Ciudad de México | Desinformémonos. La organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León exigió a las instituciones de seguridad y procuración de justicia la implementación de medidas de prevención contra la desaparición de personas tras las al menos 11 desapariciones en el estado en lo que va del año.
“A una década de los años más violentos en el Estado, aún no existen estrategias para buscar a las personas desaparecidas bajo la comisión de un delito ni diligencia en las investigaciones, y cuando las desapariciones involucran dos estados se deslindan de las responsabilidades”, denunció la organización por medio de un comunicado.
Además, la organización afirmó que las autoridades de Nuevo León «minimizan la inseguridad que prevalece en el estado y la región», además de no informar de las 11 desapariciones en el trayecto de Monterrey, Nuevo León, a Nuevo Laredo, Tamaulipas, en lo que va del 2021. Por ello, en el comunicado también reportaron los casos y pidieron su difusión.
“Hacemos un llamado a la sociedad para enunciar y hacer públicos los hechos de violencia que suceden en nuestro entorno, para que entre nosotras y nosotros podamos cuidarnos ante la ausencia de las instituciones,” afirmaron en el comunicado.
A continuación el comunicado completo y los reportes de desaparecidos:
A la Sociedad en General A los Medios de Comunicación Al Gobierno del Estado de Nuevo León
Desde las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León hacemos del conocimiento público que en lo que va del año hemos recibido múltiples reportes de Desaparición de Personas en el trayecto Monterrey, Nuevo León – Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Vemos con preocupación que las autoridades de Nuevo León continúan sin informar lo que sucede y sin activar medidas de prevención y minimizando la inseguridad que prevalece en el Estado y la región.
A una década de los años más violentos en el Estado, aún no existe una estrategia para buscar a las Personas Desaparecidas bajo la comisión de un delito, ni diligencia en las investigaciones y cuando las desapariciones involucran a dos estados, continúan deslindándose las responsabilidades.
Reiteramos nuestra exigencia a las instituciones de seguridad y procuración de justicia para que implementen medidas de prevención contra las Desapariciones de Personas, partiendo de informarnos a la ciudadanía de lo que está sucediendo y que usen de manera diligente la tecnología considerando el contexto regional, en el que, son recurrentes este tipo de delitos.
También hacemos un llamado a la sociedad para denunciar y hacer públicos los hechos de violencia que suceden en nuestro entorno, para que entre nosotras y nosotros mismos podamos cuidarnos, ante la ausencia de las Instituciones.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, A.C. Monterrey, Nuevo León, México a 19 de mayo del 2021
“El presente artículo es propiedad de Desinformémonos“.
Redacción (2021). Exigen activistas estrategias frente a desapariciones en Nuevo León. Desinformémonos. Recuperado el 20 de mayo de 2021 de: https://desinformemonos.org/exigen-activistas-estrategias-frente-a-desapariciones-en-nuevo-leon/
Aproximadamente 9 hectáreas del Área Natural Protegida del paraje el Perlillal en el cerro del Ajusco han sido taladas para cultivar. Estas zonas boscosas sirven para regular la temperatura de la Ciudad de México. Foto Duilio Rodríguez
Un grupo de ejidatarios taló 9 hectáreas en el área natural protegida del Ajusco, lo que sería un delito ambiental; para ello recibieron el apoyo de la alcaldía La Magdalena Contreras. Semanas antes, la alcaldesa con licencia de la demarcación, Patricia Ortiz, arrancó su campaña de reelección con el espaldarazo de estos ejidatarios, con quienes promueve la creación de proyectos productivos
Texto: Arturo Contreras Camero
Fotos: Duilio Rodríguez
CIUDAD DE MÉXICO.- Desde esta parcela en la cordillera del Ajusco, la vista de la ciudad es espectacular. Los restos del lago de Texcoco se miran como un espejo celestial al final de la mancha urbana, allá por donde iba a ser el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hasta hace unos meses, este páramo estaba oculto por el bosque, y la vista, escondida detrás de las ramas.
A las orillas de la parcela, bordeando la tierra recién removida, unos pilotes de madera empiezan a dibujar un cerco. La madera se ve fresca, tierna, está recién cortada. “Esto es un delito ambiental”, dice tajante uno de los ejidatarios que guían el recorrido por esta porción del bosque recién destruido. El grupo pide anonimato por miedo a represalias políticas.
