Continúan pruebas ilegales en termoeléctrica de Huexca, denuncia plantón en resistencia

Redacción Desinformémonos

05 de abril de 2021

Foto: Pruebas de hoy en la termoeléctrica de Huexca. (Teresa Castellanos)

Ciudad de México | Desinformémonos. Durante las últimas dos semanas se han realizado pruebas “ilegales” en la termoeléctrica de Huexca, denunció Teresa Castellanos, integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) y miembro del Comité Huexca en Resistencia. “Día y noche ha estado saliendo humo rojo y negro de las turbinas, prenden válvulas de cada torre para hacer pruebas y se escucha un ruido muy fuerte”, aseguró en entrevista telefónica.

Quienes sostienen el plantón en rechazo al Proyecto Integral Morelos (PIM) desde hace casi 5 meses, aseguran que han sido intimidados por el Ejército y la Guardia Nacional desde que organizaron la protesta por tiempo indefinido frente a la termoeléctrica. Castellanos indicó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les informó que no existen permisos para la extracción de agua, pues “solo los campesinos podrían darlos”. 

Integrantes del FPDTA ven una alerta en la realización de las actuales pruebas, y aseguran que ninguna autoridad se ha acercado a hablar con ellas, ni con el plantón de los ejidatarios en Ayala, Morelos. Teresa explica que han intentado mantener un diálogo con las autoridades correspondientes y no han obtenido ninguna respuesta. Denunció que desde hace más de un año solicitaron una audiencia con el presidente y no ha querido recibirles. 

Hay amparos de suspensión definitiva que no han sido respetados y “quieren operar de manera ilegal”, aseguró Castellanos. Indicó que también existe una suspensión del gasoducto, que no se ha retirado y que “no hay quien proteja a las comunidades”.

También denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no tiene ningún permiso para la construcción de un acueducto en el Río Cuautla y sin embargo lo hicieron. “Es una corrupción total de la CFE y del gobierno de la Cuarta Transformación, y entonces ¿qué hacemos nosotros? porque no estamos dispuestos a que sigan haciendo cosas ilegales, si no tienen el permiso del acueducto y ya lo construyeron, tendremos que ser las autoridades que lo retiremos”.

Las exigencias del plantón son la cancelación definitiva del Proyecto Integral Morelos, pues, aseguran, “se está robando el agua, afectando a las comunidades, especialmente a Huexca por el ruido y la contaminación, así como a las comunidades de Ayala, Morelos; y  a las comunidades de Puebla y Tlaxcala por el gasoducto”, afirmó la activista.

Las organizaciones opositoras al PIM lanzaron una invitación a la ciudadanía a que les acompañen al 102 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata el próximo sábado 10 de abril a las 8:30 am. Se reunirán en el Señor del Pueblo junto a la tumba de Zapata, para salir en caravana hacia Chinameca, donde realizarán un homenaje al jefe del Ejército del Sur.

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos

Redacción Desinformémonos. (2021). Continúan pruebas ilegales en termoeléctrica de Huexca, denuncia plantón en resistencia. Desinformémonos. Recuperado el 06 de abril de 2021, de https://desinformemonos.org/continuan-pruebas-ilegales-en-termoelectrica-de-huexca-denuncia-planton-en-resistencia/

Falsas, las vacunas Sputnik V confiscadas en Campeche, dice Rusia

La víspera, la Administración General de Aduanas y el Ejército Mexicano confiscaron un lote falso de vacuna, cuyo diseño y empaque imitaban la vacuna rusa Sputnik V​​​, dijo la agencia rusa Sputnik.
La víspera, la Administración General de Aduanas y el Ejército Mexicano confiscaron un lote falso de vacuna, cuyo diseño y empaque imitaban la vacuna rusa Sputnik V​​​, dijo la agencia rusa Sputnik. Foto tomada del Twitter de @sputnikvaccine

Sputnik y Reuters | La Jornada

Moscú | Jueves 18 de Marzo del 2021 | 09:26

El Fondo Ruso de Inversiones Directas (RDIF) agradeció este jueves a las autoridades mexicanas por haber incautado un lote falso de la vacuna rusa anticovid Sputnik V.

