Mesa de trabajo de la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui. Foto Cortesía INPI
La Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui tuvo la primera mesa de trabajo del año con autoridades tradicionales del pueblo yaqui. Estas reuniones tienen el propósito de avanzar en el reconocimiento y resarcimiento de las tierras y territorios, como lo instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita al pueblo de Vícam en agosto del año pasado.
En la junta, desarrollada con las medidas sanitarias por la pandemia, la cual se realizó en la Casa de la Niñez Indígena General Lázaro Cárdenas de Tórim, los gobernadores electos para el ejercicio fiscal 2021 recibieron información sobre el acuerdo que asumió el gobierno, para resarcir al pueblo yaqui un territorio de extensión superficial superior a 20 mil hectáreas; regularizar otras ocho mil 800 hectáreas que fueron recuperadas y tienen en posesión los yaquis, así como para incorporar a su patrimonio las tierras nacionales.
Al instalar la mesa de trabajo con el tema de tierra y territorio, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y presidente ejecutivo de la comisión, Adelfo Regino Montes, señaló que “no hay que olvidar que la columna vertebral del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui es la demanda relacionada con la tierra y el territorio, estamos dando pasos muy importantes con el conocimiento y experiencia de los gobernadores y de sus cuerpos de gobierno.”
El funcionario hizo entrega formal a los nuevos gobernadores yaquis de los acuerdos alcanzados con las autoridades anteriores para concretarlos este 2021, antes de que se realice el acto de perdón que encabezará el presidente el próximo 28 de septiembre en territorio yaqui.
Propuso ante autoridades comunitarias y servidores públicos federales integrar una agenda con acciones concretas, fechas y responsables, que permitan cumplir los acuerdos en materia de tierras y territorios, así como conformar un grupo de trabajo integrado por autoridades tradicionales, sus equipos técnicos y representantes del sector agrario, a fin de avanzar en los trabajos.
Los gobernadores reconocieron la disposición de los servidores públicos federales para recuperar el patrimonio territorial con ayuda de las dependencias del sector agrario y la mediación del INPI, para llevar a buen destino los estudios de las tierras en las que habitaron sus antepasados.
El enlace jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Sonora, Raúl Montoya Rivera, explicó que el año pasado realizaron los diagnósticos generales sobre la situación de las tierras y para 2021 se trata de implementar y alcanzar resultados sobre los compromisos y acuerdos adoptados.
Los representantes de las dependencias federales reafirmaron su compromiso de trabajar bajo los temas de tierra y territorio, agua y desarrollo integral, como se estableció en el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, de manera coordinada con las autoridades tradicionales y sus cuerpos de gobierno.
Se contó con la presencia de representantes de las secretarías de Gobernación (Segob), Sedatu, Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Bienestar, así como del Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA), la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural (DGOPR) y del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), entre otras.
Asistieron los gobernadores: Agustín González Estrella, de Vícam Pueblo; Juan Espinoza Leyva, de Pótam; José Ricardo Jaimes Valenzuela, de Bélem; Ramón Valenzuela Álvarez, de Ráhum; Osvaldo Martínez Ozuna, de Tórim; Juan María Estrella Molina, de Bácum; Miguel García Vega Juan, de Huírivis; y Guillermo Valdez Castillo de Cócorit-Loma de Guamúchil.
“El presente artículo es propiedad de La Jornada“
Gómez Mena, C. (2021). Celebran primera reunión de la Comisión de Justicia para Pueblo Yaqui. La Jornada. Recuperado el 22 de enero de 2021, de https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/21/sociedad/realizan-primera-reunion-de-la-comision-de-justicia-para-pueblo-yaqui/
Ciudad de México | Desinformémonos. Las comunidades wixaritari de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, Jalisco, denunciaron que las «omisiones e indiferencias» de las autoridades gubernamentales han impedido que se resuelva el conflicto agrario con la zona de Huajimic, la Yesca, en Nayarit.
La comunidad wixaritari ha instaurado 47 juicios ante los tribunales agrarios para recuperar más de 10 mil hectáreas de tierras invadidas desde hace más de 60 años, y cuenta con 14 sentencias dictadas a su favor, de las cuales se han ejecutado dos.
Los wixaritari acusaron a las autoridades de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) de «alentar y burocratizar» el proceso para solucionar el conflicto agrario, por lo que exigieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.
