Colegio de Abogados de NY reprueba a México en anticorrupción

Redacción ContraRéplica

19 de mayo de 2021, 07:37

Colegio de Abogados de NY reprueba a México en anticorrupción

Redacción ContraRéplica

Un estudio regional realizado por Colegio de Abogados de Nueva York ubicó a México con una calificación casi reprobatoria en la implementación de sus políticas anticorrupción debido a la falta de aplicación de las leyes en la materia, de independencia de las autoridades anticorrupción y una baja capacidad institucional.

Con una calificación final de 5.51 puntos, donde cero es el puntaje más bajo y diez el más alto, nuestro país se posicionó – entre ocho países de la región- en el antepenúltimo lugar de la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020.

“A pesar de contar con un marco jurídico sólido y completo, México destaca por la falta de implementación de la norma derivada de una baja capacidad institucional y una alta influencia política en autoridades anticorrupción”, afirma el documento.

Los expertos participantes en el informe advierten que a pesar de que una de las banderas de la administración actual es la lucha contra la corrupción, la voluntad política tiene mucha influencia en este aspecto, pues mencionaron que “existe mucho interés por perseguir casos de corrupción de administraciones pasadas, pero no casos de funcionarios actuales”.

Aunado a que se identificó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como un órgano eficaz para la prevención de la corrupción a través de las políticas de transparencia, y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) como la menos eficaz.

El documento añade que aunque en México existen mecanismos de prevención de la corrupción, por ejemplo, en contrataciones públicas, “la autoridad busca excepciones para llevar a cabo adjudicaciones directas, lo cual es un espacio importante para la discrecionalidad y la corrupción”.

Asimismo, los abogados calificaron como baja la capacidad institucional de los organismos públicos facultados para prevenir, investigar, y perseguir actos de corrupción. Mientras que en el sector privado, se encontró como una debilidad la falta de obligatoriedad de programas de cumplimiento y políticas anticorrupción de las empresas.

El estudio también evaluó la implementación de políticas anticorrucpión de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá y Perú, entre los cuales destacaron Chile, que obtuvo la calificación más alta, y Guatemala, que consiguió la más baja. Los abogados consultados para el estudio trabajan en diversos sectores, incluidas firmas de abogados, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros.

“El presente artículo es propiedad de ContraRéplica

Redacción ContraRéplica. (2021). Colegio de Abogados de NY reprueba a México en anticorrupción. ContraRéplica. Recuperado el 20 de mayo de 2021, de https://www.contrareplica.mx/nota-Colegio-de-Abogados-de-NY-reprueba-a-Mexico-en-anticorrupcion-202119531

Destaca SFP el rápido desarrollo de ciudadanía en México

La titular de la SFP, Irma Sandoval durante la firma del convenio con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).
La titular de la SFP, Irma Sandoval durante la firma del convenio con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). Foto grama tomado del video emitido por la dependencia

Arturo Sánchez Jiménez  | La Jornada

Ciudad de México | Martes 11 de Mayo del 2021 | 18:26pm

En México, la ciudadanía se está desarrollando muy rápido, incluso más velozmente que muchos de sus representantes y gobiernos, aseguró este martes Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Al participar en la firma de un convenio de colaboración entre la SFP y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), dijo que “la ciudadanía sigue tomando consciencia de que entre el Estado y el mercado, lo más importante es la sociedad y el interés público”.

Añadió que este panorama exige que se apueste a la profesionalización en el servicio público como un medio para tener un gobierno eficaz, eficiente y sobre todo humanitario.

“La profesionalización en el gobierno de la Cuarta Transformación representa la reivindicación de lo público en el sector gubernamental y de la ética y la integridad para el sector privado”, dijo en una ceremonia celebrada en el Museo Nacional de Antropología y transmitida por internet.

Señaló que actualmente la administración pública federal está compuesta un millón 585 mil 994 personas servidoras públicas, de las que más de 21 son parte del servicio profesional de carrera. Añadió que más del 75 por ciento de estos últimos han sido capacitados, como parte de la estrategia de profesionalización del gobierno federal.

El año pasado, siguió, se lanzó el Sistema de Capacitación Virtual para Servidores Públicos (Sicavisp), a través del cual se han puesto a disposición de los empleados públicos un conjunto de cursos para su profesionalización.

