La CNDH, y CEDH de Veracruz condenan a la Fiscalía y al Gobierno por violaciones a los DDHH de una mujer encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo

Se pronuncia porque se libere el aborto en la entidad y se cumplan recomendaciones internacionales

Las feministas hacen un recuento de violaciones a derechos sexuales y reproductivos y denuncian la negativa a dictaminar sobre la ILE

Sara Lovera | Sem México

Ciudad de México | Viernes 2 de Julio del 2021 | — : —

Una ola de indignación, condena  y reclamos contra el gobierno y la fiscalía de Veracruz, surgieron  en el país y en el mundo. Ello  por el encarcelamiento de Diana Patricia, originaria de Oluta, Veracruz, recluida  desde el pasado 29 de mayo en el Centro de Reinserción Social de Acayucan, enfrentando un juicio por homicidio tras sufrir un aborto espontáneo, producto de un embarazo de alto riesgo y provocado por la violencia de su pareja.

Este caso es resultado de una política sistemática en Veracruz, agravada por el encarcelamiento, re-victimización, vulneración al debido proceso y falta de perspectiva de género y a los derechos humanos en que ha incurrido la Fiscalía General del Estado en el caso de la mujer que desde hace más un mes está presa en Acayucan por un aborto, señalaron una centena de colectivas de mujeres e, integrantes del sistema estatal contra la violencia en Veracruz.

Paralelamente Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV)  condenaron los hechos y exigieron al gobierno de Veracruz cumplir dar cuenta de los atropellos  contra  Diana Patricia.

Lo que sucedió a Diana Patricia, sostienen los organismos de Derechos Humanos,  vulnera gravemente los derechos humanos de la mujer, porque su privación de la libertad obedece a factores producto de una violencia sistemática que ponía en peligro su vida, su salud, su estado psicológico y mental, así como su dignidad y derecho a una vida libre de violencia.

Sobre la falta de perspectiva de género en el proceder de la FGE en el caso de la mujer encarcelada desde hace un mes por aborto, es muy grave. Por ello las firmantes, representantes de sociedad civil en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres,  representantes de diversas organizaciones y activistas a título individual nos pronunciamos en contra de las recientes declaraciones emitidas por la Fiscalía General del Estado a través de sus cuentas oficiales al hacer pública una nota con fecha 28 de junio del presente, en el que sin la mínima ética ni respeto jurídico, se re-victimiza a una mujer radicada en la localidad de Oluta, municipio conurbado con Acayucan Veracruz, quién tuvo un aborto en un centro comercial, mismo que de acuerdo a las declaraciones de ella misma y de sus familiares, fue producto de la violencia doméstica sufrida.

Las colectivas feministas señalan, además  que la Fiscalía General del Estado no puede eximirse de la responsabilidad que tiene de tratar los casos de violencia y aborto con apego a derechos humanos, respetando en todo momento la presunción de inocencia de las mujeres, evitando la re-victimización y criminalización en casos relacionados.

La Fiscalía demuestra la falta de sensibilidad y capacitación en el tratamiento de los casos que ameritan perspectiva de género y  significan una grave falta institucional al generar opinión tendenciosa estigmatizando a las mujeres que abortan, haciendo juicios previos, culpabilizándola de los hechos sin que haya concluido la investigación, con un intención misógina violando el debido proceso a sus garantías judiciales y sus derechos humanos fundamentales.

La CNDH exhortó  al Gobierno de Veracruz y Fiscalía General del Estado a no criminalizar a las mujeres y respetar sus Derechos Sexuales y Reproductivos y sostiene que urge derogar las leyes estatales que criminalizan a las mujeres y armonizar aquellas que permitan el acceso al aborto legal, seguro, gratuito y libre de prejuicios.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de condenan la acusación por homicidio contra Diana Patricia porque  denota la falta de perspectiva de género en la investigación,  además de  la estigmatización que existe ante los casos de mujeres cuyo embarazo se interrumpen de forma legal o espontanea, lo que representa una grave violación a sus derechos sexuales y reproductivos, una doble revictimización y falta de acceso a la justicia por las condiciones de precariedad económica y social en la que vivía.

Tanto la CNDH como la CEDHV consideran que la estigmatización y la criminalización de las mujeres que  abortan, se agrava cuando subyacen situaciones de violencia familiar, condiciones de pobreza y de origen étnico, y son consecuencia de leyes que limitan y violentan el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como es el caso del estado de Veracruz, que actualmente cuenta con una Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, toda vez que en la entidad federativa subsisten leyes y prácticas que criminalizan la decisión sobre el cuerpo y la autonomía de las mujeres.

Para estos Organismos defensores de los Derechos Humanos es imprescindible que el Poder Judicial aplique los principios de interpretación conforme y pro persona en todos los casos relacionados con el delito de aborto que se encuentren bajo su conocimiento, además de garantizar que los expedientes y carpetas de investigación se indaguen y resuelvan con la debida diligencia, perspectiva de género y en un plazo razonable. 