«Las partes estamos conscientes de que no somos responsables de este conficto, sino el mismo gobierno por sus omisiones e indeferencias ante el despojo hacia los pueblos originarios y en específico de nuestra comunidad», acusaron.
Aseguraron que, de ser ignorados, debatirán en asamblea la ruta de la lucha que emprenderán para recuperar sus tierras, y advirtieron que visibilizarán sus demandas en los tribunales internacionales «por discriminación, omisión e indiferencias hacia los pueblos originarios de Jalisco».
A continuación el comunicado completo:
“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“
Redacción Desinformémonos. (2020). Wixaritari denuncian omisión de autoridades para solucionar conflicto agrario. Desinformémonos. Recuperado el 12 de noviembre de 2020, de https://desinformemonos.org/wixaritari-denuncian-omision-de-autoridades-para-solucionar-conflicto-agrario/
Ciudad de México, 15 de septiembre de 2020, 07:23 am
En la reunión del Presidente con deudos de los mineros estuvieron varios funcionarios federales. Foto Presidencia
Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con los familiares de los trabajadores que fallecieron en la explosión de la mina Pasta de Conchos, Coahuila, en febrero de 2006, a iniciar de inmediato el rescate de los 63 cuerpos que quedaron atrapados en ese lugar.
Integrantes del colectivo Familia Pasta de Conchos fueron recibidos por el mandatario federal en Palacio Nacional. Tras la reunión, se firmó una minuta de ocho acuerdos, entre los que destaca que los trabajos para la recuperación de los restos –que se estima tendrán un costo de 75 millones de dólares– estarán a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Se pactó, además, que desde ayer mismo se iniciaría el proceso de reparación integral, tanto individual como colectiva, que incluye el pago de indemnizaciones a más tardar el 31 de diciembre de este año (de 3.7 millones de pesos para cada una de las 65 familias, de acuerdo con funcionarios que estuvieron presentes en la reunión) y la ejecución de obras públicas.
También se hará un homenaje a los mineros con la construcción de un monumento y se establecerá un diálogo para concretar un acuerdo de solución amistosa en apego a lo establecido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Otros acuerdos son que después de las elecciones del 18 de octubre, el mandatario visitará Nueva Rosita, en Coahuila, el 23, a fin de supervisar el avance en el cumplimiento de los compromisos pactados y que las familias dieron su consentimiento para que, una vez concluido el rescate, la CFE extraiga el carbón para autoabastecimiento en la parte de la mina que Grupo México cedió al gobierno federal.
Horas después del encuentro con el Presidente, representantes de la Familia Pasta de Conchos ofrecieron una conferencia de prensa en la sede del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la que agradecieron la disposición de López Obrador para la recuperación de los cuerpos y para la reparación integral del daño. Agregaron que el rescate se puede concretar en cuatro años, pero que el mandatario prometió que sería antes.
El 19 de febrero de 2006, durante el gobierno de Vicente Fox, una explosión en la mina –operada por Grupo México, de Germán Larrea– causó la muerte de 65 trabajadores. Sólo se recuperaron los restos de dos y desde entonces las familias han exigido el rescate de los demás. Las administraciones de Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto nunca dieron respuestas ni esperanza.
Ayer, tras más de 14 años y medio de reclamos, finalmente consiguieron el compromiso de un mandatario federal para sacarlos y recibir el apoyo correspondiente como víctimas.
Hace un par de semanas, López Obrador se reunió con el otro grupo de deudos, pues en este largo proceso hubo una escisión entre las familias. Los acuerdos alcanzados ayer, señalaron funcionarios federales consultados, benefician a ambas organizaciones.
El gobierno federal informó que corresponderá atender estos pactos a las secretarías de Gobernación, del Trabajo y Previsión Social, a la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como a la CFE.
En la reunión estuvieron presentes Olga Sánchez Cordero (SG), Luisa María Alcalde (STPS), Manuel Bartlett (CFE) y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, entre otros funcionarios, quienes en entrevistas o por Twitter dieron a conocer los acuerdos.
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Se debaten en el abandono, inacción e ineficiencia.
(CODICS). A 21 meses de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, las secretarías de Estado e instituciones relacionadas al campo (Sader, Sedatu, Tribunales Agrarios, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y FIFONAFE), han sido desmantelados con la “política de austeridad” y asfixian a los habitantes de 32 mil ejidos en el país pues no tienen solución sus conflictos agrarios, carecen de programas de apoyo productivo o financiamiento a bajas tasas de interés.