En medio de una de las parcelas un trascabo está estacionado. Por las marcas en la tierra, los pobladores deducen que el día anterior quien usó la retroexcavadora acarreó los árboles removidos a la orilla del terreno desde la que miran. Detrás de ella, un tractor, con el logotipo del gobierno de la alcaldía Magdalena Contreras, como el que ha estado en el paraje en los últimos días, removió la tierra para dejarla lista para la siembra. Este paraje está a resguardo por los ejidatarios de San Nicolás Totolapan, ellos pueden decidir su aprovechamiento y uso; sin embargo, al ser área de conservación, no está permitido desmontar el bosque.
El terreno, según se dice entre los ejidatarios, es propiedad de Rodolfo Terán, comisario ejidal de San Nicolás Totolapan, quien se lo compró a otro ejidatario. A lo largo de la última década, este comisario ha ganado poder político y territorial, por lo que es un actor importante para las campañas electorales en curso. Tanto, que desde antes del inicio de la campaña, Patricia Ortiz Couturier, alcaldesa con licencia de la demarcación que busca reelegirse, se acercó a él para sumarlo a la colección de apoyos políticos. Además del espaldarazo del ejidatario, Couturier conjuga la simpatía de uniones de tianguistas, taxistas y transportistas.
En distintas zonas del Área Natural Protegida del Ajusco es posible ver aserrín producto de la tala ilegal de oyameles y ocotes. Foto Duilio Rodríguez.
“Esta mancuerna es sumamente importante para Contreras, porque buscamos impulsar, durante 2021-2024, diferentes proyectos en favor de la naturaleza y el campo”, dice un mensaje en las redes sociales de la candidata a alcalde del 13 de mayo pasado, cuando Rodolfo Terán se sumó a la campaña.
“La gente cree que es como un semidiós y les hablas mal de él y lo protegen. Es inteligente, es un tío que sabe manejar a la gente. Más que inteligente, es astuto, porque sabe manejar las necesidades del pueblo”, dice sobre el comisario uno de los estos ejidatarios del recorrido.
En el Área Natural Protegida del Ajusco está estacionado un trascabo con el que se han derribado árboles y removido tierra, al fondo es posible ver la Ciudad de México. Foto Duilio Rodríguez.
Los demás concuerdan. Lo describen como un cacique de la vieja escuela. El comisario paga con favores a su círculo de ejidatarios cercanos y atropella los derechos de los que se le oponen.
A pesar de ya haber sido comisario de 2013 a 2016 y de fungir en el cargo desde 2018, Rodolfo Terán no era ejidatario de San Nicolás Totolapan hasta hace un año. “Se hizo ejidatario de manera amañada, primero disque le compró los derechos ejidales a Gabriel Mendoza”, cuenta otro de los ejidatarios de la comitiva.
Eventualmente un tribunal agrario aceptó que la cesión de derechos ejidales de Gabriel Mendoza a Rodolfo Terán no era válida, por lo que su ejercicio de 2013 a 2016 no fue legítimo. Antes de morir, Gabriel Mendoza recibió amenazas y fue agredido físicamente por Rodolfo, según cuentan los ejidatarios. No obstante, a la muerte de Gabriel, Rodolfo heredó sus derechos comunales, supuestamente bajo la voluntad del occiso, lo que lo amparó para un segundo periodo como comisario.
El comisariado es el órgano encargado de manejar los recursos de conservación forestal que asigna el gobierno federal o el de Ciudad de México; por ejemplo, hasta antes del gobierno de Claudia Sheinbaum por cada una de las mil 800 hectáreas de bosque que cuenta el ejido se le asignaban cerca de mil pesos mensuales como presupuesto de conservación. Ahora, el presupuesto se eleva a 6 mil pesos por hectáreas; sin embargo, este dinero no ha servido para detener la tala clandestina, la invasión y el deterioro del suelo de conservación.
Desde su llegada al comisariado ejidal, Rodolfo Terán se interesó en la parcelación y titulación de las tierras ejidales; a través de su inscripción en el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar, el Fanar. Se trata de un fondo que otorga recursos por la conservación del territorio ejidal; sin embargo, sus intenciones apuntaban más a la especulación inmobiliaria de terrenos urbanizables en los linderos de la carretera Picacho-Ajusco.