Señaló que durante muchos años la élite de los funcionarios mexicanos, según datos de la OCDE, era la mejor pagada de toda Latinoamérica, tan solo detrás de Colombia. “Por ello, desde el primer día en que llegamos a este gobierno, con el presidente Andrés Manuel López Obrador hemos estado trabajando para transformarlo y ponerlo al servicio de las y los mexicanos”.

Agregó que el gobierno no puede entenderse como una entidad encerrada en sí misma, que sólo administra recursos financieros y materiales, que necesita gerentes bien pagados. “El gobierno que hemos estado construyendo desde nuestra llegada ha sido un gobierno para la gente y por la gente, que incluye a toda la ciudadanía en la toma de decisiones, y que, sobre todo, sigue sumando a las personas a las causas que nos unen, porque los desafíos nos afectan por igual a todos”.

El presente articulo es propiedad de La Jornada.

Arturo Sánchez Jiménez  (2021) Destaca SFP el rápido desarrollo de ciudadanía en México. La Jornada. Recuperado el 11de Mayo del 2021 en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/11/politica/destaca-sfp-el-rapido-desarrollo-de-ciudadania-en-mexico/

Directora del DIF obliga a empleados a darle hasta 4% de sus salarios; la SFP lo sabe desde julio

Para mantener su empleo, la directora del DIF y dos colaboradores obligaron a funcionarios a darles entre 2 y hasta 4% de su salario. La SFP recibió denuncias desde hace nueve meses.

Nayeli Roldán (@nayaroldan), Animal Político

03 de mayo de 2021

Sistema Nacional DIF

Desde marzo de 2019, la directora del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, y dos de sus colaboradores, obligaron a mil funcionarios de la institución a entregarles entre 2 y hasta 4% de su salario mensual a condición de mantener el empleo. Por este caso, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió un expediente de investigación apenas este 23 de abril, pese a que recibió denuncias al respecto desde hace nueve meses.

Animal Político obtuvo las denuncias y recabó seis testimonios de empleados y exempleados del DIF que confirman el modus operandi. Además, todos coinciden en que la directora utiliza como estrategia de amedrentamiento la supuesta amistad que mantiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Muller desde hace más de dos décadas. Esa es la razón por la que –según dice– tiene ese puesto, pues la designación es facultad directa del Ejecutivo.

La misma Rocío García distribuyó entre altos mandos del DIF un listado con las siete categorías de plazas escogidas y los respectivos montos a entregar, que van de los 500 a los 2 mil 500 pesos mensuales. De acuerdo con la nómina de la institución, las categorías enlistadas suman 1,002 puestos de trabajo, por lo tanto, las entregas ascenderían a 658 mil 400 pesos al mes, es decir, 7 millones 900 mil pesos al año.

Las denuncias y las entrevistas confirman que los funcionarios, cuyos sueldos oscilan entre los 12 mil y los 100 mil pesos, debían entregar el dinero en efectivo para el supuesto “Programa Ahijado”, del que no hay registro oficial en la estructura del DIF.

Según les dijo la directora, el dinero serviría para los gastos de la institución que no alcanzan a solventar con el presupuesto público. Sin embargo, los empleados desconocen en qué se han utilizado dichos recursos y tampoco existe ninguna referencia de dicho programa en la página del DIF y mucho menos algún informe.

¿Cómo es que ocurrió esto y por qué nadie ha sido sancionado? Aquí la historia:

Programa Ahijado

No habían pasado ni cuatro meses del nuevo sexenio cuando los funcionarios de alto mando del DIF fueron citados a una reunión con la directora, María del Rocío García Pérez, quien por primera vez ocupaba un cargo en el gobierno Federal. Les pareció raro que les pidieran dejar sus celulares afuera de la sala de juntas, pero acataron la instrucción. Lo siguiente no lo podían creer.

La institución tenía gastos que no podían ser solventados con el presupuesto y, por lo tanto, los funcionarios tenían que “apoyar” al DIF con una parte de su salario que debían entregar cada mes y en efectivo, según les anunció Rocío García, flanqueada por los encargados de los recursos públicos del DIF y sus más cercanos colaboradores, Lilia Aguilar Cortés, en ese momento titular de Administración y Finanzas, y Alfredo Anguiano, entonces director general de Programación y Presupuesto.