Recuerda la CNDH  que México ha recibido recomendaciones generales de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación (CEDAW), para “derogar disposiciones que penalizan el aborto, así como acelerar la armonización de las leyes y protocolos federales y estatales para garantizar el acceso al aborto legal y, aunque no haya sido legalizado, a los servicios de salud posteriores al aborto”.

La CNDH y la CEDHV, en apego a las recomendaciones de la CEDAW, exhortan al estado a derogar las leyes que criminalizan a las mujeres y armonizar aquellas que permitan el acceso al aborto legal, seguro, gratuito y libre de prejuicios. Asimismo, se pronuncia por el derecho a decidir de las mujeres, a su autonomía reproductiva, a la no criminalización y al pleno respeto todos sus derechos humanos, así como a vivir libres de violencias y estigmas.

Feministas condena conducta desviada en Veracruz, desde hace tiempo.

Elevan sus protestas al Gobernador Cuitláhuac García, omiso en su actuar desde de 2019 y narran:

Incumplimiento en la designación de la Directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres y la opacidad que ha existido desde hace dos años en el manejo del Instituto.

 En mayo de 2019, tras la renuncia de la Mtra. Yolanda Olivares, el gobernador Cuitláhuac García, nombró como encargada de despacho del Instituto Veracruzano de las Mujeres a quien entonces fungía como jefa de la unidad de género de la Secretaría de Gobierno, la Mtra. Rocío Villafuerte Martínez. 

En julio del mismo año los Consejos Consultivo y Social del IVM entregaron la convocatoria para elegir a la nueva directora, que debió ser publicada a la brevedad por la Secretaría de Gobierno.

 Han pasado dos años y no se ha cumplido con la Ley 613 por lo que seguimos sin directora y sin una estrategia real para atender la violencia de género en Veracruz. 

Durante este período los señalamientos hacia el Instituto han ido desde el despido injustificado de personal capacitado, la falta de transparencia en los perfiles de quienes ahí laboran, hasta el uso inadecuado de los recursos materiales de la instancia. Sabemos que uno de los principales objetivos del IVM es promover la incorporación de la perspectiva de género en los tres órdenes de gobierno, lo que hasta ahora no se ha logrado como lo evidencian los índices de crímenes violentos contra las mujeres que no muestran una baja en la incidencia. 

A ello hay que añadir la falta de perspectiva de género en el seguimiento de casos que implican el análisis de Xalapa, Veracruz a 01 de Julio del 2021 las circunstancias del entorno adverso al que nos enfrentamos, como queda claramente de manifiesto en la reciente aprehensión de una mujer tras sufrir un aborto espontáneo, siendo ella víctima de violencia familiar. 

Quiénes representamos a la sociedad civil organizada dentro del Sistema Estatal para Prevenir Atender Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres exigimos nuevamente al Gobernador del Estado y al Secretario de Gobierno, que se cumpla con la Ley y se respete el procedimiento para nombrar a la directora general con todos las atribuciones que la ley le faculta y exhortamos a transparentar el uso de programas como de recursos públicos destinados para esta instancia, así como a dar la prioridad debida para resolver la grave problemática de violencia de género que vivimos, ya que hoy más que nunca necesitamos medidas urgentes.

Recuerdan que  las recomendaciones realizadas a la entidad veracruzana en razón de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado están las que concluyen que el Estado de Veracruz obstaculiza el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente en materia de acceso a los servicios de la Interrupción Legal del Embarazo, y la insuficiente e inadecuada prestación integral de los servicios de salud sexual y salud reproductiva, así como la aplicación obligatoria de la NOM046 SSA-2005. Xalapa, 

 Los órganos autónomos se niegan a reconocer como el problema público que es y en cambio criminalizan y persiguen a las mujeres que los cometen, mismas que como es el caso de Claudia N, viven en condiciones de pobreza extrema y han sido víctimas recurrentes de otras violencias. 

El caso del aborto ocurrido en Oluta y que mantiene desde hace un mes presa a una mujer en la cárcel  lo que no es el único en Veracruz, ya que en 2017 hubo diez mujeres encarceladas por este hecho, procesadas por cargos como homicidio doloso agravado por parentesco, estrategia legal que observamos se intenta hacer en este caso de 2021.

 Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha dado declaraciones acerca de su proceder, razón por la que exigimos respeto a los derechos de las mujeres, un trato digno, juzgar con perspectiva de género y dejar de usar el escrutinio público para criminalizar a aquellas que abortan.

 Mientras que en otras entidades más progresistas hoy se celebra el avance legislativo de haber aprobado el aborto hasta las 12 semanas, en Veracruz una mujer está encarcelada desde hace un mes por abortar y permanecerá ahí hasta diciembre, cuando vence el término establecido por las autoridades.