El delito ambiental
Unos días antes de que iniciaran los trabajos en este pedazo de monte, un incendio azotó estas tierras. Entre la tierra suelta aún se ven las bases de pastizales quemados. En algunos, la naturaleza brota en retoños.
“Es posible que el incendio lo hayan provocado ellos mismos, es una manera más rápida de desmontar y meter los tractores”, dice con suspicacia uno de los ejidatarios.
No lo pareciera, pero ésta es una escena de crimen. La tierra lista para la siembra y los árboles talados constituyen varios delitos ambientales entre los que cuenta la remoción de suelo de conservación, la tala clandestina y el cambio de uso de suelo forestal, todo realizado con maquinaria de la alcaldía.
“Aquí se supone que hace unos días –alrededor del jueves 13 de mayo– subió la Corena, la coordinadora Silvia Philippe”, cuentan los ejidatarios. “Los agarraron con las manos en la masa, y uno supondría que van a hacer las denuncias pertinentes”. Pero hasta el momento, los trabajos en la zona continúan.
Según una medición hecha a través de fotografías satelitales de las plataformas de Google, los habitantes identifican un área bardeada de cerca de 9 hectáreas, de las cuales 5 están listas para su aprovechamiento agrícola.
“El dinero para hacer todo esto –dice otro de los ejidatarios mientras mira alrededor– sí requiere una inversión fuerte. La mano de obra son de al menos 2 o 3 mil diarios, y sí lleva más de 25 o 30 días; más la renta de la maquinaria y los motosierreros que vinieron a cortar los árboles, aunque seguro a ellos les pagaron con la misma madera que sacaron. Se las llevan supuestamente con un permiso de uso doméstico, aunque esa madera debería ser solo de la que se cae, no de la que cortan”.
Los «motosierreros» son personas que se dedican al procesamiento de madera del bosque. A pesar de que su labor es ilegal, la tala clandestina en la zona permite su proliferación.
Es probable que el cambio de uso de suelo de esta parcela, especulan los ejidatarios, sea para inscirbirla en el programa federal Sembrando Vida. Con ello, el ejido de San Nicolás ganaría una asignación de recursos mayor a la que tiene por los servicios de conservación que presta.
Habitantes de la zona aseguran que quienes están talando el bosque pretenden apoderarse de más hectáreas del área de conservación. Foto Duilio Rodríguez.
¿Detener la urbanización con un muro?
Además de la tala y el cambio de uso de suelo ejidal y de conservación, durante las últimas décadas San Nicolás Totolapan ha visto cómo sus tierras fueron devoradas por la voraz mancha urbana. La invasión de terrenos, seguida de la creación de asentamientos irregulares llenó el estos cerros de casitas.
Para detenerlo, el comisariado ideó una solución que solo promovió más urbanización: la creación de un muro para separar el bosque de la selva de concreto. Soluciones como estas se han intentado alrededor de colonias como los Pedregales de San Nicolás que rodean a la colonia Héroes de Padierna; en las faldas del Ajusco. El resultado: alrededor del muro se crean servicios de luz, pavimentación y drenaje, lo que facilita a los invasores instalarse en los linderos acelerando la misma urbanización que se buscaba evitar.
Por si fuera poco, las personas del recorrido aseguran que la asignación de los recursos para la construcción de este muro es irregular; nunca se consultó en la asamblea correspondiente, el fin, asegura un ejidatario es ganar control político:
“Se está fortaleciendo él, porque tiene recursos para hacer estas cosas y se las está invirtiendo la campaña de Patricia Ortiz. Van a todas las colonias en donde carecen de servicios como Tierra Colorada, El Gavillero, la parte alta de Iztlahuatonco, en vía chiquita, El rincón, en Los cedros, La Agüita, Totolapan, en donde ellos tienen el dispendio de agua bien controlado pues llegan, prometen regularización y así se van”.
Durante la campaña de la alcaldesa con licencia, los recorridos por algunas de estas colonias ha sido particularmente bien recibido.
“El presente artículo es propiedad de Pie de Página“.
