By Edith Loyola 
Los recientes hallazgos en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, han provocado una fuerte reacción social debido a los presuntos actos violentos cometidos en contra de jóvenes captados con engaños por el crimen organizado.
Posteriormente al descubrimiento realizado por colectivos de búsqueda, diversos testimonios publicados en medios nacionales como Milenio y El Financiero señalan al Rancho Izaguirre como un presunto campo de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el que jóvenes eran atraídos bajo promesas falsas de empleo difundidas en redes sociales.
Un sobreviviente entrevistado por Milenio declaró que llegó al rancho tras responder a una vacante publicada en Facebook para guardia de seguridad, que ofrecía 13 mil pesos mensuales, hospedaje, alimentación y viáticos incluidos. Sin embargo, según explicó, la situación fue completamente diferente a lo prometido.
“El lema ahí es: ‘Si no hay cuerpo, no hay delito’. Ese era su lema”, afirmó el sobreviviente.
De igual manera, agregó que una vez dentro del rancho, los jóvenes eran sometidos a entrenamiento violento para convertirlos en “sicarios de élite”, con pagos semanales de 3 mil pesos.
“Es un cuarto pequeño. Está una cama de cemento. Ahí los subían y los componían, o sea los cortaban en piezas e ingresaban cuerpos en tres o cuatro”, detalló.
Al concluir dicha capacitación, el testigo indicó que fue enviado a Zacatecas como sicario de plaza, lugar del cual logró escapar tiempo después.
Por su parte, familiares de personas desaparecidas compartieron testimonios similares, como el caso de Noemí García, quien, según declaraciones de su hermana Rubí a El Financiero, desapareció tras acudir a una entrevista laboral en la central camionera de Zapopan, atraída por una oferta similar con un salario de 24 mil pesos mensuales.
Durante una revisión de objetos recuperados en el rancho, Rubí identificó pertenencias personales de Noemí, entre ellas tenis, maletas y una biblia especial.
“No hay certeza de que ella haya muerto ahí. La Fiscalía nos dijo que al incinerar los cuerpos, las osamentas fueron expuestas a muy altas temperaturas y será difícil obtener el ADN”, puntualizó Rubí.
Al respecto, Indira Navarro, representante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, mencionó que existen múltiples testimonios de exreclutas del rancho que señalan prácticas violentas realizadas desde 2012, incluyendo peleas forzadas hasta la muerte, según declaraciones recibidas por el grupo de búsqueda.
“En una libreta encontrada hacen referencia a un instructor denominado ‘Dumbo’, considerado el más sanguinario de los entrenadores”, afirmó Navarro.
Tras las revelaciones, autoridades estatales y federales iniciaron investigaciones coordinadas para esclarecer los hechos. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó una reunión reciente con la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad, donde reiteró que las fiscalías estatal y federal trabajarán conjuntamente para investigar los hallazgos.
Por otro lado, Sheinbaum anunció nuevas medidas para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), incrementando la cooperación entre fiscalías y mejorando la tecnología utilizada en la búsqueda de personas desaparecidas.
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En medio de estas investigaciones, circuló en redes sociales un video en el que presuntos integrantes del CJNG rechazan categóricamente las acusaciones sobre reclutamiento forzado y exterminio. En el video, individuos armados acusan a colectivos y medios de comunicación de difundir información falsa para desprestigiar al grupo criminal.
“Somos padres, hijos, esposos… ¡Somos el pueblo, servimos al pueblo y estamos con el pueblo!”, señaló el portavoz del video.
Sin embargo, periodistas y analistas manifiestan escepticismo sobre la autenticidad y las intenciones detrás del video. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al Estado mexicano realizar una investigación exhaustiva, particularmente porque la Fiscalía de Jalisco no detectó irregularidades durante una inspección previa en 2024.
Mientras tanto, colectivos de familiares y madres buscadoras, como los que participaron recientemente en una revisión coordinada con la Fiscalía General de Zacatecas, revisaron más de 1,310 objetos personales recuperados en Rancho Izaguirre, buscando alguna señal que permita identificar a las víctimas.
“Estoy aquí porque tengo a mi hijo desaparecido hace cuatro meses. Es muy difícil ver cosas que quizá sean de nuestros familiares”, expresó Rosa Sosa, madre de un desaparecido presente en la revisión.
Por último, Ricardo Ríos, acompañante de familiares desaparecidos, mencionó que la Fiscalía zacatecana sí ha aportado al análisis de las evidencias mediante el uso de tecnologías especializadas.