 Ambos hechos tienen un mismo origen: la desatención y la falta de priorización que las autoridades veracruzanas han evidenciado en su gestión con respecto a los temas relacionados con la agenda de las mujeres, ante lo que nosotras elevamos nuestra voz en protesta y conminamos a que se actúe con apego al compromiso expresado por el Gobernador del Estado cuando el 25 de enero de 2018 hizo público el programa Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres, comprometiéndose a que fuera el eje rector de su gobierno, lo que no ha sucedido hasta ahora.

 Firmantes Myriam Lagunes – Integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Lorena Redondo – Integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Katya Gabriela Esteva Cruz – Regedhem A.C. e integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Red de Mujeres Feministas de Veracruz, REMUFEVER. Marea Verde Altas Montañas. Xalapa, Colectivo feminista Chihuatlahtolli A.C. Ana Valderrama, Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio Ximena Vio Salinas, Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio Nancy Torres Castañeda, Colectiva Colmena Verde Colectivo Colmena Verde Luz María Reyes Huerta. Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento A.C. Ana María Fonseca Cortés. Haydée Aurora Magallanes Montalvo, MAMVBER. Mónica Mendoza Madrigal, MAMVBER. Haydée Aurora Magallanes Montalvo. Ana María Fonseca Cortés. Mónica Mendoza Madrigal, MAMVBER. Cristina Pérez Carmona. Deisy Iris Jácome Sánchez. Surinam Arandia Azuara Angeles, Presidenta de Piensa, Actúa y Sorprende A.C. Rosa María Cabrera Lotfe, Responsable de la Comisión de Violencia de Género de la Organización Nacional de Mujeres y, asesora en la Secretaría de Igualdad de Géneros del PRD, feminista, ex Diputada Federal y, defensora de Derechos Humanos. Azucena Rodríguez, Diputada Federal PRD. Teresa de Jesús Vázquez de los Santos. Activista Martha Martínez Marín. Metzeri Ávila San Martín. Marea Verde Totonacapan. Católicas por el Derecho a Decidir. María Sabina Martínez Pinto, Activista. Ana Irene Muro Lagunes Movimiento Amplio de Mujeres de Veracruz y Xalapa, Veracruz a 01 de Julio del 2021 Boca del Río. Belem Palmeros Exsome, MAMVBER. Cristina Pérez Carmona, MAMVBER. Magaly Emilia Corona García, MAMVBER. Jazz Bustamante Hernández, Colectivo Soy Humano A.C. Enma Obrador Garrido Domínguez, AMAM A.C Reyna Martha Gil Rojas, Empoderando Mujeres A.C. Ana Laura Ramírez Huitrón, Red de Trabajadoras de la Educación. Erika Salinas Valadez, Coalición Nacional de Mujeres Rurales, A. C. Anna Carina Chumacero, Huitzitzilin Organización Latinoamericana por la defensa y acceso DDHH para el desarrollo integral de la niñez, la adolescencia y de las mujeres A. C. RED-TIC Por Los Derechos De Las Mujeres. Mujeres Indígenas Popolucas Triqui de Texistepec, Veracruz. Carolina Ramírez Suárez, Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio en México. Maria Guadalupe López Vélez, AMAM A.C. Pro-Mujeres Veracruz Iniciativa feminista Veracruz Las Libertarias

El presente articulo es propiedad de Sem México.

Sara Lovera (2021) La CNDH, y CEDH de Veracruz condenan a la Fiscalía y al Gobierno por violaciones a los DDHH de una mujer encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo. Viernes 2 de Julio del 2021 en: https://www.semmexico.mx/la-cndh-y-cedh-de-veracruz-condenan-a-la-fiscalia-y-al-gobierno-por-violaciones-a-los-ddhh-de-una-mujer-encarcelada-tras-sufrir-un-aborto-espontaneo/

Despenaliza Corte Constitucional de Ecuador aborto por violación

Aline Espinosa Gutiérrez | CIMAC Noticias

Jueves 29 de abril de 2021

Ciudad de México. En un hecho histórico, las y los jueces de la Corte Constitucional de Ecuador despenalizaron el aborto por violación en todos los casos y no sólo cuando las víctimas son mujeres que padecen una discapacidad mental, como estaba vigente en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de este país. 

Esta decisión que se dio con 7 votos a favor y 2 en contra, determinó como inconstitucionales los artículos 149 y 150 del COIP ecuatoriano. El primero estipula que: “La persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años”, por lo que las sanciones será modificadas y el aborto por abuso sexual ya no tenga una pena.

Respecto al artículo 150 se eliminará el siguiente fragmento: ”si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental”; lo que permitirá el aborto por violación en todos los casos y las mujeres no deberán cumplir con ningún criterio. 

De acuerdo con el artículo 150 del COIP, el aborto en este país es posible cuando: “la vida o salud de las mujeres estuviera en riesgo y si era producto de una violación”, pero sólo en aquellas que padecieran una discapacidad mental. 