El dinero sería para el “Programa Ahijado”, que sin estar en la estructura gubernamental, sería alimentado por las aportaciones de ellos como altos mandos y de sus subalternos, a quienes debían pasar el mensaje y asegurarse que acataran la orden.

Acto seguido recibieron una hoja con el título “Propuesta programa ahijado sistema nacional DIF” (sic) con las tarifas que debían cubrir de acuerdo a la jerarquía de las siete plazas de confianza incluidas: dirección general, 3 mil pesos; jefes de Unidad, 2 mil 500; directores generales, 2 mil; directores de área, mil 500 pesos; subdirectores de área, mil pesos; jefe de departamento, 700 pesos y los soportes administrativos, 500 pesos.

Nadie dijo nada y sin celulares, no pudieron grabar la conversación. Sólo se quedaron con la hoja del listado como única prueba de lo que acababan de presenciar.

Animal Político confirmó lo anterior al obtener tres denuncias interpuestas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en julio de 2020 a través de la plataforma de alertadores, un nuevo sistema implementado en la actual administración para el combate a la corrupción.

También al testimonio de seis empleados y exempleados de la institución, y tres de ellos mostraron la misma lista de plazas y tarifas. Sin embargo, pidieron que sus nombres no fueran publicados por temor a represalias, aunque su identidad sí fue corroborada por este medio.

De acuerdo con los testimonios, los titulares de cada área designaban a alguno de sus colaboradores para recolectar el dinero de los subalternos a final de cada mes. Después lo entregaban en la oficina de Alfredo Anguiano Chávez, quien fue ascendido a titular de Administración y Finanzas en 2020, es decir, actualmente se encarga de ejecutar el presupuesto del DIF.

Lilia Aguilar Cortés, entonces titular de Administración y Finanzas, se encargaba de hacer la relación de quiénes y cuánto entregaban. Cuando detectaba faltantes enviaba la lista con los nombres de los morosos al jefe correspondiente para que los presionara. Aguilar Cortés también fue ascendida y actualmente es Jefa de la Unidad de Atención a Población Vulnerable.

Incluso, una de las denuncias refiere que “cada vez que los servidores públicos acuden a ella (Aguilar Cortés) para manifestar su desacuerdo (por la entrega de dinero), ella dice que todo son órdenes de su jefa (la titular del DIF) y que ‘así se hace en todos lados’”.

En una de las denuncias que llegó a la Función Pública, el alertador adviertió que el dinero era depositado en cuentas de “Saldazo”, las tarjetas de débito compradas en tiendas oxxo que no requieren de hacer trámites de apertura en algún banco, y algunas veces eran depositadas “a cuentas de los hijos de Rocío García u otro pariente”. Sin embargo, esto no puede ser corroborado por ninguna vía de información pública.

Otra evidencia de esta práctica se encuentra en un oficio del 2 de diciembre de 2020 firmado por Enrique García Calleja, director general de Asuntos Jurídicos, y Ociel Lua, jefe de departamento de Transparencia, en respuesta a una solicitud de información realizada –al parecer– por algún funcionario afectado.

En la solicitud con folio 1236000032820 se pregunta: “especifique normativamente bajo qué criterio y acuerdo, Sandra Castro Díaz, directora de Adquisiciones y Almacenes determinó y dio la instrucción el día 10 de noviembre de 2020 a su personal de estructura dar un donativo monetario para las familias afectadas por la tormenta tropical Eta. La instrucción la dio de la siguiente manera: soportes: $250; jefes de departamento, $500; subdirectores, $750; director, $1,000”.

El solicitante explicaba que pedía la información porque si bien les entregaron un volante para solicitar apoyo, éste sólo incluía víveres y “en ningún lado de este volante mencionan alguna donación de dinero”. También pedía confirmar si dicha instrucción “es del conocimiento y validado por la titular del DIF, María del Rocío García Pérez”.

https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/05/Solicitud-DIF-tormenta-ETA.pdf

En la respuesta, García Calleja confirmó que “el personal de confianza y estructura adscrito a la Dirección de Adquisiciones, en apoyo y solidaridad con la causa, realizó una colecta general de manera voluntaria para la compra de víveres, abarrotes, etc., y posteriormente se hizo una entrega grupal en el Centro de Acopio instalado para tal fin en el almacén de donativos de este organismo”.