La víspera, la Administración General de Aduanas y el Ejército Mexicano confiscaron un lote falso de vacuna, cuyo diseño y empaque imitaban la vacuna rusa Sputnik V​​​, dijo la agencia rusa Sputnik.

“El RDIF agradece al Gobierno de México, las autoridades aduaneras y las Fuerzas Armadas del país por la incautación de un lote falso de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V”, dice el comunicado de la entidad.

“Hoy temprano, las autoridades mexicanas incautaron un lote de vacunas diseñadas y empaquetadas como Sputnik V”, señaló el fondo soberano RDIF.

“El análisis de las fotografías del lote incautado, incluido el diseño de envases y etiquetas, sugiere que se trata de una sustancia falsa que no tiene nada que ver con la vacuna original”.

El primer envío de la vacuna Sputnik V, una entrega de 200 mil dosis, llegó a México el 23 de febrero. Fue aprobado para uso de emergencia por los reguladores mexicanos a principios del mes pasado.

El lote de 5 mil 775 dosis falsas fue incautado en el Aeropuerto Internacional de Campeche en México, según un comunicado del gobierno. Había estado en ruta en un avión privado a Honduras.

Las botellas, cuyas etiquetas presentaban errores ortográficos en ruso, estaban escondidas entre latas de refrescos en una caja de hielo, mostraron imágenes compartidas por el gobierno.

“Cada lote de la vacuna Sputnik V se somete al control más estricto y cada frasco tiene un código QR único que permite al RDIF y a sus socios rastrear su origen”, precisa.

Según el comunicado, el intento de suministrar un lote de vacuna falsa “es un ejemplo de posibles provocaciones contra el fármaco ruso, de las que advertían la semana pasada los medios rusos”.

La seguridad del suministro y la autenticidad de la vacuna son de importancia prioritaria para el RDIF, que continuará trabajando con gobiernos y socios de todo el mundo para identificar conjuntamente la vacuna Sputnik V falsa y garantizar la seguridad de la cadena de suministro, agrega.

La semana pasada un alto cargo del Kremlin informó a los medios rusos que “Estados Unidos y sus aliados planean lanzar una campaña de información masiva dirigida a moldear una actitud sesgada hacia los avances científicos rusos en materia de lucha contra el coronavirus”.

El presente artículo es propiedad de La Jornada

Sputnik y Reuters (2021) Falsas, las vacunas Sputnik V confiscadas en Campeche, dice Rusia. La Jornada. Recuperado el 18 de Marzo del 2021 en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/18/politica/rdif-agradece-a-mexico-por-confiscar-dosis-falsas-de-vacuna-sputnik/

Gobierno sigue sin reconocer violaciones del ejército a los derechos humanos en Chiapas: Frayba

Redacción Desinformémonos

22 de febrero de 2021

Ciudad de México | Desinformémonos. El gobierno mexicano continúa sin reconocer las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el ejército mexicano en la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94, señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Por el contrario, indicó el Frayba, «el Estado mexicano mantiene la lógica de guerra con estructuras militarizadas, sin el respeto a los derechos humanos de la población».

Señaló que a 26 años de la incursión militar al ejido La Grandeza, en el municipio de Altamirano en Chiapas, el Estado mexicano ha incumplido las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a la ejecución extrajudicial del indígena tseltal Gilberto Jiménez Hernández, cometida por integrantes del 17° Batallón de Infantería.

La ejecución extrajudicial de Jiménez Hernández ocurrió durante la incursión militar de la Fuerza de Tarea Arcoíris del Agrupamiento “Yabur”, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuando su familia y él huían a la montaña como desplazados forzados. «Gilberto llevaba a una de sus hijas atada a la espalda con un rebozo», recuerda el Frayba.