En redes sociales, ecuatorianas recordaron que este avance es gracias a que en 2019, integrantes de la “Fundación Desafío” y la “Coalición Nacional de Mujeres”, presentaron una demanda de inconstitucionalidad sobre la despenalización del aborto ante la Corte con el fin de legalizar la interrupción del embarazo cuando éste fuera producto de una violación, incesto, estupro, inseminación no consentida o malformación del feto.

Sin embargo esta fue desechada en ese mismo año. “La Asamblea Legislativa negó la posibilidad de despenalizar el aborto, a través de una reforma legislativa al Código Penal. Nosotras estuvimos incidiendo en ese ámbito. Obtuvimos 65 votos, pero necesitábamos 70. Nosotras como “Coalición Desafío” y “Coalición Nacional de Mujeres” ya habíamos puesto una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte para desenlazar el aborto desde el espacio de la interpretación”, explicó en entrevista con Cimacnoticias, la directora de la Fundación Desafío, Victoria Gómez de la Torre. 

A esta demanda, dijo, se sumaron otras 6 más, esta vez para reformar la narrativa de los artículos ya mencionados. “En ese marco hemos venido cabildeando e insistido ante la Corte, haciendo plantones para despenalizar el aborto. Eso ha sucedido ayer y estamos contentas porque es un hito. Hay mucho camino por recorrer, pero este dictamen es enorme, tanto por cómo afecta a la sociedad simbólicamente y cómo va a afectar en la protección de salud integral de las mujeres”, añadió. 

En sus cuentas de Twitter, integrantes de colectivos y organizaciones feministas de Ecuador celebraron la noticia como una conquista social que brinda la oportunidad a las ecuatorianas de poder interrumpir sus embarazos por este tipo de violencia sexual, pues reconocieron que en su país existe un contexto de normalización de esta violencia en el ámbito familiar. 

A la par realizaron un pañuelazo verde afuera del recinto de la Corte, donde acompañadas de música y tambores cantaron consignas como: “Decidir es nuestro derecho” y “Aquí están, estos son, los que quieren la violación”. Acciones que también desarrollaron en redes sociales bajo los hashtag #AbortoPorViolación y #EsUrgenteCorte. 

En el mismo escenario también se manifestaron grupos de personas “antiabortistas”, como se autonombran, los cuales proclamaron: “no al aborto, sí a la vida” o “el aborto no es un derecho”. Según un medios de comunicación de este país, se presentaron algunos enfrentamientos entre los dos grupos durante la vigilia de la votación. 

“Era urgente y es lo mínimo, porque las sobrevivientes de violencia sexual deben poder decidir abortar sin verse en riesgo de ser encarceladas o de recurrir a abortos inseguros. Ya torturaron a niñas, adolescentes y mujeres adultas con capacidad abortar obligándolas a maternar”, declararon defensoras de DH en un comunicado. 

Datos de Surkurna, organización feminista que defiende los Derechos Humanos de las mujeres, revelaron que casi 250 ecuatorianas han sido judicializadas en el sistema de salud porque se tiene la sospecha de que ellas se provocaron un aborto cuando estos son resultados de partos prematuros. 

Además, registraron que 85 por ciento del casi medio millón de ecuatorianas “han abortado de manera insegura o mediante autoinducción” entre 2004 y 201; mientras  que todos los días, 5 niñas de entre 10 y 14 años de edad presentan embarazos debido a la violencia sexual que viven. 

En suma, documentó que un cuarto de ecuatorianas han sido víctimas de violencia sexual, de las cuales 25.7 por ciento lo fueron antes de los 18 años. De todas las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de esta violencia, sólo 10.8 por ciento de los casos consiguieron interponer una denuncia, “por miedo a las amenazas, porque temen que no les crean o porque deciden callar ellas o sus familias”, detalló en su Informe “Acceso a la Justicia de las Mujeres en Ecuador” en 2018. 

“Defendemos a mujeres que son judicializadas por aborto, varias de ellas son víctimas de violencia sexual.  Ahora mismo tenemos dos casos, uno en Santo Domingo y dos en la Provincia de Imbabura, donde existe este tipo de circunstancias, donde no se persigue al violador porque la ley está hecha para seguir a las víctimas o a las sobrevivientes. La fiscalía nos dice que hay más de 500 casos de mujeres que han sido judicializadas por esto”, declaró la directora de Surkuna, Ana Vera en un video. 

Las integrantes de las colectivas recordaron a Paola Guzmán, joven de 16 años de edad, quien fue víctima de abuso sexual por un profesor en 2002. Ella presentó un embarazo producto de esta violencia, lo que la llevó a suicidarse. Luego de 18 años y sin culpables, el caso de Paola llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Este órgano encontró al Estado de Ecuador como responsable por la violencia sexual sufrida por la joven. 

En 2020, el Estado de Ecuador le ofreció una disculpa pública a la familia de Paola Guzmán, sin embargo, el agresor sigue prófugo hasta el momento.  

