AMLO anuncia una veda a cerveceras en el norte, frente a la crisis hídrica 

El presidente ofreció “todo el apoyo” a la producción cervecera en el sur del país, pero aclaró que no pueden seguirse otorgando concesiones de agua donde están abatidos por completo los mantos freáticos. “No vamos a tener plantas para quitar arsénico al agua, como sucede en la Laguna”

Arturo Contreras, Pie de Página

09 de agosto de 2022

Foto: Omar Martínez / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la escasez de agua en el norte del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una revisión de las concesiones de agua que tienen las empresas cerveceras para establecer «una especie de veda» en esa región, así como incentivos para que puedan instalarse en el sur-sureste, donde hay mucha agua.

Esto les permitiría mantener los niveles de producción, en su mayor parte para exportar.

Durante su conferencia de prensa diaria, el mandatario recordó el caso de la cervecera Constellation Brands en Mexicali, Baja California, donde se revocó el permiso después de que en una consulta pública en la que ganó la no instalación de la planta.

Los pobladores de Mexicali rechazaron la instalación de la cervecera porque comprometía “incluso el agua para uso doméstico”, dijo el presidente.

En otros casos, dijo, “tenemos que hacer algo parecido y buscar no dejar sin permiso a las cerveceras”.

Necesitamos poner orden

El tema surgió como respuesta a una pregunta de Pie de Página, sobre cómo lograr que Conagua sea un órgano que defienda a los consumidores primarios del agua y no a las grandes empresas.

“Vamos a trabajar sobre eso. Estoy convencido, desde hace tiempo, pero por lo que ha estado sucediendo en los últimos tiempos, es importante poner orden en todo lo que son las concesiones de agua y darle la prioridad, como debe de ser, al usuario, al que utiliza el agua para alimentarse, para desarrollarse (…) porque es un derecho humano. Eso lo vamos a garantizar. Es cosa de ver cómo”, comentó el presidente.

Para el caso de las cerveceras, pidió transmitir un video de la base de datos de la ONU, que muestra un histórico gráfico, a partir de 1995, cuando México ocupaba el cuarto lugar mundial en exportaciones, con 320 millones de dólares anuales.

En ese año Países Bajos (Holanda) ocupó el primer lugar con mil 90 millones de dólares, seguido por Alemania, con 714 millones, y Estados Unidos, con 409.

Para 2010, México pasó al primer lugar con mil 972 millones de dólares, seguido por Países Bajos con mil 878 millones. 

A partir de 2019, la gráfica muestra un constante crecimiento de exportaciones de cerveza, que se mantuvo a pesar de la pandemia. En 2021, México llegó a 5 mil 15 millones de dólares de exportaciones, que representan más del doble de los 2 mil 160 millones de dólares de Países Bajos, que se mantiene en segundo lugar.

“Entonces, no es decir: ‘ya no vamos a producir cerveza’. Es decir: ‘no se va a producir cerveza en el norte’. O sea, ya veda”, dijo el presidente.

“¿Quieren seguir produciendo cerveza aumentando la producción? Todo el apoyo para el sur, sureste, ahí está el (río) Grijalva, el Usumacinta, el Papaloapan. Lo mismo en el caso de otros productos, pero ya no se puede dar permiso en donde no hay agua donde están abatidos por completo los mantos freáticos y ya lo que se está sacando es agua con arsénico. No vamos a tener plantas para quitar arsénico al agua, como sucede en la Laguna, eso no se puede”, insistió.

Aclaró que en México también se consume cerveza pero la mayor parte de la producción no es consumo interno, sino para exportación.

Se puede ver la participación a partir del minuto 2’51’’30

Constellation Brands ya tiene permisos en Veracruz

El 22 de abril pasado, en su conferencia de prensa matutina realizada en Veracruz, el presidente López Obrador informó que, tras la cancelación de la construcción de la planta en Mexicali, la cervecera estadounidense movería sus operaciones a ese estado.

El día anterior, el presidente se había reunido con representantes de la cervecera, que presentaron un proyecto por 1.3 mil millones de dólares. 