Además aseguró que “es nuestro deber como servidores públicos coadyuvar con esta acción altruista a través de tres vías: aportar, conminar a nuestros subalternos su participación y difundir la convocatoria con los grupos de trabajo, familiares y amigos, por lo tanto no fue necesario hacer del conocimiento ni someter dicha actividad a la autorización o validación de la titular, ya que la colecta para la compra se realizó de manera voluntaria”.

Sin embargo, tampoco hay ninguna referencia a la entrega de dicho donativo en los nueve comunicados oficiales en la página del DIF publicados entre el 7 de octubre y el 28 de noviembre, ni en los 6 boletines de diciembre, periodo en el que debió haber sido entregado, pues la tormenta “Eta” que afectó a Tabasco, Chiapas y Veracruz ocurrió entre octubre y noviembre de 2020.

Función Pública lo sabe desde julio

Los funcionarios afectados vieron una oportunidad para denunciar sin poner en riesgo su empleo ni sufrir represalias en el mecanismo lanzado por la Secretaría de la Función pública en 2019 llamada Ciudadanos Alertadores internos y externos de la corrupción, cuya principal ventaja es el anonimato.

Los objetivos de dicho programa, según la dependencia, son “facilitar que la ciudadanía y personas servidoras públicas puedan comunicar alertas sobre cohecho, peculado y desvío de recursos públicos sin sufrir represalias; garantizar la confidencialidad de las comunicaciones, proteger el anonimato y servir de herramienta en el combate a la corrupción e impunidad”.

Así es como fueron registradas tres denuncias que generaron sus respectivos folios que también sirven como contraseña para poder acceder a la plataforma, dar seguimiento al caso y mantener comunicación con la Función Pública, por lo tanto no pueden ser publicados.

Animal Político comprobó la existencia de dichos denuncias, una registrada el 17 de julio y dos más el 20 de julio de 2020, aunque una de ellas sólo se refiere a la exigencia de firmar una carta de renuncia sin fecha o de lo contrario no les entregarían su primer pago. En los tres casos hubo intercambio de comunicaciones entre los denunciantes y la dependencia únicamente a través de la plataforma hasta septiembre.

Aunque uno de los ciudadanos preguntó en agosto y septiembre de 2020 y en enero de 2021 sobre el seguimiento a su denuncia, la Función Pública respondió que se habían extendido los plazos debido a pandemia de coronavirus. Apenas este 23 de abril informó que dos de las denuncias había sido concentradas en un expediente de investigación.

“Respecto de los hechos por usted alertados, le informamos que se hicieron de conocimiento del Órgano Interno de Control en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, atendiendo su caso, María Lina Vázquez Rojas, titular del Área de Quejas, quien mediante el oficio 12/360/AQ004/2021, informó que los hechos denunciados fueron registrados en el Sistema Integral de Quejas y Denuncias (SIDEC), con número de folio 19**/2021 y clave 824****, y que para tal efecto quedó bajo expediente de investigación 2021/DIF/DE206”.

Animal Político preguntó a la Función Pública el estatus de la investigación y la razón por la que tardaron nueve meses en iniciar el expediente, pero la dependencia respondió que, por norma, no podía informar nada sobre una investigación en curso.

También se solicitó una entrevista con la titular del DIF, Rocío García, sobre las acusaciones en su contra, tanto de las denuncias, como de los testimonios recabados por este medio, pero sólo envió una tarjeta informativa para advertir que no conocía de ninguna investigación en su contra, es decir, no ha sido llamada a rendir cuentas por ninguna autoridad.

“María del Rocío, titular del SNDIF, y José Alfredo Anguiano, jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, desconocemos si existe alguna denuncia presentada ante la Secretaría de la Función Pública por parte de trabajadores en nuestra contra.

En caso de existir no podríamos emitir una opinión en torno a la investigación, pues ello trastocaría el proceso que lleva a cabo la autoridad competente. En todo caso, y únicamente de ser necesario se emitiría una opinión hasta la conclusión de la indagatoria y una vez que se hiciera público su resultado”, dice la tarjeta.

La amistad presidencial

El miedo de los empleados a denunciar obedece a una razón: la directora Rocío García reitera a cada oportunidad su estrecha amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Muller, desde que él era Jefe de Gobierno.