Ahora, las y los jueces de la Corte Constitucional tienen la responsabilidad de exigir a la Asamblea Nacional la reforma de los artículos 149 y 150 del COIP o emitir una sentencia modulatoria (técnica utilizada por las y los jueces para determinar el sentido o sentidos en que debe o no debe ser interpretada una disposición), en la que establezca plazos y una directriz para la modificación del COIP. 

21/AEG/LGL

“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.

Soto Espinosa, A. J. (2021). Despenaliza Corte Constitucional de Ecuador aborto por violación. CIMAC Noticias. Recuperado el 30 de abril de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/04/29/despenaliza-corte-constitucional-de-ecuador-aborto-por-violacion

Cambiemos: una plataforma para garantizar la lucha de grupos vulnerados

Esta unión busca afianzar las demandas de los colectivos y organizaciones a través de la coordinación de estos grupos, para defender la lucha de los grupos vulnerados en Puebla

Román Esaú Ocotitla Huerta (@romanocotitla), Lado B (@ladobemx)

26 de abril de 2021

Lado B
*Foto de portada: Marlene Martínez

Román Esaú Ocotitla Huerta

@romanocotitla

Colectivos y organizaciones civiles de la ciudad de Puebla anunciaron hoy la creación de la plataforma “Cambiemos”, una articulación de estos frentes para combatir la negligencia, violencia e invisibilización contra grupos vulnerados en el estado de Puebla.

Las organizaciones y colectivos articulados en “Cambiemos”, pertenecen al rubro de la libertad y defensa de los derechos sexuales y de identidad, al combate de la discriminación y violencia contra mujeres, al ambito educativo y a la protección del medio ambiente. 

Dichos grupos, son los siguientes: Voz de los desaparecidos, Colectiva Coatlicue Siempre Viva, Grupo Transgénero Puebla, Coalición Agnes, Colectivo Quimera, Frente Estudiantil por una Educación para Todas y Todos (FEET), Yo Ecologista, Casa de Estudiantes Emiliano Zapata (CEEZ), Brigada Interdisciplinaria Arturo Rivera (BRINAR), SineAS, Colectiva el Último Pulmón de Puebla, y personas a título personal preocupadas por la movilidad en Puebla.  

En rueda de prensa este lunes 26 de abril, representantes del Colectivo Coatlicue SiempreViva informaron sobre la articulación de este frente en común con la misión de acompañar y fortalecer las luchas que encabezan. 

Entre las demandas que se establecieron está, por una parte, el fortalecimiento del estado laico y la despenalización del aborto; en temas medioambientales: generar y divulgar información ambiental, proteger los derechos de los defensores y aplicar políticas públicas en materia de derechos ambientales; en cuanto a temas que atañen a la comunidad LGBT: integrar y representar la participación de hombres y mujeres trans en el ámbito laboral, garantizar servicios médicos y de salud para toda la comunidad, y establecer rubros específicos para garantizar los derechos laborales de este sector.

Con esto se busca colocar en la agenda pública dichos problemas, y llegar a los tres órdenes de gobierno a nivel federal, estatal y municipal para promover una cultura incluyente y políticas públicas que tengan un efecto real en la vida laboral y económica de esta parte de la población que ha sido marginada y desatendida.

“Debemos pelear para obligar a las instituciones a cumplir con el deber constitucional de servir a la gente; debemos pelear para que haya un cambio en la cultura política, ecológica, de género, de movilidad y económica”, mencionaron las representantes.

En cuanto a las fallas por parte del gobierno estatal, las representantes particularmente  mencionaron la falta por reglamentar las disposiciones de la Ley Agnes y así garantizar el derecho de las personas a cambiar su identidad. Asimismo, se incluyó la petición de una mesa interinstitucional entre los distintos niveles de gobierno, universidades y colectivos para revisar la alerta de género y proponer nuevas políticas públicas ante la omisión de las autoridades.

Recalcaron, además, que la plataforma busca trascender el momento político-electoral que se vive en México actualmente, ya que las demandas que encabezan los colectivos no pertenecen ni son exclusivas a un periodo determinado, sino que forman parte de una problemática mayor que aqueja a estos sectores desde hace años.

Por último, se dio a conocer que los colectivos y organizaciones realizarán actividades en el marco de los procesos electorales, así como exhortación a los diputados que actualmente se encuentran en campaña para visibilizar la plataforma y las demandas solicitadas.

