By Laura Pardo 
El departamento de Caldas, en Colombia, ha experimentado una creciente preocupación debido a la presencia y actividades de grupos armados ilegales que afectan a las comunidades indígenas de la región.
En enero de 2025, se registró un caso alarmante en el resguardo de San Lorenzo, municipio de Riosucio, donde un indígena fue brutalmente agredido tras negarse a proporcionar información sobre sus hijos, temiendo su posible reclutamiento por parte de grupos armados ilegales. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas indicando la presencia de Grupos Armados Organizados (GAO) en el Alto Occidente de Caldas, especialmente en los municipios de Riosucio, Supía y Marmato, los cuales han sido históricamente golpeados por la violencia. Estos grupos utilizan las áreas montañosas como zonas de refugio y corredores estratégicos que conectan el Chocó con Risaralda y el suroeste antioqueño, es por esa razón que los territorios indígenas se ven frecuentemente expuestos a la presencia de estas organizaciones.
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Sin embargo, las autoridades departamentales han negado la presencia de estos grupos en la región. Tal como afirma el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), en uno de sus pronunciamientos donde señalan que en reiteradas ocaciones las fuerzas públicas y otras instituciones han afirmado que no es un problema que afecte directamente al municipio, sino que es un problema de fronteras. En el mismo comunicado, la organización indígena confirma un intercambio de disparos entre la Policía Nacional, y “hombres fuertemente armados”, que se encontraban dentro del territorio.
Además, el Consejo Regional Indígena de Caldas, en días recientes ha denunciado amenazas contra líderes indígenas en la región. Estas denuncias, tristemente no son nada nuevo y siguen generando preocupación en las comunidades indígenas, reflejando la complejidad y los desafíos que enfrentan las comunidades que se ven inmersas en estas realidades violentas.