Contreras Camero, A. (2021). Talan bosque con apoyo de alcaldesa que busca reelegirse. Pie de Página. Recuperado el 20 de mayo de 2021 de: https://piedepagina.mx/talan-bosque-con-apoyo-de-alcaldesa-que-busca-reelegirse/
Ciudad de México. A casi un año de persecución y criminalización en su contra, la defensora de Derechos Humanos, Kenia Hernández Montalván, inició una huelga de hambre por la “sistemática discriminación y racismo” a la que considera ha sido sometida desde que permanece en prisión.
La tarde de este lunes 16 de mayo, la defensora de los pueblos indígenas y las mujeres informó vía telefónica a su defensor legal, Antonio Lara Duque, que ese día habría iniciado una huelga de hambre al interior del Penal Federal Nº 16, en Morelos, donde permanece recluida desde el pasado 24 de octubre.
Como narró Lara Duque en entrevista con Cimacnoticias, tras las primeras 12 horas de huelga, Kenia ya presentaba mareos y sensación de debilidad. No obstante, no es posible saber cuál es su estado de salud actual, ya que al estar recluida en un penal federal, Kenia sólo puede comunicarse con su abogado cada dos días, hasta por 10 minutos.
Con esta huelga, la defensora pretende denunciar la “sistemática discriminación y racismo” de la que ha sido objeto ante los juzgadores que conocen de las siete causas penales que persisten en su contra, ya que –explicó Lara Duque– no se le reconoce su identidad indígena porque habla español y tuvo estudios. Bajo ese argumento, por ejemplo, el Poder Judicial se ha negado a proporcionar un intérprete de la lengua amuzgo, que se habla en la región de Costa Chica de Guerrero, de donde es originaria Kenia.
La joven defensora también busca hacer visible la inoperancia de la Ley de Amnistía, aprobada hace un año, bajo la cual ella podría enfrentar en libertad los siete procesos por los que se le acusa, toda vez que (como se estipula en esta legislación promovida por el propio presidente de México) en el caso de aquella persona que presenta indicios de violación a DH y/o debido proceso, los organismos de DH (nacionales, estatales o internacionales) pueden proponer su libertad, precisó el abogado.
Ordenan arresto de abogado de Kenia
Kenia Hernández es una defensora de presas y presos políticos, de las mujeres y los pueblos indígenas; una de las formas de protesta es a través de la toma de casetas; sin embargo, desde el año pasado el gobierno federal ha buscado criminalizarla con siete denuncias en su contra, todas presentadas por Fiscalías de tres entidades distintas en un plazo de menos de un año.
La primera causa penal contra Kenia se abrió el pasado 6 de junio, cuando la Fiscalía de Justicia del Estado de México la acusó del robo de una cartera de 500 pesos. Este proceso legal, del fuero común, es el más avanzado de los otros seis que enfrenta actualmente, cinco de ellas por delitos federales.
No obstante, el juez que lleva ese primer caso, Jorge González Rivera, ordenó el pasado 18 de mayo el arresto del abogado de Kenia. Lara Duque explicó que esta orden de arresto que se llevará a cabo el próximo 27 de mayo, tiene de fondo impedir que esté presente en el próximo juicio de Kenia para que, en consecuencia, el Estado alegue “abandono de defensa” e imponga un abogado de oficio “a modo”.
Lara Duque dijo que sí acudirá al arresto pero que se negarán a aceptar un abogado que desconoce la estrategia legal de defensa por la libertad de Kenia. El resto de las causas penales, (radicadas una en el Estado de México, tres en Guanajuato, y dos en Guerrero) se mantienen en etapa inicial e intermedia.
21/AJSE/LGL
“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.
Soto Espinosa, A. J. (2021). Inicia defensora Kenia Hernández, huelga de hambre en penal. CIMAC Noticias. Recuperado el 20 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/20/inicia-defensora-kenia-hernandez-huelga-de-hambre-en-penal
Morelos, Cuer. Colectivas feministas protestaron en Cuautla, Morelos, para exigir justicia para Gisela y Regina, madre e hija que fueron asesinadas al interior de su casa.
Decenas de feministas marcharon de Ciudad Judicial rumbo a la Fiscalía General Oriente para mostrar su indignación por el doble feminicidio, ocurrido el pasado domingo en Cuautla.
Foto cortesía de Estrella Pedroza
Integrantes de las colectivas “Radicales al Grito de Guerra”, “Heroicas e Históricas”, “Resistencia Feminista Yautepec”, destacaron en un pronunciamiento al que dieron lectura: “este feminicidio doble, por su naturaleza tan violenta, nos removió el corazón a todas y cada una de las mujeres aquí presentes y a muchas otras que no pudieron venir; mujeres a las que tal vez no conocemos pero con las cuales compartimos un sentimiento en común: la indignación”.
