El noreste de Colombia, y en particular la región del Catatumbo, se encuentra sumido en una crisis que demuestra un retroceso con respecto a los acuerdos de paz, que ya se venían manifestando desde el gobierno Duque ( 2018-2022). La violencia, la intervención de actores armados y la ausencia de soluciones estructurales generan un clima de desesperanza, que dejan a la región en la encrucijada de la lucha o el desplazamiento, mientras la comunidad clama por cambios profundos.
Un contexto de recrudecimiento y desesperanza
Desde enero de 2025 la región del Catatumbo vive un recrudecimiento de la violencia que ha llevado a que, en pocas semanas, más de 56,000 personas sean despojadas de sus hogares. “Se está arrebatando la capacidad de pensar en un mañana”, afirmó a medios José, un profesor universitario del área, reflejando la angustia que representa a miles de habitantes que han visto cómo la violencia y la represión erosionan las esperanzas de una paz real.

Entre el conflicto armado y la disputa por el narcotráfico
El conflicto en Catatumbo se ha intensificado a raíz de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y facciones disidentes de las FARC, que compiten por el control territorial y las rutas del narcotráfico. En este contexto, se destacan dos frentes:
- Operativos y enfrentamientos armados: La violencia se ha disparado, dejando un saldo trágico de vidas perdidas y comunidades fragmentadas. Los combates han provocado el desplazamiento masivo de población, convirtiendo a Catatumbo en un epicentro del conflicto interno en Colombia.
- Operación “Relámpago del Catatumbo”: En el plano transnacional, las autoridades venezolanas –bajo la dirección del gobierno de Nicolás Maduro– han lanzado la denominada Operación “Relámpago del Catatumbo” que tuvo inicio el 22 de enero. Este esfuerzo se suma al estado de conmoción interior decretado por el presidente colombiano Gustavo Petro.
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Impacto social y económico: entre la represión y la falta de alternativas
La crisis en el Catatumbo no se limita únicamente a la violencia directa. Las repercusiones se extienden a la vida social y económica de la región. La respuesta gubernamental ha sido objeto de críticas. Mientras el Ejecutivo, encabezado por Gustavo Petro, implementa medidas de seguridad militar –incluyendo el Estado de Conmoción Interior–, cientos de acuerdos y demandas de la comunidad han quedado en el aire. Las movilizaciones sociales son recibidas con represión, lo que incrementa la desconfianza ciudadana y agrava las tensiones en una región que históricamente ha sufrido la negligencia estatal.
El panorama en el Catatumbo revela la necesidad de un enfoque que vaya más allá de la respuesta militar, lo cual deja al gobierno y toda la sociedad colombiana con desafíos y propuestas inciertas haciendo difuso el camino hacia la paz.
Organismos internacionales y la Defensoría del Pueblo han alertado sobre el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos, incluida la intensificación del reclutamiento de menores por parte de grupos armados. En este escenario, algunos líderes comunitarios han propuesto la creación de una zona económica binacional con Venezuela como una solución integral, aunque dicha propuesta se enfrenta a la desconfianza y al escepticismo de una población cansada de promesas incumplidas.
En la búsqueda por un seguimiento transparente
La Comisión de verificación “Abracemos al Catatumbo”, que es integrada por diferentes acotres y organizaciones socieles, se posiciona como un actor clave para rendir cuenta de la realidad en esta región, que ha logrado aportar una visión integral y comprometida con la verdad y la justicia. Su trabajo además de documentar graves violaciones a los DDHH y al DIH, y verificar el impacto que ha generado el estado de conmoción interior en las comunidades campesinas, se ha convertido en un actor fundamental para fortalecer la memoria colectiva y así impulsar acciones que puedan revertir el ciclo de violencia, desplazamiento y vulneración de derechos que ha caracterizado al Catatumbo en los últimos años.