El canciller Marcelo Ebrard lo anunció como un proyecto que generará dos mil empleos directos y diez mil indirectos. “La inversión más grande en 60 años para la zona”.

Por su parte, el mandatario dijo que la nueva planta de la cervecera ya tenía los permisos para instalarse en la Antigua Hacienda de Santa Fe, en Nevería.

El 4 de agosto pasado, la empresa anunció que obtuvo 14 concesiones de agua para una planta en el estado de Veracruz por alrededor de 3 millones de litros, según explicó el abogado Bernardo Martínez Aguirre, responsable de inversión de la compañía en el sureste mexicano, a la revista Forbes.

El abogado destacó que el agua proviene de una fuente independiente de la ciudad de Veracruz, y que la cervecera se está adaptando a un programa del gobierno federal para mantener su cuidado.

“Encontramos un espacio de terreno que cumple con características que nosotros buscamos en este tipo de exploraciones con las vías del tren cercanas, con acceso ferroviario y carretero al puerto, con acceso directo a una fuente de abastecimiento de agua que el gobierno federal nos ha señalado y que es independiente al de la ciudad”, insistió Martínez.

Bienvenidos al sur

En la conferencia de Veracruz, López Obrador destacó que en el sur de México se encuentra el 70 por ciento del agua que tiene el país, por lo que, desde su perspectiva, proyectos como el de la cervecera son viables en esa región.

Por su parte, en la presentación del proyecto, los directivos de Constellation Brands aseguraron que la planta tendrá la mejor tecnología.

El canciller Marcelo Ebrard destacó que “a los directivos de Constellation Brands la inversión que se pone en marcha les parece increíble y están muy complacidos de ser parte de la comunidad local”. También anunció que al día siguiente tendrían un encuentro con numerosas empresas de Estados Unidos y Canadá interesadas en invertir en el corredor del Interoceánico. 

Luego, difundió un mapa de las rutas de exportación que tendrá Constellation Brands, desde los municipios de Veracruz y Coatzacoalcos, hacia varios puntos de la costa este de Estados Unidos, desde Galveston hasta Nueva York.

“Una ventana de oportunidades se abre para la región”.

“El presente artículo es propiedad de Pie de Página”

Contreras, A. (2022). AMLO anuncia una veda a cerveceras en el norte, frente a la crisis hídrica. Pie de Página. Recuperado el 10 de agosto de 2022, de https://piedepagina.mx/amlo-anuncia-una-veda-a-cerveceras-en-el-norte-frente-a-la-crisis-hidrica/

Bill to legalize ‘safe injection’ sites in California heads to Newsom’s desk

Public health advocates helped drive a bill that would create sites for drug users to use in a supervised and safe setting.

Natalie Hanson, Courthouse News Service

08 de agosto de 2022

OAKLAND, Calif. (CN) — A bill to legalize safe injection sites to address public health crises like the spread of HIV and drug overdoses has passed through both houses of the California Legislature. 

Written by state Senator Scott Wiener, a Democrat from San Francisco, Senate Bill 57 calls for supervised injection sites modeled after facilities active in some American cities for decades. Multiple studies indicate the sites can reduce overdoses from addictive substances.

Supervised injection facilities would allow people to inject or smoke drugs while under medical supervision in sterile conditions. The sites would not allow the exchange of illegal narcotics and are hoped to bring down overdoses caused by substances like fentanyl, heroin and methamphetamine and prevent the spread of diseases like hepatitis and HIV.

If approved, San Francisco, Oakland and Los Angeles could operate the sites, which would also allow people to access addiction treatment and health resources.

It’s an initiative which harm reduction advocates have been requesting for years. Nonprofits in the state such as the HIV Education and Prevention Project of Alameda County have already been working to create mobile sites to provide clean syringes and safe disposal of used syringes, offer free HIV and hepatitis C testing and address growing overdose crises like that seen in San Francisco. 