Añadió que «frente a la impunidad en México», en noviembre de 2016 CIDH recomendó al Estado mexicano reparar las violaciones de derechos humanos y realizar una investigación imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable sobre la ejecución de Gilberto Jiménez.

Sin embargo, a más de 4 años de la recomendación «las investigaciones no presentan ningún avance, rompiendo con el plazo razonable, sin identificar las líneas de investigación a seguir, sin conocer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos, sin adoptarse medidas de no repetición que incluyan medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole con la finalidad de asegurar que el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado sea compatible con los estándares internacionales».

Por ello, el Frayba urgió al Estado mexicano a atender las medidas emitidas por la CIDH, así como a suspender el modelo militarizado de seguridad nacional, «así como prevenir crímenes cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y cesar su impunidad».

A continuación el comunicado completo:

A 26 años de la incursión militar al Ejido La Grandeza, en el municipio de Altamirano, Chiapas, el Estado mexicano incumple las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos1 (CIDH) relativas a la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández (Gilberto) y continúa sin reconocer las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano en la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94.2

A partir de febrero de 1995, el Ejército mexicano intensificó el cerco al Ejército Zapatista de Liberación Nacional3 (EZLN) con la ocupación de territorios de Pueblos Originarios y el asedio a la población. Los objetivos de la intervención militar se plasmaron en el “Plan de Campaña Chiapas 1994”, diseñado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para “destruir y desorganizar la estructura política militar del EZLN”. La acción de las fuerzas armadas mexicanas cambió de ocuparse directamente de la seguridad nacional a dedicarse más activamente al control de la seguridad interna, a consecuencia perpetraron detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamiento forzado, entre otras violaciones a derechos humanos.

En este contexto integrantes del 17° Batallón de Infantería, cometieron la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández, de origen tseltal, el 20 de febrero de 1995, cerca de las 13:00 horas, entre el ejido Patiwitz y La Grandeza, durante la incursión militar de la Fuerza de Tarea Arcoíris del Agrupamiento “Yabur”, dependiente de la SEDENA. Su familia y él huían a la montaña como desplazados forzados, Gilberto llevaba a una de sus hijas atada a la espalda con un rebozo.

Frente a la impunidad en México, los hechos y sus consecuencias fueron presentados ante la (CIDH), instancia que el 30 de noviembre de 2016, emitió su Informe de Admisibilidad y Fondo No. 51/16 del Caso 11.564, en el cual recomendó al Estado mexicano: reparar las violaciones de derechos humanos tomando en consideración los efectos comunitarios de la aplicación del Plan de Campaña Chiapas 1994; realizar una investigación imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos y tomando en cuenta el esclarecimiento del contexto.

A más de 4 años de la recomendación internacional, las investigaciones no presentan ningún avance, rompiendo con el plazo razonable, sin identificar las líneas de investigación a seguir, sin conocer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos, sin adoptarse medidas de no repetición que incluyan medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole con la finalidad de asegurar que el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado, sea compatible con los estándares internacionales.

La CIDH estableció como precedente que la incursión militar en el Ejido La Grandeza fue parte de un Plan oficial implementado por el Ejército mexicano y que éste generó un marco propicio para la actuación arbitraria, discriminatoria y excesiva del uso de la fuerza antisubversiva.

El actual gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador tiene el reto histórico y progresivo de construir un camino que conlleve a la aceptación de los hechos y del contexto, que incluya el reconocimiento de la estrategia implementada a través del Plan de Campaña Chiapas 94 y ejecutada por el Ejercito mexicano. Elementos como los anteriores darán cabal cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH. Su aceptación se perfilaría como una medida de satisfacción para los Pueblos Originarios que sufrieron un grave impacto frente a la guerra contrainsurgente. Además de dar garantías de no repetición del uso excesivo de la fuerza en operativos militares.

