la espera de que se otorgue la clausura definitiva de la granja, y seguirán en la lucha “hasta donde tengan que llegar”.
“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“
SemMéxico/Periodistas en Español, Cd. de México, 13 de mayo, 2021.- En las zonas más pobres del Estado de Guerrero, al centro/occidente de México, las niñas son vendidas de forma habitual porque los padres lo consideran «usos y costumbres» y una fuente de ingresos, porque pueden obtener hasta doscientos mil pesos (unos 8290 euros).
Sucede desde hace demasiados años. En la denominada Montaña de Guerrero, en cuanto las niñas rondan los doce años ya son «vendibles». Quienes las compran (porque es ese el término correcto) las pueden convertir en sus esposas o, simplemente, son utilizadas como esclavas para la casa o el campo.
Lógicamente, no se puede hablar de una cifra concreta, ni aproximada, porque las autoridades no tienen interés alguno en controlarlo. Se cree que puede haber hasta trescientas mil criaturas cuyos padres las vendieron al mejor postor.
El centro de derechos humanos de La Montaña Tlachinollan lo ha denunciado recientemente con el fin de que tanto el gobierno estatal como el federal tomen cartas en el asunto y prohíban totalmente estas transacciones.
Cuentan que, en las comunidades indígenas, la maternidad llega a muy temprana edad, no por decisión propia sino por la costumbre añeja de los padres que logran concertar las alianzas de sus hijos con las hijas. Normalmente hay pago de la dote, que en un principio se le conocía como el ritual de petición de la novia. Con el tiempo esta práctica se ha perdido y mercantilizado.
La gravedad de estos acuerdos es que no permiten que las mujeres decidan, sobre todo, porque lo hacen antes de que cumplan los dieciocho años. No hay forma de revertir la decisión paterna. Las mamás y las abuelas se supeditan a lo que determinan los padres. Las hijas no tienen voz ni voto, simplemente tienen que acatar el acuerdo de los mayores.
Los hombres mandan, ellas obedecen
Esta situación reproduce un sistema de dominación regido por los hombres que impiden que las mujeres mayores salgan en defensa de sus hijas o nietas. Los matrimonios se conciertan de los doce años en adelante.
A veces hay dificultades entre los padres de la novia y del novio. Las razones son diversas: el padre no ve con agrado al futuro esposo de su hija, ya sea por su comportamiento, por la forma de ser de su familia o porque no llegan al acuerdo sobre el pago de la dote.
En algunas comunidades acuden a los «sabios», que son especialistas para pedir la novia. Cuando se logra la concertación, vienen los preparativos de la boda, cuyos gastos corresponden a la familia del novio.
Regularmente la nueva esposa se va a vivir a la casa de los suegros, donde se transforma en la criada de la familia del esposo. Tiene que levantarse temprano para preparar la comida que se llevará el marido al campo y, cuando es temporada de siembra, debe levantarse a las tres de la mañana, pues una vez preparado los tacos tiene que ir al campo.
Es muy común que en todos estos menesteres la esposa cargue con el niño o la niña más pequeña sobre su espalda. Solo así puede avanzar en su trabajo y al mismo tiempo cuidar a su bebé. Carga con el almuerzo y con su hijo o hija para ir a la parcela donde siembran. Caminan descalzas una o dos horas en terrenos agrestes. Se las ingenian para servir el almuerzo y atender a su pequeño. Por parte del esposo no hay un detalle o una expresión de agradecimiento por el almuerzo que preparó su esposa, más bien, puede haber algún reclamo o regaño si algo no le gustó.
A pesar de que terminan rendidas por la jornada larga, están pendientes de sus pequeños hijos hasta que se duermen. Cuando enferman, la situación se complica, porque tienen que improvisar algún remedio casero en condiciones sumamente precarias. Son las abuelas las que auxilian a las mamás, para sobrellevar estas penas de los males físicos.
Parecería que esta cotidianidad, tan pesada por la carga de trabajo, sería lo que más afecta a las esposas o madres que cargan con el yugo del esposo y su familia. Pero la realidad es aún más trágica por la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres. El sometimiento comunitario que persiste por parte de los hombres, quienes ejercen la autoridad en la casa y en las comisarías, se manifiesta con golpes, lesiones y asesinatos.
Cuando hay problemas como pareja y llevan su caso ante la autoridad, lo normal es que se le dé la razón al esposo. No hay mujer alguna que la defienda, porque son espacios propios que se han adjudicado los hombres. Si hay un señalamiento del hombre y su familia de que la esposa no está cumpliendo con los deberes de la casa, se le reprende y se le encarcela. Citan a sus padres y les llaman la atención porque no enseñaron a su hija a trabajar como es costumbre que lo hagan las mujeres. El mismo papá, en lugar de salir en defensa de su hija, la reprende públicamente, porque según su visión, «le hace quedar mal». Con estas actuaciones la violencia se comunitariza contra las mujeres, que carecen de recurso alguno para ser escuchadas y defender sus derechos.
A pesar de tanta infamia, algunas se han armado de valor y se han atrevido a denunciar a sus esposos. Por desgracia, las autoridades encargadas de investigar los delitos están muy lejos de desempeñar sus funciones. Han aprendido a maltratar a la gente, a sobrellevar los asuntos y atender a quienes ofrecen dinero. La misma unidad de investigación de la fiscalía especializada en delitos sexuales y violencia familiar protege a los agresores y se encarga más bien de obstaculizar las investigaciones, o de persuadir a las víctimas para que negocien con sus victimarios. No hay forma de romper con este sistema de justicia patriarcal que se ha empeñado en difamar a las mujeres y de hacer escarnio público de la violencia que padecen.
Prende la indignación
Gran número de organizaciones de la sociedad civil, han levantado la voz para denunciar estas transacciones de niñas mediante el envío de una carta abierta a diferentes representantes del Gobierno del país: a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; al subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rabindranath Salazar; al procurador federal de Protección de niñas, niños y Adolescentes, Oliver Castañeda; al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y a los candidatos que se presentan a las inminentes elecciones de este Estado.
Afirman que «esta práctica intolerable constituye una gravísima violación a los derechos humanos de la niñas que lo sufren, en contra de la más elemental de las condiciones de vida que es el derecho a la libertad y a la autodeterminación, a la integridad física y al desarrollo armónico de sus potencialidades desde el principio, con el agravante de sus implicaciones como trata, violencia sexual y atentado al derecho a la salud, y diametralmente contrario al principio de interés superior de la niñez -mandatado en la Constitución y en las convenciones internacionales de las que México hace parte».
Dicen entender que el problema es complejo y que, ´por lo tanto, requiere de un enfoque transversal a los órdenes del gobierno y a los tres poderes; un esfuerzo multisectorial en los trabajos a coordinar y, por supuesto, una visión de derechos también sensible al contexto cultural y respetuosa de la auténtica determinación de pueblos y comunidades indígenas. Como lo muestra la evidencia, aseguran, «no es un tema de usos y costumbres, como se suele presentar, sino arreglos de violencia adulta tolerados y propiciados por la complicidad de autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales».
El estado de Guerrero ocupa el segundo lugar en embarazos de adolescentes. En la entidad ocurren dos de cada diez nacimientos de bebés cuyas madres eran menores de diecinueve años. Guerrero, junto con Chihuahua, comparte el mayor porcentaje de embarazo adolescente en el país.
“El presente artículo es propiedad de SemMéxico“
Moreno, C. (2021). En México se venden niñas «por costumbre» unas 300 mil en años, Gobernación debe actuar. SemMéxico. Recuperado el 14 de mayo de 2021, de https://www.semmexico.mx/?p=35244