The California Society of Addictive Medicine (CSAM), which represents physicians who care for people with substance use disorders, also sponsored the legislation to call attention to what they say is a need for safe service centers to help prevent overdoses and provide medical information to people struggling with addiction. 

Opoid-related deaths recorded in Alameda County through 2020, as recorded by the state’s opioid overdose monitoring dashboard. (HIV Education and Prevention Project of Alameda County / Courthouse News)

More than 10,000 people in California and more than 100,000 people nationwide died of an overdose on the streets, at parties or at home, according to NPR. There were 191 fatal overdoses from opioid drugs in Alameda County in 2021, according to the state Department of Public Health’s overdose dashboard. This number does not include non-fatal overdoses requiring the use of the medication Narcan, used in emergency situations to treat opioid overdoses.

“If Governor Newsom signs this bill into law, he will not only save uncounted lives from unnecessary death but will also create a pathway into treatment for thousands of Californians for whom there is currently little hope of recovery,” said David Kan, past president of CSAM, in a statement.

Women Organized to Respond to Life-Threatening Diseases (WORLD), a nonprofit prevention organization based in Oakland, posted on Twitter that the law is needed because “safe consumption sites will save so many lives in California. As an organization conducting outreach daily in Oakland, we see firsthand how many people will benefit from these proven treatment and prevention programs.” The group did not respond to a request for comment by press time.

Wiener took to Twitter to note New York City opened its safe consumption sites last year. “They’’ve been a success,” he wrote. “So much so that Mayor Adams wants them open 24 hours so public drug use doesn’t increase when they close. These sites work.”

According to Politico, Newsom pronounced himself “very, very open” to the policy while campaigning in 2018, unlike his predecessor Governor Jerry Brown who vetoed a similar bill. San Francisco has a proponent in Mayor London Breed — although her recently picked replacement of ousted District Attorney Chesa Boudin, Brooke Jenkins, has called for harsher penalties for drug users and dealers on the streets of the city’s Tenderloin district. 

Senate Republicans, who all voted no on SB 57, want Newsom to veto the bill. 

Senate Republican Leader Scott Wilk of Santa Clarita called the bill “one of the most dangerous pieces of legislation that I’ve seen sent to the governor,” adding, “Leaving people on the streets in squalor, rather than getting them help, shows zero compassion.”

If the bill takes effect, piloted sites would operate through Jan. 1, 2027.

“El presente artículo es propiedad de Courthouse News Service

Hanson, N. (2022). Bill to legalize ‘safe injection’ sites in California heads to Newsom’s desk. Courthouse News Service Recuperado el 10 de agosto de 2022, de https://www.courthousenews.com/bill-to-legalize-safe-injection-sites-in-california-heads-to-newsoms-desk/

When Mental Illness Leads to Dropped Charges, Patients Often Go Without Stabilizing Care

 Katheryn Houghton, California Healthline

04 de agosto de 2022

For seven years, Timothy Jay Fowler rotated between jail, forced psychiatric hospitalization, and freedom.

In 2014, the Great Falls, Montana, man was charged with assaulting two detention officers while he was in jail, accused of theft. A mental health evaluation concluded that Fowler, who has been diagnosed with schizophrenia, was unfit to stand trial, according to court documents. After Fowler received psychiatric treatment for several months, a judge ruled that he was unlikely to become competent anytime soon. His case was dismissed, and after a stay in the state-run psychiatric hospital, he was released.

Roughly eight months after the dismissal, Fowler was arrested again, accused of beating a stranger with a metal pipe. As before, he was found unfit for trial, the charges were dropped, and he was eventually released.

At least five times from 2014 through 2021, Fowler went through the same cycle: He was picked up on serious charges, mental health professionals declared him incompetent, and his case was dismissed. Fowler declined to be interviewed for this article. As of July, he hadn’t faced felony charges for more than a year.

In the U.S., criminal proceedings are halted if a defendant is determined to be incompetent. What happens after that varies from state to state. No one is tracking how often criminal charges are dismissed because defendants’ mental illness prevents them from understanding the court process to help in their defense.

