By News Editor 
Un juez federal se negó el lunes a ordenar, de manera temporal, a la Casa Blanca que restableciera el acceso de The Associated Press (AP) a los eventos presidenciales, ya que consideró que la agencia de noticias no había demostrado un daño irreparable. No obstante, el juez Trevor N. McFadden, nominado por el presidente Donald Trump, instó al gobierno a reconsiderar la medida, observando que la jurisprudencia “es uniformemente inútil para la Casa Blanca” en lo que respecta a este tipo de acciones.
En su decisión provisional, el juez McFadden argumentó que, aunque la AP no había demostrado un daño inmediato, el caso requería más análisis antes de emitir una sentencia definitiva. De este modo, la Casa Blanca podrá continuar con las restricciones de acceso a la AP en el Despacho Oval y otras áreas clave de la Casa Blanca hasta que se resuelva el litigio. El caso continuará el 20 de marzo, cuando se celebrará una audiencia adicional para evaluar el tema con mayor profundidad.
Por otro lado, la portavoz de la AP, Lauren Easton, afirmó que la agencia sigue comprometida con defender el derecho a la libre expresión. “Estamos a la espera de nuestra próxima audiencia, donde continuaremos defendiendo el derecho de la prensa y del público a expresarse libremente, sin represalias del gobierno”, declaró tras la audiencia. Esta postura subraya la importancia de mantener el acceso a la información y la libertad de los medios ante cualquier intento de control gubernamental.
En cuanto a la defensa del gobierno, el abogado Brian Hudak argumentó que la AP no tiene un derecho perpetuo al acceso especial a la Casa Blanca, sino que depende de la discreción del presidente. En este sentido, Hudak señaló que la exclusión de la agencia de prensa no constituye una medida injustificada, ya que el presidente tiene la facultad de elegir con quién interactuar y con quién no.
Al respecto, Charles Tobin, abogado de la AP, refutó el argumento del gobierno. Según Tobin, aunque el presidente no está obligado a responder a las preguntas de la AP, excluir a la agencia de manera arbitraria es un asunto constitucionalmente problemático. “El asunto es que, una vez que permite la entrada de un grupo de prensa, no puede simplemente decir: ‘No me caes bien. Eres noticias falsas. Vete de aquí’”, añadió Tobin.
Te podría interesar: La Casa Blanca bloquea a AP por no aceptar cambio de nombre del Golfo de México
La demanda presentada por la AP también incluye a tres funcionarios clave de la Casa Blanca: Susan Wiles, jefa de despacho; Taylor Budowich, jefe de despacho adjunto, y Karoline Leavitt, secretaria de prensa. Según lo informado, la agencia sostiene que la medida tomada por el gobierno representa un ataque directo a la libertad de prensa, un derecho protegido por la Primera Enmienda.
Este conflicto surgió a raíz de la negativa de la AP a modificar su estilo de referencia al Golfo de México, un cambio impuesto por una orden ejecutiva de Trump. Aunque la AP está dispuesta a mencionar la orden ejecutiva de Trump, se ha mantenido firme en su decisión de seguir utilizando el nombre tradicional, argumentando que su audiencia es global y que el término “Golfo de México” es más preciso. Como resultado, el gobierno decidió restringir el acceso de la agencia a ciertas áreas de la Casa Blanca, lo que generó un amplio debate sobre el control de la información.
Por su parte, la Casa Blanca defendió su posición, afirmando que la AP, al ser una agencia de noticias influyente, debería adaptar su manual de estilo para reflejar los cambios promovidos por el gobierno. Sin embargo, la AP ha subrayado que su manual de estilo está dirigido a una audiencia global y que la claridad debe prevalecer sobre los cambios que no corresponden a la realidad geográfica, como el renombramiento del Golfo de México.
La situación recuerda a otros conflictos entre el gobierno de Trump y los medios de comunicación, como el caso de Jim Acosta, periodista de CNN, cuya credencial fue retirada durante el primer mandato de Trump. Tras una demanda legal, un fallo judicial restauró el acceso de Acosta a la Casa Blanca. Por lo tanto, este nuevo conflicto con la AP refuerza las preocupaciones sobre la tendencia del gobierno a restringir el acceso de los medios a la información.
Por último, se informó que el caso continuará en los tribunales, y una nueva audiencia está programada para el 20 de marzo. Mientras tanto, la Casa Blanca seguirá imponiendo restricciones a la AP, lo que podría tener implicaciones a largo plazo sobre la libertad de prensa y el acceso de los medios a la información en el país.