El magistrado del 16º Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, Héctor Mercado, destacó que se esperan hasta 300,000 demandas por la pérdida de empleo, lo que podría colapsar al nuevo sistema de justicia laboral que está en proceso de transición.

Foto EE: Archivo
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El Economista

La transición al nuevo modelo laboral sigue en marcha; sin embargo, para enfrentar la cantidad de demandas laborales, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, se requiere presupuesto y apoyo total a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pues al menos un tercio de las personas que perdieron su empleo demandarán.

Así lo expusieron en la conferencia “Las relaciones laborales durante y después del Covid-19”, en donde el magistrado del 16º Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, Héctor Mercado, destacó que se esperan hasta 300,000 demandas por la pérdida de empleo, lo que podría colapsar al nuevo sistema de justicia laboral que está en proceso de transición.

“Vemos con gran preocupación que ha habido una inmensa cantidad de trabajadores despedidos, que en algunas ocasiones no había de otra, y en otras simplemente se trató de bajar los costos de la pandemia. Si pensáramos en una siniestralidad del 30% van a recibir 300,000 asuntos a nivel nacional, suponiendo que un tercio, del millón que se quedaron sin empleo fuera a los tribunales, me preocupa que esos asuntos van a entrar a las Juntas de Conciliación, no a los nuevos tribunales, por que los primeros abren hasta octubre y sólo en 10 entidades federativas; en consecuencia, es fundamental el apoyo a las Juntas con personal, presupuesto y equipo que les permita enfrentar esta contingencia. Tengo una preocupación, en este momento las estructura no es suficiente para enfrentar la problemática que se viene”, dijo.

Mercado expuso que el proceso de transición a la nueva justicia laboral, con la desaparición de las primeras Juntas de Conciliación en octubre y la creación de los Tribunales Laborales, sigue su marcha; no obstante, hay una genuina preocupación de que “se colapse el sistema en octubre por la cantidad de asuntos que lleguen y el sistema de conciliación no alcance a resolver, sobre todo en las entidades que abran los tribunales”.

Añadió que la reforma laboral, cubre al 35% de la población económicamente activa lo demás transcurre en trabajadores al servicio del estado, pero sobre todo en la informalidad, “ahí se da otro tipo de relación de trabajo y yo creo que ahí hay un problema más difícil de atrapar para todos nosotros, por qué cómo llevarlo a la legalidad; los pronósticos es que 10 millones de personas se quedaron sin ingreso en la informalidad, por lo que se requiere un gran pacto social que involucre a todas las partes, incluso para promover el ingreso mínimo vital”.

Al respecto, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, admitió la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene rezagados medio millón de expedientes, en los que hay juicios con más de 10 años, por lo que el nuevo modelo laboral le apuesta a la conciliación como un medio de desahogo.

“A veces pareciera que es de cambiar a las juntas a los tribunales. No, el modelo del propio procedimiento es distinto, que realmente pueda funcionar la conciliación porque si no se vuelven a saturar los tribunales. La apuesta de la conciliación como un medio de desahogo, de poco desgaste y no tener que llegar frente a un juez”, dijo Alcalde Luján. 

No obstante, la funcionaria federal expuso que, con una buena coordinación se avanza en el proceso de transición en el nuevo modelo laboral.