Some states have policies to transition hospitalized patients to independence after their criminal charges have been dropped. But in others, such as Montana, there are few landing spots for such patients outside of jail or a hospital to aid in that transition. Health professionals, county attorneys, and criminal defendants have said people declared unfit for trial may have a short stay in a psychiatric hospital before being released without additional oversight.

The vast majority of people with a chronic mental illness aren’t violent, and they are far more likely to be victims of crime than the general population. Plus, health professionals say most defendants who are determined to be incompetent become stable enough through treatment for their case to continue.

Some never do. The criminal justice system has long been a revolving door for defendants with a mental illness. The national nonprofit Treatment Advocacy Center, which advocates to make treatment for a severe mental illness more accessible, found that as of 2017, 21 states made little-to-no effort to create programs that treat those defendants. That failure leaves individuals without stability, and some go on to hurt themselves or others.

“They’re receiving only emergency care, followed by no care,” said Lisa Dailey, the center’s executive director. She added that people go untreated until they face new charges: “You’re creating a system that requires a victim.”

Dr. Karen B. Rosenbaum, a forensic psychiatrist and a vice president of the American Academy of Psychiatry and the Law, said experiences like Fowler’s show a system that fails people who have been released from psychiatric care. “There should be a lot of steps before you go back to the community,” Rosenbaum said.

Some states have created such steps. Colorado has a team of navigators to help coordinate care for people deemed incompetent to stand trial and a restoration program to deliver treatment for patients close to home. In Oregon, a psychiatric review board works with the state hospital to supervise people found incompetent to reduce the risk of future dangerous behavior.

But even in states with programs to stabilize people with a serious mental illness, that treatment isn’t guaranteed, often because of the limited availability of psychiatric services.

Minnesota has a process to identify, treat, and manage risk for people determined to be “mentally ill and dangerous.” However, maintaining appropriate staffing levels at treatment facilities has been a problem, as has finding enough community-based options for people who need a higher level of care than typical group homes can offer. Last year, a KARE 11 statewide investigation found dozens of cases in which people charged with serious crimes — including assaults, rapes, and murders — were deemed mentally incompetent and released without steady treatment or supervision. As a result, more people were hurt, according to the investigation.

Forcing someone into psychiatric care is controversial, creating a tension between autonomy and public safety. For decades, mental health advocates have pushed for local services, such as intensive outpatient treatment programs and transitional placements. But as psychiatric hospitals have been whittled down, local options often don’t have the resources to meet the need.

In Montana, when cases are dropped because defendants are found to be incompetent, local officials must file a petition seeking a judge’s order to have them admitted into psychiatric care. People can be required to attend outpatient treatment options, although attorneys and state officials have said those services often don’t exist or are stretched too thin. More often, people are admitted to the short-staffed state-run psychiatric hospital, which earlier this year lost federal funding because of unsafe conditions and patient deaths.

Montana court and state officials have said cases that are dismissed because a defendant is incompetent are outliers. However, the state doesn’t have a way to track when that happens or how many people in that situation get additional treatment.

Lewis and Clark County Attorney Leo Gallagher said people are sometimes released as soon as their case is dismissed. An involuntary commitment for a mental illness requires people to be an imminent threat to themselves or others. Gallagher said that’s a high bar to meet.

By the time a motion for commitment goes before a judge after someone is found unlikely to become fit to stand trial, the defendant could have been jailed or hospitalized for months. That time frame makes it hard to prove an imminent threat remains, Gallagher said, and a judge is likely to deny the commitment.

“There’s a hole in the system,” he said, adding that he has filed motions knowing they will be dismissed because he can’t meet the burden of proof.

Daylon Martin, a Great Falls defense attorney, said that if clients whose charges were dropped because of an illness are hospitalized, their discharge is often the end of their care. “People just get released back into the community with the expectation they’ll take their medication,” Martin said. “There needs to be a better transition.”