*Foto de portada: Marlene Martínez

“El presente artículo es propiedad de Lado B

Ocotitla Huerta, R. (2021). Cambiemos: una plataforma para garantizar la lucha de grupos vulnerados. Lado B. Recuperado el 27 de abril de 2021, de https://www.ladobe.com.mx/2021/04/cambiemos-una-plataforma-para-garantizar-la-lucha-de-grupos-vulnerados/

Criminalización y estigma: las verdaderas consecuencias del aborto no legalizado

Durante el cuarto eje del Parlamento Abierto, “Aborto: una aproximación desde la salud”, la activista Natali Hernández declaró: “lo reciente no es la exigencia del aborto, sino su criminalización”

Allison Madrid ( @allison_madrid), Lado b (@ladobemx)

20 de abril de 2021

Lado B
*Foto de portada: Olga Valeria Hernández
Allison Madrid | @allison_madrid

“Asumir si una mujer puede o no abortar, si debe o no abortar, es absolutamente un tema político de participación exclusiva de las mujeres (…) de lo que sí tienen que encargarse ustedes, hablo a  los diputados y las diputadas, es de procurar buenas prácticas y condiciones benéficas a la salud de las mujeres”.

Así lo mencionó la psicóloga Alma Xiomara Sarabia, especializada en perspectiva de género y feminismo del Centro de Análisis, Información e Iniciativa Social (Cafis), el primer día del tercer eje del Parlamento Abierto que se centró en el aborto desde una perspectiva de la salud. 

En su ponencia, Alma Xiomara también expresó que el propósito de estas ponencias no es “pedir permiso” sino “[exigir] seguridad social y médica”, pues afirmó que los abortos son tan antiguos como los nacimientos mismos y que si las mujeres sufren no es a causa del aborto sino por el estigma social y el rechazo que las silencia. 

El aborto no es nuevo, pero sí su criminalización

El segundo día del eje se caracterizó por una alta participación de personas opositoras a la interrupción legal del embarazo, donde la única mujer participante a favor de la legalización del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos fue Natalí Hernández de Cafis, quien aseguró que “lo reciente no es la exigencia del aborto, sino su criminalización”. Criminalización que, a su vez, no reconoce los saberes y experiencias de mujeres, asociaciones y colectivas que acompañan procesos de aborto.

Como mencionó Natalí en su exposición “hablar de la despenalización del aborto implica (…) el reconocimiento de la diversidad de prácticas de aborto que actualmente prevalecen, y no caer en absurdas generalizaciones”. 

El resto de los nueve ponentes —la mayoría hombres— se posicionaron en contra de estas iniciativas. Resaltando la ponencia de Adrián Rodríguez Corona, quien aseguró que el hombre también es víctima del aborto y dijo que “el miembro más olvidado de esta [ecuación abortista] es el hombre”. 

Así como la exposición del autor Andrés Rosas Nieto, quien habló sobre las “intervenciones masónicas” que buscan “negar el derecho a la vida” y que se encuentran coludidas con las más altas autoridades en el país para “establecer una agenda ideológica en nuestro país para hacerse de la consciencia de los jóvenes”. 

ILE como parte de la educación sexual integral

Criminalización y estigma: las verdaderas consecuencias del aborto no legalizado
Foto: Olga Valeria Hernández

Durante el tercer día, se contó con la participación de la senadora María Lucia Mícher (Morena), quien defendió la legalización del aborto como parte de una propuesta integral que comienza con una educación sexual apropiada, ya que esta “no incrementa la actividad sexual, las conductas sexuales de riesgo ni las tasas de VIH o las ITS”.

Por su parte, Aníbal de la Vega, de la colectiva Transversales, habló sobre la falta de conocimiento que existe sobre personas trans y no binarias en relación al aborto y salud reproductiva. 

Asimismo, explicó que aunque “las personas empobrecidas y racializadas tienen saberes propios” que en ocasiones les permiten abortar de forma segura, lo que se busca es parar la criminalización de esos y otros grupos vulnerables como lo son mujeres adolescentes cis, hombres trans y personas no binarias. 

El aborto es una etapa natural de la vida reproductiva

Finalmente, durante el cuarto día, se contó con la participación de diversas psicólogas y expertas, entre ellas Sofía Garduño —quien co-coordina el Fondo de Aborto para la Justicia Social María de la Asociación Civil Balance— y Vanesa López Silva —de la Colectiva Coatlicue SiempreViva—. Esta última en una de las réplicas aseguró que el aborto no es solución de nada y no busca serlo, sino que es más bien una etapa natural de la vida reproductiva de la mujer. 

En su ponencia, la psicóloga Sofía Garduño hizo un llamado a la sociedad y a las y los legisladores a accionar desde la empatía, la comprensión y el respeto absoluto agregando que “no son mujeres abstractas las que abortamos, somos mujeres que formamos parte de familias y comunidades reales”. 

Criminalización y estigma: las verdaderas consecuencias del aborto no legalizado

De igual forma, tanto ella como Vanesa López desmintieron el llamado ‘síndrome post-aborto’ que grupos anti-aborto han mencionado en reiteradas ocasiones definiéndolo como una especie de síndrome de estrés post-traumático. 

En su exposición, Sofía Garduño citó a la Asociación Psiquiátrica Americana y mencionó que “debido a la falta de evidencia científica [la Asociación] no reconoce el síndrome post-aborto como un diagnostico legitimo de salud mental desde el año 2002”.