Para confirmar la supuesta cercanía con ambos, Rocío García cuenta anécdotas e incluso, situaciones muy personales de la pareja (que no serán reproducidas por respeto a la privacidad), lo mismo en reuniones de trabajo o en encuentros informales con sus subalternos o funcionarios de otras instituciones, según coinciden las narraciones de los trabajadores y un exfuncionario federal.

De acuerdo con los testimonios, la estrategia de la cercanía es utilizada para amedrentar y asumirse como intocable dentro de la administración porque, según afirma, sus decisiones o propuestas de cualquier tipo son aprobadas por Beatriz Gutiérrez Muller, y “nadie quiere problemas con la esposa del presidente”, dice una de las fuentes.

La amistad nació cuando López Obrador fue jefe de Gobierno, entre 2001 y 2005, y Rocío García era “representante del Jefe de Gobierno en las coordinaciones territoriales de Seguridad Pública en la delegación Gustavo A. Madero”.

Según una respuesta por transparencia y al currículum publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia, Rocío García ocupó dicho puesto al mismo tiempo que el de “subdirectora de difusión” en la jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

Justo en esa área conoció a Beatriz Gutiérrez, quien era asesora en la dirección de Difusión en la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Distrito Federal, entre 2002 y 2005, y ahí comenzó la supuesta amistad, según ha contado García.

Por eso presume que fue la única funcionaria que designó a su titular de Administración y Finanzas, pese a que la reforma de la Ley Orgánica de este gobierno trasladó esa responsabilidad a la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda. Tanto Lilia Cortés como Alfredo Anguiano, que han ocupado dicho cargo el DIF, sólo tienen experiencia en el gobierno capitalino.

También asegura que, a diferencia de otras dependencias, el DIF tienen un trato privilegiado en cuanto a presupuesto. Y en efecto, el mayor recorte sólo ocurrió entre 2018 y 2019, al pasar de 2 mil 329 millones de pesos a mil 960 millones de pesos, respectivamente, pero en ese periodo el DIF dejó de tener la responsabilidad de las estancias infantiles. En cambio, en 2020, el año de pandemia, el presupuesto se mantuvo en mil 989 millones de pesos y en 2021 le fue asignado mil 981 millones de pesos.

¿Quién es Rocío García?

Ante sus interlocutores, Rocío García Pérez se describe como una “luchadora social”, una “operadora a ras de tierra”, como alguien que caminó junto a López Obrador en la calle, por eso cuando el entonces presidente electo le llamó por teléfono para decirle que “le encargaría algo muy especial”, saltó de emoción, según narran los entrevistados.

El nombramiento efectivamente es facultad del presidente, según la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que regula a los organismos públicos descentralizados como lo es el DIF.

Ingresó al puesto desde el primer día de gobierno de López Obrador, el 1 de diciembre de 2018 y su salario asciende a 100 mil pesos brutos mensuales y con prestaciones, suma 144 mil pesos, de acuerdo con Nómina Transparente.

Sobre su preparación profesional, el DIF respondió a una solicitud de información que no tenía registro de ningún título universitario sino solo “una constancia de estudios de la licenciatura en Sociología con porcentaje de créditos aprobados mayor a 95% donde se desprenden cinco años de estudios subdivididos en trimestres expedidos por la UAM entre septiembre de 1984 y mayo de 1989”, aunque no entregó el documento.

https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/05/Solicitud-historial-laboral-Rocio.pdf

Aún así, en su ficha curricular como miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) se ostenta como “licenciada en Sociología”.

Aunque en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales no incluye algún requisito académico para los titulares, sí exige que el titular debió “haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público, administrativo o sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia de cada entidad paraestatal”, dice el artículo 21.

Sin embargo, en los 40 años de experiencia laboral, nunca ha ocupado la titularidad de alguna institución y ninguno de sus trabajos ha estado relacionado con niños, niñas o adolescentes, la población que atiende el DIF, de acuerdo con una respuesta a una solicitud de información sobre toda su experiencia laboral.

Sus empleos han sido desde técnica en programación y presupuesto en la Subsecretaría Forestal y de Fauna de la Secretaría de Agricultura en 1981, hasta “asesora” del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Leonel Godoy, de 2000 a 2002.

