By Edith Loyola 
Este jueves, el Departamento de Justicia presentó una demanda en una corte federal de Illinois contra la ciudad de Chicago y el estado de Illinois, acusándolos de implementar leyes que dificultan la cooperación con las autoridades migratorias. Según el documento judicial, estas normativas impiden la aplicación efectiva de la política federal de deportaciones y, por ello, deben ser revocadas por considerarse inconstitucionales.
Con esta medida, la administración de Donald Trump pone en marcha su amenaza de tomar represalias contra los gobiernos locales que se resisten a colaborar con su estrategia de endurecimiento migratorio.
De acuerdo con la demanda, las leyes establecidas en Illinois, el condado de Cook y Chicago restringen la comunicación y la cooperación de las autoridades locales con los agentes migratorios, lo que, a juicio del Departamento de Justicia, obstaculiza el cumplimiento de la ley federal.
“Están diseñadas para interferir y de hecho interfieren y discriminan contra la potestad del gobierno federal para hacer cumplir la ley migratoria”, sostiene el documento presentado ante la corte.
Además, el gobierno argumenta que la falta de cooperación de estas jurisdicciones contribuye a aumentar los riesgos para la seguridad nacional. En ese sentido, los abogados del Departamento de Justicia insisten en que “muchos” de los inmigrantes indocumentados representan una amenaza para la sociedad estadounidense.
“Algunos de estos extranjeros encuentran un lugar seguro (…) en las llamadas ciudades santuario, donde viven y trabajan junto a estadounidenses inocentes, que luego podrían convertirse en víctimas de sus crímenes”, expone la demanda.
Estas declaraciones refuerzan la narrativa de la administración Trump, que ha calificado reiteradamente a los inmigrantes sin estatus legal como “criminales”. Sin embargo, dicha postura es cuestionada por activistas y organizaciones de derechos humanos, quienes la consideran “xenófoba” y basada en prejuicios infundados.
Por otro lado, las autoridades locales y diversas organizaciones defienden la permanencia de las políticas santuario. Argumentan que estas regulaciones no solo protegen a la comunidad migrante, sino que también generan confianza entre la población y las fuerzas del orden, facilitando que las personas denuncien delitos sin temor a ser deportadas.
Desde el punto de vista legal, es importante señalar que residir en Estados Unidos sin un estatus migratorio regular no constituye un delito penal, sino una infracción de carácter civil. No obstante, ingresar al país sin pasar por un control migratorio —conocido como “ingreso indebido”— sí está tipificado como un delito menor, mientras que intentar reingresar tras una deportación se considera una falta grave.
Por último, es importante destacar que, a pesar del discurso gubernamental, diversas investigaciones refutan la idea de que los inmigrantes indocumentados son responsables de un aumento en la criminalidad. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Stanford, basado en datos recopilados desde la década de 1960, concluyó que los migrantes tienen menos probabilidades de cometer crímenes o ser condenados en comparación con los ciudadanos nacidos en Estados Unidos.