Sin embargo, el Estado mexicano mantiene la lógica de guerra con estructuras militarizadas, sin el respeto a los derechos humanos de la población. A partir de 2019, con la creación de la Guardia Nacional y con el acuerdo presidencial de 2020, la seguridad pública está a cargo de las Fuerzas Armadas permanentemente.4 Por lo anterior, el Frayba urgimos al Estado mexicano suspender el modelo militarizado de seguridad nacional, así como prevenir crímenes cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y cesar su impunidad. Instamos garantizar los derechos colectivos de los Pueblos Originarios a la autonomía, el territorio y la libre determinación.

1 CIDH, Informe No. 51/16, Caso 11.564. Fondo. Gilberto Jiménez Hernández y otros(La Grandeza). México. 30 de noviembre de 2016. Disponible en:https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2016/MXPU11564ES.pdf

2 Plan de Campaña Chiapas 94. Disponible en:https://frayba.org.mx/historico/archivo/articulos/941001_plan%20de_campana_chiapas94_sedena.pdf

3 El 1 de enero de 1994, inició el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), tomando las cabeceras municipales de San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas en el estado de Chiapas, desde entonces la presencia del Ejército mexicano aumentó en la región.

4 Para julio del 2020, la Guardia Nacional se componía aproximadamente de 90,000 elementos, de los cuales 51,101 habían sido transferidos del Ejercito y 10,149 de la Marina. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Modelos de Seguridad. México. 2020. pág.57.

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos

Redacción Desinformémonos. (2021). Gobierno sigue sin reconocer violaciones del ejército a los derechos humanos en Chiapas: Frayba. Desinformémonos. Recuperado el 23 de febrero de 2021, de https://desinformemonos.org/gobierno-sigue-sin-reconocer-violaciones-del-ejercito-a-los-derechos-humanos-en-chiapas-frayba/

Productores de amapola piden apoyos del programa Sembrando Vida

Sergio Ocampo Arista, corresponsal La Jornada

24 de enero de 2021, 21:06

Campo de amapola en la sierra de Guerrero.
Campo de amapola en la sierra de Guerrero. Foto Sergio Ocampo / Archivo

Chilpancingo, Gro. Campesinos productores de amapola, del municipio de San Miguel Totolapan, ubicado en la Tierra Caliente de Guerrero, denunciaron que elementos del Ejército Mexicano, destruyeron unas 50 hectáreas de sembradíos de amapola.

Vía telefónica, uno de los campesinos que solicitó el anonimato, señaló que en los últimos días los soldados, “llegaron muy violentos y destruyeron los plantíos de amapola de las comunidades de Huerta Vieja, El Ahuacate, San Nicolás del Oro, San Miguelito, Laguna Seca, Petlacala, Laguna de Huayanalco, San Bartolo y Coronilla, del municipio de San Miguel Totolapan”.

Afirmó que arribaron alrededor de 150 militares “llegaron muy agresivos, y por un momento, no los dejamos pasar, éramos como 200 campesinos, pero después de unos minutos, el comandante sacó la pistola y nos apuntó, y enseguida los solados cerrojearon los rifles, y también nos apuntaron, por lo que decidimos dejarlos pasar a destruir nuestros plantíos”.

La situación se puso tensa “porque los soldados nos empujaron, y hubo jaloneos, tan es así que a muchos nos rompieron las camisas, por eso al último los dejamos pasar”.

Hoy como a las seis de la mañana nos reunimos, “y fuimos a ver a los soldados, a Huerta Vieja, uno de los pueblos afectados, pero ya habían destruido los plantíos; al llegar a un compañero los soldados le pegaron de leñazos, y cuando tratamos de defenderlo, los militares se fueron a esconder al cerro”.

En ese sentido, a nombre de sus compañeros productores de amapola demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador “que nos apoye, porque aquí a estos pueblos de la sierra no llega el apoyo del programa Sembrando Vida, solo llega a la cabecera de San Miguel Totolapan”.