The state-run hospital has long had a waitlist. Dr. Virginia Hill, a recently retired psychiatrist who worked at the Montana State Hospital for more than 35 years, told lawmakers this spring that a typical stay is two to four weeks, “a short commitment in the big scheme of things when you’ve been charged with a very serious felony.” She said that a patient typically leaves the hospital with medicine in hand and local appointments booked but that the patient then exits the system.

“That is the revolving-door population that we have,” Hill said. “The charges are dismissed, and out they go. And they’re usually pretty ill.”

She asked lawmakers to consider defining in state law a way to manage people determined unlikely to become competent. To understand what problems exist, Hill said she’d like to see more data on who the state hospital treats, whether they receive care elsewhere, and the outcome.

Montana lawmakers drafted a proposal for next year’s legislative session aimed at boosting treatment coordination for people discharged from psychiatric care after they were sentenced for a crime. Matt Kuntz, executive director of the Montana chapter of the National Alliance on Mental Illness, is glad to see the proposal but said it doesn’t include people whose charges were dismissed over a competency issue.

“Sometimes people would rather just let the status quo keep going,” Kuntz said, “even if there’s something that’s clearly not working.”

This story was produced by KHN (Kaiser Health News), a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

“El presente artículo es propiedad de Kaiser Health News, California Healthline

Houghton, K. (2022). When Mental Illness Leads to Dropped Charges, Patients Often Go Without Stabilizing Care. California Healthline Recuperado el 09 de agosto de 2022, de https://californiahealthline.org/news/article/mental-illness-dropped-charges-competency-care/

Políticas del gobierno controlan, explotan y mercantilizan a los pueblos indígenas: Frayba

Redacción Desinformémonos

09 de agosto de 2022

Ciudad de México | Desinformémonos. «Las políticas actuales del gobierno mexicano siguen su ruta hacia el control, explotación y mercantilización de los bienes naturales en territorios de los pueblos indígenas de México», aseguró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

En un comunicado, el Frayba recordó que el Estado mexicano «tiene una deuda histórica con los pueblos originarios» y sigue sin reconocer plenamente sus derechos colectivos, «en medio de un racismo y discriminación estructural que activa diversas violencias en su contra».

Ejemplificó con que el gobierno, a través de la imposición de proyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico o el Proyecto Integral Morelos (PIM), viola el derecho a la consulta previa, libre e informada, así como busca generar una política de asimilación e integración de los pueblos «a través de un nuevo indigenismo que tiene como elemento central el exterminio y sus pilares son la explotación, despojo, desprecio y represión».

Por otro lado, celebró los aportes de los procesos que se han construido desde los pueblos a partir de los Acuerdos de San Andrés junto al ejercicio pleno de la autonomía, autodeterminación y resistencia, como los son desde el 9 de agosto de 2003 el nacimiento de los Caracoles Zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno.

Estas formas de organización autónoma del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), explicó el Frayba, «impulsan el ejercicio de los derechos colectivos desde la organización de abajo, de los pueblos que avanzan en la liberación de la dependencia y control gubernamental».

A continuación el comunicado completo:

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) sostiene que el Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos originarios, sigue sin reconocer plenamente sus derechos colectivos, en medio de un racismo y discriminación estructural que activa diversas violencias en su contra.

Las políticas actuales del gobierno mexicano siguen su ruta hacia el control, explotación y mercantilización de los bienes naturales en territorios de los Pueblos Indígenas de México. Se niega la diversidad de sistemas de vida que tienen raíces profundas desde la cultura ancestral. Además, por la riqueza que presentan los territorios en que habitan, sufren cotidianamente una práctica de control poblacional con el fin de despojarlos de sus tierras y medios de vida. El gobierno actual a través de imposición busca el “desarrollo”, violando el derecho a la consulta previa, libre e informada como sucede con el impulso de los proyectos del Plan Integral Morelos, Corredor Interoceánico y el Tren Maya, símbolos de la colonización y exterminio contra los Pueblos que resisten al sistema capitalista. 