En cinco empleos más sólo ha durado un año, en 1996 como “responsable de comedor en Villa Hermosa, Tabasco”; “asesora del secretario de Gobierno en el GDF”, en 1999; como subdirectora de publicidad en la Secretaría de Transporte y Vialidad en 2007, y en 2009 como encargada de la dirección de Seguridad al turista en la Secretaría de Turismo en el Distrito Federal.

Como directora territorial en Gustavo A. Madero sumó tres años. Y los cargos con mayor antigüedad fueron en los que coincidió con el presidente y como directora de Vinculación Interinstitucional del Instituto para la Atención de Adultos Mayores de la Ciudad de México, entre 2012 y 2018.

“El presente artículo es propiedad de Animal Político

Roldán, N. (2021). Directora del DIF obliga a empleados a darle hasta 4% de sus salarios; la SFP lo sabe desde julio. Animal Político. Recuperado el 04 de mayo de 2021, de https://www.animalpolitico.com/2021/05/directora-dif-obliga-empleados-darle-salarios/

Inhabilitan a Laboratorios Pisa por falsear datos al IMSS

La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, aseguró que se “trabaja con transparencia y legalidad para mantener una estricta vigilancia que asegure los adecuados servicios de salud para la ciudadanía”. Foto José Antonio López / Archivo

Ángeles Cruz y de la Redacción | La Jornada

———– | Jueves 22 de Octubre del 2020 | 07:27

Uno de los corporativos farmacéuticos que por años ha sido de los mayores proveedores de medicamentos del gobierno mexicano fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Se trata de Laboratorios Pisa –es uno de los más grandes del ramo en el país– y su filial de distribución, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), inhabilitadas por 30 meses y con sendas multas de un millón 170 mil 95 pesos. La dependencia federal determinó que actuaron con dolo y presentaron información falsa para un contrato con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2017.

La SFP investigó durante más de un año al corporativo, sobre todo luego de que fue señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de estar entre los acaparadores del mercado de distribución de medicamentos.

La sanción se genera por un procedimiento administrativo que empezó desde 2017 a raíz de una denuncia presentada por otra empresa ante el Órgano Interno de Control en el IMSS y que fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación. Pisa intentó infructuosamente frenar los procedimientos respectivos con amparos.

Las empresas todavía pueden inconformarse ante la propia SFP o ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En caso de ser acreditadas, no participarían en los contratos firmados con anterioridad.

Al respecto, Pisa se dijo respetuosa de las normas y disposiciones que emita el gobierno federal: Confiamos en las instituciones que hacen valer la justicia y el estado de derecho. Agregó que, de consumarse, la inhabilitación no afecta las ventas a hospitales privados, farmacias, mayoristas, distribuidores del sector privado en general ni entidades federativas, municipios ni alcaldías en la Ciudad de México cuando las adquisiciones se realicen sin cargo a fondos federales.

Para este año, el laboratorio ganó 30 por ciento de contratos asignados para el abasto de medicinas en el sector público y se preparaba para participar en la compra consolidada que organiza la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.

La SFP indicó en un boletín que tras una minuciosa investigación se corroboró que durante el proceso de adjudicación de un servicio integral de anestesia en 2017, las empresas aseguraron contar con las condiciones técnicas solicitadas; sin embargo, su información no respaldaba plenamente la oferta, lo cual representaba un riesgo para la salud de los derechohabientes del IMSS.

La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval aseguró que se trabaja con transparencia y legalidad para mantener una estricta vigilancia que asegure los adecuados servicios de salud para la ciudadanía.

El director del IMSS, Zoé Robledo, ratificó que los contratos no tendrán ninguna afectación y para el siguiente año los medicamentos se podrán adquirir con otros proveedores, ya que son genéricos.

Opinó que la sanción determinada por la SFP está muy bien estructurada. Se agotaron todas las etapas del procedimiento, lo que incluyó la presentación de pruebas por parte de Pisa.

En años recientes esa empresa ha ganado contratos públicos por más de 28 mil millones de pesos, 4 mil millones de ellos en lo que va de este sexenio, mientras Dimesa los obtuvo por cerca de 52 mil millones.