En lo anterior coinciden los dirigentes de la UGOCP, Luis Gómez Garay; Mariana González Torres, del CAP; e Isidro Pedraza Chávez, de la UFIC; quienes señalaron que a 21 días de presentar su segundo informe de gobierno, el Jefe del Ejecutivo mantiene su negativa a dialogar con los liderazgos de organizaciones campesinas a pesar Conflictos Agrarios latentes, baja producción de alimentos, aumento en importaciones de granos y oleaginosas así como la existencia de un T-MEC que pone a los agricultores en desventaja.
Actualmente la Sader, Sedatu, Procuraduría Agraria, Tribunales Agrarios, FIFONAFE, Financiera Rural y Registro Agrario Nacional, se debaten en el abandono, la inacción y la ineficiencia para promover el desarrollo productivo del campo mexicano por lo que es necesaria su reactivación en lo que resta de esta administración.
Con la previsión de que el cierre de año será complicado en el abasto de alimentos y no se descarta una hambruna así como protestas sociales, se pronunciaron por iniciar el dialogo con los actores sociales y políticos del campo; armar una agenda que aborde la pandemia del COVID 19 y la crisis económica, social y política que priva en la nación.
Además de dicho diálogo con el Presidente de México, estimaron necesario comenzar el andamiaje con todas las organizaciones de campesinas e indígenas, sindicales y de la sociedad civil para crear una fuerza unitaria para rescatar la actividad economía, recuperar la salud y garantizar las libertades en el país rumbo al 2021.
Todo ello, dijo Mariana González Torres, del CAP Nacional, debido a desde el inicio del sexenio las organizaciones campesinas han sido marginadas del diálogo en el marco de una exclusión en la gestión para imponer intermediarios institucionales mejor conocidos como “servidores de la nación o instituciones bancarías que se benefician con el cobro de comisiones en las operaciones que realizan para campesinos e indígenas.
Por lo anterior, hicieron un llamado al Congreso de la Unión a fortalecer a los campesinos mediante la reorientación del presupuesto y programas estratégicos que no sean una imposición para las comunidades, un despojo o un daño al medio ambiente.
Para Isidro Pedraza Chávez, presidente de la UFIC, se debe terminar con un quinto año de reducción presupuestal para el medio rural así como con los programas asistenciales que sólo impulsan el populismo y clientelismo al carecer de reglas de operación; al cancelar el financiamiento a programas de mujeres; retira el apoyo de las tarifas eléctricas para el riego agrícola, diésel agropecuario y pesca.
Actualmente con el T-MEC somos los principales importadores de granos de Estados Unidos, nuestra producción rural es proveedora de insumos baratos y quedamos excluirnos de los procesos de integración de valor de la cadena productiva.
Nada cambió: “se mantiene la formula globalizadora donde los campesinos se están en pobreza perpetua, dependen de dádivas gubernamentales y las importaciones agroalimentarias derrumban la rentabilidad de los sistemas de producción donde la competencia es en desventaja”.
Por su parte, Luis Gómez Garay, dirigente de la UGOCP, consideró que “el Gobierno de la 4T despojó de sus funciones a la Sedatu para atender los asuntos agrarios de una forma inconcebible ya que allí se observaba la evolución de más de la mitad del territorio mientras que la SADER está en el abandono, la inacción y la ineficiencia para promover el desarrollo productivo del campo”.
Sostuvo que en los últimos dos años, el Gobierno Federal demolió la antigua Secretaria de la Reforma Agraria, desmantelando la estructura administrativa y redujo el funcionamiento a los Tribunales Agrarios, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y FIFONAFE, que atendían diversos temas de los más de 30 mil núcleos agrarios del país y cuyo futuro “pareciera ser testimonio de viejas reliquias de tiempos pasados”.
“El presente artículo se encontró en Inforural.com.mx“
CODICS. (2020). Secretarías de Estado e Instituciones relacionadas con el campo se asfixian con la política de austeridad [Blog]. Recuperado el 11 de agosto de 2020, de https://www.inforural.com.mx/secretarias-de-estado-e-instituciones-relacionadas-con-el-campo-se-asfixian-con-la-politica-de-austeridad/.
La Inmobiliaria Zumpango reclama 71% de las 128 hectáreas donde se construye el Aeropuerto General Felipe Ángeles; se suma a un particular que se adjudica la propiedad
Otro dueño pelea por Santa Lucía; ambos interpusieron amparos
CIUDAD DE MÉXICO. A las 128 hectáreas de San Miguel Xaltocan donde se construye el nuevo Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles les salió un nuevo dueño.