Además, se busca generar una política de asimilación e integración de los Pueblos Indígenas a través un nuevo indigenismo que tiene como elemento central el exterminio y sus pilares son la explotación, despojo, desprecio y represión.  El Estado mexicano ha banalizado también su derecho a decidir sobre su territorio.

Las políticas implementadas en materia social generan un asistencialismo y dependencia que impactan la visión colectiva y formas de organización de los Pueblos. En este sentido, reconocemos los aportes de los procesos que se han construido a partir de los Acuerdos de San Andrés junto al ejercicio pleno de la autonomía, autodeterminación y resistencia, como los son desde el 9 de agosto de 2003 el nacimiento de los Caracoles Zapatistas y las Junta de Buen Gobierno que impulsan el ejercicio de los derechos colectivos desde la organización de abajo, de los pueblos que avanzan en la liberación de la dependencia y control gubernamental.

Saludamos a los Pueblos Indígenas de México y el Mundo que, desde sus diferentes formas de Autonomía, Autodeterminación y Resistencia, persisten en la construcción de Paz y Vida Digna. Hoy como nunca son nuestra brújula para la defensa de los derechos humanos.

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos

Redacción Desinformémonos. (2022). Políticas del gobierno controlan, explotan y mercantilizan a los pueblos indígenas: Frayba. Desinformémonos. Recuperado el 09 de agosto de 2022, de https://desinformemonos.org/politicas-del-gobierno-controlan-explotan-y-mercantilizan-a-los-pueblos-indigenas-frayba/

Derrumbes mineros de Coahuila, “resultado de la corrupción, la ilegalidad y la impunidad”: REMA

Redacción Desinformémonos

06 de agosto de 2022

Ciudad de México | Desinformémonos. Las tragedias como la de los diez mineros atrapados por un derrumbe en Sabinas, Coahuila, del pasado 3 de agosto “son resultado de la corrupción, la ilegalidad y la impunidad en la que operan las empresas mineras en la zona carbonífera” del estado, “con la complicidad del gobierno de la 4T y gobiernos anteriores”, denunció la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).

Precisó que el derrumbe de la mina en Sabinas “es uno más de los múltiples desastres previsibles, que no accidentes, como suelen llamarlo las autoridades de los tres niveles de gobierno”, pues en la industria minera son las autoridades quienes, “por omisión”, permiten la explotación laboral, falta de condiciones de salubridad y devastación ambiental.

El pasado 2 de agosto, un derrumbe dejó diez mineros atrapados y cinco lesionados en Sabinas, Coahuila, luego de que los trabajadores se encontraron con una zona de agua que provocó una inundación. Los mineros se encontraban en un nivel de entre 50 y 60 metros de profundidad, en una cavidad de tres pozos interconectados, que en total alcanzan 80 metros bajo tierra.

La REMA acusó que el gobierno, en todos sus niveles, “se convirtió en un criminal cómplice de aquellos empresarios que dieron la orden a los mineros de bajar al interior de la mina para seguir extrayendo carbón, pese a que existían claras evidencias de que la mina se podía inundar”.

Agregó que no es la primera vez que se evidencia la impunidad con la que operan las mineras en Coahuila, pues hay ejemplos como el de la mina Pasta de Conchos, cuyo derrumbe sepultó a 65 personas, sin que aún haya justicia.

“Hoy en México no hay quien rescate a los trabajadores del modelo minero extractivista y depredador que en cínica complicidad con el gobierno de la 4T y las criminales compañías fomentan y potencian la devastación y la muerte”, aseguró la REMA.

Los activistas de la Red exigieron justicia para todas las familias de los mineros muertos en Coahuila, así como castigo a las empresas mineras responsables.

A continuación el comunicado completo:

“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos

Redacción Desinformémonos. (2022). Derrumbes mineros de Coahuila, “resultado de la corrupción, la ilegalidad y la impunidad”: REMA. Desinformémonos. Recuperado el 08 de agosto de 2022, de https://desinformemonos.org/derrumbes-mineros-de-coahuila-resultado-de-la-corrupcion-la-ilegalidad-y-la-impunidad-rema/