Ya les dijimos a los militares que “si nos hacen llegar el apoyo, dejamos de sembrar el enervante. A nosotros no nos dan ningún tipo de apoyo, hoy destruyeron 50 hectáreas de sembradíos, y en días pasados destrozaron cada día de una a dos hectáreas, y llegamos y les pedíamos que no lo hicieran, pero no entendieron los soldados, al contrario se ensañaron más”, concluyó.

“El presente artículo es propiedad de La Jornada

Ocampo Arista, S. (2021). Productores de amapola piden apoyos del programa Sembrando Vida. La Jornada. Recuperado el 25 de enero de 2021, de https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/24/estados/productores-de-amapola-piden-apoyos-del-programa-sembrando-vida/

Menos del 1% de los casos por tortura y desaparición contra el Ejército llegó a un juez entre 2015 y 2019

Portación ilegal de armas, homicidio y crimen organizado son los principales delitos por los que elementos del Ejército fueron vinculados a proceso desde 2010.

Alberto Pradilla (@albertopradilla), Animal Político

13 de enero de 2021

Cuartoscuro

El general de brigada Manuel Moreno Aviña fue condenado a 52 años de cárcel el 28 de abril de 2016 en Chihuahua. Los delitos por los que lo sentenciaron: “Homicidio calificado, violación a las leyes de inhumación en su modalidad de destrucción de cadáver y tortura”. Según la sentencia, el militar ordenó la captura de José Heriberto Juárez el 25 de julio de 2008, acusado de la muerte de un soldado. Durante horas, el hombre fue torturado hasta que falleció y militares bajo las órdenes de Moreno Aviña ocultaron el cuerpo enterrándolo en una finca. 

El general siempre aseguró ser un “chivo expiatorio”. Sin embargo, él estaba al frente del Ejército en Chihuahua, donde operaba un escuadrón que sería rebautizado como “el pelotón de la muerte”. Lo significativo del caso es que se trata de una de las pocas ocasiones en las que un militar mexicano ha sido sentenciado por el delito de tortura.

Según datos obtenidos por Animal Político en solicitud de transparencia, solo ocho expedientes por tortura contra militares fueron judicializados en la última década. En ellos, únicamente cinco militares recibieron alguna condena. La de Manuel Moreno Aviña fue la mayor sentencia y, sobre todo, contra un militar de alto grado. Pero se trata de una excepción. La mayor parte de denuncias que se presentan contra integrantes del Ejército por delitos violatorios a los Derechos Humanos como tortura o desaparición forzosa nunca llegan hasta el juez. 

La ausencia de casos judicializados por torturas contra el Ejército llama la atención si se toma en cuenta que la Secretaría de la Defensa (Sedena) es la institución más señalada en la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, que tiene 4 mil 655 denuncias entre 2015 y 2019, según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Pero una cosa es denunciar y otra que un juez termine por analizar el caso. Según los datos de la CMDPDH, solo el 0.55% de todas las investigaciones llegó al juzgado. 

Esta impunidad es corroborada por los datos solicitados por Animal Político al Poder Judicial de la Federación. Desde 2010, un total de mil 137 militares fueron vinculados a proceso por algún tipo de delito. De ellos, apenas 374 terminaron con algún tipo de condena. Este período abarca los dos últimos años de Felipe Calderón como presidente, todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y los dos primeros años de Andrés Manuel López Obrador. 

La mayor parte de los delitos por los que fueron señalados los militares tienen que ver con la portación de armas, con la colaboración o pertenencia a algún grupo del crimen organizado y por homicidio

Apenas hay señalamientos por otras vulneraciones graves contra los Derechos Humanos que lleguen ante un juez. 

Por ejemplo, son solo ocho expedientes abiertos por tortura y otros diez por desaparición forzada.

No obstante, los datos están incompletos, ya que el Poder Judicial asegura no tener información de cómo acabó el procedimiento en 498 de los casos. Es decir, que no tiene registros de si hubo sentencia o no en casi la mitad de los expedientes contra militares abiertos en la última década. 

“No hay incentivos para que los militares dejen de cometer actos violatorios contra los Derechos Humanos”, explica Lucía Chávez Vargas, investigadora de la CMDPDH, que ha acompaña a víctimas de abusos y elabora informes que ponen de manifiesto la impunidad que opera en México. 

