By Juliana Rios 
El pasado 15 de febrero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un paro armado de 72 horas en el departamento del Chocó, programado del 18 al 21 de febrero. En su comunicado, el grupo insurgente reafirmó su “compromiso revolucionario” y acusó al Estado y a las fuerzas militares de colaborar con grupos paramilitares, responsabilizándolos del crecimiento de estructuras criminales en la región. Este anuncio ha generado gran preocupación entre la población y las autoridades, dada la delicada situación de orden público en el departamento.
Un contexto de violencia persistente
El Chocó ha sido históricamente una de las regiones más afectadas por la violencia en Colombia. La presencia de grupos armados ilegales, el narcotráfico y la debilidad institucional han convertido a este territorio en un foco de conflicto. A pesar de los esfuerzos del gobierno por desescalar la confrontación mediante negociaciones de paz con el ELN, este nuevo paro armado evidencia las dificultades para consolidar un proceso de pacificación efectiva.
Según organizaciones defensoras de derechos humanos, la declaración de un paro armado afecta gravemente la vida cotidiana de las comunidades, imponiendo restricciones a la movilidad y generando temor entre la población civil. Comerciantes, transportadores y habitantes se ven obligados a acatar estas medidas de facto, ya que el incumplimiento puede acarrear represalias violentas por parte del grupo insurgente.
El papel del estado y la fuerza pública
El anuncio del ELN también pone en entredicho la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en las zonas más vulnerables del país. Aunque el Gobierno Nacional ha reiterado su compromiso con la paz y la defensa de la población, las acciones del ELN demuestran la persistencia de una estructura armada con capacidad de intimidación y control territorial.
Las autoridades locales y la Defensoría del Pueblo han solicitado una mayor presencia del Ejército y la Policía en el departamento para prevenir posibles ataques o alteraciones del orden público. Sin embargo, las condiciones geográficas del Chocó y la falta de infraestructura adecuada dificultan la respuesta rápida y efectiva de la fuerza pública.
Una Paz Lejana y el Desafío de la Gobernabilidad
El paro armado del ELN no solo representa un retroceso en los esfuerzos de paz, sino que también evidencia la fragilidad del control del Estado en amplias zonas del país. Mientras el Gobierno insiste en la vía del diálogo, el grupo insurgente sigue ejecutando acciones que ponen en jaque cualquier intento de negociación efectiva.
Si bien es fundamental mantener los espacios de conversación para alcanzar una solución definitiva al conflicto, también es necesario que el Estado garantice condiciones de seguridad para la población civil. Sin un control efectivo sobre el territorio y sin respuestas contundentes ante estos anuncios de violencia, el camino hacia la paz seguirá siendo un ideal distante para muchas regiones del país.