Foto cortesía de Estrella Pedroza
Agregaron que en esta temporada de elecciones los candidatos a cargos políticos se están llenando la boca con logros del movimiento feminista que no son suyos, “y acciones que ni siquiera entienden”.
“Hoy, a esos candidatos les queremos decir que ya no queremos más promesas de campaña. No queremos patrullas rosas ni instituciones que no cumplan su función”.
Pidieron que policías moreleneses que ya están designados, cuiden a las mujeres, también exigieron que las fiscalías atiendan las denuncias cuando estas llegan. Que no archiven las carpetas, que no revictimicen a las víctimas.
Foto cortesía de Estrella Pedroza
“Queremos ver reflejado el presupuesto federal que llega a nuestro estado para atender la Alerta de Género que tenemos activa desde el 2015. queremos ver hechos, queremos seguridad, tranquilidad, paz. Poder salir a la calle sin miedo. Dios mío, poder estar en nuestras casas, si quiera, sin miedo”, dijeron.
Cabe recordar que la AVG se emitió en agosto de 2015 para 8 de 33 municipios del estado: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, sin embargo, en noviembre de 2020, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) en su informe sobre el cumplimiento de la Alerta, señaló la falta de resultados y de transparencia de los recursos que se han otorgado para el cumplimiento de las acciones, en tanto continúa registrándose un incremento en los asesinatos de mujeres.
21/EP/LGL
“El presente artículo es propiedad de CIMAC Noticias“.
Pedroza, E. (2021). Condenan feministas doble feminicidio en Cuautla y exigen justicia. CIMAC Noticias. Recuperado el 20 de mayo de 2021 de: https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/20/condenan-feministas-doble-feminicidio-en-cuautla-y-exigen-justicia
Ciudad Juárez es por donde más personas en busca de asilo humanitario han cruzado a Estados Unidos desde que se eliminó el programa ‘Quédate en México’, más de 4 mil han pasado desde el 26 de febrero
CIUDAD JUÁREZ.- A casi tres meses desde que se registraron los primeros cruces de migrantes bajo el Protocolo de Protección a Migrantes, también conocido como “Quedate en México”, el 87 por ciento de las personas elegibles han cruzado a Estados Unidos.
Datos brindados por representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, indican que hasta el 11 de mayor 10 mil 455 personas han sido asistidas de las 12 mil que cumplen con los criterios del gobierno de EEUU para entrar a su territorio e iniciar su proceso migratorio de asilo.
Asociaciones sin fines de lucro en El Paso han brindado sus servicios legales a los migrantes que permanecen en Juárez. En algunas organizaciones como Servicios para Migrantes y Refugiados de la Diócesis (DMRS por sus siglas en inglés) ya han terminado con todos los casos que estaban representando.
Antes de febrero del 2019, solicitantes de asilo entraban a territorio de Estados Unidos donde atendían sus citas de corte. Para la directora de DMRS, Melissa Lopez, atender a la población migrante en Ciudad Juárez fue un reto.
“Nosotros somos abogados en Estados Unidos y no necesariamente tenemos el permiso y las licencias para ejercer en México”, dijo la abogada.
Para adaptarse al programa MPP, la organización aplicÓ para un fondo que cubrió los gastos que fueron requeridos al mandar un abogado que conociera la ley de migración estadounidense y que pudiera ejercer en Ciudad Juárez.
Los fondos brindados por la Sociedad Hebrea de Ayuda a Inmigrantes (HIAS por sus siglas en inglés), se terminaron el mes pasado junto con los casos de DMRS que aún quedaban pendientes.
Según datos brindados por ACNUR, 17 mil 566 personas se han registrado en CONECTA desde el 19 de febrero de este año. Tamaulipas es el estado con la cantidad más grande de registros en el sistema con el 32 por ciento, seguido por Chihuahua con el 31 por ciento.
Ciudad Juárez continua siendo la ciudad fronteriza por donde más personas en busca de asilo humanitario ha cruzado. Hasta el martes 11 de mayo, 4 mil 069 personas han sido apoyadas por la Organización Internacional para las Migraciones en sus cruces.