Chihuahua y Jalisco, los estados con más militares acusados

El Ejército es parte fundamental de la seguridad desde que en 2006 el presidente Calderón declaró la “guerra contra las drogas”. Sin embargo, entre los delitos que más se imputan a sus integrantes están la pertenencia a grupos del crimen organizado o los delitos contra la salud por tráfico de drogas. En concreto, según los datos proporcionados por el Poder Judicial, un total de 270 militares fueron juzgados por portación ilegal de armas, 65 por crimen organizado, 37 por delitos contra la salud y 123 por homicidio.

En general, los uniformados logran eludir la justicia. Aunque hay ocasiones en las que sus integrantes terminan ante los tribunales e incluso sentenciados. Es el caso, por ejemplo, del asesinato de Jorge Otilio Cantú, de 29 años, asesinado el 18 de abril de 2011 en Monterrey, Nuevo León. Militares que ejercían labores de orden pública lo acribillaron de 29 balazos. Aseguraron que lo habían confundido con un integrante de un grupo criminal y llegaron a sembrarle un arma.

Sin embargo, la perseverancia del padre de la víctima, Otilio Cantú González, permitió que cinco uniformados fueran condenados a 22 años y seis meses de prisión por “homicidio calificado”. Se trató de la primera sentencia contra integrantes del ejército por este delito.

Nuevo León, con 51 militares procesados en estos últimos 10 años, no es uno de los estados con mayor número de miembros del ejército sentados ante el juez. La lista la encabezan Chihuahua, con 157; Jalisco, con 125; y el Estado de México con 80. Por detrás se encuentran Baja California, con 61, y Sonora y Tamaulipas, con 56 respectivamente. 

La falta de sentencias judiciales es uno de los mecanismos con los que opera la impunidad, pero no el único. Según reveló Animal Político, la Sedena estableció un mecanismo para pagar compensaciones al margen de la Ley General de Víctimas a 187 afectados por violencia provocada por los propios uniformados. 

“Sedena no rinde cuentas ni rendirá. El ejemplo es (el general Salvador) Cienfuegos. Es difícil que estos militares de alto rango rindan cuentas y más en la actual administración con todo el poder que se le ha dado al Ejército”, dice Chávez Vargas. En opinión de la investigadora de la CMDPDH, el incremento de atribuciones durante el sexenio de López Obrador va a incrementar la impunidad.

“Con todo el poder acumulado va a ser más difícil que rindan cuentas. Desde los temas de violaciones a los Derechos Humanos hasta los relacionados con cuestiones económicas, que van a tener más opacidad”, considera.

Un dato relevante: en la última década no hay un solo militar que haya sido sentado ante un juez por delitos económicos. Habrá que ver si revelaciones como la investigación de El País que probó el desvío por parte de la Sedena de 156 millones de dólares a empresas fantasma entre 2013 y 2019 termina con algún militar vinculado a proceso. 

El caso de Cienfuegos es significativo. Porque, al margen de las acusaciones de narcotráfico formuladas por EU (y que el gobierno ha clasificado), existen casos de graves violaciones a los Derechos Humanos perpetrados durante su mandato al frente de la Sedena.

No hay constancia de que la Fiscalía General de la República lo esté investigando por acciones u omisiones en hechos tan relevantes como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 o la masacre perpetrada en Tlatlaya, Estado de México.

Chávez Vargas apunta otro dato relevante: en los pocos casos en los que se producen condenas, estas afectan solo a militares de bajo rango, ya que nunca se investiga quién dio las órdenes. 

“El presente artículo es propiedad de Animal Político

Pradilla, A. (2021). Menos del 1% de los casos por tortura y desaparición contra el Ejército llegó a un juez entre 2015 y 2019. Animal Político. Recuperado el 14 de enero de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/01/casos-tortura-desaparicion-forzada-ejercito-juez/