By Edith Loyola 
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) analiza activamente propuestas para ampliar la capacidad de las cárceles migratorias en al menos seis estados de Estados Unidos. Esta medida, revelada por la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU), ha desatado críticas debido al historial de maltrato documentado en varias de estas instalaciones.
De acuerdo con los documentos obtenidos por la ACLU mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA), empresas privadas como GEO Group, CoreCivic y Management & Training Corporation (MTC) han presentado propuestas para construir nuevas instalaciones y expandir las existentes. Estas iniciativas abarcarían instalaciones en Kansas, Nevada, Nuevo México, Texas, Washington y California.
Un pasado marcado por denuncias
A su vez, la ACLU señaló que muchas de las instalaciones propuestas tienen un largo historial de denuncias por condiciones abusivas. Por ejemplo, el Midwest Regional Reception Center, ubicado en Leavenworth, Kansas, es una de las cárceles consideradas para reactivarse. Esta instalación perdió su contrato federal en 2021, tras múltiples acusaciones de malos tratos a los detenidos.
Otra propuesta que ha despertado inquietud es la posible reapertura del controvertido centro de detención familiar en Dilley, Texas, donde anteriormente falleció un niño de 19 meses bajo custodia del ICE. De igual forma, la expansión de instalaciones como la de Pahrump, en Nevada; el Centro Correccional de California City; y dos centros en Nuevo México —el del Condado de Cibola y el del Condado de Torrance— ha sido objeto de críticas debido a problemas documentados, como la atención médica inadecuada y las deficientes condiciones de vida.
Planes de expansión en otros estados
Además de las instalaciones mencionadas, la investigación de la ACLU revela que el ICE contempla aumentar la capacidad en tres centros adicionales en Texas, dos más en California y uno en Washington, así como en Illinois. La propuesta no solo busca ampliar los espacios disponibles, sino también preparar el terreno para un mayor número de detenciones, según afirman los críticos.
Críticas al papel de la administración Biden
Eunice Cho, abogada principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, ha señalado que estas expansiones no solo responden a las promesas del presidente electo Donald Trump de implementar deportaciones masivas, sino que también reflejan una falta de acción contundente por parte de la administración Biden.
“No se pueden ejecutar deportaciones masivas sin una expansión significativa de la capacidad de detención del ICE, y eso es exactamente lo que la administración entrante de Trump planea hacer”, afirmó Cho. Sin embargo, la abogada fue más allá al criticar al actual gobierno: “En lugar de cerrar permanentemente los centros de detención abusivos, la administración Biden está facilitando el camino para que el presidente electo cumpla con sus propuestas crueles e inhumanas”.
Cabe mencionar que la postura de la ACLU está respaldada por informes previos, ya que, apenas el mes pasado, la organización denunció que el gobierno de Biden abrió una convocatoria para expandir el Centro de Detención Elizabeth, en Nueva Jersey.
El sector privado y su rol en el futuro migratorio
Por último, las empresas tradicionales que administran cárceles privadas, junto con otras compañías como Kastel Enterprises, LLC., y Active Deployment Systems, también buscan participar en estos proyectos. Estas organizaciones proponen la construcción de instalaciones temporales, mientras que Sabot Consulting ofrece servicios relacionados con monitoreo y personal para detención.