Cabe recordar que, durante el primer día de este eje de discusión, Humberto Bautista Rodríguez aseguró que las mujeres que abortan presentan “alteraciones mentales” y posteriormente presentó cifras de otros países y del siglo pasado para justificar sus aseveraciones de que las mujeres que abortan son más propensas al suicidio.  

Vanesa López, por otro lado, habló también sobre los estragos que ocasiona el estigma social que enfrentan las mujeres que abortan siendo este, y no la terminación de sus embarazos, el que ocasiona el malestar en ellas, y dijo: “muchas mujeres deciden ocultar sus historias de interrupción del embarazo para lidiar con el estigma; sin embargo, esto conduce a malestar psicosocial, represión de emociones y pensamientos, así como el distanciamiento social”.

*Foto de portada: Olga Valeria Hernández

“El presente artículo es propiedad de Lado B

Madrid, A. (2021). Criminalización y estigma: las verdaderas consecuencias del aborto no legalizado. Lado B. Recuperado el 22 de abril de 2021, de https://www.ladobe.com.mx/2021/04/criminalizacion-y-estigma-las-verdaderas-consecuencias-del-aborto-no-legalizado/

Pese a normativa, acceso a aborto sigue siendo “moneda de cambio” de gobiernos

Aline Espinosa Gutiérrez | CIMAC Noticias.

Martes 20 de abril de 2021

Ciudad de México. El acceso de las mujeres a un aborto seguro sigue siendo una ilusión, en la realidad, el personal médico utiliza la normativa mexicana para condicionar o negar este derecho de salud y los gobiernos lo emplean como “una moneda de cambio, negociación o promesa electoral entre los partidos. No hay una vocación para garantizar el libre acceso a la interrupción del embarazo”, declaró la abogada feminista, Julia Escalante de Haro. 

La también especialista en Derechos Humanos participó junto con la gerente médica de Marie Stopes México, Aida Sánchez y la coordinadora del Observatorio de Médicos de Cimac, Cirenia Celestino Ortega, en el evento virtual “Interrupción legal del embarazo, situación actual y siguientes pasos”, organizado por la la Fundación Marie Stopes México, con motivo del 14 aniversario de la de despenalización del aborto en la Ciudad de México. 

El 24 de abril de 2007, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó reformas al Código Penal y a la Ley de Salud local para que las mujeres que desearan interrumpir un embrazo por voluntad propia pudieran hacerlo hasta las 12 semanas de gestación. Las reformas también incluyeron la atención para las mujeres en una red de hospitales (13) de la capital a los cuales las mujeres pueden acudir para realizarse una interrupción legal del embrazo (ILE) y en donde reciben consejería e información sobre métodos anticonceptivos de manera gratuita y confidencial.

De acuerdo con las panelistas, cada año se producen 22 millones de abortos inseguros y casi 47 mil muertes de mujeres relacionadas con complicaciones de un aborto inseguro, 5 millones de mujeres padecen una incapacidad debido un aborto inseguro, por lo que este tipo de interrupción del embarazo se posiciona como la cuarta causa de muerte materna en México. 

Explicaron que el aborto inseguro y la mortalidad de mujeres podría evitarse si se respetara y aplicaran las causales vigentes en cada estado, se dejara de criminalizar y agredir a las mujeres y se difundiera información científica en las escuelas, hospitales y medios de comunicación con el fin de desmentir los mitos que rodean a el aborto. Todos estos cambios motivarían un cambio cultural. 

En opinión de la doctora Aida Sánchez es esencial comprender que un aborto seguro garantiza dos cosas: la vida y salud mental de las mujeres porque el proceso es realizado por personas calificadas, quienes emplean instrumentos y medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El negarles o condicionar este derecho propicia que las mujeres opten por abortos inseguros. 

Sánchez y la comunicológa, Cirenia Celestino, coincidieron que es necesario priorizar una agenda que hable sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sin prejuicios, y desde la propia voz de ellas con el fin de posicionarlos en los medios y de impulsar una narrativa que no las criminalice por ejercer sus decisiones.

“Abortar es seguro cuando se realiza con personal capacitado y con las técnicas adecuadas; la fertilidad no se afecta posterior a un procedimiento de aborto seguro; el síndrome post aborto no existe, no hay información científica que compruebe que este proceso afecta la estabilidad emocional de las mujeres; el aborto no causa cáncer de mama; el aborto es una decisión responsable”, enlistó la doctora Sánchez como una forma de deconstruir algunos de los mitos que rodean esta práctica. 

Por su parte, Cirenia Celestino detalló que de acuerdo con el Observatorio de Medios que realizó Cimac en 2015, de cada 100 noticias sobre salud, 76 por ciento se centran en una voz masculina, de las cuales 59 por ciento son funcionarios y 8 por ciento son organizaciones civiles de Derechos Humanos. Éstos se dedican a opinar sobre cómo y en qué situaciones las mujeres deberían ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, sin la participación de ellas. 