Se trata de la Inmobiliaria Zumpango, que reclama la propiedad de 71% de ese terreno y se suma a Raúl Romero Zenizo, identificado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) como un primer propietario de las tierras, las cuales fueron declaradas como terreno nacional en abril de 2019.
La inmobiliaria alega que en 1976 compró 91 hectáreas de ese predio, como consta en la escritura 510 volumen 20, del notario público número 21, Genaro Billarent Romero, con sede en Tlalnepantla, Estado de México.
Ahora son 2 los dueños del aeropuerto
Inmobiliaria Zumpango alza la mano como propietaria de la mayor parte de las 128 hectáreas donde se construye la terminal aérea General Felipe Ángeles, ubicadas en el Estado de México.
Las 128 hectáreas de San Miguel Xaltocan, donde se construye el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, no tienen un dueño. Tienen dos. La Inmobiliaria Zumpango reclama la propiedad de 71% de ese terreno. Afirma que hace 44 años adquirió 91 hectáreas de ese predio.
Excélsior develó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había reconocido la propiedad privada de esas tierras. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) identificó a ese primer propietario como Raúl Romero Zenizo. Sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que “no hay nada que impida seguir avanzando”.
Ahora se conoce que la Inmobiliaria Zumpango se proyecta como el segundo propietario de esos terrenos que la Sedatu declaró como terreno nacional el 26 de abril de 2019. Igual que otra porción de 617 hectáreas aledañas a la nueva terminal aérea.
El 23 de abril de 1976, Inmobiliaria de Zumpango le compró a Romero Zenizo 91 hectáreas de esos terrenos —divididos en dos predios, uno de 85 hectáreas y otro de 6 hectáreas— en el municipio mexiquense de Nextlalpan, según consta en la escritura 510 volumen 20, del notario público número 21, Genaro Billarent Romero, con sede en Tlalnepantla, Estado de México.
El impuesto por el traslado de dominio de ambos predios se hizo el 6 de mayo de 1976, ante la dirección general de Hacienda del gobierno del Estado de México.
Inmobiliaria Zumpango solicitó un amparo ante la justicia federal que le fue concedido y se espera la audiencia constitucional, igual que en el proceso iniciado por Romero Zenizo.
Inmobiliaria Zumpango, fundada a principios de 1976, adquirió una parte de las 265 hectáreas que Romero Zenizo obtuvo en copropiedad con César Escobosa Bernal, Eduardo Medellín Cortazar y Genaro Escoboza Bernal, en enero de 1970, como consecuencia de una adjudicación por remate, avalada por el Juzgado Décimo Tercero de los Civil en la Ciudad de México, en contra de Miguel Leal Gutiérrez. Y de lo cual dio fe el notario público número 31, Mario Monroy Estrada.
Leal Gutiérrez, a su vez le compró 245 hectáreas a Susana McCann, según la escritura 19,890 del 10 de octubre de 1962. El notario público 117 de la Ciudad de México, Rafael Enríquez Vidal dio fe de esta transacción hace 58 años.
De acuerdo con archivos consultados, la propiedad de 265 hectáreas de referencia fue acreditada en favor de Romero Zenizo y sus copropietarios desde el 12 de mayo de 1971, por la notaría pública de oficio del en el Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, Rita Raquel Salgado de Martínez.
Esas 265 hectáreas estaban divididas en seis lotes, identificados de la A a la F. Originalmente, las fracciones B,D y F (cincuenta por ciento del total) estaban a nombre de Romero Zenizo. Las A, C y F a nombre de César Escobosa, Genaro Escobosa y Eduardo Medellín.
El 11 de diciembre de 1973, el Juzgado Quinto de lo civil dio por bueno un juicio sumario de disolución de copropiedad, y Romero Zenizo tuvo en propiedad la totalidad de las 265 hectáreas.
De acuerdo con los planos de la Sedatu, de cómo se distribuirían las 745 hectáreas declaradas como terreno nacional: 128 para el aeropuerto y 617 para repartir entre 722 comuneros de San Miguel Xaltocan, las 128 hectáreas —divididas en dos fracciones, una de 50 y otra de 78 hectáreas—, están dentro de esas 265 hectáreas que serían propiedad de Romero Zenizo e Inmobiliaria Zumpango, si un juez de distrito lo sentencia así.