“Estamos trabajando para actualizar el número de personas que permanecen en Ciudad Juárez, debido a que hubo personas que no se registraron desde este punto originalmente, y porque no a todas las personas se les ha podido contactar”, dijo Silvia Garduño, oficial de información pública de ACNUR México.
La agencia estima que cerca de mil personas permanecen en Ciudad Juárez en espera a cruzar a El Paso, Texas.
Los casos pendientes incluyen personas que no se han podido comunicar con ACNUR, familias de elegibilidad mixta, casos inactivos, personas que no están bajo MPP que necesitan procesamiento especial y familias que se encuentran completando documentación.
Organizaciones reaccionan a demanda para reinstaurar MPP
A mediados de abril, los abogados generales de los estados de Texas y Missouri Ken Paxton y Eric Schmitt introdujeron una demanda en contra de la administración del actual presidente Joe Biden por suspender el programa MPP. Según el documento oficial, Texas y Missouri alegan que la suspensión ha causado costos adicionales para los estados.
La Casa Blanca no ha publicado una declaración oficial sobre la demanda ni la secretaria de prensa, Jen Psaki, ha comentado al respecto. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se negó a dar una declaración sobre la litigación aún en proceso.
Melissa Lopez, directora de DMRS, comenta que restaurar el protocolo pondría en riesgo a la población migrante que ya es muy vulnerable al estar expuesta a crímenes como extorsiones, secuestros y engaños por parte de coyotes.
“Estamos trabajando con personas que están en una situación muy difícil y a la misma vez es muy complicado representarlos y prepararlos para poner un caso de asilo frente al juez cuando ellos no están en una situación estable,” dijo Lopez.
Abogados de migración y activistas por los derechos de los migrantes, también comentaron en contra de la demanda que exige reinstalar el programa.
Fernando Garcia, director de la Red Fronteriza de Derechos Humanos (BNHR por sus siglas en inglés) afirma que la demanda esta basada en argumentos falsos y va en contra del 14a Enmienda.
“MPP es un programa desastroso en contra de los derechos humanos,” dice Garcia. “Esta narrativa es parte de la estrategia en contra de los inmigrantes y de los refugiados por parte del gobierno de Texas”.
Tanto Texas como Missouri argumentan que ambos estados han presentado costos adicionales al invertir fondos en operativos en contra del crimen organizado y grupos que se dedican al tráfico de personas. La afectación no solo se ha visto en el área fronteriza, si no que también en gastos relacionados a servicios sociales de educación, salud y vivienda.
“Las personas que no tienen sus documentos legales no tienen acceso a estos servicios, sin embargo aún pagan sus impuestos”, Garcia argumenta en contra.
Helena Olea, abogada y directora asociada de programas de Alianza Americas también menciona que los argumentos de la demanda no son persuasivos. La organización promueve el apoyo y activismo en comunidades migrantes.
“(El gobierno) de los Estados Unidos tiene la capacidad y los recursos para procesar a los solicitantes de asilo por todos sus puertos de entrada. No hay razón alguna para reinstaurar MPP” dijo Olea.
La abogada especializada en derechos humanos internacionales agrega que el protocolo viola el Acto de Refugiados, ignorando la responsabilidad que Estados Unidos tiene de recibir a toda persona que busca asilo humanitario.
Lopez afirma que gran parte de la ayuda brindada a inmigrantes que llegan a El Paso ha sido cubierta por el gobierno federal y por organizaciones como DMRS que recibe fondos del Instituto Fronterizo Esperanza a través del Fondo Fronterizo de Ayuda para Refugiados.
“El programa de MPP es un programa que limitó totalmente los derechos de los migrantes que vienen huyendo de sus países y vienen pidiendo asilo,” dijo Lopez. “Si ese programa se instala de nuevo, sería una falta de justicia para todas esas personas.
Esta nota fue realizada por LA VERDAD, que forma parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
“El presente artículo es propiedad de PiedePágina“.
Martínez, V. (2021). En menos de tres meses entran a EEUU más de 10 mil migrantes en busca de asilo. PiedePágina. Recuperado el 19 de mayo de 2021 de: https://piedepagina.mx/entran-a-eeuu-mas-de-10-mil-migrantes-mpp-en-menos-de-tres-meses/