Otros datos, dijo, revelaron que 90 por ciento de las notas sólo informan sobre la salud de manera muy general mientras que 20 por ciento sí habla abiertamente sobre el derecho al aborto de las mujeres. En la mayoría de las noticias prevalece una imagen que vincula a las mujeres a la maternidad o de ellas siendo violentadas. 

“En los medios de comunicación estoy viendo esto todos los días, estoy viendo debates de hombres opinando, en los medios se abren páginas enteras para que grupos conservadores tengan en donde expresar su postura frente a este tema y no se impulsa la información basada en Derechos Humanos o con perspectiva de género feminista”, resaltó.  

Ante este contexto, Celestino Ortega explicó que es indispensable construir un periodismo de paz para las mujeres. Para ello describió algunos ejes a trabajar: abrir espacios para diversificar las voces, hablar sobre el derecho de las víctimas, citar la normativa, explicar el porqué de la existencia de las causales, crear contenidos con datos científicos, cuidar el lenguaje y la representación audiovisual de las mujeres. 

“Hablemos de mujeres, no madres, hablemos de producto no de bebé. Las y los periodistas deben especializarse en este tema. No se puede explicar lo que no se entiende por eso es importante conocer cuáles son las causales para que podamos acercar a la información, no para crear prejuicios, sino para ampliar y dar mayor  información a las mujeres”, agregó. 

En cuanto a la normativa en el país, la abogada Escalante de Haro reconoció que existe un avance que se visbiliza en la creación de leyes como: la NOM46, el Reglamento de la Ley General de Salud, la Ley General de Víctimas y el artículo 1º Constitucional que consagra el principio ProPersona y el derecho al aborto sin condición alguna. Todas ellas, dijo, si bien garantizan el aborto seguro aún queda mucho camino por recorrer. 

“México está en un punto intermedio. Tenemos lo que se denomina un sistema de causales o de permisos, en los cuales el aborto no se considera como un delito. Cada entidad federativa tiene un Código Penal donde reconoce algunas causales. En los últimos años, se han ido incorporando algunas causales más y aún cuando hablamos de la misma causal cada entidad federativa la puede regular con ciertos matices, que la hacen hasta cierto grado distinta”, explicó. 

Ejemplo de ello, dijo, es que en algunos estados se exige una serie de trámites para realizar un aborto seguro por las causales de riesgo de vida de la madre o “malformación del feto”, a pesar de que la atención sea urgente. Misma situación se repite en la causal de violación, la cual está permitida en las 32 entidades del país y además, cuenta con protocolos de actuación para ella, sin embargo, en la realidad es difícil de aplicar. 

“Hoy en día no deberíamos de necesitar estos protocolos, las víctimas de violación deberían tener asegurado este derecho como parte de la reparación del daño. Tenemos una protección jurídica muy sólida, muy amplia para garantizar que todas las mujeres, niñas y adolescentes tengan derecho a abortar cuando son víctimas de violación sin haber una denuncia antes, sin plazos fijos, sin que se condicione, pero no es así”, declaró. 

El aborto espontáneo, dijo, no se sanciona en 29 entidades federativas, pero existen 3 entidades donde las mujeres son encarceladas si sufren un aborto de este tipo. En 24 entidades se reconoce la causal de riesgo de vida de la madres, en 16 se valida la causal por daños fetales en el producto, en 3 se permiten la causal por inseminación artificial sin consentimiento, 2 entidades (Michoacán y Yucatán) validan la causal por situación económica y 2 entidades (Cuidad de México y Oaxaca) reconocen el aborto por elección durante el primer trimestre de las gestación. 

Las panelistas aclararon que existe una iniciativa para promover un Código Penal único con el objetivo de despenalizar el aborto en todo el país, sin embargo, ésta lleva casi 3 años en el olvido y no hay una propuesta para que se discuta pronto. La única opción, dijeron, es impulsar la despenalización en cada estado como se  ha hecho en los últimos años. 

Llamaron a que las y los periodistas presten atención en cómo representan a las mujeres en las narrativas y en las imágenes, por otro lado, pidieron a la población informarse sobre este derechos y la normativa existente en México con base en los Códigos Penales, en medios de comunicación e investigaciones que integren la perspectiva de género y de Derechos Humanos. 

De acuerdo con el último informe de la Secretaría de salud capitalina, de abril de 2007 al 31 de diciembre de 2020 se han realizado 231 mil 901 ILE, de las cuales, 160 mil 483 fueron a mujeres de la capital, 62 mil 280 del Estado de México, mil 458 de Puebla, mil 280 de Hidalgo y 639 de Querétaro.

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Espinosa Gutiérrez, A. (2021). Pese a normativa, acceso a aborto sigue siendo “moneda de cambio” de gobiernos. CIMAC Noticias. Recuperado el 21 de abril de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/04/20/pese-a-normativa-acceso-a-aborto-sigue-siendo-moneda-de-cambio-de-gobiernos