Ángeles Cruz y de la Redacción (2020) Inhabilitan a Laboratorios Pisa por falsear datos al IMSS. La Jornada. Recuperado el 22 de Octubre del 2020 en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/10/22/inhabilitan-a-laboratorios-pisa-por-falsear-datos-al-imss-8926.html

Sanción contra editora Nexos respeta el debido proceso: SFP

La Secretaría de la Función Pública (SFP) afirmó que la sanción a la revista Nexos se trata de un procedimiento administrativo, llevado a cabo con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia, luego de que la publicación proporcionara “información falaz, con total falta de ética y legalidad”. Foto tomada de www.facebook.com/sfpmx/

Redacción | Jornada

CDMX | Viernes, 21 agosto 2020 | 11:28

La Secretaría de la Función Pública (SFP) afirmó que la sanción a la revista Nexos se trata de un procedimiento administrativo, llevado a cabo con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia, luego de que la publicación proporcionara “información falaz, con total falta de ética y legalidad”.

Por su parte, la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, defendió la decisión de castigar a Nexos con una inhabilitación de dos años para recibir publicidad y una multa de casi un millón de pesos, al considerar inaceptable que “se enriquezcan con adjudicaciones directas”. 

A través de un comunicado, el organismo señaló que “respeta absolutamente la libertad de expresión y el trabajo periodístico”, por lo que el castigo a la mencionada revista obedece a la asignación directa de un contrato a la empresa para una campaña de salud pública denominada “Chécate mídete pésate” en 2018, cuando al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lo dirigía Tuffic Miguel Ortega, y hasta ahora se emite la resolución.  

La publicación, enfatizó la SFP, “proporcionó información falaz para agenciarse esta adjudicación directa con una total falta de ética y legalidad, ya que aportó información apócrifa para obtener un contrato público”. 

“Nexos”, explicó el organismo, presentó un documento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para supuestamente comprobar que estaba al corriente con sus aportaciones patronales, es decir, que no tenía adeudos; sin embargo, la misma entidad confirmó que la información “estaba alterada, ya que en sus registros oficiales sí tenía adeudos”.  

Ese “documento falso sirvió para poder concretar el contrato mencionado. El propio director de Nexos ha reconocido en entrevistas que en ese momento tuvieron que presentar de nuevo el documento porque se consideró falso”.  

En ese contexto, la SFP afirmó que “la investigación se llevó de forma técnica independiente por el Órgano Interno de Control en el IMSS, respetando su autonomía de gestión”, e inició “luego de que en 2018 se presentara una denuncia de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos del propio IMSS”. 

De igual forma, subrayó que el Órgano Interno de Control del IMSS “aplicó de manera estricta la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, y que durante todo el procedimiento “se respetó el debido proceso y la presunción de inocencia”.  

Luego de destacar que la empresa editorial sancionada aún puede presentar los recursos que a su criterio considere ante los tribunales, la SFP reiteró que, en apego a sus obligaciones, aplicó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y “siguiendo la encomienda de no permitir los actos de corrupción, sólo fiscalizó los contratos públicos y aplicó la máxima de ‘Nada, ni nadie, por encima de la ley’”.  

Por último, la secretaría recordó que durante la administración 2012-2018, Nexos obtuvo contratos con toda la Administración Pública Federal que suman un monto total de 85 millones 257 mil 247 pesos, que fue un dato que se ponderó en la sanción determinada. 

Al mismo tiempo que se divulgó el comunicado de la SFP, Irma Eréndira Sandoval señaló en su cuenta de Twitter: “Nos insultan por hacer cumplir la Ley. El documento que falsificó #Nexos fue un comprobante de Infonavit para ocultar sus deudas en aportaciones patronales. No es aceptable que falsificando y defraudando derechos de sus trabajadores, se enriquezcan con adjudicaciones directas”. 

En el mismo tono, la funcionaria añadió que “en tan sólo un sexenio (2012-2018) #Nexos obtuvo contratos millonarios por adjudicación directa con toda la Administración Pública Federal por más de 85 millones de pesos. Después de tantas adjudicaciones directas es obvio que sí pueden y deben pagar la multa impuesta. 

“Los editores de Nexos han sido de los más férreos propulsores y defensores del Estado mínimo. Hoy pueden seguir publicando libremente sus ideas sin depender del financiamiento del Estado”. 

Redacción (2020) Sanción contra editora Nexos respeta el debido proceso: SFP. LA Jornada. Recuperado el 21 de Agosto del 2020 en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/21/sancion-contra-editora-nexos-lleva-el-debido-proceso-sfp-302.html

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