En la escritura 510 del 23 de abril de 1976 se da fe de que Inmobiliaria Zumpango compró las fracciones A, de 85 hectáreas y la F de seis hectáreas, que hasta entonces eran propiedad de Romero Zenizo.
Hoy, que formalmente reinician actividades los juzgados, después de la inactividad presencial por la crisis sanitaria del covid-19, se perfila pronto el desenlace de los juicios de amparo interpuestos en el juzgado quinto de Distrito en la Ciudad de México, por parte de Romero Zenizo y en el Juzgado Décimo de Distrito Segundo Circuito, en el Estado de México, por parte de Inmobiliaria Zumpango. Pero que por orden del Consejo de la Judicatura pasó al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa.
El juez de ambas causas tendrá que definir si las 128 hectáreas son terrenos nacionales, como lo declaró la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) el 26 de abril de 2019 o es propiedad privada como lo intentan acreditar Romero Zenizo e Inmobiliaria Zumpango a través de sus respectivos amparos.
En el caso de que el juez resuelva que ese terreno es propiedad de la nación, los trabajos de construcción de la nueva terminal aérea seguirían adelante y podrían terminar en tiempo y forma. Se estableció que en 2022 la terminal estaría lista.
En caso de que se reconozca la propiedad privada de los terrenos, el juez dejaría sin efecto la declaratoria de terrenos nacionales de abril de 2019 de la Sedatu. La Sedena tendría que expropiar esas propiedades privadas y convendría con los propietarios la cantidad a pagar por las 128 hectáreas. De esa manera las obras en el aeropuerto podrían continuar.
El millón 280 mil metros cuadrados de terreno que está en litigio tiene un costo comercial en el mercado inmobiliario actual de aproximadamente 384 millones de pesos, a razón de 300 pesos el metro cuadrado.
La construcción del nuevo aeropuerto ha detonado un mercado especulativo de los terrenos en la zona. En el ejido vecino de San Miguel Xaltocan, Tonantitla, se empezaron a vender predios a 3 mil pesos el metro cuadrado.
Un paso adicional en este proceso, aunque independiente de lo formal, sería conocer qué extensión de terreno es propiedad de Romero Zenizo y qué extensión es de Inmobiliaria Zumpango. Porque de acuerdo con los planos públicamente conocidos, cabe la posibilidad de que cualquiera de los dos demandantes de la propiedad, o los dos, tengan una parte en las 128 hectáreas para la terminal aérea y otra parte en la extensión de 617 hectáreas que el gobierno comprometió entregar a 722 comuneros de San Miguel Xaltocan, en propiedad social. Lo cual seguirá otra vía, de acuerdo con la Sedatu, que ya declaró que no negociará con quien eventualmente logre acreditar la propiedad.
El 6 de diciembre de 2006, la Secretaría de la Reforma Agraria —desaparecida en 2013—, rindió un informe sobre una solicitud que los comuneros de Xaltocan hicieron para la titulación de los bienes comunales.
En ese documento, firmado por Fidel Mendoza Juárez, se advierte que Romero Zenizo y la Inmobiliaria Zumpango tuvieron una “contradicción entre los planos que proporciona tanto Raúl Romero Zenizo, como el representante de la Inmobiliaria Zumpango, ya que si bien es cierto en ellos señalan las mismas superficies, pero con diferente figura… los promoventes los ubican en diferentes lugares, presuponiéndose que desconocen la ubicación de lo reclamado; resumiendo, con lo que obra en el expediente no se pueden localizar las superficies dentro del plano general informativo para reconocimiento y titulación de bienes comunales”.
Según los argumentos presentados por Inmobiliaria Zumpango ante el juez de la causa, el total de su propiedad de seis hectáreas forma parte del polígono de 50 hectáreas donde se construye el aeropuerto. Y de su propiedad de 85 hectáreas, sostiene que 75% de estas, es decir 63 hectáreas, serían parte de las 78 del segundo predio que requiere la Sedena para la terminal aérea.
Entre tanto, el grupo de comuneros que mantienen un plantón dentro de las 128 hectáreas, comenzaron la siembra de 70 hectáreas de cebada y seguirán con otras tantas de avena, según se muestra en fotografías entregadas a Excélsior por parte de los habitantes de Xaltocan, que avisan con estas acciones que permanecerán en el lugar de la obra de la nueva terminal aérea.
